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El juez Gastón Salmain será acusado por favorecer a estudios de abogados que promovieron demandas de jubilados

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ROSARIO.- El juez federal de Rosario Gastón Salmain está sospechado de favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias, según informaron a fuentes judiciales. Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos.

La maniobra que se habría montado y que se investiga es la clásica, conocida como fórum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia. Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.

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Esta trama que será expuesta en detalle posiblemente el próximo miércoles por el Ministerio Público Fiscal se suma a otro hecho más lejano en el tiempo, que derivó en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pidiera que se abra una investigación contra este juez en el Consejo de la Magistratura, luego de que se detectara que Salmain omitió incluir entre sus antecedentes que fue echado de la justicia federal de Comodoro Py en 2002.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio RosattiRicardo Pristupluk

En ese expediente Salmain había sido procesado por falsedad documental, junto a una abogada, y les otorgaron una probation. Como cumplieron las condiciones de ese juicio ambos terminaron sobreseídos por el juez Rodolfo Canicoba Corral que fue quien controló la causa. La resolución que terminó con el despido de este juez revela que “el agente Gastón Salmain tentó a la empleada a violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que algunas ejecuciones previsionales sean dirigidas al juzgado N° 8 de ese fuero”.

Después de la renuncia y detención –en su domicilio- del exjuez federal Marcelo Bailaque, acusado de favorecer a uno de los principales narcos de Rosario y extorsionar a un empresario, Salmian quedó bajo la lupa. Actualmente, este juez subroga el juzgado federal N°1 de Santa Fe. Salmain había quedado a cargo también de la justicia electoral de Santa Fe, pero en pocas horas fue sustituido. La Cámara Nacional Electoral designó al juez Aurelio Cuello Murúa, que originariamente fue nombrado magistrado federal en Venado Tuerto, para que cumpla esa tarea que es clave a nivel político.

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Estos movimientos en la justicia federal de Santa Fe se produjeron de manera vertiginosa, con una fuerte influencia del supremo Rosatti, según indicaron fuentes judiciales. La reacción de la Cámara Nacional Electoral fue clave para que se produjera este nuevo reacomodamiento. Cuello Murúa ocupará ese rol desde “el 18 de julio hasta el 12 de diciembre del corriente año”, señala la resolución N°101.

El juez federal Marcelo Bailaque saliendo de la sala de audiencias de los tribunales federales de RosarioMarcelo Manera

Estos cambios se pusieron en marcha luego de que Salmain empezara a ser investigado por el Consejo de la Magistratura, un cuerpo que no pudo destituir a Bailaque porque antes de que se constituyera el tribunal de enjuiciamiento el presidente Javier Milei aceptó la dimisión del magistrado a partir del 1° de julio. Como no fue destituido, Bailaque inició los trámites para jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, provincia donde trabajó 14 años e tejió las relaciones con la precuela del kirchnerismo, que a fines de 2007 aportó los votos necesarios en el Senado para la aprobación de su pliego.

Salmain fue designado durante la gestión de Alberto Fernández, aunque su pliego había ingresado durante la gestión anterior, de Mauricio Macri. El nombramiento de este magistrado en Rosario generó desde un principio algunos cuestionamientos por lo bajo, por su cercanía con exagentes de inteligencia.

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Lo que trascendió ahora y complica a Salmain es que se conoció que fue echado como empleado del Poder Judicial de la Nación veinte años antes por intentar pagarle una coima a la secretaria de un tribunal contencioso administrativo, donde él mismo trabajaba, para direccionar hacia allí unos expedientes. Luego de que trascendiera esta información, se activaron las alertas, con algo de tardanza, y ahora Salmain va a empezar a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.

Rosatti ordenó abrir un expediente para investigar las irregularidades que rodean a la designación de Salmain como juez federal de Rosario, después de que se detectara que había mentido en sus antecedentes laborales y no había declarado que trabajó en el Poder Judicial, de donde fue cesanteado acusado de ofrecer coimas para manipular causas. Parece increíble que este hecho grave haya sido omitido por quienes analizaron su pliego.

