INTERNACIONAL
El Ejército de Israel denunció que Hamas saqueó un camión de ayuda humanitaria y publicó un video
El Ejército israelí publicó este martes un video que, según afirma, muestra a terroristas armados de Hamas saqueando un camión de ayuda humanitaria en Gaza, en medio de una crisis alimentaria que organismos respaldados por la ONU califican como una hambruna “en marcha”.
En las imágenes difundidas por las FDI se aprecia a dos hombres armados que están sobre un camión cargado de cajas, con gente alrededor. Las fuerzas israelíes no proporcionaron detalles precisos sobre el lugar donde ocurrió el incidente.
En un comunicado, el ejército israelí afirmó que el video fue grabado el 25 de julio de 2025 y muestra “terroristas armados de Hamas mientras saquean violentamente la ayuda humanitaria que había sido llevada a la Franja de Gaza, impidiendo que llegue a la población civil”.
“Contrariamente a las falsas afirmaciones de Hamas de que se trata de elementos de seguridad, en realidad son terroristas de Hamas que vinieron a saquear la ayuda humanitaria de los habitantes de Gaza”, declaró el ejército en su comunicado.
La acusación israelí sobre el saqueo de ayuda por parte de Hamas contrasta con declaraciones recientes de altos funcionarios militares israelíes, quienes dijeron que el ejército nunca encontró pruebas de que Hamas hubiera robado sistemáticamente ayuda de las Naciones Unidas, el mayor proveedor de ayuda de emergencia a Gaza durante la mayor parte de la guerra.
La acusación del ejército llega el mismo día en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció que Hamas difunde cifras e imágenes “escenificadas o manipuladas” para “alimentar la percepción de una crisis humanitaria” en Gaza, pese a que Israel “ha estado trabajando para garantizar la entrega de ayuda”.
Netanyahu defendió que Israel ya permite “la entrada diaria en Gaza de cantidades significativas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y medicinas”, en referencia a la distribución de más de 120 camiones con ayuda anunciada el lunes como parte de las “pausas humanitarias”.
Netanyahu reiteró las acusaciones contra Hamas de “utilizar abiertamente a civiles como escudos humanos, operar desde hospitales y utilizar escuelas y guarderías para almacenar armas”. También denunció que la milicia “ha estado robando ayuda a la población de Gaza en numerosas ocasiones disparando a palestinos”.
El dirigente israelí afirmó estar “librando una guerra justa” y aseveró que “ningún país del mundo permitiría que siguiera gobernando en su territorio vecino un grupo terrorista”, aludiendo a los ataques del 7 de octubre de 2023. “Seguiremos buscando la devolución de nuestros rehenes y la derrota de Hamas”, declaró, alegando que “esa es la única manera de garantizar la paz para israelíes y palestinos por igual”.
La denuncia surge mientras Gaza enfrenta lo que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU describió como una catástrofe humanitaria sin precedentes en este siglo. El director de emergencias del PMA, Ross Smith, comparó la situación con las hambrunas históricas de Etiopía y Biafra del siglo pasado.
“Esto es diferente a todo lo que hemos visto en este siglo”, dijo Smith a periodistas en Ginebra el martes. “Nos recuerda desastres anteriores en Etiopía o Biafra del siglo pasado”.
La Iniciativa de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), un organismo respaldado por la ONU que monitorea la desnutrición, emitió una alerta el martes advirtiendo que “el peor escenario de hambruna se está desarrollando ahora en la Franja de Gaza”.
El grupo indicó que “evidencia creciente muestra que la inanición generalizada, la desnutrición y las enfermedades están impulsando un aumento en las muertes relacionadas con el hambre”. Los últimos datos indican que “se han alcanzado los umbrales de hambruna para el consumo de alimentos en la mayor parte de la Franja de Gaza y para la desnutrición aguda en la ciudad de Gaza”.
El conflicto en Gaza ha durado casi 22 meses, desde el ataque terrorista transfronterizo de Hamas del 7 de octubre de 2023. Israel impuso un bloqueo total a Gaza el 2 de marzo después de que fracasaran las conversaciones de alto el fuego. A fines de mayo, comenzó a permitir que se reanudara un pequeño goteo de ayuda, en medio de advertencias sobre una ola de inanición.
