POLITICA
El Gobierno pone en la mira los fondos discrecionales y estudia un esquema para persuadir a algunos gobernadores
El presidente Javier Milei vetará las leyes sancionadas semanas atrás, las cuales incrementan las jubilaciones, incorpora la moratoria y declara la emergencia en discapacidad. Será la semana que viene, cuando se esté terminando el plazo de diez días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para rechazar una ley proveniente del Congreso. La decisión es vital para el Gobierno, desde donde argumentan que el costo fiscal que supone este paquete de iniciativas pone en peligro el déficit cero que funciona como ancla de expectativas sobre el programa económico nacional.
“Tenemos el pedido del Presidente para que ningún veto sea volteado y estamos buscando alternativas para poder conversar con diferentes sectores”, comenta un hombre del oficialismo. A pesar de que en el plano legislativo hay conversaciones con los diferentes bloques partidarios, uno de los actores que también tiene una incidencia fundamental son los gobernadores. Al menos a un grupo de ellos se les busca dar un “gesto político” para poder lograr torcer algunas voluntades.
En los últimos días, trascendió que en el Ejecutivo están pensando en hacer una mayor transferencia de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son los fondos que se destinan a asistir a las provincias para situaciones específicas de emergencia o desequilibrios financieros, aunque, en rigor, se solía utilizar como un mecanismo de distribución de fondos de manera discrecional, ya que Nación es el que decide cómo manejarlo según la ocasión.
Son asuntos que se están tratando de manera conjunta en una mesa tripartita integrada por Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete; áreas que seguirán con reuniones esta semana para debatir qué mecanismos posibles existen para avanzar con una propuesta formal a los gobernadores, ya sean a la mayoría o a algunos pocos.
“Existen dilemas desde lo fiscal, es decir, cuánto tengamos nosotros que relegar de fondos, hasta desde lo jurídico; no es fácil implementar una modificación desde el Ejecutivo”, admiten desde un sector del Gobierno.
Los ATN no se rigen directamente por la Ley de Coparticipación, aunque sí se financian con fondos provenientes de la misma. La legislación establece la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias, y un porcentaje de esos recursos se destina al Fondo de ATN. Aun así, no se rigen bajo un esquema automático como la coparticipación. Es todavía un dilema si pueden establecer de alguna forma que un porcentaje de lo recaudado se transfiera de manera proporcional a todas las provincias. Pero es algo que se piensa.
Entre varios gobernadores (incluso entre los más aliados) relativizan la medida. En particular, porque los 24 mandatarios subnacionales están a una aprobación en Diputados para que se sancione un proyecto que los favorece aún más. Esta incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto) para que el Fondo de ATN se coparticipe de forma automática y diaria, integrándose plenamente a la masa de fondos coparticipables.
Esta alternativa que piensa Nación puede ser discutida en comisiones de la Cámara Baja, aunque desde las provincias vuelven a enfatizar su escepticismo sobre el tema. Cerca del Presidente podrían evaluar no vetar la iniciativa consensuada, aunque si Milei la rechaza, los gobernadores tendrían los votos suficientes para insistir sin que el oficialismo pueda hacer mucho al respecto.
“Son chirolas los que nos pueden dar con ese cambio que hablan desde la Rosada”, afirma cerca de un importante gobernador. Y agregan: “El cálculo fiscal que puede significar lo que nosotros propusimos en el Congreso es de 0,05% del PIB. No le cambia a nadie la ecuación que sea menor a esto y tampoco vemos el rédito que le podrían sacar si es que implementan sus propios cambios”. Los gobernadores dicen no haber recibido esa oferta de parte de ningún miembro del oficialismo, aunque en los últimos días la Casa Rosada tuvo reuniones o encuentros presenciales con ocho provincias distintas. Por el momento no se prevé alguna reunión ni convocatoria oficial.
Puede ser que en el Ejecutivo estén pensando una medida paliativa que beneficie a los gobernadores por igual y que, para aquellos que ya le prometieron apoyos al Gobierno en el plano legislativo, tengan “algo que mostrar” para cuando vuelvan a sus provincias. “Acá no estamos hablando en términos económicos, estamos todos jugados en ese sentido. Lo que importa es el gesto político”, sintetiza un funcionario de la Casa Rosada.
El Gobierno se puso como principal objetivo político sostener los tres vetos que Javier Milei hará efectivos en el Boletín Oficial la semana próxima. El Presidente habilitó a los tres sectores políticos de la gestión a comenzar las conversaciones con distintos actores de la oposición. Tanto al círculo que responde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; como al del asesor presidencial, Santiago Caputo; y al del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“Creo que van a tener que acompañarme con este veto, porque los argentinos de bien los están mirando, y todos sabemos que aquellos que no acompañen el veto son genocidas y estarán asesinando a nuestras generaciones futuras”, afirmó el Presidente al respecto de la posibilidad de que se volteen la mayoría de los vetos.
El veto a la moratoria previsional parece encaminado a validarse, ya que la iniciativa recibió 100 votos negativos en su media sanción. No ocurre lo mismo con los otros dos vetos, referidos a jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, que obtuvieron 71 y 67 votos negativos respectivamente, lo que deja al oficialismo en una posición de vulnerabilidad.
