Pablo Cortese, presidente del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), presentó su renuncia tras menos de ocho meses en el cargo, en el contexto de al disputa desatada por la importación de la vacuna contra la fiebre aftosa. Voceros de Agricultura confirmaron a este medio el paso al costado por “motivos personales”.

Aún así, en el entorno la pulseada por las vacunas importadas pesaba como explicación de la renuncia. La controversia se originó cuando, bajo la gestión de Cortese, Senasa facilitó la importación de productos veterinarios, una política impulsada por el gobierno de Javier Milei para reducir los costos en el sector agropecuario. Esta decisión provocó el rechazo de los laboratorios nacionales, que consideraron amenazada su posición en el mercado.

La tensión escaló cuando uno de los laboratorios más grandes del país envió una carta documento a Senasa por un lote de vacunas importado por una empresa competidora. Aunque Cortese calificó la acusación como “totalmente improcedente”, la polémica ya había tomado estado público.

El respaldo explícito de Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la apertura del mercado profundizó el aislamiento del funcionario.

Durante la Expo Rural, Milei afirmó: “Vamos a tener vacunas a mitad de precio”, mientras Sturzenegger sostuvo: “Nos están estafando”.

La Cámara de laboratorios (Caprove) advirtió que la liberalización de las importaciones pone en riesgo a una industria que emplea a más de 8.000 personas y exporta por más de 100 millones de dólares anuales.

Cortese, de perfil técnico y bajo perfil público, optó por dejar su puesto en un organismo considerado estratégico en medio de una disputa política, sanitaria y comercial.

La controversia tuvo su origen en abril, cuando el Senasa autorizó la entrada al país de un lote de vacunas importadas desde Brasil. Si bien el ingreso había sido aprobado por el organismo, un laboratorio local denunció presuntas irregularidades y reclamó una investigación interna. El episodio tensó aún más la relación entre el sector privado y el ente regulador, que ya enfrentaba críticas por parte de las principales cámaras de la industria.

La salida de Cortese también estuvo precedida por una auditoría interna ordenada para revisar los procesos de ingreso de productos veterinarios importados. Aunque no trascendieron públicamente los resultados, fuentes del sector interpretaron la medida como un intento de descomprimir el conflicto sin dar marcha atrás con la política de apertura.

A lo largo de su gestión, Cortese sostuvo que las medidas implementadas buscaban aumentar la competencia y bajar los costos para el productor, en línea con los lineamientos del Gobierno. Sin embargo, la presión política y empresarial fue en aumento y, según trascendió, el funcionario había manifestado su malestar por la falta de respaldo institucional en los últimos meses.

La renuncia se formalizó con una carta presentada el domingo y aceptada de inmediato por las autoridades del Ministerio de Economía, de quien depende el Senasa desde la reorganización administrativa. El organismo había quedado en el centro de una disputa que involucra no sólo intereses económicos, sino también aspectos vinculados a la sanidad animal y a las relaciones comerciales con países vecinos.

Cortese había sido designado en diciembre de 2024 y contaba con experiencia previa en el organismo, donde había trabajado en distintas áreas técnicas. Su perfil técnico y su bajo nivel de exposición pública contrastaban con el alto impacto político de las decisiones tomadas durante su breve gestión.

Por ahora no se designó un reemplazante, pero trascendió que se barajan nombres ligados al ala más liberal del Gobierno. El organismo continuará operando bajo la conducción interina de funcionarios de segunda línea hasta que se confirme una nueva autoridad.

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Un juez federal rechazó un reclamo de la diputada libertaria Lorena Villaverde y consideró que la imagen del partido provincial Primero Río Negro podrá mantener el logo del mapa de la provincia con el león en el centro. Es así desde antes de la conformación de LLA como partido y en 2023 tuvo a Ariel Rivero como candidato a gobernador con la venia de Javier Milei.

El juez federal Gustavo Villanueva avaló al partido provincial Primero Río Negro y lo autorizó a seguir usando como logo e imagen electoral al león emblema del presidente Javier Milei y La Libertad Avanza, dentro del mapa que identifica a la fuerza local, aunque no en forma individual.

Se trató de un fallo aclaratorio, ante una medida anterior que le negó el permiso y le ordenó retirar todo, por reclamo de la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien adujo que eso confundiría al electorado, ya que el león es el emblema principal de La Libertad Avanza. Esta disposición autoriza al partido provincial a mantener su imagen original.

Desde 2023 y en varias elecciones Primero Río Negro tiene un logo que muestra el mapa de la provincia y en su interior al león, y un número 1 con las letras RN adentro, en amarillo y negro.

En diciembre pasado, el mismo juez llamó a audiencia a todos los apoderados partidarios de la provincia, en el proceso de formalización en el distrito de Primero Río Negro, pero ninguno presentó objeción alguna contra el partido, su logo ni otro aspecto. Así, resultó habilitado a presentar candidatos en todas las elecciones nacionales, además de municipales y provinciales de Río Negro que ya tenía. Entre otras, logró una banca en el Concejo de Bariloche y dos en la Legislatura provincial.

