En julio, el mes de mayor tensión con los gobernadores, la Casa Rosada repartió solo $10.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y los distribuyó en tres provincias aliadas que el Ejecutivo quiere volver a seducir tras el revés de las últimas semanas en el Parlamento.

Se trata de Catamarca, Salta y Tucumán, en estos dos últimos casos, en el podio de las más beneficiadas por el gobierno en el reparto de ATN cuya distribución quiere ser rediscutida por los gobernadores a través del coeficiente de coparticipación con la aprobación definitiva del proyecto que ya obtuvo media sanción del Senado, presentado de manera inédita por las 23 jurisdicciones y la Jefatura del gobierno porteño.

Según los registros oficiales, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo recibieron este mes $3.500 millones cada uno en concepto de aportes del tesoro mientras el vínculo del gobierno con las provincias entraba en una zona de turbulencias por los reiterados reproches que se materializaron en un reclamo homogéneo que se cristalizó en las cumbres del CFI y en la presentación de los dos proyectos que fueron sancionados por la Cámara alta: el de ATN y el de distribución directa, con eliminación de fideicomisos, de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

En total, en los primeros siete meses del año, el Ejecutivo repartió en aportes del tesoro, que se componen del 1% del régimen de coparticipación federal y que le corresponden a las provincias, $104.500 millones entre 15 gobernadores, una cifra muy menor en comparación al reclamo unificado por la caída en las transferencias y en los ingresos, producto de la recesión económica que en los últimos meses mostró tímidas señales de recuperación, y muy dispares. Los más beneficiados fueron Rolando Figueroa -$15.000 millones-, Sáenz -$13.000- y Jaldo -$12.000-. En cuarto lugar aparece Axel Kicillof, con un desembolso único de $10.000 millones de marzo pasado, producto de las terribles inundaciones que golpearon a Bahía Blanca.

Las provincias, sin embargo, insistieron en los últimos meses por la asignación de un stock cercano al billón de pesos que, según explicaron, la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda se resistieron a repartir, y que motivó la redacción del proyecto de ley que apunta a propiciar una “distribución automática” de los recursos. “Sin ninguna duda que el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé ‘atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros’. La propuesta de automaticidad de su distribución busca garantizar el abordaje inmediato de esta situación de la evidente estrechez financiera”, argumentaron en el proyecto. “Son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios”, abundaron.

El de los ATN se convirtió, tal vez, en la punta del iceberg y el reclamo más cómodo de los gobernadores frente a un gobierno, como el de Milei, que privilegió el ancla fiscal del programa ejecutado por Luis “Toto” Caputo, y descuidó la vinculación con los aliados que hasta ahora habían acompañado casi a libro cerrado al presidente en su política de veto y motosierra que desplegó con éxito en este año y siete meses de gestión.

El desgaste en la relación con las provincias, a un año del Pacto de Mayo y de la flamante puesta en marcha del consejo de mayo, en el que nadie depositó demasiadas expectativas, alcanzó además su mayor pico de tensión en vísperas de la campaña electoral, y justo cuando la dinámica del sistema de toma de decisiones implementado por Milei entró en crisis, en particular por fisuras en “triángulo de hierro”, en los vértices representados por Karina Milei y los Menem, y Santiago Caputo y sus colaboradores.

En las últimas semanas, desde Casa Rosada parecieron reaccionar de manera tímida a la rebelión de los gobernadores que se manifestó en el Congreso con la media sanción de los proyectos escritos en el marco de las reuniones del CFI, y la aprobación final del paquete previsional, una derrota muy ruidosa que el gobierno no pudo evitar ni siquiera con sus aliados, que se plegaron a la oposición. El traspié evidenció en simultáneo serias deficiencias en la praxis política del gobierno en el Parlamento, y expuso las diferencias internas que desde el ala vinculada al consultor principal de Milei vincularon en paralelo a la estrategia electoral en el interior del país. El caso más paradigmático fue el de Corrientes, donde se decidió no acordar con el gobernador Gustavo Valdés. Karina Milei y Martín Menem llegarán hoy a esa provincia para apuntalar a Lisandro Almirón, el diputado y candidato a gobernador de La Libertad Avanza.

Una vez consumada la derrota legislativa, los aliados esperaron una convocatoria oficial que, hasta ahora, no se efectivizó. “Todavía no hay nada, no nos convocaron”, resaltó el viernes un gobernador de la zona centro. “Nada, seguimos sin diálogo”, acotó otro, de la Patagonia. En estas horas surgieron versiones de una ronda de negociaciones formales, pero aún sin demasiada claridad. Hasta este fin de semana, no hubo ofrecimientos formales.

