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Heridos y reproches en el bloque de diputados de Pro tras el cierre de listas que concentraron Ritondo, Santilli y Montenegro

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El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires profundizó las tensiones dentro del bloque Pro en Diputados. El jefe del espacio, Cristian Ritondo, junto con Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, fueron los tres dirigentes que se sentaron en la mesa de negociación con La Libertad Avanza (LLA) para definir los lugares del macrismo en la boleta bonaerense. Ese protagonismo en el reparto de cargos fortaleció su vínculo con los libertarios, pero debilitó su posición interna: dentro del bloque, varios legisladores los acusan de haber asegurado los puestos más competitivos solo para dirigentes propios.

El repaso de las listas lo confirma. En la segunda sección electoral, Natalia Blanco, de Zárate y cercana a Ritondo, quedó en el segundo lugar, mientras que Alejandro Rabinovich, alfil de Montenegro, obtuvo el cuarto. En la cuarta, Ritondo logró ubicar a Matías Ranzini, también de Zárate, en el tercer lugar.

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En la quinta sección, directamente, Montenegro encabezará la boleta. En la séptima, Santilli colocó a Ezequiel Galli, exintendente de Olavarría, en el tercer puesto. Y en la octava, la lista llevará a Julieta Quintero Chasman, aliada de Santilli, en el segundo lugar, y a Nicolás Morzone, del entorno de Ritondo, en el quinto.

Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego SantilliPrensa

La tercera sección electoral fue, junto con la primera, una de las que el reparto no estuvo controlado por ese tridente. Allí, María Sotolano, dirigente cercana a Jorge Macri y a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quedó en segundo lugar detrás del excomisario libertario Maximiliano Bondarenko. Según pudo reconstruir , la negociación fue tensa: Martínez amenazó con romper el acuerdo si no se respetaban los términos pactados. Finalmente, logró preservar el 70% de los lugares en las listas locales y colocar a Sotolano como candidata a diputada. Martínez, además de ser intendenta, es vicepresidenta de Pro nacional y referente territorial en la primera sección electoral, donde los libertarios apuestan a dar el golpe

El malestar entre los legisladores que quedaron afuera del armado no es solo anecdótico. El conflicto interno impacta directamente en la estrategia legislativa del Gobierno: Javier Milei anticipó que vetará la ley que establece un aumento jubilatorio del 7,2% y un bono de $110.000. Para sostener ese veto necesita votos del Pro. Los “87 héroes” con los que sostuvo sus impugnaciones en el pasado lo concretó con todo el macrismo adentro.

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Pero hay ocho diputados referenciados con Mauricio Macri que se mantuvieron al margen del acuerdo bonaerense y no garantizan su respaldo. Con el bloque dividido y las heridas abiertas, el oficialismo no tiene certezas.

Cena en la quinta de Olivos junto los 87 diputados que ayudaron al oficialismo a sostener el veto al incremento jubilatorio y a la ley de financiamiento universitario, el año pasadoPresidencia

La tensión se agrava con el último documento de la Fundación Pensar, el think tank que preside María Eugenia Vidal, titulado “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. El informe reconoce avances en estabilización macroeconómica, pero advierte sobre el costo del ajuste: una caída generalizada del ingreso real, especialmente entre los jubilados. “No se resuelve ni con magia ni con equilibrios espontáneos: se resuelve con gestión”, escribió Vidal en la introducción.

La propia diputada –que evitó rechazar el aumento jubilatorio en la votación original– profundizó su posición en un video publicado en redes: admitió el deterioro del poder adquisitivo, pero alertó que el incremento tiene un costo fiscal del 0,9% del PBI y pidió “administrar mejor”.

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María Eugenia Vidal Fabián Marelli –

En este clima de desconfianza, Pro analiza convocar a una reunión de la mesa ejecutiva bonaerense durante la primera semana de agosto. La intención es bajar la espuma antes del próximo cierre de alianzas nacional, donde todavía no está definido si Pro y LLA competirán juntos.