El senador Luis Juez, también integrante del Consejo de la Magistraturaricardo-pristupluk-11511

El comité para relevar este caso recayó en los consejeros César Grau, del sector de los abogados, y el senador Luis Juez. Grau es el presidente de la comisión de Disciplina y el cordobés, el titular de la Comisión de Acusación. Son ellos los que deben analizar la presentación de este expediente para resolver en que comisión se analizará el caso en base a la gravedad de la denuncia.

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Salmain carga con una espesa sombra sobre su espalda, tras desembarcar en Rosario. Este magistrado fue recusado por todos los fiscales en la investigación que tenía como protagonistas a Bailaque y al extitular de la AFIP Carlos Vaudagna, quien en marzo pasado se presentó como arrepentido y la causa dio un giro importante porque admitió que el entonces juez federal, junto con el financista Fernando Whpei habían tramado una extorsión contra el empresario Claudio Iglesias.

Salmain intentó quedarse con todas las causas contra estos imputados. Pero no lo pudo conseguir, luego de que la Cámara Federal de Rosario lo apartara de estas investigaciones. Se había detectado en la segunda pericia del teléfono de Vaudagna que existían diálogos entre el extitular de la AFIP con Salmain.

La recusación de Salmain se produjo en bloque por todos los fiscales que intervienen en estos casos. Lo que plantearon fue que había temor de “parcialidad”, sustentado en el vínculo preexistente que habría entre el magistrado y Vaudagna, del cual habría tomado conocimiento ese Ministerio Público Fiscal a partir de un nuevo peritaje del celular de Vaudagna.

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Los fiscales manifestaron que el juez y Vaudagna “tenían un vínculo preexistente que no era profesional ni meramente protocolar, que se hacían favores recíprocos y que se encontraron al menos dos veces (en la sede de AFIP en Rosario y en el café Petit Colon en la ciudad de Buenos Aires, cerca de los Tribunales) cuando se sustanciaba el concurso para la designación de Salmain como juez federal de Rosario.

Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa FeX

Tras la detención de Bailaque se abrió otro interrogante en la justicia federal de Rosario. El juzgado federal Nº4 empezó a ser subrogado por el juez Carlos Vera Barros, que ya es titular del Nº3. Este magistrado se va a quedar, por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, con todos los casos del sistema residual, es decir, aquellos que eran previos al nuevo acusatorio, que comenzó a regir el 6 de mayo de 2024. Hay que ver qué decisión toma Vera Barros.

Los fiscales federales comenzaron a revisar viejos expedientes que tenía Bailaque en su juzgado y se empiezan a encontrar con sorpresas. Por ejemplo, a mediados de junio se logró el procesamiento contra ocho militares por el robo de unos 400 fusiles FAL del Batallón Nº603 de Fray Luis Beltrán, un caso que estaba cajoneado desde hacía 14 años por el magistrado. ¿Las razones? Arturo Puricelli era el ministro de Defensa de la Nación cuando se produjo la sustracción de ese armamento que después terminó, en parte, en las favelas de Río de Janeiro. Puricelli era amigo personal de Bailaque en los tiempos en que vivió en Caleta Olivia.

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Bailaque tenía varias funciones en la Justicia federal de Rosario. Era magistrado de Garantías del nuevo sistema, titular del juzgado Nº4 y además subrogaba el juzgado Nº1 de Santa Fe, que estaba en manos de Reynaldo Rodríguez. Otro juez que renunció antes de que lo destituyeran, en este caso no por corrupción sino por malos tratos a los empleados.

El juzgado federal de Santa Fe quedó en manos de Salmain, que enfrenta ahora esta investigación en el Consejo de la Magistratura. Pero fue corrido de su función en la justicia electoral. Si la renuncia de Bailaque y su detención abrieron un nuevo capítulo en la justicia federal de Rosario, el rol de Salmain en este proceso genera dudas por los antecedentes que acarrea. Por eso, el rol activo que tuvo el presidente de la Corte Suprema de la Nación apunta a evitar que se genere un escenario similar al que imperaba con Bailaque.