La disputa es de larga data y se originó en la multiplicación de adherentes a la candidatura a presidente de Javier Milei en 2023. Varios dirigentes de las principales ciudades rionegrinas se autoproclamaron candidatos del libertario a distintos cargos, y si bien el ahora presidente no permitió la oficialización de ninguno, consintió que Ariel Rivero -ex intendente del pueblo Campo Grande– fuera candidato a gobernador libertario.

Con ese emblema obtuvo el 9,18 de los votos emitidos, contra el 42,43% del primer candidato Alberto Weretilneck, quien se consagró gobernador.

En tanto el oficialismo de la Libertad Avanza en Río Negro, liderado por Villaverde, tuvo un accidentado proceso de conformación partidaria, con múltiples denuncias, todas rechazadas por la justicia pero que demoraron la formalización, concretada el año pasado. Villaverde fue electa presidenta del partido LLA y en octubre pretende encabezar la lista de candidatos al Senado, en tanto definen el resto de la lista y los postulantes a diputado. La provincia elige tres bancas en la cámara alta y dos en la baja.

La formalización del partido el año pasado, convalidada por la justicia electoral, y la designación de autoridades, fortaleció a Villaverde como referente del presidente Milei en la provincia. Ahora LLA discute las listas con el PRO, luego de un acuerdo según el que los candidatos amarillos que se acuerden irán dentro de las boletas violetas, sin mención a su identidad partidaria ni integrando una la alianza.

Esta hegemonía libertaria sólo se vio afectada por este fallo judicial, que abrió el camino a la presencia del león en las boletas y el marketing electoral de campaña de Primero Río Negro y LLA.

Rivero celebró el fallo y consideró en diálogo con Infobae que Villanueva es “un juez expeditivo y transparente, a diferencia del juez (federal Hugo) Greca, que habilitó a LLA con denuncias de 400 fichas de adhesión truchas”.

Recordó que Primero Río Negro empezó a usar el logo cuando “no existía LLA y lo siguió usando en elecciones posteriores, incluso cuando “Villaverde fue como candidata a diputada con la lista FE, prendida a la de la LLA, cuando Primero Río Negro apoyó la candidatura presidencial de Milei desde mucho antes”.

“Más allá de la discusión seguiremos en sintonía con el gobierno de Milei, porque hizo muchas cosas buenas para el país, pero sin obsecuencia, ahora defendiendo los intereses de Río Negro y trabajando por la provincia”, afirmó.

Rivero dijo que “cuando nosotros presentamos ese logo, La Libertad Avanza no existía como partido; algunos de sus referentes actuales ni siquiera estaban en política”, expresó. También recordó que fue candidato a gobernador en 2023 con el respaldo del entonces diputado Javier Milei.

El fallo no solo ratifica la identidad visual del partido provincial, sino que también le permite a Rivero avanzar con su campaña como candidato a senador sin restricciones gráficas. De esta manera, Primero Río Negro refuerza su estrategia electoral de cara a octubre, con un discurso alineado ideológicamente al oficialismo nacional, pero autónomo de la estructura partidaria libertaria.

El bloque de senadores de Unión por la Patria, liderado por Eduardo “Wado” de Pedro, presentó dos proyectos de ley en el Senado con el objetivo de frenar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego del anuncio oficial de avanzar en la venta del 90 % de sus acciones. Las iniciativas buscan consolidar el control estatal del servicio de agua potable y saneamiento para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El primero de los proyectos, el S‑1287/25, propone declarar a AySA como “de interés público y estratégico para el desarrollo humano” según lo establecido en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución argentina. Además, prohíbe expresamente cualquier modalidad de privatización, concesión o cesión de capital o gestión, y exige una mayoría agravada de dos tercios del Congreso para autorizar modificaciones en su estatuto, objeto social, composición accionaria o activos esenciales. También propone derogar los decretos 493 y 494/25 que autorizan el proceso privatizador.

Privatización de AySA: el Gobierno habilitó los cortes de servicio por falta de pago

En paralelo, el proyecto de declaración S‑1288/25 expresa “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” a los decretos presidenciales que habilitan la privatización. Rechaza no solo la transferencia al sector privado, sino también la posibilidad de suspender el servicio por falta de pago. El texto incluye firmas de senadores como María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Alicia Kirchner, José Emilio Neder y otros referentes de UxP.

De Pedro fundamentó las iniciativas asegurando que “el agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”. Resaltó además el rol de AySA como instrumento de “salud pública y desarrollo para millones de familias”, y enfatizó que ello obliga al Estado a proteger el acceso universal y evitar un eventual lucro privado. “Esta ley es una herramienta … para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”, concluyó.

Los argumentos incluyen estadísticas sobre la gestión estatal: desde 2006, AySA incrementó la cobertura de agua potable al 85 % y cloacas al 70 % del área metropolitana, invirtió veinte veces más que durante la etapa privada, construyó nueve nuevas plantas depuradoras y redujo los cortes de servicio en un 57 % tanto en frecuencia como duración. Además, más de 4,5 millones de personas accedieron por primera vez al agua corriente y 3,6 millones a cloacas bajo administración pública.

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