INTERNACIONAL
Colombia: declaran culpable al ex presidente Álvaro Uribe por pagar sobornos para manipular testigos
Una jueza de Colombia declaró este lunes culpable al expresidente Álvaro Uribe de manipulación de testigos, en un juicio que lo convirtió en el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia de su país. El político de derecha de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban.
Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas.
«El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado», dijo la jueza al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que éste no declarara sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos armados ilegales.
Según la jueza, en el caso de Monsalve se puso en marcha una campaña para que «faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho» anteriormente sobre supuestos vínculos con los paramilitares de Uribe y su hermano Santiago.
«Pero adicionalmente debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios», agregó Heredia.
La jueza no ha precisado, sin embargo, si el expresidente es responsable de ese delito en calidad de determinador.
Monsalve, principal testigo del caso, hizo parte del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia de Uribe.
En su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera que abrió la investigación a Uribe como parte de una disputa con Cepeda, Monsalve testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas los hermanos Uribe Vélez.
Según su versión, en esa hacienda se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
La jueza aseguró que es «ostensible que el acusado (Uribe) conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve» al inducirlo a que cambiara su testimonio ante la justicia.
Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado que tomó el caso, José Luis Barceló, no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
En la primera parte de la lectura del fallo, la jueza validó hoy las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía hechas por Monsalve en la cárcel bogotana de La Picota, donde conversó con el abogado Cadena. La defensa de Uribe había pedido que ambas pruebas fueran rechazadas por ilegales.
El objetivo de esas visitas de Cadena supuestamente era ofrecerle ayuda a Monsalve a cambio de que no declarara en contra de Uribe por sus posibles vínculos con los paramilitares.
El reloj le fue entregado a Monsalve por su pareja de entonces, Deyanira Gómez, con el fin de grabar en secreto las conversaciones con Cadena. La jueza señaló que el hecho de ocultar esa información al interlocutor «no debe entenderse como una actuación indebida o delictiva».
«El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (…) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe», manifestó la jueza.
Con información de AFP y EFE
Colombia,juicio oral,Bogotá,Últimas Noticias
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Indonesia comenzó la preparación del contingente militar que planea enviar a la Franja de Gaza como parte de la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 17 de noviembre. El general Maruli Simanjuntak, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas indonesias, confirmó este lunes que la formación ya está en marcha, con foco en especialistas en ingeniería y personal sanitario.
“Ya hemos comenzado la formación de quienes podrían ser fuerzas de mantenimiento de la paz. Así, estamos preparando a ingenieros, sanitarios y cosas así”, explicó Simanjuntak en declaraciones desde el Palacio Presidencial de Yakarta recogidas por la revista indonesia Tempo. El alto mando militar precisó que aún no se concretaron ni la fecha ni las condiciones exactas del despliegue, y que serán los coordinadores de la misión quienes determinen las necesidades operativas finales.
Simanjuntak mencionó una cifra provisional de entre 5.000 y 8.000 efectivos organizados en una brigada, aunque advirtió que se trata de una estimación sujeta a negociación. “Será una brigada, de entre 5.000 y 8.000, pero todo está aún abierto en la negociación. No es seguro. Así que no hay una cifra concreta por ahora”, señaló. El comandante explicó que el proceso incluye la coordinación con el cuartel general de las Fuerzas Armadas y posteriormente con el Ejército de Tierra para definir el personal necesario y preparar los recursos.
Según informó la televisión pública israelí Kan, el contingente indonesio será el primero en desplegarse en Gaza y podría hacerlo en las próximas semanas. Fuentes israelíes citadas por el medio indicaron que las tropas se instalarían al sureste de Rafá, en la zona fronteriza entre el enclave palestino y Egipto. De confirmarse, este despliegue marcaría un hito en la relación entre Indonesia e Israel, dos países que no mantienen relaciones diplomáticas formales.
REUTERS/Ramadan Abed
La participación indonesia en Gaza se inscribe en el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, conocido como el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza. El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2803 con 13 votos a favor y dos abstenciones —China y Rusia— que autoriza la creación de una Junta de Paz como administración transitoria y el establecimiento de la ISF para supervisar el alto el fuego, desarmar a grupos armados no estatales y entrenar a una nueva fuerza policial palestina.
El presidente indonesio, Prabowo Subianto, expresó en septiembre pasado ante la Asamblea General de la ONU la disposición de su país a enviar hasta 20.000 militares a Gaza. “Si el Consejo de Seguridad y esta Asamblea lo deciden, Indonesia está preparada para desplegar 20.000 o incluso más soldados para ayudar a asegurar la paz en Gaza”, afirmó entonces Prabowo, quien condicionó el despliegue a la existencia de un mandato de Naciones Unidas.
El ministro de Defensa indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, confirmó en noviembre que el país entrenó hasta 20.000 efectivos especializados en tareas sanitarias y de construcción. Sjamsoeddin precisó que el despliegue solo se materializará tras la aprobación presidencial y con un mandato claro del Consejo de Seguridad. “Estamos esperando nuevas decisiones sobre la acción de paz en Gaza”, declaró el ministro, quien agregó que la composición definitiva del contingente será determinada por el presidente Prabowo.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas indonesias, el general Agus Subiyanto, reveló la semana pasada que la misión será liderada por un teniente general y estará compuesta por tres brigadas combinadas que incluirán batallones de salud, construcción, apoyo logístico y apoyo mecánico. Según Subiyanto, el personal está siendo sometido a rigurosas pruebas físicas y psicológicas durante el proceso de selección.