La discusión ya empezó a tomar forma. En la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y ya plenamente alineada con Milei, suena como primera candidata a senadora nacional. Cerca suyo deslizan que busca cerrar un acuerdo con Pro que le permita brillar en las urnas y proyectarse como candidata a jefa de Gobierno en 2027. Con el macrismo adentro, razonan, los votos de la derecha quedarían contenidos dentro de la alianza. Pero el reparto de lugares vuelve a tensar la cuerda: los libertarios no quieren ceder el segundo lugar al Pro que responde a Jorge Macri. “Si van solos, salen terceros. No pueden venir a pedir lo que no tienen”, desafían. La pulseada recién comienza.

Tampoco está resuelta la cabeza de la lista de diputados nacionales. Se menciona a Sabrina Ajmechet, actual diputada y aliada de Bullrich. En diciembre, Vidal y Fernando Iglesias concluyen su mandato. Ninguno tiene todavía un destino definido. Son algunas de las fichas de un tablero en construcción.

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Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Pro (Propuesta Republicana),Conforme a,Cámara de Diputados,,De díscola a libertaria. Una aliada de Jorge Macri en el Congreso se cuela en las listas bonaerenses de Milei,,Presión de la oposición. La Libertad Avanza y Pro bloquean la investigación de la comisión especial del caso $LIBRA,,El caso $LIBRA. Un grupo de diputados opositores reunió datos en Estados Unidos y busca probar que se trató de una estafa

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Comienza una semana clave para la causa contra Edgardo Kueider en Paraguay

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Edgardo Kueider deberá comparecer el próximo miércoles 30 y jueves 31 ante el juez Humberto Otazú. Ambas audiencias están previstas para las 8 de la mañana. También tendrá que presentarse su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel.

El magistrado, a cargo del Juzgado de Delitos Económicos, tendrá bajo su responsabilidad realizar la audiencia preliminar en el proceso penal que ambos enfrentan. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa, ya que, al haber sido descubiertos, no lograron concretar el ilícito. Las penas previstas en la legislación paraguaya para este tipo de delitos van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión.

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El caso

Kueider y Guinsel fueron detenidos por la Aduana paraguaya con más de USD 211 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes

En la madrugada del 4 de diciembre del año pasado, Kueider y Guinsel fueron detenidos por la Aduana paraguaya en la cabecera del Puente de la Amistad. Intentaban ingresar desde Brasil con más de USD 211 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes que no habían declarado. Estaban, según el acta de inspección, en una mochila hallada en la parte de atrás de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban ambos y que figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” González.

En la investigación por enriquecimiento ilícito que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado instruye en la Argentina, “Gonzalito” sería uno de los testaferros de Kueider. Era empleado del Senado y fue afectado al despacho del ex representante de Entre Ríos en la Cámara alta. Además, figura como socio en Betail, una de las empresas que, según la investigación judicial, habría sido usada de pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial del acusado.

Tras la requisa realizada en las primeras horas del miércoles 4 de diciembre, al ex senador se le devolvieron USD 9.900, ya que ese es el tope de dinero que podía entrar sin una declaración. Horas después, tras exponer en sede judicial, fueron imputados por la Fiscalía. Quedaron en arresto domiciliario.

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El proceso

La Fiscalía paraguaya sindicó a Kueider y a Guinsel por la tentativa de contrabando de divisas

Las audiencias tendrán como fin determinar si el caso se eleva o no a juicio oral y público.

Esta instancia debería haberse completado entre el 24 y el 26 de junio pasado. Pero la defensa de Kueider pidió acceso a la totalidad de la prueba reunida en el expediente. El juez Otazú concedió el pedido. Y ordenó realizar la copia de un pendrive que la Fiscalía había presentado en la causa.