En febrero de este año, este magistrado presentó un hábeas corpus por sentirse seguido o investigado, aunque no presentó pruebas. Mencionó supuestos mensajes de phishing, intentos de geolocalización y un contacto por Telegram que invocó el nombre de su hijo. La presentación fue enviada directamente al Juzgado Federal N° 3, lo que también fue cuestionado por no seguir el canal correspondiente.

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El rol de la justicia federal en Rosario fue cuestionado no sólo por el comportamiento de algunos de sus protagonistas, como Bailaque, sino también por la pasividad que tuvo durante más de una década en momentos en que la ciudad sufría un baño de sangre. Las principales causas contra los narcos más poderosos terminaron con condenas en el fuero provincial, por delitos, como homicidios, extorsiones y asociación ilícita, y años después se activaron investigaciones por narcotráfico en el sistema federal. El sistema acusatorio, que rige desde el año pasado, aporta mayor dinamismo y transparencia al sistema, pero se requieren jueces que no despierten dudas ni sospechas.


Germán de los Santos,Rosario,Justicia Federal,Conforme a,Rosario,,Apagón. Gran parte de Rosario quedó a oscuras por casi dos horas debido a fallas en terminales eléctricas,,Rosario: otro juez federal bajo la lupa,,Viudas negras también en Rosario. Dos mujeres drogaron a un hombre en un hotel alojamiento y huyeron con su camioneta

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Comienza una semana clave para la causa contra Edgardo Kueider en Paraguay

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Edgardo Kueider deberá comparecer el próximo miércoles 30 y jueves 31 ante el juez Humberto Otazú. Ambas audiencias están previstas para las 8 de la mañana. También tendrá que presentarse su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel.

El magistrado, a cargo del Juzgado de Delitos Económicos, tendrá bajo su responsabilidad realizar la audiencia preliminar en el proceso penal que ambos enfrentan. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa, ya que, al haber sido descubiertos, no lograron concretar el ilícito. Las penas previstas en la legislación paraguaya para este tipo de delitos van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión.

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El caso

Kueider y Guinsel fueron detenidos por la Aduana paraguaya con más de USD 211 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes

En la madrugada del 4 de diciembre del año pasado, Kueider y Guinsel fueron detenidos por la Aduana paraguaya en la cabecera del Puente de la Amistad. Intentaban ingresar desde Brasil con más de USD 211 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes que no habían declarado. Estaban, según el acta de inspección, en una mochila hallada en la parte de atrás de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban ambos y que figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” González.

En la investigación por enriquecimiento ilícito que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado instruye en la Argentina, “Gonzalito” sería uno de los testaferros de Kueider. Era empleado del Senado y fue afectado al despacho del ex representante de Entre Ríos en la Cámara alta. Además, figura como socio en Betail, una de las empresas que, según la investigación judicial, habría sido usada de pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial del acusado.

Tras la requisa realizada en las primeras horas del miércoles 4 de diciembre, al ex senador se le devolvieron USD 9.900, ya que ese es el tope de dinero que podía entrar sin una declaración. Horas después, tras exponer en sede judicial, fueron imputados por la Fiscalía. Quedaron en arresto domiciliario.

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El proceso

La Fiscalía paraguaya sindicó a Kueider y a Guinsel por la tentativa de contrabando de divisas

Las audiencias tendrán como fin determinar si el caso se eleva o no a juicio oral y público.

Esta instancia debería haberse completado entre el 24 y el 26 de junio pasado. Pero la defensa de Kueider pidió acceso a la totalidad de la prueba reunida en el expediente. El juez Otazú concedió el pedido. Y ordenó realizar la copia de un pendrive que la Fiscalía había presentado en la causa.

