El Gobierno acelera la venta de empresas públicas, pero el Congreso todavía no activó la única herramienta institucional prevista para monitorear el proceso: la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. A más de un año de sancionada la Ley Bases -que habilitó la venta de seis compañías estatales- el órgano parlamentario nunca fue constituido.

La comisión debería estar integrada por doce legisladores: seis senadores y seis diputados, designados por sus respectivas cámaras. En Diputados, los representantes ya están definidos: Victoria Borrego (Coalición Cívica), Florencia Carignano y Ana María Ianni (Unión por la Patria), Pablo Cervi (UCR–Liga del Interior), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y Diego Santilli (Pro).

En el Senado también hubo avances. Ya fueron formalizados Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal). Pero el conflicto se desató cuando Unión por la Patria pidió tres lugares para Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Alicia Kirchner. Desde la presidencia del Senado -a cargo de Victoria Villarruel– exigen que reduzcan la representación a dos. El desacuerdo mantiene bloqueado el funcionamiento del órgano que debería recibir información clave, coordinar con organismos de control, emitir dictámenes y supervisar la transparencia de cada proceso de privatización.

En medio del estancamiento, oficialismo y oposición se acusan mutuamente: desde La Libertad Avanza responsabilizan al kirchnerismo por haber enviado más nombres de los que les corresponden, mientras que desde UP denuncian que el Gobierno busca recortarles representación. La disputa se arrastra desde el año pasado, cuando se repartieron los lugares de las comisiones.

En otros casos, la presidencia del Senado resolvió diferencias similares tomando los primeros nombres de las listas y dejando afuera el excedente. Pero esa voluntad política no se aplicó en este caso.

Durante el último informe del jefe de Gabinete, Juan Carlos Romero -integrante de la comisión y aliado habitual del oficialismo- apuntó directamente contra el Congreso por la demora. Señaló que la bicameral “estuvo mucho tiempo sin funcionar”, pero recordó que incluso en los años ’90, “que para muchos fue la peor época de privatizaciones”, la comisión sí operó. “Es un mecanismo para recibir información -explicó-. Incluye emitir dictámenes no vinculantes, pero le permite al Congreso tomar conocimiento de los actos administrativos”.

Romero aseguró que ya están dadas las condiciones para su constitución: “Diputados envió los integrantes, el Senado tiene los suyos, y ya vamos casi dos años de mora”. Según dijo, le comentaron que “el bloque oficialista está pidiendo no constituirla” y advirtió que “a nadie le gustan las críticas, pero esa es la labor de la oposición”.

El bloqueo de la comisión se suma a otro vacío institucional: la Auditoría General de la Nación (AGN) -organismo encargado de evaluar legal y financieramente cómo se dio cada privatización- está prácticamente inactiva. Desde abril, carece de integrantes: seis de sus siete auditores tienen el mandato vencido. El Congreso aún no logró acordar los nuevos nombramientos, y la parálisis mantiene decenas de auditorías frenadas.

La AGN tiene un doble rol en el proceso. Por un lado, el control posterior de cada operación. Por otro, una función de colaboración permanente con la Comisión Bicameral mientras las privatizaciones están en marcha. Sin uno ni otro funcionando, el Congreso mira de costado mientras el Poder Ejecutivo avanza con la venta de activos del Estado.

En este escenario de control ausente, el Ejecutivo ya inició procesos de privatización sobre las empresas que se habilitaron en la Ley Bases:

Hasta ahora, la única operación cerrada fue la venta de Impsa, la metalúrgica mendocina estatizada en 2021. El grupo estadounidense Arc Energy adquirió el 85% del paquete accionario por US$27 millones y asumió una deuda de US$576 millones.

Reacciones opositoras

Frente a la avanzada oficial, legisladores de Unión por la Patria comenzaron a presentar iniciativas para frenar -o al menos condicionar- las privatizaciones. En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro propuso blindar a AySA mediante una serie de reformas que incluyen la exclusión de la empresa de cualquier proceso de venta, la exigencia de mayorías agravadas para modificar su objeto social y la derogación de los decretos que habilitan su privatización.