En la administración libertaria indican que son optimistas al respecto de la votación en el Congreso. Hay vetos con los que el Gobierno tiene mayor probabilidad de ratificarlos que otros. La Libertad Avanza cuenta con 39 bancas en Diputados y, según el operador oficial, la estimación de los votos para respaldar los vetos se orienta entre 72 y 86. El escenario está ajustado, pero algunos violetas se aventuran a decir que “con el apoyo de algunos gobernadores se podría tener el número”.
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La percepción social sobre la administración de Javier Milei mejoró en julio un 4,9% respecto del mes anterior, de acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella sobre la base de un estudio de campo de Poliarquía Consultores.
Así, volvió a niveles de mayo en esta medición que el mundo de la política sigue con especial atención porque suele tener una correlación con los resultados electorales de los oficialismos.
El indicador -que evalúa a los gobiernos del 0 al 5- se ubicó en 2,45 puntos, una cifra 9,6% mayor a la que obtuvo en julio de 2017 la gestión de Mauricio Macri, y 44,3% mayor al de la medición de julio de 2021, durante el mandato de Alberto Fernández.
La Universidad Di Tella evalúa a los gobiernos en cinco categorías: Capacidad para resolver los problemas del país; Honestidad de los funcionarios, Eficiencia en la administración del gasto público, Evaluación general del gobierno y Preocupación por el interés general.
Con el alza actual, el ICG vuelve al nivel que tuvo en mayo de 2025, con lo que completa cuatro meses de oscilación en el rango entre 2,33 y 2,45. Puede interpretarse como una forma de estabilización. “La media del ICG durante estos 19 meses de Javier Milei en la presidencia es de 2,50 puntos. Considerando el mismo período, fue algo más alto durante la gestión de Mauricio Macri (2,59), y considerablemente más bajo durante la de Alberto Fernández (2,18)”, indica el informe de la universidad.
El medición de julio fue positiva en cuatro de los cinco componentes del índice: la Capacidad para resolver los problemas del país (2,88 puntos, 3,6%); la Honestidad de los funcionarios (2,82 puntos, 5,2%); la Eficiencia en la administración del gasto público (2,42 puntos, 3,0%); y la Preocupación por el interés general (2,11 puntos, 17,5%). En cambio, fue negativa en la Evaluación general del gobierno (2,04 puntos, -2,4%)
La medición se hizo de forma telefónica entre mayores de 18 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El tamaño de la muestra es de 1000 casos en 41 localidades y el trabajo de campo se completó entre el 1 y el 16 de julio.
Tal como viene ocurriendo mes a mes, el índice de confianza fue mayor entre los hombres (2,64 puntos, con un aumento del 3,1%) que entre las mujeres (2,25 puntos, con una variación positiva del 6,1%).
También se mantiene la tendencia en la segmentación por edad. El ICG es mayor entre jóvenes de entre 18 a 29 años (2,79 puntos, con un ascenso del 1,1%). Después se ubica el grupo conformado por personas mayores de 50 años (2,53 puntos, con un crecimiento del 9,5%) y, por último, el segmento compuesto por personas de entre 30 y 49 años (2,26 puntos, con una variación positiva del 0,4%).
Milei mantiene siempre una mejor valoración entre quienes viven en el interior del país (2,58 puntos, con un incremento del 3,6%). No obstante, a diferencia del mes anterior, luego se ubican quienes residen en CABA (2,45 puntos, con un notable aumento del 16,7%), y finalmente, quienes residen en el conurbano bonaerense (2,19 con un crecimiento del 3,8%). Es un dato a tener en cuenta de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
La Universidad Di Tella discrimina los datos además por el nivel educativo de los consultados. Distinto a lo observado en el mes de junio, pero en línea con tendencias anteriores durante el gobierno de Milei, el valor del ICG de julio fue mayor entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria (2,50 puntos, con un aumento del 7,3%). Les siguen quienes alcanzaron hasta la educación secundaria (2,45 puntos, sin variación), y por último, quienes alcanzaron hasta la educación primaria (2,15 puntos, con un crecimiento del 7,5%).
Además, como en meses anteriores, en julio el ICG fue notablemente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,17 puntos, con un aumento del 2,2%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,81 puntos, con un crecimiento significativo del 21,6%) o que empeorará (0,55 puntos, con un incremento del 14,6%).
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La confianza en el gobierno de Javier Milei experimentó un repunte durante julio de 2025. Según el último relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,45 puntos, lo que representa un aumento del 4,9% en comparación con el mes anterior.
Esta mejora revierte parcialmente la caída registrada durante el verano y mantiene el indicador dentro del rango observado en los últimos cuatro meses, entre 2,33 y 2,45 puntos.
El índice, elaborado por la escuela de Gobierno de la casa de estudios desde noviembre de 2001 y a partir de encuestas telefónicas a nivel nacional, se construye sobre una escala de 0 a 5. En términos interanuales, el ICG muestra una suba del 3,3%.