En esta instancia, la acusación contra el ex legislador argentino corre por cuenta del fiscal Ysrael Villalba. La Fiscalía paraguaya sindicó a Kueider y a Guinsel por la tentativa de contrabando de divisas.

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Desde la primera instancia, los fiscales Édgar Benítez; Alcides Giménez Zorrilla y Gabriel Segovia señalaron que las acciones de los acusados estuvieron dirigidas a “ocultar las sumas de dinero en el sentido de no ingresar por las vías legales un instrumento que, por su valor, debe ser declarado”. Para la legislación del vecino país, el efectivo se considera una mercadería.

Kueider ha sostenido que el dinero secuestrado no le pertenecía

Kueider ha sostenido que el dinero secuestrado no le pertenecía. La primera explicación sobre el origen de los fondos dada ante la Justicia paraguaya corrió por cuenta de Guinsel. La exsecretaria sostuvo que era plata destinada a la compra de cosméticos. Y que se la había entregado un representante de la empresa Golsur a quien no identificó.

La investigación detectó que el titular de la firma sería José Fernando Cousirat, un joven paraguayo de 33 años. Cousirat tiene el registro único de contribuyente (RUC) (el equivalente en el vecino país al CUIT argentino) inactivo.

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Además, este hombre figura como representante de otra sociedad paraguaya: Exclusiva Py Eas. Esta firma es una de las dos que comercializaba departamentos del complejo Innova. Allí, Guinsel habría comprado en efectivo varias unidades. Por otro lado, Golsur había otorgado un poder de representación a favor de la exsecretaria de Kueider.

En las entrevistas que el exlegislador ha concedido desde su arresto domiciliario en Asunción ha insistido en que ese dinero “no salió de Argentina”. Sin embargo, nunca especificó el origen. También descartó que se tratara del pago de coimas por haber votado la Ley Bases, como insinúa desde un principio el kirchnerismo.

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Senado: crecen las dudas por una sesión solicitada dos veces con agenda incómoda para el Gobierno

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A una semana para el fin del receso que suelen inventar Diputados y el Senado, en la Cámara alta crecen las dudas en cuanto a cómo manejar una sesión solicitada -ya dos veces- por supuestos aliados del Gobierno: algunos proyectos son incómodos para la Casa Rosada y una iniciativa que genera intensas discusiones dentro de las propias bancadas y tensiona aún más la delicada convivencia.

Los pedidos de sesión fueron realizados a mitad de junio y a inicios del corriente mes por la bancada amigable del Gobierno -al menos, hasta el último convite en el recinto- Provincias Unidas. A la cabeza del reclamo se encuentra la chubutense de extracción radical Edith Terenzi y su colega de interbloque y peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), entre otros.

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El temario ya tiene un rechazo del Gobierno: según confiaron enlaces del Congreso y el Ejecutivo a Infobae, la orden es no aceptar ningún proyecto que esté relacionado con el área de salud. Mucho menos, si ello implica un “gasto” extra para el Estado.

La senadora de extracción radical Edith Terenzi (Gustavo Gavotti)

Hay otra iniciativa de ley que convertiría al recinto en un maratónico hervidero: es la relacionada con el aumento de penas para las falsas denuncias, cuestión que en la última semana estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de ese estilo. “Puede convertirse en un desastre”, lanzó a este medio un experimentado senador el mes pasado, cuando se conoció el primer reclamo para sesionar.

Veamos el resto de los textos: creación por ley del sistema de Alerta Rápida Sofía -es de Romero-; modificación de la norma sobre Trasplante de Órganos, tejidos y Células; la institución de la historia clínica ambiental; el Parto Humanizado; cambios a la ley de Manejo del Fuego; y retoques en el Código Penal sobre delitos por siniestros viales.