“AySA no es sólo una empresa: es salud pública y desarrollo para millones de familias”, advirtió el exministro del Interior. Sus proyectos también rechazan la posibilidad de suspender el servicio por falta de pago y sostienen que el acceso al agua es un derecho humano garantizado por compromisos internacionales.

En la Cámara baja, la diputada Victoria Tolosa Paz acusó al Gobierno de haber deteriorado deliberadamente el funcionamiento de la empresa para justificar su privatización. “El gobierno de Milei redujo al mínimo el funcionamiento de la empresa, paralizó las obras y eliminó los controles de calidad, para que el servicio sea malo y así poder venderla más barata a sus amigos”, sostuvo. Junto a otros legisladores del bloque presentó un proyecto que rechaza los decretos del Poder Ejecutivo por considerar que vulneran el Convenio Tripartito entre la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional que establece el marco para la provisión de agua potable.

El Gobierno, Javier Milei y la política en general ingresaron plenamente al “modo electoral”. Si bien los políticos están en campaña constante y es inimaginable pensar en la toma de decisiones sin tener en cuenta el impacto que pueda tener en los votos, los comicios suman un factor: cuando son inminentes, ese espíritu se refuerza, y campos ajenos al escenario electoral se ven dominados por la misma lógica de persecución del voto.

El oficialismo atraviesa, por muchas razones, un muy buen momento político. Si uno observa los objetivos que se trazó Milei al llegar al poder y los confronta con lo que ya logró -con independencia de que esos objetivos a la ciudadanía les parezcan buenos o malos-, obtiene resultados en aquello se propone. Cumple con lo que había prometido. Y eso se refleja en el clima público.

Así lo muestra el Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Di Tella. El índice, que va de cero a cinco, hoy se ubica en 2,45. Tuvo una variación de 4,9% respecto de la medición anterior de junio, por lo que mejoró y se encuentra estabilizado. Importa señalar algo: quienes estudian la opinión pública afirman que la gente va a las urnas con una memoria de tres a seis meses. El promedio de Milei, en lo que va de su gestión, es de 2,50, superior al de Nestor Kirchner (2,49), Cristina Kirchner (1,71 y 18,83), Mauricio Macri (2,27) y Alberto Fernández (1,69) durante sus presidencias.

Un gráfico elaborado por el economista Fernando Marull analiza el mismo índice, al que llama “Luna de Miel”, pero pone el foco únicamente en julio (mes 19 de gestión) y equipara con los demás mandatarios. Milei está mejor que nadie: 49%. Debajo se encuentra Mauricio Macri (45%) y Alberto Fernández y la segunda presidencia de Cristina Kirchner (34%). En último lugar, el primer mandato de la expresidenta, con 25%. Habrá que ver si, como le pasó a Macri, el porcentaje de Milei sigue subiendo hasta las elecciones.

Esto es lo que cree el Gobierno. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, cree que van a estar en el orden del 41 al 45% en materia de votos. Es una elección impresionante, más que nada por sus consecuencias institucionales. Podrían ver, en el mejor de los casos, un bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA) de 90 legisladores. Les daría un importante margen de maniobra, a pesar de no tener la mayoría, es decir, el manejo del quórum.

El buen momento de la administración Milei se debe a la baja de la inflación, liberación del cepo con estabilidad cambiaria y ordenamiento del espacio público. Hay también una alianza explícita y enfática con el sector agropecuario, espacio dinámico y ligado al antiperonismo, reforzada con la baja de retenciones que anunció el Presidente el sábado. Y después dos aspectos menos concretos y más abstractos. Uno lee en los diarios medidas que para un sector de la población son desagradables. Caída del salario del sector público, despidos en el Estado, reducción del déficit fiscal por la vía de la baja del gasto público, que afecta a las jubilaciones y subsidios por discapacidad. Hay un ángulo desde el cual mirar desde el que uno podría decir: “Todo eso merecerá un castigo en las urnas”. Pero no necesariamente es así.