En la comparación histórica, el nivel actual es 9,6% mayor que el registrado en julio de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 44,3% más alto que el de julio de 2021, en la administración de Alberto Fernández.
Durante los primeros 19 meses de la presidencia de Milei, el promedio del ICG fue de 2,50 puntos, una cifra levemente inferior al promedio de la gestión Macri (2,59) y sensiblemente superior al de Fernández (2,18).
Cómo se compone el índice de satisfacción
El incremento de julio estuvo impulsado por subas en cuatro de los cinco componentes del índice:
- Capacidad para resolver los problemas del país: 2,88 puntos (+3,6%)
- Honestidad de los funcionarios: 2,82 puntos (+5,2%)
- Eficiencia en la administración del gasto público: 2,42 puntos (+3,0%)
- Preocupación por el interés general: 2,11 puntos (+17,5%)
Las expectativas económicas también influyeron en la percepción del gobierno. Quienes creen que la situación mejorará dentro de un año registraron el nivel más alto de confianza: 4,17 puntos (+2,2%). En contraste, quienes consideran que todo seguirá igual alcanzaron los 2,81 puntos (+21,6%), y quienes anticipan un empeoramiento, apenas 0,55 puntos, aunque con un alza del 14,6%.
En cambio, el único componente que mostró una baja fue la evaluación general del gobierno, que cayó un 2,4%, ubicándose en 2,04 puntos.
Perfil de los encuestados
Al igual que en mediciones anteriores, el índice mostró diferencias significativas según el perfil demográfico y socioeconómico de los encuestados. La confianza fue mayor entre los hombres, los jóvenes, los habitantes del interior del país, quienes tienen mayor nivel educativo y quienes no fueron víctimas de delitos.
- Por género: el ICG fue de 2,64 puntos entre los hombres (+3,1%) y de 2,25 entre las mujeres (+6,1%).
- Por edad: el segmento de 18 a 29 años lideró con 2,79 puntos (+1,1%). Le siguieron los mayores de 50 (2,53 puntos, +9,5%) y el grupo de 30 a 49 años (2,26 puntos, +0,4%).
- Por región: el interior del país mantuvo el nivel más alto de confianza (2,58 puntos, +3,6%), seguido de la Ciudad de Buenos Aires (2,45 puntos, +16,7%) y el Gran Buenos Aires (2,19 puntos, +3,8%).
- Por nivel educativo: el índice fue más alto entre quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios (2,50 puntos, +7,3%), seguido por quienes completaron estudios secundarios (2,45 puntos, sin cambios) y primarios (2,15 puntos, +7,5%).
La inseguridad, un dato clave
Otro factor relevante que mostró una correlación con la confianza fue la experiencia de victimización delictiva. Entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses, el ICG fue de 2,53 puntos (+1,6%), mientras que entre quienes sí fueron víctimas, fue de 2,23 puntos, aunque con un aumento notable del 19,9%.
Aunque no constituye un componente autónomo dentro del ICG, la seguridad opera como una dimensión transversal que afecta directamente la percepción de capacidad para resolver problemas, eficiencia del gasto público y preocupación por el interés general. En ese sentido, las políticas de seguridad no solo impactan en la evaluación general del gobierno, sino también en la credibilidad que tiene el Estado como garante de orden.
El hecho de que el índice haya crecido casi un 20% entre personas que vivieron situaciones delictivas indica que, más allá del hecho puntual, la percepción sobre el rumbo político en materia de seguridad puede estar cambiando, o al menos encontrando cierta legitimidad discursiva.
Según los analistas de la Escuela de Gobierno de la UTDT, el repunte en indicadores vinculados a la honestidad, la eficiencia y la preocupación por el interés general sugiere un cambio en la percepción pública sobre aspectos clave de la gestión actual, pese a que la evaluación general del gobierno continúe con leves retrocesos.
Murió Javier Herrera Bravo, el exsecretario de Legal y Técnica del gobierno de Javier Milei. Había dejado el cargo en abril por motivos personales, y fue reemplazado por María Ibarzábal Murphy.
Según pudo saber TN a principios de abril la renuncia fue por motivos de salud, una “decisión consensuada”, para que se concentrara en su tratamiento. En ese momento desde la Secretaría destacaron que Herrera Bravo “dejó todo por la lealtad y el compromiso”.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su cuenta de X la muerte del exfuncionario: “Tristeza por el fallecimiento del Dr. Javier Herrera Bravo, ex Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Gran profesional, mejor persona. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.
Mientras que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, escribió en un mensaje en su cuenta de X en recuerdo del exfuncionario: “Gracias Profe querido por toda la ayuda, por la sabiduría, te voy extrañar. Descansá en paz, Javier Herrera Bravo”.
Quién era Javier Herrera Bravo, el exsecretario de Legal y Técnica de Javier Milei
Herrera Bravo fue secretario de Legal y Técnica del Gobierno y era abogado especialista en Derecho Público. Fue Subsecretario de Asuntos Legales de esta dependencia cuando estuvo a cargo de Pablo Clusellas, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Noticia que está siendo actualizada.-
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