Por el momento, solo hubo encuentros informales, como el de la semana pasada en la muestra rural de Palermo, una convocatoria que corrió por cuenta de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, y que sirvió solo para una foto entre Guillermo Francos y un grupo de mandatarios que volvieron a irse con las manos vacías. Horas después de esa reunión, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, instaló carteles en las rutas nacionales de Santa Fe que alertan por la falta de mantenimiento de parte del Estado nacional, uno de los reclamos más airados de las provincias. A pesar de esa movida pública, que otras jurisdicciones amagaron con imitar, la Casa Rosada no recogió el guante. “No nos llamó nadie”, dijeron fuentes santafesinas.

En las horas previas al cóctel de la Rural, un grupo de gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, Jalil, Sáenz y Figueroa, de Jujuy, Catamarca, Salta y Neuquén, respectivamente, visitaron Casa Rosada para conversar con Francos, Lisandro Catalán y Eduardo “Lule” Menem. Dicen que también habría participado “El Jefe”, como apodó el presidente a su hermana. No hubo mayores resultados. Al otro día, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, pasó por el despacho de Menem, pero casi exclusivamente para avanzar en una suerte de alianza electoral con LLA en esa provincia que puede terminar de cerrarse próximamente.

Ayer, los jefes provinciales de la zona centro, con Frigerio y Pullaro a la cabeza, celebraron la decisión de Milei de rebaja permanente de las retenciones al agro. En las horas previas, habían solicitado esa medida junto a Martín Llaryora, de Córdoba, a sabiendas de que el presidente estaría a punto de anunciar la modificación en las alícuotas a la producción agrícola y ganadera en la inauguración de la muestra de Palermo. Horas después, en declaraciones radiales, el presidente acusó de “genocidas” a los senadores que avanzaron con las leyes en la última sesión del Senado.

Es que los reclamos y la campaña electoral se funden en una negociación a varias bandas, salpicada por la crisis interna en la cúpula de La Libertad Avanza que el presidente intentó morigerar en las últimas horas con un promocionado empoderamiento de Francos que, en los hechos, todavía no se materializó. “Es más simbólico y narrativo a lo que es en verdad”, razonaron desde Casa Rosada. “De ninguna manera Guillermo va a monopolizar el vínculo con los gobernadores”, agregaron incluso cerca del jefe de ministros.

No es, en principio, una buena noticia para los gobernadores, que siguen sin encontrar en los últimos tiempos un interlocutor que pueda plasmar las promesas en hechos concretos. Hasta hace algunos meses, Caputo se había erigido, en teoría, en ese rol, aunque cerca del consultor sin cargo dicen que todavía se encarga de ese trabajo, en particular en las áreas en las que ejerce un control como en Justicia, YPF, ARCA o la SIDE, y que efectiviza algunas gestiones que, según resaltaron, tienen impacto en las administraciones provinciales.

El grueso de los reclamos de los gobernadores, de todos modos, sigue sin ser atendido.

En ese contexto, el gobierno intenta ganar tiempo para que transcurra el calendario electoral mientras intenta reactivar las negociaciones con los aliados para blindar los vetos al paquete previsional, la verdadera disputa parlamentaria que se avecina tras el receso invernal en simultáneo a los dos proyectos de distribución de ATN e impuesto a los combustibles que esperan por la media sanción de Diputados.

Según trascendió en las últimas horas, hay un grupo de gobernadores que quieren patear todo hacia más adelante. De ser posible, hasta después de octubre, para dejar que pase el cronograma electoral y se empiece a reconfigurar el nuevo escenario político, con el resultado puesto. En el medio, se definen las alianzas en Entre Ríos y Mendoza, dos de las provincias que se encaminan, de no mediar imprevistos, a un acuerdo con La Libertad Avanza. También Chaco, en línea con la alianza que se cerró para los comicios provinciales de principio de año. Distinto es el panorama de la ciudad de Buenos Aires, que transita, por el contrario, a la pelea final entre el PRO y LLA en la casa matriz de los Macri.

Del resultado de octubre dependerá, por caso, el vínculo de Milei con las provincias. También el reordenamiento interno del gobierno, que entrará en una nueva fase, y el reparto de acciones en el “triángulo de hierro”. Ya se especula con una danza de nombres de posibles dirigentes con pasado en el PRO que podrían entrar al gabinete, en una especie de oxigenación que en varios despachos consideran necesaria. ¿Puede Diego Santilli, que construyó durante meses una relación de cercanía con Karina Milei, tener un rol protagónico después de diciembre? ¿Está dispuesto el gobierno a darle más preponderancia al área de Interior, o incluso a volver a asignarle un estatus ministerial?

Las primeras respuestas a esas preguntas van a empezar a develarse el 17 de agosto, en cuestión de semanas, cuando se inscriban las candidaturas nacionales y comience a vislumbrarse el nuevo esquema del poder central.