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Otros apuntan a declaraciones como “Capital Nacional de la Ballena Franca” a la ciudad chubutense de Puerto Pirámides; monumento natural al venado de La Pampa o ciervo pampeano; a San Miguel de Tucumán, como “capital simbólica de la República Argentina”; o el interés por el proyecto de investigación Subacuática “Eslabón Perdido”; y la adhesión a la “Semana Internacional de la Ciencia y la Paz”.

El senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero

En principio, quiero aclarar que en este recinto se han pedido sesiones especiales. Lo he hecho en dos oportunidades en el último mes. Y pedí que se trataran todos los órdenes del día que estaban pendientes desde el año 2024, más allá del autor, del proyecto o del bloque político que sean. Entonces, primero quiero dejar aclarado que ha habido pedidos formales y me han acompañado varios senadores para dar el debate en sesiones especiales con temarios de órdenes del día ya aprobados por las comisiones”, señaló Terenzi durante el último encuentro del pleno de la Cámara alta.

La batería de proyectos fue dejado de lado por la sesión en la que la oposición más férrea -kirchnerismo- y los “dialoguistas” se unieron sin temor y le aplicaron duras derrotas al Ejecutivo libertario, que tiene sólo un par de días extra para analizar si veta o judicializa las leyes sancionadas que mejora las jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.

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Por ahora, el Senado pispea los próximos pasos de Diputados: allí se aguarda la votación del proyecto que blinda el presupuesto universitario y del que apunta a amortiguar la preocupante situación del hospital Garrahan. El primer punto tendría que ser analizado, una vez aterrizado en la Cámara alta, por la comisión de Educación. La misma es comandada por el camporista Eduardo De Pedro. El año pasado, el legislador bonaerense -y ex ministro del Interior de Alberto Fernándezabrió ese espacio recién a finales de agosto, tras casi medio año de siesta. En 2025 tardó sólo dos meses y medio: trabajó dos veces.

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El Gobierno inició el proceso de privatización de Intercargo y determinó un plazo límite para su realización

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El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de atención en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. Según la Resolución 1067/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la venta del 100% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La medida forma parte de lo previsto en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que había declarado la empresa como “sujeta a privatización”.

La normativa instruye a la Secretaría de Transporte, en cuya órbita se encuentra Intercargo, a iniciar las acciones necesarias para concretar la venta y actualizar el inventario de bienes de la empresa.

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Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado Nacional. Además, es la empresa que presta en exclusividad el Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves —conocido como servicio de rampa— en aeropuertos del país. Para avanzar con la venta, el Gobierno también dispuso rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa y el Estado. La rescisión debe producirse antes de llevar a cabo la transferencia accionaria al futuro comprador.

La propuesta de privatización, elaborada por la Secretaría de Transporte y elevada al Poder Ejecutivo con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, no contempla mecanismos de participación preferencial ni planes de propiedad participada. El paquete accionario completo se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni ofertas reservadas para trabajadores.

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La CBP implementa la Inspección Remota de Equipaje Internacional para facilitar el tránsito de pasajeros internacionales que hacen conexión con los aeropuertos de Estados Unidos como el de MiamiImagen de Freepik

La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la responsable de coordinar las acciones del proceso. Tendrá un plazo de ocho meses para completar la privatización. También deberá solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial de la totalidad del paquete accionario, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá realizar esa tarea en un plazo razonable.

A su vez, se instruyó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para que supervise la transición hacia el nuevo operador, que ese proceso no afecte la prestación del servicio de rampa ni comprometa la conectividad aérea nacional e internacional. El decreto 198/2025 ya había dispuesto que uno de los objetivos principales de la privatización debía ser garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, también dispone que todo el procedimiento se realice a través de la plataforma CONTRAT.AR y asignó a los organismos involucrados la responsabilidad de garantizar el orden de este proceso.

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“sujeta a privatización”,Conforme a,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Al rojo vivo. Elecciones 2025: el cierre de listas en Buenos Aires en cada sección electoral,,Valores más altos en GBA. Indec publicó la inflación de junio: 1,6% y el Gobierno lo celebró en redes sociales

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