POLITICA
Juicio por YPF: el jefe de los abogados del Estado durante el macrismo se refirió a la decisión de la jueza Loretta Preska
“A mí no me gusta. No me gusta que se entre a la intimidad de funcionarios argentinos que están tomando decisiones relevantes para el país”. De ese manera, el exprocurador del Tesoro durante el macrismo, Bernardo Saravia Frías, se refirió al pedido de la jueza Loretta Preska de acceder a chats y conversaciones de altos funcionarios en el marco de la causa por la expropiación de YPF en 2012. “Sé también que hay que cumplir las órdenes de la justicia”, matizó el abogado.
Fue durante su paso como orador invitado en un almuerzo organizado por el tradicional Rotary Club en el centro porteño. El exfuncionario expuso sobre el caso YPF que tramita en los Estados Unidos, contó su experiencia como jefe de todos los abogados del Estado durante el macrismo y sostuvo que el país, en este momento, debe dirigir sus esfuerzos en delinear una estrategia que apunte a reducir los más de 16.000 millones de dólares que impuso como indemnización la jueza Preska y a deslindar a la petrolera del Estado, para evitar embargos.
“La causa en primera instancia está perdida. Creo que no tenemos que perder ni energía en este momento con la jueza Preska. Nuestra energía tiene que estar en la Cámara de Apelaciones”, dijo Saravia.
El exfuncionario ofreció un discurso cuidado, que mezcló altas dosis de pragmatismo con aspectos técnicos y cierta luz de esperanza, por lo que considera son “errores técnicos” y de “actualización” en la determinación del monto a pagar.
“El tipo de cambio que aplica la jueza es el del momento del dictado a la sentencia y no el del momento del incumplimiento. Hay una diferencia sustancial que le hace achicar el monto enormemente”, advirtió, y agregó: “Si se aplica adecuadamente el tipo de cambio, por más que nos condenen, no estamos hablando de esa cifra sideral”.
“Se suma algo que hace reducir más el monto, que es la tasa aplicable. Son dos argumentos muy simples, pero tan potentes, que por lo menos nos llevarían a otra situación”, sumó.
“Boca cerrada”
La última decisión de la jueza Preska de acceder a conversaciones entre funcionarios se dio en el marco de un discovery, una instancia judicial de amplia apertura de pruebas. Corrió en línea con la estrategia del fondo Burford, que apunta a demostrar que las empresas argentinas carecen de autonomía operativa y financiera y se comportan como una extensión del Estado.
El fondo adquirió ante la Justicia española una parte de los derechos para litigar del grupo Petersen -perteneciente a la familia Eskenazi- en el marco de un proceso de quiebra, luego de que YPF dejara de girar dividendos tras la expropiación. La intención de Burdford es poder embargar activos soberanos.
“Son dos sociedades separadas”, contrastó Saravia Frías. “El Estado, si bien es accionista y tiene incluso el control mayoritario, es [distinto] a una empresa que cotiza en bolsa”, dijo respecto a YPF. “Es una cuestión independiente. El problema es que ya la jueza ha dado una orden de entregarle el 51% a la acción”, explicó.
“No hay varitas mágicas, ni ábrete sésamo. La concentración y la estrategia debe estar en los alegatos. Es allí donde se va a definir el destino del juicio, y créanme que soy optimista”, dijo, aunque advirtió que durante el desarrollo de pleito hay que “mantener la boca callada”, en alusión indirecta a posibles declaraciones públicas que puedan chocar con esta estrategia.
“Es un proceso en curso y uno no puede descuidar el objetivo principal que, a mi gusto, tiene que ser reducir el monto de esta sentencia, porque son 16.000 millones de dólares…”, remarcó en varios tramos de su discurso.
Al ser consultado por la periodista Clara Mariño −quien ofició de moderadora− sobre los responsables del derrotero judicial adverso, el exfuncionario se refirió de modo elusivo a la “tercera fase” del proceso histórico que delineó en su introducción, donde describió el proceso de expropiación por parte del “kirchnerismo” en 2012, cuando se incumplió con un artículo del estatuto de la compañía que establece que si alguien compraba más del 15% de la empresa, debía realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de las acciones, algo que no ocurrió.
“Ahí está la responsabilidad técnica jurídica, técnica económica y política”, se limitó a señalar. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que no fue nombrado por Saravia Frías, en un debate sobre el proceso de expropiación sostuvo que hubiese sido “estúpido” respetar el estatuto de la empresa. Sus declaraciones forman ahora parte de los elementos presentados por el fondo Burford.
El exfuncionario también ofreció una respuesta lacónica a la pregunta por la marcha de la causa penal en la justicia local, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. “Digamos que avanza lentamente, para ser elegantes”, devolvió, despertando una corta ola de aplausos entre los comensales.
Saravia Frías dejó buenas sensaciones entre los más de 100 rotarios que lo escucharon en un salón del Hotel Libertador. Algunos destacaron su poder de “síntesis” para bosquejar un recorrido histórico de la empresa; otros su “sólida” formación jurídica; y algunos, incluso, su “gracia salteña” para exponer, condición que el propio Saravia Frías confesó intentar utilizar a su favor ante la jueza Preska, durante su primer encuentro. “Intenté hacer unos mayores despliegues de libre simpatía salteña”, deslizó.