La presión internacional sobre Israel se ha intensificado en las últimas semanas. Más de 100 agencias de ayuda y grupos de derechos humanos advirtieron la semana pasada sobre la “inanición masiva” e imploraron a Israel que levantara las restricciones a la ayuda humanitaria. La Unión Europea y al menos 28 gobiernos, incluidos aliados de Israel como Reino Unido, Francia y Canadá, emitieron una declaración conjunta condenando el “goteo de ayuda” de Israel a los dos millones de residentes palestinos de Gaza.
La crisis alimentaria en Gaza ha alcanzado niveles críticos, con el IPC advirtiendo que el acceso humanitario “inmediato” al territorio es la única forma de detener el rápido aumento de la “inanición y muerte”. Jean-Martin Bauer, director de análisis de seguridad alimentaria y nutrición del PMA, insistió en que “lo que estamos viendo es evidencia creciente de que hay una hambruna allí. Todas las señales están ahí ahora”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó el martes lo que llamó una “campaña distorsionada” de presión internacional para un alto el fuego en Gaza y el reconocimiento de un estado palestino.
Terminar el conflicto mientras el grupo terrorista Hamas sigue en el poder en Gaza y tiene rehenes “sería una tragedia tanto para israelíes como para palestinos”, dijo Saar a periodistas. “Eso no va a suceder, sin importar cuánta presión se ejerza sobre Israel”.
Saar argumentó que Hamas es el único responsable del conflicto y que la presión sobre Israel solo animará al grupo a mantener una postura más intransigente. “Cuando piden terminar esta guerra, ¿qué significa realmente? ¿Terminar la guerra mientras Hamas sigue en el poder en Gaza?”, cuestionó.
El ministro también descartó el establecimiento de un estado palestino en las circunstancias actuales: “Establecer un Estado palestino hoy es establecer un Estado de Hamas, un Estado yihadista. Eso no va a pasar”.
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INTERNACIONAL
Schumer says century-old law forces Trump DOJ, FBI to release Jeffrey Epstein files by August deadline
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Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., said Wednesday that Democrats invoked a century-old law to force President Donald Trump’s Department of Justice and the FBI to release the Jeffrey Epstein files.
At a press conference, Schumer said he joined all his Democratic colleagues on the Senate Homeland Security Committee in invoking «a century-old and little-known law known as the Rule of Five.» Under the federal law, Schumer said, «when any five senators on the Homeland Security Committee call on the executive branch, the executive branch must comply.»
Schumer said their request «covers all documents, files, evidence and other materials» in possession of the DOJ and the FBI related to the case of the United States v. Jeffrey Epstein.
«While protecting the victims’ identities can and must be of top importance, the public has a right to know who enabled, knew of, or participated in one of the most heinous sex trafficking operations in history,» Schumer said.
SCHUMER CALLS ON FBI TO CONDUCT COUNTERINTELLIGENCE THREAT ASSESSMENT ON EPSTEIN FILES
Senate Minority Leader Chuck Schumer is seeking to force President Donald Trump’s administration to release the Epstein files. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
He pointed to past statements from Attorney General Pam Bondi and FBI Director Kash Patel promising transparency, but argued the public has only received «stonewall, evasion, lies.»
«Donald Trump campaigned on releasing the Epstein files. He broke that promise,» Schumer continued. «Trump should stop hiding from the truth. He should stop hiding from the American people. So today, Senate Democrats took action. We’re invoking federal law and using our authority as a check on the executive to compel transparency.»
«It’s not a stunt. It’s not symbolic. It’s a formal exercise of congressional power under federal law. And we expect an answer from DOJ by August the 15th,» the top Senate Democrat continued. «That’s what accountability looks like. This is what oversight looks like. And this is what keeping your promises to the American people look like.»
He also appealed to Senate Republicans.
«If you believe in transparency, if you believe Congress has a role to play in checking the executive, join us. Join us in calling for more transparency on the Epstein files, because once there’s transparency, the truth emerges,» Schumer said.
