Cuando faltan diez días de la cumbre de Pro en Parque Norte, prevista para el 19 de marzo, los gobernadores del espacio en el interior procuran bajar las expectativas. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) asistirán al encuentro, pero en su entorno transmiten que “no es momento” de discutir candidaturas y que su prioridad sigue siendo la gestión de sus provincias.

Se trata de dos de los tres gobernadores que Pro conserva. Completa el mapa amarillo Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo distrito aparece en el radar de una eventual disputa con La Libertad Avanza (LLA) hacia 2027.

Como presidente de Pro nacional, Mauricio Macri busca preservar ese bastión político y, según fuentes del partido, respaldaría una eventual reelección de Jorge Macri. El antecedente inmediato no fue favorable: en las elecciones legislativas del año pasado Pro quedó tercero en la Ciudad, con el 16,2% de los votos, detrás de LLA (30,7%) y del PJ (27,8%).

En el interior del partido hay quienes observan con cautela los movimientos del expresidente, que en los últimos meses convocó a un “tercer tiempo” del espacio y promovió una escuela de formación de dirigentes. El secretario general de Pro, Fernando de Andreis, lo expresó de forma directa: “Aspiramos a volver a gobernar la Argentina”, dijo a . Tras el avance libertario sobre parte de su electorado histórico, planteó la necesidad de reconstruir el partido.

No todos leen la convocatoria del 19 de marzo de la misma manera. Mientras algunos dirigentes la interpretan como una instancia para ordenar al partido y mostrar presencia política, otros la miran con mayor distancia y advierten que la agenda del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) no siempre coincide con las prioridades de los distritos gobernados por Pro.

En ese contexto, Frigerio y Torres buscan concentrarse en la gestión de sus provincias, en un escenario de ajuste fiscal que, hasta ahora, no generó grandes costos políticos. Cerca de ambos mandatarios transmiten que el objetivo es mostrar resultados antes que abrir la discusión electoral.

Su participación en la cumbre, de todos modos, estará atravesada por un equilibrio delicado. Los gobernadores procuran mantener un vínculo de cooperación con la Casa Rosada, al mismo tiempo que su partido explora cómo posicionarse frente al oficialismo en el plano electoral.

Las estrategias recientes reflejan esa diversidad de caminos. En Entre Ríos, Frigerio selló el año pasado un acuerdo electoral con los libertarios y se impuso en su provincia. Torres, en cambio, compitió dentro del armado Provincias Unidas en Chubut y el espacio quedó tercero, el mismo resultado que obtuvo Jorge Macri en la Ciudad cuando compitió con el sello de Pro.

El avance libertario sobre parte del electorado que históricamente acompañó a Pro también atraviesa la discusión interna sobre el futuro del partido. En la Ciudad, por ejemplo, ya comenzaron a mencionarse distintos nombres con proyección hacia 2027. Entre ellos aparece el jefe de Gabinete Manuel Adorni -impulsado por Karina Milei– y la senadora Patricia Bullrich, que también mira ese distrito.

En provincias como Chubut o Entre Ríos, en cambio, el escenario electoral aún aparece más abierto. Por eso, dentro del partido señalan que los gobernadores se mueven con cautela y evitan anticipar definiciones.

Entre los nombres que circulan dentro de Pro con proyección nacional aparece el de Torres, que construyó un perfil joven asociado a la gestión. Sin embargo, cerca del gobernador insisten en que hoy su prioridad es la administración provincial y que cualquier discusión sobre una eventual candidatura presidencial queda, por ahora, en un plano interno.

Los otros dirigentes que suelen mencionarse en ese radar son el diputado Martín Yeza y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. A más de un año de la próxima elección, sin embargo, la danza de nombres parece responder más a un proceso de posicionamiento interno y medición de fuerzas que a definiciones concretas.

El juez federal Diego Amarante rechazó el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, para anular el expediente en el que son investigados por la presunta apropiación de aportes de los trabajadores de la asociación y evasión de impuestos.