Durante su charla, el exfuncionario fue crítico respecto al impacto que tuvo el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía -cuyos recursos fueron redireccionados- aunque evitó machacar sobre los presuntos errores no forzados del pasado y puso el foco en gestionar los daños. “Uno tiene que despojarse de eso y poner la cabeza en evitar que la sentencia sea completa condena. En este caso y en muchos otros casos se trata de defender al Estado argentino, que va más allá de los gobiernos”, indicó sobre el cierre.
altos funcionarios,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Los gremios le advirtieron al Gobierno que miles de monotributistas podrían perder su cobertura médica
El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), Carlos Pérez, se reunieron ayer con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertirle sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales debido al desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.
Si bien el encuentro fue de Cavalieri y Pérez con el ministro, los dos dirigentes gremiales llevaron al debate la preocupación de todos los miembros de la CGT que administran obras sociales.
Según el informe que elevaron Cavalieri y Pérez al ministro Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto —y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores—, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000. Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.
“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, planteó Cavalieri, el líder mercantil de casi 90 años y que está hace 40 años al frente del sindicato más numeroso del país.
Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
En tanto, Pérez sostuvo: “Desde Osecac queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”.
“Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de Osecac. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina”, explicó Cavalieri en un comunicado.
Armando Cavalieri,CGT,Ministerio de Salud,Conforme a,,De Cristina a Milei. Mentiras y abusos con la Justicia,,»Punto de arranque». Con un crudo diagnóstico económico, Kicillof lanzó un think tank para apuntalar su candidatura en 2027,,Caso $LIBRA. Los pagos que exponen cómo Mauricio Novelli forjó su relación con los Milei en el camino al poder,CGT,,Furlán, en la mira. Allanaron la sede de la UOM en una investigación por presunta defraudación y asociación ilícita,,Revés para la CGT. La Justicia rechazó la medida cautelar contra algunos puntos de la reforma laboral,,Recambio. Schmid deja la conducción de Dragado y Balizamiento después de 33 años
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena aseguró que Cristina Kirchner rechaza el indulto presidencial, pero subrayó la necesidad de aplicarlo para reparar lo que considera una persecución judicial.
En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el funcionario bonaerense remarcó: “Si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina”. De todos modos, aclaró que la ex mandataria no pretende ese beneficio: “Ella no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar. Lo hemos discutido 12 veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere un perdón”.
En el mismo sentido, el Ministro de Justica de la PBA insistió en que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a un entramado de persecución política y mediática, y cuestionó que “la justicia se transforme en un show mediático (…) Lo grave es que para llevar adelante estas causas se llevaron puesta la Constitución Nacional entera y todas las leyes de nuestro país”.
Según Mena, la gravedad del caso no se limita al impacto mediático: “Si con una motivación política vos podés cargarte todos los derechos y garantías constitucionales que se crearon para proteger a los ciudadanos del abuso del poder, me parece que lo grave es eso”.
Al referirse al desarrollo de la causa Cuadernos, el ministro explicó: “Vamos a tener no menos de dos años de juicio. Hay una pericia que por unanimidad dijo que esos supuestos cuadernos tienen más de 1.500 enmiendas, tachaduras y correcciones, que hay más de cuatro manos distintas a las de Centeno escribiendo”. Para Mena, el expediente judicial se convirtió en “un mamarracho jurídico que tuvo un solo, un exclusivo fin político”.
El impacto institucional y la autocrítica del peronismo
El funcionario bonaerense expuso que el funcionamiento actual del Poder Judicial afecta no solo a dirigentes políticos, sino también a la ciudadanía: “Imaginate que si esto pasa con una ex presidenta, ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Andá a pelear un caso en la justicia de familia de este país, dejás la vida”.
El ministro reconoció las falencias durante la gestión del peronismo y la imposibilidad de modificar el sistema judicial: “Yo fui el secretario de Justicia de ese gobierno que fracasó. Así que la primera autocrítica es la propia. Tratando de cambiar este estado de cosas, no solo no cambiamos nada, se agravó”.
Durante la extensa entrevista, Mena insistió en la diferencia entre el deseo personal de la ex presidenta y lo que considera una necesidad institucional: “Cristina no quiere ningún indulto, eso te lo puedo asegurar. Lo hemos discutido doce veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere que se le perdone el delito”.
Al ser consultado sobre si cree que el indulto es una herramienta válida, Mena respondió: “No tengo dudas. Sí, claro. Yo no tengo duda que si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina. Incluso en contra de lo que ella opine”.
Finalmente, el funcionario subrayó que “la lucha contra la corrupción se convirtió en una persecución política en la que engañan a la ciudadanía que tiene todo el derecho de querer justicia. Generan todo lo contrario. En los casos concretos generan impunidad absoluta”.