Hay una consigna que se repite en las redes sociales. “Esto es lo que yo voté”, dicen los seguidores de Milei. “Está cumpliendo con el ajuste, la receta que nos había prometido y lo que queríamos”. Eso le da una base firme de adhesión. Aun así, no todos los que lo votaron están tan convencidos. También hay desencanto. Igual hay que hacer un cambio a nivel mental: muchas medidas que eran consideradas desagradables, hoy para un sector de la sociedad argentina son convenientes.

El otro problema y signo de esta época: aún para quienes ven estas novedades como antipáticas, todavía la “agenda negativa” no fue politizada. En el buen sentido. No aparecen figuras novedosas, que no estén ligadas al pasado, capaces de convertir esa agenda en algo interesante, que atraiga el voto y seduzca. Gran parte de la mejora que encarna Milei también tiene que ver con un vacío de la oposición.

Todo esto constituye la base de un Gobierno que entra al tramo final de la campaña con índices muy positivos. Existe algo técnico desde el punto de vista de la política, pero que todos los que analizan o asesoran en campañas electorales recomiendan: mantenerse firme en la obsesión. No vacilar en lo que representa el producto que uno vende. En esto Milei es muy consecuente. La idea del equilibrio fiscal o de ordenar las cuentas públicas es algo que no negocia, lo que nos ilumina la escena del Congreso y los vetos a los que apuesta el Presidente, frente a temas tan indiscutibles como una mejora en las jubilaciones y la protección de los subsidios para la discapacidad. O más discutibles, como la moratoria previsional, que ha destruido el sistema. El Gobierno cree que va a conseguir un tercio de la Cámara de Diputados que le permita resistir a los que insistan con estas leyes.

Hay es una duda que debe estar trabajando la cabeza de la oposición, y que pone en jaque a Unión por la Patria. ¿Les conviene conseguir el quórum para discutir el veto si después el veto se va a convalidar? Eso se presentaría como una derrota. El oficialismo está en condiciones de sostener el veto también por una cuestión electoral. La alianza que sella en la provincia de Buenos Aires con el Pro obliga a muchos diputados a cambiar su voto y defender al Gobierno. ¿Qué hará María Eugenia Vidal? ¿Se seguirá absteniendo al igual que otros ocho diputados?

Lo que se discute es el costo fiscal de estas medidas. Hay una discusión entre el Poder Ejecutivo, que ve algunos números, y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que los analiza de otra manera. La reforma previsional, que implica un 7,2% de aumento más un bono, significa para el Congreso el 0,3% del PBI en 2025. Desde el Ministerio de Economía alegan que representa el 0,9% -el triple-. Hay diferencias. Hay dos bibliotecas. En relación a 2026, la OPC dice que será de 0,7% y Economía de 1,3%. Si nos detenemos en la moratoria y la prestación universal para adultos mayores, para el Congreso sería del 0,09%. La cartera que lidera Luis Caputo, curiosamente, calcula un impacto menor: 0,04%. En 2026, sería del 0,1% y 0,2% respectivamente. En materia de discapacidad, tanto el Parlamento como el Ministerio de Economía coinciden en la cifra del 0,4%. Diferente es respecto del 2026: 0,4% para el Parlamento y 0,8% para Economía -el doble-. En resumen, para el Congreso, el paquete de leyes tendría un costo del 0,8% y 1,2% del PBI en 2025 y 2026 respectivamente. Para el Ministerio de Economía, se sitúa en 1,4% y 2,3%.

Una aclaración: aún para la oficina del control parlamentario del Congreso, los recursos que propone la oposición para estos aumentos no llegan a cubrirlos. El Gobierno tiene derecho a decir ‘me están produciendo un gasto adicional y no me dan los recursos’.

Es una negociación complicada. Está asociada además con el sostenimiento del veto en relación con los gobernadores. El vínculo con los jefes provinciales es complejo ya que se cruza con lo electoral. El Gobierno compite con el peronismo y, a la vez, necesita del peronismo para obtener gobernabilidad desde el Congreso. Es un dilema de cómo manejarse: con los gobernadores, pensando en el Parlamento, o contra los gobernadores pensando en ganar las elecciones en las provincias.