Tapia y Toviggino habían dicho que no existió un delito y, con ese argumento, habían pedido anular las indagatorias (deben presentarse a declarar esta semana). El juez rechazó sus planteos y los acusados apelaron ante la Cámara en lo Penal Económico.

Amarante dijo que, aun cuando la Cámara de Apelaciones debe resolver si corresponden o no las citaciones a indagatoria, ello no obliga al juez a suspender esos trámites, como pidieron Tapia y Toviggino.

“La circunstancia de encontrarse pendiente de decisión ante la Alzada el recurso interpuesto contra el rechazo de la excepción de falta de acción no configura, por sí sola, un obstáculo jurídico para la continuación del trámite instructorio”, dijo el juez.

Y advirtió: “No se advierte en el caso la configuración de un vicio procesal que irrogue un perjuicio real, actual y concreto a los imputados”.

“Los cuestionamientos formulados por las defensas se sustentan en discrepancias respecto de la oportunidad y procedencia de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, mas no evidencian una restricción efectiva del derecho de defensa ni la inobservancia de una garantía constitucional que justifique la invalidez del acto”, afirmó el juez.

Así las cosas, están firmes las indagatorias de Tapia y Toviggino, previstas para el miércoles (Toviggino) y el viernes (Tapia), en esta causa, donde ARCA los acusa de haber retenido aportes y evadido impuestos por unos 19.000 millones de pesos.

En tanto, dos directivos de la AFA fueron indagados por el juez Amarante, acusados de haberse apropiado de esos aportes de los trabajadores de la entidad, pero ambos dijeron que eran ajenos a las cuestiones fiscales y se negaron a contestar preguntas.

Los indagados fueron el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, y quien ocupaba antes ese cargo, el expresidente de Racing Víctor Blanco.

Ambos se negaron a contestar preguntas del magistrado y, por escrito, los dos pidieron ser sobreseídos.

Blanco estuvo poco menos de una hora ante el juez Amarante y entregó un escrito donde negó “Terminantemente” las acusaciones.

“No tuve a mi cargo ninguna de las funciones vinculadas a la gestión tributaria y previsional de la Asociación del Fútbol Argentino”, dice el escrito y señaló que “No tuvo injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”.

Dijo que son erradas las acusaciones y que debe ser sobreseído luego de su declaración.

Señaló que dejó el cargo de secretario general en diciembre de 2024 y los hechos de los que se lo acusan son posteriores, por lo que dijo que: “Por obvias razones, jamás podría ser responsable por ellas”.

Subrayó que “No practicaba ni era informado por quienes las practicaban de ninguna retención de impuestos o aportes o contribuciones previsionales, ni calculaba ni era informado de los cálculos sobre montos retenidos o percibidos, ni acerca de cuándo y cómo debían depositarse en favor de la ARCA”.

Señaló que “Ni tenía el poder de impartir instrucciones o dar órdenes referidas a esos asuntos impositivos y previsionales” y no tenía ni clave fiscal dado que su cargo era «esencialmente institucional y protocolar”.

Malaspina también entregó un escrito sin responder preguntas y declaró con su abogado Lucio Simonetti.

Sostuvo que “Las decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.

Y recordó que la Cámara de Apelaciones debe resolver aun su pedido para anular la indagatoria. “La falta de pago de todos esos períodos, al ser previa a mi asunción en el cargo, era una decisión de la asociación previa sobre la que el suscripto carecía de injerencia”, sostuvo.

“Mientras dentro de las funciones del presidente están las de celebrar acuerdos, convenios, convenciones, firmar títulos, documentos públicos y privados, contratos, actas, órdenes de pagos, balances, correspondencia y cualquier otro acto o documento de acuerdo con las prescripciones establecidas en este estatuto o reglamentos de la AFA, las funciones y responsabilidades del secretario general no incluyen esa responsabilidad», mencionó.

Explicó que “La sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General; y en las órdenes de pago será indispensable la firma del Tesorero, tal como lo establece el artículo 45.3 del estatuto», con lo que pareció apuntar a Toviggino que deberá declarar el miércoles.