Mena vinculó la crisis judicial con la inseguridad en la provincia
Frente a las preguntas sobre los recientes casos de violencia en la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena advirtió que “todas las críticas que le caben al funcionamiento de la justicia respecto a lo que hablábamos del juzgamiento de la política, el someterse a presiones indebidas de otros poderes, también caben en materia de seguridad”. Para el ministro, el mismo sistema judicial cuestionado por su desempeño en causas de corrupción tiene impacto directo en la vida cotidiana de los bonaerenses.
El funcionario fue concreto al describir el efecto de la ineficiencia judicial sobre la seguridad: “Es la misma justicia la que tiene que procesar. Obviamente, llega tarde porque el delito ya se cometió. Acá el enfoque principal, el esfuerzo estatal, debería estar puesto en la prevención y en que no se den las condiciones para que los delitos sucedan”.
Mena destacó la dimensión estructural del problema: “Cuando los delitos ya sucedieron, llega la justicia, que llega tarde, pero que es una pata importantísima a la hora de resolver un caso. Sobre todo para satisfacer los derechos de la víctima, la justicia es fundamental. Porque una justicia que es permeable a las corporaciones, permeable al poder económico, es una justicia que falla también a la hora de resolver los casos de inseguridad cotidianos”.
El titular de la cartera de Justicia bonaerense señaló la magnitud del desafío en el conurbano: “Nosotros lo repetimos siempre: para que la droga llegue a la provincia de Buenos Aires, al conurbano, recorre 1.800 kilómetros. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, no se produce droga. Se vende, se distribuye. Entonces, si recorre desde la frontera y atraviesa todo el país, hay toda una cadena de funcionarios, no solo políticos, de fuerzas de seguridad y también judiciales, que fallaron”.
En ese sentido, Mena remarcó que la independencia judicial no solo es clave para casos resonantes sino también “para el combate del delito: necesitamos una justicia independiente realmente, no solo del poder político, sino del poder económico, del poder mediático, de todos los poderes concentrados”.
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Los ministerios de Salud y Economía eliminaron las restricciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas mediante una norma publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno sostuvo que la decisión apunta a alinear el sistema local con los estándares internacionales. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X con la consigna: “Argentina vuelve al mundo”.
La Resolución Conjunta 1/2026 derogó la normativa 118, vigente desde 2012, que fijaba criterios específicos para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y limitaba su facultad para evaluar y otorgar títulos de propiedad intelectual. La nueva reglamentación lleva las firmas de Mario Lugones, titular de Salud; Luis Caputo, responsable de Economía; y Carlos María Gallo, presidente del organismo.
El texto entró en vigencia con su publicación oficial y establece que el fortalecimiento de la protección de las invenciones aportará “condiciones de previsibilidad”. Según se detalla, el esquema favorece la incorporación de desarrollos científicos y el acceso a nuevos medicamentos. Además, establece que el INPI ejercerá su competencia para analizar las solicitudes de manera individual.
El organismo aplicará los requisitos de novedad y actividad inventiva previstos en la Ley 24.481. La medida establece un mecanismo de protección para los productos que ya circulan en el mercado: el artículo 2 de la resolución determina que “para el caso de patentes concedidas vinculadas a productos farmacéuticos que estén siendo comercializados por terceros localmente, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.
Sturzenegger, en tanto, difundió los detalles de la iniciativa a través de su cuenta oficial en la red social X. El funcionario calificó el cambio como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Sostuvo que la normativa anterior dificultó el registro de “terapias innovadoras” en el país.
Aseguró que la Argentina se alineó con los estándares internacionales de sus socios comerciales y anunció que el país avanzó en un acuerdo con Estados Unidos para facilitar el ingreso de la industria local a ese mercado. Sturzenegger puntualizó, además, que la derogación rige para los trámites futuros, pero que los medicamentos ya presentes en el mercado mantienen su situación actual.
Sturzenegger vinculó la decisión con el programa de gobierno que encabeza Javier Milei: “El Presidente nos ha comandado a implementar políticas basadas en el precepto moral de hacer ‘lo que está bien’. Respetar la propiedad, entre ellas la intelectual, es una derivada directa del respeto a la libertad y la propiedad”, expresó en su posteo.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también celebró el anuncio: “Nos alineamos con el mundo en materia de propiedad intelectual para que la industria farmacéutica argentina pueda ingresar a nuevos mercados e impulsar la llegada de terapias innovadoras para los argentinos».
las restricciones vigentes para la obtención,alinear el sistema local con los estándares,Resolución Conjunta 1/2026,previstos en la Ley 24.481,a través de su cuenta oficial en la red social X,Federico Sturzenegger,Ministerio de Salud,Boletín Oficial,Conforme a,,»Está cayendo». Milei celebró el dato de la inflación mayorista y dijo que anticipa lo que «viene a futuro»,,Por 15 días. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos,,»Mentiras y difamaciones». Sáenz le respondió a Cristina Kirchner luego de que lo vinculara con coimas en la causa cuadernos,Federico Sturzenegger,,“Más barato y mejor”. Sturzenegger habló de una revolución tras la desregulación de la vacunación antiaftosa,,»Cazando en el zoológico». Nueva crítica de Sturzenegger a Rocca: “¿Por qué operar con reglas diferentes en la Argentina?»,,En Nueva York. Caputo busco seducir a los empresarios: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”
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