En esta instancia, la acusación contra el ex legislador argentino corre por cuenta del fiscal Ysrael Villalba. La Fiscalía paraguaya sindicó a Kueider y a Guinsel por la tentativa de contrabando de divisas.

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Desde la primera instancia, los fiscales Édgar Benítez; Alcides Giménez Zorrilla y Gabriel Segovia señalaron que las acciones de los acusados estuvieron dirigidas a “ocultar las sumas de dinero en el sentido de no ingresar por las vías legales un instrumento que, por su valor, debe ser declarado”. Para la legislación del vecino país, el efectivo se considera una mercadería.

Kueider ha sostenido que el dinero secuestrado no le pertenecía

Kueider ha sostenido que el dinero secuestrado no le pertenecía. La primera explicación sobre el origen de los fondos dada ante la Justicia paraguaya corrió por cuenta de Guinsel. La exsecretaria sostuvo que era plata destinada a la compra de cosméticos. Y que se la había entregado un representante de la empresa Golsur a quien no identificó.

La investigación detectó que el titular de la firma sería José Fernando Cousirat, un joven paraguayo de 33 años. Cousirat tiene el registro único de contribuyente (RUC) (el equivalente en el vecino país al CUIT argentino) inactivo.

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Además, este hombre figura como representante de otra sociedad paraguaya: Exclusiva Py Eas. Esta firma es una de las dos que comercializaba departamentos del complejo Innova. Allí, Guinsel habría comprado en efectivo varias unidades. Por otro lado, Golsur había otorgado un poder de representación a favor de la exsecretaria de Kueider.

En las entrevistas que el exlegislador ha concedido desde su arresto domiciliario en Asunción ha insistido en que ese dinero “no salió de Argentina”. Sin embargo, nunca especificó el origen. También descartó que se tratara del pago de coimas por haber votado la Ley Bases, como insinúa desde un principio el kirchnerismo.

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Senado: crecen las dudas por una sesión solicitada dos veces con agenda incómoda para el Gobierno

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A una semana para el fin del receso que suelen inventar Diputados y el Senado, en la Cámara alta crecen las dudas en cuanto a cómo manejar una sesión solicitada -ya dos veces- por supuestos aliados del Gobierno: algunos proyectos son incómodos para la Casa Rosada y una iniciativa que genera intensas discusiones dentro de las propias bancadas y tensiona aún más la delicada convivencia.

Los pedidos de sesión fueron realizados a mitad de junio y a inicios del corriente mes por la bancada amigable del Gobierno -al menos, hasta el último convite en el recinto- Provincias Unidas. A la cabeza del reclamo se encuentra la chubutense de extracción radical Edith Terenzi y su colega de interbloque y peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), entre otros.

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El temario ya tiene un rechazo del Gobierno: según confiaron enlaces del Congreso y el Ejecutivo a Infobae, la orden es no aceptar ningún proyecto que esté relacionado con el área de salud. Mucho menos, si ello implica un “gasto” extra para el Estado.

La senadora de extracción radical Edith Terenzi (Gustavo Gavotti)

Hay otra iniciativa de ley que convertiría al recinto en un maratónico hervidero: es la relacionada con el aumento de penas para las falsas denuncias, cuestión que en la última semana estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de ese estilo. “Puede convertirse en un desastre”, lanzó a este medio un experimentado senador el mes pasado, cuando se conoció el primer reclamo para sesionar.

Veamos el resto de los textos: creación por ley del sistema de Alerta Rápida Sofía -es de Romero-; modificación de la norma sobre Trasplante de Órganos, tejidos y Células; la institución de la historia clínica ambiental; el Parto Humanizado; cambios a la ley de Manejo del Fuego; y retoques en el Código Penal sobre delitos por siniestros viales.

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Otros apuntan a declaraciones como “Capital Nacional de la Ballena Franca” a la ciudad chubutense de Puerto Pirámides; monumento natural al venado de La Pampa o ciervo pampeano; a San Miguel de Tucumán, como “capital simbólica de la República Argentina”; o el interés por el proyecto de investigación Subacuática “Eslabón Perdido”; y la adhesión a la “Semana Internacional de la Ciencia y la Paz”.

El senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero

En principio, quiero aclarar que en este recinto se han pedido sesiones especiales. Lo he hecho en dos oportunidades en el último mes. Y pedí que se trataran todos los órdenes del día que estaban pendientes desde el año 2024, más allá del autor, del proyecto o del bloque político que sean. Entonces, primero quiero dejar aclarado que ha habido pedidos formales y me han acompañado varios senadores para dar el debate en sesiones especiales con temarios de órdenes del día ya aprobados por las comisiones”, señaló Terenzi durante el último encuentro del pleno de la Cámara alta.

La batería de proyectos fue dejado de lado por la sesión en la que la oposición más férrea -kirchnerismo- y los “dialoguistas” se unieron sin temor y le aplicaron duras derrotas al Ejecutivo libertario, que tiene sólo un par de días extra para analizar si veta o judicializa las leyes sancionadas que mejora las jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.

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Por ahora, el Senado pispea los próximos pasos de Diputados: allí se aguarda la votación del proyecto que blinda el presupuesto universitario y del que apunta a amortiguar la preocupante situación del hospital Garrahan. El primer punto tendría que ser analizado, una vez aterrizado en la Cámara alta, por la comisión de Educación. La misma es comandada por el camporista Eduardo De Pedro. El año pasado, el legislador bonaerense -y ex ministro del Interior de Alberto Fernándezabrió ese espacio recién a finales de agosto, tras casi medio año de siesta. En 2025 tardó sólo dos meses y medio: trabajó dos veces.

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El Gobierno inició el proceso de privatización de Intercargo y determinó un plazo límite para su realización

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El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de atención en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. Según la Resolución 1067/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la venta del 100% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La medida forma parte de lo previsto en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que había declarado la empresa como “sujeta a privatización”.

La normativa instruye a la Secretaría de Transporte, en cuya órbita se encuentra Intercargo, a iniciar las acciones necesarias para concretar la venta y actualizar el inventario de bienes de la empresa.

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Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado Nacional. Además, es la empresa que presta en exclusividad el Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves —conocido como servicio de rampa— en aeropuertos del país. Para avanzar con la venta, el Gobierno también dispuso rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa y el Estado. La rescisión debe producirse antes de llevar a cabo la transferencia accionaria al futuro comprador.

La propuesta de privatización, elaborada por la Secretaría de Transporte y elevada al Poder Ejecutivo con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, no contempla mecanismos de participación preferencial ni planes de propiedad participada. El paquete accionario completo se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni ofertas reservadas para trabajadores.

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La CBP implementa la Inspección Remota de Equipaje Internacional para facilitar el tránsito de pasajeros internacionales que hacen conexión con los aeropuertos de Estados Unidos como el de MiamiImagen de Freepik

La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la responsable de coordinar las acciones del proceso. Tendrá un plazo de ocho meses para completar la privatización. También deberá solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial de la totalidad del paquete accionario, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá realizar esa tarea en un plazo razonable.

A su vez, se instruyó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para que supervise la transición hacia el nuevo operador, que ese proceso no afecte la prestación del servicio de rampa ni comprometa la conectividad aérea nacional e internacional. El decreto 198/2025 ya había dispuesto que uno de los objetivos principales de la privatización debía ser garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, también dispone que todo el procedimiento se realice a través de la plataforma CONTRAT.AR y asignó a los organismos involucrados la responsabilidad de garantizar el orden de este proceso.

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“sujeta a privatización”,Conforme a,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Al rojo vivo. Elecciones 2025: el cierre de listas en Buenos Aires en cada sección electoral,,Valores más altos en GBA. Indec publicó la inflación de junio: 1,6% y el Gobierno lo celebró en redes sociales

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