Esta negociación complicada se va a notar especialmente cuando se tenga que tratar en Diputados las leyes que los gobernadores promovieron en el Senado. Básicamente, el reparto del impuesto de la reforma del impuesto a los combustibles y, sobre todo, la idea que tienen los gobernadores de repartir parte de los ATN de manera automática con los índices de coparticipación. Habría que pensar que acá el Gobierno está cerca de decir: “El impuesto a los combustibles no se toca, pero estaríamos dispuestos a abrir un juego con las provincias para que esos ATN —que en realidad están pensados en la ley de coparticipación como un recurso que maneja exclusivamente el Poder Ejecutivo para emergencias— se puedan discutir”. Bueno, ya no lo manejaría el Poder Ejecutivo, tampoco sería para emergencias, sería para gasto corriente. Aparece algo que sugirió Sturzenegger: se modifica la ley de coparticipación.

Es una negociación complicada porque el Gobierno quiere paz con los gobernadores en el Congreso y guerra en la campaña electoral en cada provincia. Y esto produce ruido, sobre todo en las provincias donde La Libertad Avanza está muy activa. La operación electoral está en manos de Karina Milei y su grupo. Centralmente, los Menem, que acompañan a la hermana del Presidente están muy tentados de pelear en todas las provincias, porque hay algunas donde las encuestas les dicen que están muy bien. Y esto agrede a los gobernadores y los pone a la defensiva, inclusive a gobernadores muy amigos.

El caso más emblemático es Gustavo Sáenz de Salta, que es un gobernador con mucha comunicación con el Gobierno, que lidera un grupo de mandatarios del norte, pero que ve que en la provincia de Salta la Rosada le planta una candidata, María Emilia Orozco, que quiere hacerle perder la elección y que lo trata, con ese estilo de La Libertad Avanza, muy agresivamente, poco menos que de narcotraficante. El mismo gobierno o la misma fuerza política que le está pidiendo apoyo en el Congreso.

Donde el Gobierno está muy bien y está tentado de pelear es en Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Salta, Catamarca, Río Negro, Neuquén. Dicen que hasta en La Pampa. Y es interesante el proceso que se da en muchas provincias porque el discurso de La Libertad Avanza es: “Queremos motosierra”. Y obliga a muchos gobernadores —en algunos casos, peronistas— a decir, para satisfacer ese discurso y esa demanda: “Bueno, tengo que hacer un ajuste fiscal que en realidad no quiero hacer”.

Hay todo un enredo también con la agenda y con este nuevo criterio por el cual cosas que siempre fueron antipáticas para un sector del electorado, hoy son simpáticas.

Sobre este panorama general se recorta la gran pelea, que es la bonaerense. Es una gran pelea porque adelanta todo lo demás. Basta imaginar si el gobierno gana la provincia de Buenos Aires: el clima que le impone al resto, con independencia del impacto que tiene sobre la interna peronista. En la provincia de Buenos Aires se despliega —asordinada, pactada, contenida— la gran crisis interior del kirchnerismo con Kicillof, que se levanta contra Cristina.

El Gobierno cree que en la primera sección electoral, que es todo el conurbano norte, va a hacer una muy buena elección y va a sacar sobre el resto, en especial sobre el peronismo, una diferencia superior al 10%. Algunos dicen 15%, y hay encuestas que llegan, con mucho optimismo, hasta 20%.

La gran batalla se da en la tercera sección electoral, y es una batalla ligada a un tema crucial: el impacto que tiene sobre la política el problema de la delincuencia, de la seguridad, de la instalación de mafias, de los delitos complejos.