The DOJ did not immediately respond to a request for comment from Fox News Digital.
Schumer initially made the announcement during a speech on the Senate floor earlier Wednesday. The top Democrat argues that he and four other senators can force the Department of Justice to release the files to the public.
JOHNSON SAYS GHISLAINE MAXWELL DESERVES LIFE SENTENCE OVER EPSTEIN CRIMES, REJECTS POTENTIAL PARDON
Wednesday’s floor speech was Schumer’s second in the past few days focusing on the Epstein files. He also called on the FBI to conduct a counterintelligence threat assessment on the Epstein case on Tuesday.
Democrats have attempted to wield the Epstein case against President Donald Trump’s administration. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
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He argued the FBI assessment should accomplish three things: determine if foreign intelligence agencies could gain access to the information «the president does not want to release in the Epstein files, through methods that include cyber intrusion;» identify any vulnerabilities that could be exploited by foreign intelligence agencies with access to non-public information in the Epstein files, «including being able to gain leverage over Donald Trump, his family, or other senior government officials;» and result in the FBI publicly showing that the bureau is «developing mitigation strategies to counter these threats and safeguard our national security.»
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President Donald Trump has said he will likely allow Ukrainians who have fled the war with Russia to remain in the U.S., ending months of uncertainty over whether they would be forced to leave.
«I think we will, yeah, I do, I think we will,» Trump said Tuesday evening from the White House in response to a question by reporters regarding whether he will allow Ukrainians to remain in the U.S. until the war ends.
«We have a lot of people that came in from Ukraine, and we’re working with them,» he added.
President Donald Trump speaks to the press near the Rose Garden after returning to the White House on July 29, 2025, in Washington D.C. (MEHMET ESER/Middle East Images/AFP via Getty Images)
TRUMP ISSUES FIRM 10-DAY DEADLINE TO PUTIN TO END WAR
Concern over the temporary protected status (TPS) afforded to roughly 240,000 Ukrainians who fled the war to the U.S. under the government program known as Uniting for Ukraine (U4U), first implemented in April 2022, has been heightened since the first day that Trump entered office in January when he issued the executive order titled «Securing our Borders.»
Eight days later, on Jan. 28, the Department of Homeland Security (DHS) confirmed that the order had paused the government program, barring additional Ukrainians from entering the U.S. under those protections.
However, even as TPS remained in place for Ukrainians already stateside, concern remained high amid reports in March that the president was considering the removal of this protection status.
Ukrainians carry their bags as they get off a train from Zaporizhzhia at Przemysl train station on September 30, 2022 in Przemysl, Poland. (Omar Marques/Getty Images)
MEDVEDEV WARNS TRUMP’S NEW DEADLINE TO END RUSSIA-UKRAINE CONFLICT IS A ‘STEP TOWARDS WAR’
White House press secretary Karoline Leavitt responded to the reporting by Reuters and called it «fake news» before adding «no decision has been made at this time.»
However, when asked about the reporting later that day, Trump said, «We’re certainly not looking to hurt them.
«And I’m looking at that, and there were some people that think that’s appropriate, and some people don’t, and I’ll be making a decision pretty soon,» he added.
Confusion remained after DHS in April reportedly distributed an email to some Ukrainians under the TPS program notifying them that their status had been revoked, and they would need to leave the country within seven days.
DHS later confirmed this was sent in error, but the mistake highlighted the uncertainty that persisted for months.
Firefighters work at the site of horse stalls heavily damaged by a Russian drone strike amid Russia’s attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine, on July 11, 2025. (Reuters/Nina Liashonok)
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The latest assurances by Trump come as he has grown increasingly frustrated with Russian President Vladimir Putin’s continued attacks on civilian populations in Ukraine despite U.S. attempts to forge a ceasefire.
Trump on Tuesday also announced that Putin has 10 days to enter into some sort of peace deal with Ukraine or face secondary sanctions on its chief commodity – oil.
Neither the White House nor DHS immediately responded to Fox News Digital’s questions regarding the president’s recent announcement, and it remains unclear if the U4U program could also be reopened to other Ukrainian citizens as the war continues.