Fotografía tomada el 4 de agosto de 2021 por Antara Foto/Nova Wahyudi/vía Reuters.
Indonesia es uno de los principales contribuyentes globales a las misiones de paz de la ONU. Actualmente ocupa el octavo lugar entre 119 países que aportan efectivos, con más de 2.700 militares y policías desplegados en nueve misiones en el Líbano, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur y Sahara Occidental, entre otros territorios. Desde 1957, cuando envió su primer contingente a Egipto en el marco de la Fuerza de Emergencia de la ONU (UNEF), Indonesia desplegó más de 24.000 efectivos en 30 misiones a lo largo de casi siete décadas.
La propuesta indonesia para Gaza no está exenta de controversia. Diversos analistas advirtieron que Yakarta podría verse atrapada entre su histórico apoyo a la causa palestina y el mandato de la ISF, que incluye el desarme de Hamas. Indonesia, país de mayoría musulmana sin relaciones diplomáticas con Israel, fue un firme defensor de la creación de un Estado palestino independiente. En su discurso ante la ONU, Prabowo ofreció reconocer a Israel y garantizar su seguridad a cambio de que Tel Aviv reconozca la independencia palestina.
Además de Indonesia, países como Pakistán, Azerbaiyán, Turquía y Egipto manifestaron interés en contribuir a la ISF, aunque la participación turca fue rechazada por Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en octubre en que no aceptaría tropas turcas en Gaza. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita declinaron participar en la fuerza.
El alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre tras un acuerdo mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto, permanece frágil. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza (controlado por Hamas), la ofensiva israelí lanzada tras el ataque del grupo terrorista palestino del 7 de octubre de 2023 causó más de 70.000 muertos palestinos.
La misión indonesia en Gaza supondría uno de los despliegues más ambiciosos del país en su historia de participación en operaciones de paz. Equipada con helicópteros, aviones de transporte C-130 Hércules y dos buques hospital de la Armada, la fuerza se centraría en tareas de reconstrucción y asistencia sanitaria más que en funciones de vigilancia policial, según adelantaron fuentes militares indonesias.
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Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley and Sen. Amy Klobuchar introduced a bipartisan measure to crack down on money laundering by increasing penalties and ensuring laws apply to systems used by drug traffickers and terrorists.
Grassley, R-Iowa, and Klobuchar, D-Minn., introduced the «Combating Money Laundering, Terrorist Finance and Counterfeiting Act» Friday to enhance criminal money laundering statutes.
ALLEGED SINALOA CARTEL FENTANYL PRODUCER CHARGED IN NEWLY UNSEALED US FEDERAL INDICTMENT
The bill would update counterfeiting laws to prohibit state-of-the-art counterfeiting methods and increase penalties for bulk cash smuggling.
The bill would also ensure money laundering laws apply to informal value transfer systems that are often used by drug traffickers and terrorists.
The introduction of the bill comes as Trump administration officials warn that hostile actors, like cartels and terrorists, are funding operations through complex financial channels across the U.S. border.
Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley and Sen. Amy Klobuchar introduced a bipartisan measure to crack down on money laundering by increasing penalties and ensuring laws apply to systems used by drug traffickers and terrorists. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Grassley and Klobuchar also said the bill would prohibit the cross-border shipment of blank checks for the purpose of evading reporting requirements.
«Criminal enterprises and terrorist organizations depend on ill-begotten cash to carry out their dark deeds. As money laundering methods have evolved over time, so must the government’s efforts to exact justice,» Grassley said, adding that their bill would ensure law enforcement «has the tools they need to track down dirty money, hold criminals accountable and prevent further crimes.»
Klobuchar added that as criminals and terrorist organizations «develop new methods to launder money, we must provide our law enforcement with the tools they need to keep American communities safe.»
FBI BUSTS ALLEGED MADURO-LINKED MONEY LAUNDERING NETWORK SPANNING MULTIPLE NATIONS
«This bipartisan legislation makes necessary updates to anti-money laundering statutes and counterfeiting laws, ensuring the law enforcement community can stay one step ahead of those working to undermine our nation’s safety and security,» she said.
The bill also would establish a new money laundering violation that would prohibit the transfer of funds into or out of the United States — funds specifically being transferred with the intent to violate U.S. income tax laws.
Sen. Amy Klobuchar (D-Minn.) appears on «Meet the Press» in Washington D.C., Sunday, November 23, 2025 (Shannon Finney/NBC via Getty Images)
The bill would also prohibit conspiracies to create illegal money services businesses; grant wiretapping authority to investigate currency reporting, bulk cash smuggling, illegal money services businesses and counterfeiting offenses; and grant the U.S. Secret Service the explicit authority to investigate ransomware crimes and other uses of unlicensed money transmitting; and would ensure compliance with financial institutions.
The measure has wide support in the law enforcement community and has been endorsed by the Fraternal Order of Police, the National Association of Assistant U.S. Attorneys, the National Association of Police Organizations and the National District Attorneys Association.
Federal agents seized two kilograms of cocaine, one gun and $329,000 in the Bronx (U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York)
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«By clarifying the law in response to recent court decisions, strengthening penalties and expanding investigative authorities, this legislation will restore critical law enforcement tools and help disrupt transnational criminal organizations,» Patrick Yoes, president of the Fraternal Order of Police said, adding that the organization «strongly supports this bill, which would prevent criminals and terrorists from profiting from their crimes and protect public safety and national security.»
The National Association of Assistant U.S. Attorneys also endorsed the bill saying the «targeted reforms will strengthen investigations, improve prosecutorial clarity and better reflect how modern money-laundering schemes actually operate.»
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