Cristina Kirchner le decía a Kicillof: “No desdobles, porque si mantenés la elección bonaerense solapada con la elección nacional, vamos a estar discutiendo de economía. Somos dos países, dos ideas, la peleamos. Pero si adelantás la elección, te van a instalar temas bonaerenses, no temas nacionales. Y el tema bonaerense es la seguridad”. Y, sigue Cristina: “No es que vos, Axel, estés haciendo un pésimo gobierno. Es que no hay forma de hacer buen gobierno en esa materia en la provincia de Buenos Aires, al menos hasta ahora. Entonces, te vas a exponer a que te castiguen por tu peor aspecto en términos de gestión pública”.

Daría la impresión de que, obviamente, el gobierno nacional lo vio y pone a un comisario a llevar la bandera de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral. Se trata de Maximiliano Bondarenko, que viene involucrado con la política por una vieja relación con Emilio Monzó. Fue concejal de Florencio Varela y hoy es el candidato del Gobierno en la tercera sección electoral, que es donde se libra la gran batalla con el peronismo. Porque el peronismo fue inventado para esa sección electoral en los años 40: Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Berisso, Ensenada… Cuna del peronismo. Toda esa región donde el peronismo espera poder compensar lo que pierde en la primera sección. Y ahí va un comisario que ya es motivo de una polémica porque Kicillof echó a 24 oficiales de la Policía Bonaerense porque fueron a un asado con Bodarenko, que es candidato de la oposición. Kicillof cree que están conspirando, haciendo política. Ingenuos los comisarios que se prestaron al asado. Bondarenko contesta: “Son mis amigos”. Kicillof supone que la policía se está involucrando en la campaña. Y desde la oposición a Kicillof —es decir, desde el gobierno nacional— dicen: “Cuidado con la bonaerense”, porque dado que se adelantó la elección, las urnas las custodia esta policía, a la que Kicillof quiere tener disciplinada, pero es también la fuerza de Bondarenko.

Entonces, la Policía Bonaerense, que es crucial en la provincia, en general por malas razones, ahora tiene otra razón para ser protagónica: que por primera vez se adelanta la elección, y tiene un rol importantísimo en la disputa concreta por el voto.

Bondarenko, como ya vemos, es un blanco. El otro es Verónica Magario, la vicegobernadora, que va como candidata testimonial. Problema: Cristina lo desaconseja. ¿Qué quiere decir testimonial? Que corre en la elección y después Renuncia y sigue como vicegobernadora. No va como diputada de la Cámara. Magario es la cara femenina de la gestión de Fernando Espinoza, el muy controvertido líder de La Matanza. También ahí está el problema de la seguridad. Un funcionario de Espinoza, Miguel Saredi, denuncia: “Patricia Bullrich sacó de La Matanza, retiró a las fuerzas federales para generar inseguridad”.

En esta frontera de la hostilidad del gobierno nacional en modo electoral con Espinoza y con Magario, aparece Leila Gianni, que es una militante de La Libertad Avanza, que adquirió protagonismo al comienzo del Gobierno con denuncias que generaron toda una crisis dentro del Ministerio, cuyas consecuencias todavía están operando.

Leila Gianni es la primera candidata a concejal de Milei en territorio de Magario y Espinoza, y emite este tuit: “Prepárate, que se te viene la noche, @FerEspinozaOK, Fernando Espinoza. Y no la de Puerto Madero donde te gusta doblarte, pendeviejo bolichero. Se te termina el reinado de corrupción y magia, lo único que construyeron. La Matanza se libera. La Matanza se pinta de violeta en septiembre. VLLC.» Se presenta esta competencia que, como vemos, es bastante agresiva entre Gianni y Espinoza –quien obviamente no contestó– Como la Bella y la Bestia. ¿Quién será la Bestia?

Esto es importante porque le pone el tono a la pelea en la tercera sección electoral, y en la medida en que se vaya acercando al 7 de septiembre, será cada vez más caliente.