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El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia económica, el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, una propuesta que impone al menos ocho nuevas obligaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras.
La iniciativa ha encendido las alertas en múltiples sectores de la sociedad civil, que, si bien no se oponen a un marco que fomente la transparencia, advierten sobre la necesidad de mejorar los articulados del proyecto normativo.
Entre las obligaciones que establece el texto legal, se incluye el registro obligatorio en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SUIOS) y, en caso de recibir fondos del extranjero, también en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Además, se dispone la supervisión directa por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), bajo normativas propias del sistema financiero y societario.
Las organizaciones deberán implementar sistemas internos de integridad que incluyan códigos de ética, políticas anticorrupción y la designación de responsables de cumplimiento. También deberán presentar informes públicos anuales detallados, con información sobre ingresos, egresos, beneficiarios, impactos y riesgos.
Se exige la aplicación de procedimientos de debida diligencia para identificar donantes y beneficiarios, incluso en operaciones pequeñas, así como el establecimiento de auditorías internas y externas periódicas. Aunque se plantea una vigilancia diferenciada basada en riesgo, el texto no detalla cómo se definirá dicho riesgo. También se prevén sanciones severas, como multas, suspensión de actividades o incluso la disolución de las organizaciones por incumplimientos administrativos.
Uno de los aspectos más criticados es que la SEPS —una entidad concebida para supervisar cooperativas y entidades del sector financiero popular— asuma el control de miles de organizaciones sociales y comunitarias, lo cual resulta desproporcionado según diversos análisis técnicos.
Según cifras citadas en la exposición de motivos del proyecto, seis de cada diez organizaciones no tienen presupuesto definido y solo una de cada diez supera los USD 100 mil anuales. A pesar de ello, la normativa plantea las mismas exigencias de cumplimiento para todas.
En un comunicado suscrito por nueve organizaciones, entre ellas Fundamedios, la Fundación Ecuatoriana Equidad y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, se expresa el respaldo a una legislación que refuerce la integridad y evite el uso de estructuras asociativas para actividades delictivas. Sin embargo, se insiste en que la ley debe incorporar un enfoque diferenciado, escalonado y razonable, que no imponga cargas técnicas o financieras inalcanzables para organizaciones pequeñas, comunitarias o de base.
También se propone establecer espacios de diálogo institucional con las ONG, programas de capacitación y medidas de fortalecimiento institucional en lugar de medidas únicamente punitivas.
El malestar de la sociedad civil no se limita al contenido técnico del proyecto, sino también al discurso con el que el Ejecutivo lo ha promovido. El lunes 28 de julio, el presidente Noboa afirmó: “En el Ecuador se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero”.
A esto se sumó la jefa del bloque oficialista, Valentina Centeno, quien aseguró que “muchas de las fundaciones son vehículos para financiar grupos de delincuencia organizada, minería ilegal o paralizaciones violentas contra el gobierno y el Estado”. Ninguna de estas acusaciones, sin embargo, se encuentra respaldada por evidencia empírica en el texto del proyecto de ley ni por informes oficiales disponibles.
La narrativa oficial, según expertos, puede fomentar estigmatización y desconfianza hacia organizaciones que ejercen roles legítimos de crítica, defensa de derechos o acción humanitaria.
Diversas voces advierten que el proyecto amenaza con reducir el espacio cívico en Ecuador. Al imponer condiciones similares a las de sujetos obligados financieros, se corre el riesgo de ahogar la operatividad de organizaciones pequeñas. Además, la posibilidad de disolución administrativa por incumplimientos formales —sin mediación judicial— podría facilitar abusos de poder.
El proyecto tampoco contempla mecanismos de acompañamiento técnico, ni establece una evaluación de riesgos sectorial como recomiendan los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advierten contra la sobrerregulación indiscriminada. Por el contrario, el GAFI insiste en que solo debe aplicarse control estricto sobre organizaciones identificadas previamente como de alto riesgo.
La Asamblea Nacional ha confirmado que recibió el proyecto y que será tratado en lo siguientes 30 días.
South America / Central America,Government / Politics,QUITO
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