Hay una proyección de todo lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires sobre la Ciudad de Buenos Aires. El Pro selló una alianza defectuosa con La Libertad Avanza, porque quedó mucha gente afuera. Tanto Ritondo como Santilli no lograron contener a todo el Pro. ¿Van a ir juntos o van separados en la ciudad? Esto es importante porque en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, además de elegirse diputados nacionales, se eligen tres senadores: dos por el partido que sale primero, uno por el partido que sale segundo. Entonces, en el laboratorio electoral del gobierno razonan así: “Si vamos juntos con el Pro, hacemos una gran elección. No queda nada del centro a la derecha, una elección de más de 50 puntos, seguramente”.

Patricia Bullrich se volvió abanderada de esta elección, y está pensando en proyectarse hacia 2027 como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad. Si van juntos con el Pro para hacer esa gran elección del 50% o más, le dejan el senador por la minoría al peronismo —al peronismo de Juan Manuel Olmos, de Santoro—. Podrían ir separados con el Pro y, en ese caso, jugarse La Libertad Avanza los dos senadores de la mayoría, y que el Pro saque el de la minoría. Tendría tres senadores en vez de dos en el Senado. ¿Qué se prefiere? ¿Senadores en el Senado o un gran triunfo impactante en la Ciudad? Hasta ahora, lo segundo. Irían juntos para arrasar en la Ciudad de Buenos Aires y que el senador por la minoría se lo lleve el peronismo. Seguramente Cristina va a querer que sea alguien de La Cámpora. ¿Mariano Recalde? No sabemos. Quiere decir que acá hay una discusión entre popularidad, impacto electoral puro y poder de fuego en el Senado.

Este es el mapa electoral para el cual Milei pidió un acuerdo interno que lo gestiona Guillermo Francos: un acuerdo entre Santiago Caputo y Karina Milei y, sobre todo, los Menem, que tienen una enemistad con el “Mago del Kremlin”. Y todo esto es parte —o se supone, como pasa siempre— de que hay peleas automáticas donde el proyectil ya lleva el nombre del que lo disparó. Puede ser que un tercero se esté haciendo una fiesta, pero ambos bandos —el de Karina y el de Santiago Caputo— creen que todas sus desgracias vienen del otro lado.

Este fin de semana hubo una nota de Camila Dolabjian en , que fue adelantada por Francisco Olivera en Odisea el 22 de abril, donde aparece, desde el área de poder de Santiago Caputo, una contratación directa en la empresa Educar. Es una Sociedad del Estado; no tiene los regímenes de vigilancia que tiene una oficina pública cualquiera. Se trató de una contratación por las licencias del sistema de Wi-Fi de las escuelas nacionales interconectadas de todo el país que fue para la empresa Cisco, que tiene esas licencias desde la época de Macri y que está representada en la Argentina por la firma OCP Tech, del empresario Leonardo Scatturice, quien adquirió notoriedad por aquel avión que entró a la Argentina sin control, en Bombardier, con una empleada de Scatturice, que es Laura Belén Arrieta.

Todavía sigue el escándalo del avión por no haber tenido los controles que corresponden por parte de la Aduana. Inclusive ahora hay una gran pelea ahí adentro, un poco sórdida, por presiones sobre algunos funcionarios de la Aduana de Aeroparque, por ese teléfono que sería la clave. Es el teléfono con el que Belén Arrieta intercambia mensajes con una funcionaria de la Aduana, donde aparentemente alguien dio la orden de que no se revise la aeronave. La Justicia quiere saber cuál es esa comunicación y hay mucha resistencia, obviamente, en dar ese dato.

Entonces, aparece la noticia de esta contratación directa para la empresa de Scatturice por 78 millones de dólares. La empresa y el Gobierno dicen que corresponde, que es una adjudicación directa porque no solamente la empresa ofrece precios más convenientes, sino porque todo el sistema ya está ligado a Cisco. Habría que desmantelar todo el sistema existente. Dolabjian dice: “Cuidado, porque hubo dos empresas que compitieron y no se llamó a licitación. Se tendría que haber llamado”.

Lo cierto es que ahora aparece otra novedad: los síndicos de la empresa Educar —los que tienen que controlar— mandan una carta al entonces presidente interventor de la empresa, Eduardo González, diciendo algo así como: “Usted se tomó licencia del 4 de octubre al 17 de octubre, delegó la firma en el gerente general para cuestiones administrativas, y en ese plazo, el 10 de octubre, el gerente general firma un contrato con la empresa OPC Tech”, que es la empresa de Scatturice. “Esto es irregular. Usted tiene que dar de baja este contrato”, le dicen. Esto sucedió en octubre de 2024. Los síndicos dicen que el contrato debe ser anulado.

Curiosamente, el 30 de octubre, el interventor al que le mandan esta nota —y que aparentemente se tomó licencia, muchos dicen que porque no quería firmar el contrato— es relevado de su cargo. Lo sacan, lo dejan con otras funciones dentro del Gobierno, en el área de medios de comunicación (de la que González se está yendo ahora), y se designa al frente de la empresa para que siga este procedimiento a su actual interventor, que es Gastón Martín.

Las fuentes del Poder Ejecutivo a las que consultamos dicen: “Bueno, sí, se firmó el contrato, pero no implicó nada económico, nada financiero. Era para mantener las condiciones del proceso de venta y contratación. Lo económico se firmó después, en noviembre, que es la orden de compra. Por lo tanto, la advertencia que hacen los síndicos no corresponde”.

Esta es una polémica que seguramente va a seguir, porque es raro que los síndicos recomienden una acción directa y digan: “Esto hay que anularlo”. Es cierto que en este tipo de empresas —que no son enteramente administración pública, son como empresas privadas pero cuyo propietario es el Estado— los síndicos tienen mayor protagonismo y mayor influencia.

¿Por qué aparece esto? Se debe, no digamos a irregularidades, pero sí a cosas muy raras. Pero en el Gobierno hay quienes dicen: “Todo esto se sabe porque hay un ataque a Caputo”. ¿De dónde viene? ¿De los Menem? ¿De otro lado? Hay una teoría. Caputo, entre otras cosas, maneja ARCA, la ex AFIP. Allí designó a gente importante. Entre otros, Andrés Vázquez, titular de la DGI y de vínculo cercano a Scatturice. La DGI, saludablemente, está embarcada en una gran batalla por la evasión y subfacturación de Tabacalera Sarandí de Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”. Esto llegó a la Justicia porque la dirección de jurídicos de la DGI se presentó ante un juzgado federal diciendo: “Daría la impresión de que el ‘Señor del Tabaco’ inventa clientes, a los cuales les vende cigarrillos y después desaparecen. Una especie de compradores fantasma. Necesita facturas en blanco que compensen todo lo que genera de negro”. Es una hipótesis y no una acusación. Tampoco se habla de imputación. Es, por el momento, una operación inusual. La Justicia lo tomó a través del fiscal Eduardo Taiano, quien llamó a personal de la DGI a declarar pero no participó de esa audiencia. Es decir, Taiano no tuvo la curiosidad de escuchar a los expertos que le habían presentado el caso. Finalmente, resolvió que no había nada que investigar y cerró el tema.

Este lunes, María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal N°1, donde está radicada la causa, decidió anular lo hecho por Taiano e investigar. “Quiero saber si la DGI va a participar como querellante”, planteó Servini. Es una pésima noticia para el “Señor del Tabaco”.

No es la única información “rara”. Es un secreto a voces en el submundo de los servicios de inteligencia que el “Señor del Tabaco” tendría contratado al tenebroso Antonio Stiuso como lobista. Y ahora descubrimos, cuando se reconstruye la historia de Scatturice, que este empresario tiene una vieja guerra con Stiuso. Es más, se sospecha que Stiuso ahora hasta lo quiere meter en la investigación de la muerte de Nisman que, es muy curioso, sigue Taiano. Hay que investigar lo de Scatturice y las contrataciones de Educ.ar. Pero también hay que saber que todo esto lo podemos estar conociendo por una guerra oscura muy poco defendible. Esta es la Argentina del sottogoverno, del que hablaba Norberto Bobbio. Esta es la Argentina sobre la que flota, exitoso, Javier Milei, con enfrentamientos que lo afectan en su propia intimidad.