POLITICA
El gobierno de Bolivia volvió a reclamar por la construcción del cerco fronterizo: “Vulnera las relaciones de buena vecindad”
Tras el anuncio de la construcción de un cerco fronterizo en la localidad salteña de Aguas Blancas, el gobierno de Bolivia volvió a cuestionar la iniciativa de la gestión libertaria. Esta mañana, el ministro de Justicia, César Siles, apuntó contra la administración nacional por la falta de diálogo entre ambos países y aseguró que haber actuado de manera unilateral atenta contra las relaciones entre las naciones vecinas. Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lamentó que “en muchos países se aplican políticas que ahondan divisiones”.
“Hemos ya públicamente expresado nuestra inquietud y preocupación por ese anuncio puesto que sin duda vulnera principios del derecho internacional público y particularmente las relaciones de buena vecindad y convivencia pacífica que debemos tener entre Estados hermanos”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.
Según explicó el funcionario, el gobierno de Luis Arce se enteró de la nueva política que buscará implementar la gestión de Javier Milei a través de los medios de comunicación, dado que no hubo ningún tipo de comunicación oficial. También cuestionó que no se haya planteado la posibilidad de coordinar acciones para abordar los delitos que aquejan a ambos países: el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
“No le costaba nada al gobierno argentino o al gobierno de Salta realizar un inicio de negociaciones bilaterales con el país para poder ponernos de acuerdo en lo que corresponde hacer para luchar contra estos graves delitos y no anunciar directamente algo que sin duda afecta la buena vecindad entre países”, agregó.
En este contexto, destacó la voluntad del gobierno de Arce de aunar esfuerzos para combatir las problemáticas comunes, tal como ha hecho con otros países limítrofes. “Tenemos similares problemas en la frontera con Perú. Se han formado consejos o incluso comités de trabajo conjunto para luchar contra estos graves delitos”, planteó. “Creo que podemos hacer una comisión bilateral de trabajo para ver la manera de prevenir estos delitos”.
“Soy activista por una ciudadanía mundial donde no existan muros ni vallas que nos separen. Las fronteras han generado divisiones entre hermanos de un mismo territorio. Somos lo mismo en muchas fronteras, lamentablemente en muchos países se aplican políticas que ahondan divisiones”, afirmó a su turno la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Las declaraciones de Siles y Nela Prada llegan luego de que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, desestimara los reclamos de la Cancillería del país vecino. “No tenemos por qué explicarle a Bolivia lo que estamos haciendo”, sentenció en diálogo con LN+. “Uno escucha estos reclamos… Son una locura. Es un alambrado que busca encausar la llegada y la salida de aquellos que cruzan la frontera. Este alambrado lo que busca únicamente es que aquellas personas que llegan a la terminal de ómnibus en Aguas Blancas vayan por ese lugar hasta llegar a Migraciones”.
En medio de las tensiones, el mandatario provincial, además, redobló la apuesta y aseguró que la molestia de la administración de Arce se debe a que la Argentina está tomando “medidas que antes no se tomaban”, como la limitación a la atención sin cargo de extranjeros en Salta. “Atendíamos a los extranjeros, daban turnos programados y no teníamos turnos para los salteños. Tomamos esta decisión [eliminar la salud pública gratuita para extranjeros] hace 11 meses: si se quieren atender en la Argentina, tienen que pagar, como pagamos nosotros en cualquier lugar del mundo”, sostuvo. “La salud no es gratuita y no hay reciprocidad”.
Aquella medida ya había generado rispideces entre la Argentina y el país vecino. En septiembre del año pasado, la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, había solicitado que se de marcha atrás con la política adoptada. Sin embargo, el gobierno de Salta rechazó los pedidos de las autoridades del estado limítrofe y avanzó con el cobro del servicio de salud a los extranjeros.
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POLITICA
Con sigilo político, el Gobierno ajusta la reforma de la ley de glaciares y negocia con aliados para blindar la votación en el Senado
El oficialismo ajusta la reforma de la ley de glaciares con un doble objetivo: evitar sobresaltos con sus aliados en el recinto y reducir el riesgo de futuros cuestionamientos judiciales. Aunque el texto se terminó de revisar hoy, el Gobierno apuesta a aprobarlo este jueves en el Senado, junto a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
En paralelo, el kirchnerismo cuestionó que el nuevo articulado se ajuste sin que una parte la oposición conozca la versión final que llegará al recinto. Lo mismo objetaron durante el tratamiento de la reforma laboral, cuyo texto definitivo conocieron tres horas antes de la sesión.
De la reunión a puertas cerradas realizada esta tarde en el Senado participaron referentes de la UCR, Pro, bloques provinciales y el oficialismo. Recibieron a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, acompañada por parte de su equipo, y al secretario de Minería, Luis Lucero, quienes detallaron los aspectos técnicos de la reforma.
El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene asegurados todos los votos. Parte de la UCR considera “apresurado” el tratamiento y se resiste a acompañar el proyecto. Los más optimistas cuentan que solo cinco de 10 acompañarán.
De los tres integrantes de Pro, solo está garantizado el aval de la chubutense Andrea Cristina. Tampoco está definido qué harán Alejandra Vigo (Córdoba) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes), aunque según supo estarían más inclinados hacia el rechazo.
Aun así, el oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a Diputados para su revisión final. Los dos misioneros aliados a Carlos Rovira, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón votarían a favor.
También Carolina Moisés (Jujuy), ahora vicepresidenta tercera de la Cámara alta por un acuerdo con Patricia Bullrich, y Guillermo Andrada (Catamarca), recientemente alejados del bloque justicialista, votarían a favor.
En el peronismo que conduce José Mayans no descartan fugas. Allí conviven senadores de provincias cordilleranas -como los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca)- que podrían respaldar los cambios, atentos al impacto económico que tendría una flexibilización de la protección en sus distritos.
Con una porción de Pro y el radicalismo en duda, será decisivo el acompañamiento de parte del PJ para apuntalar la reforma.
Es un dato político relevante después de que el Gobierno les arrebatara la vicepresidencia de la Cámara y se la diera a Moisés, la díscola enemistada con Cristina Kirchner.
Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.
Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.
La reforma de la ley de glaciares es una pieza clave dentro de la estrategia parlamentaria del Gobierno. Forma parte de los compromisos asumidos con gobernadores que respaldaron la agenda de extraordinarias, donde también avanzaron la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.
La iniciativa es impulsada especialmente por mandatarios de provincias cordilleranas –Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca)- que, en conjunto, reúnen 13 diputados y cinco senadores. Para esos distritos, una redefinición del área protegida podría habilitar nuevas inversiones y aumentar los ingresos vinculados a la minería.
El proyecto otorga además mayor autonomía a las provincias para identificar qué áreas constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico. Sus evaluaciones de impacto ambiental pasarían a tener un peso determinante para autorizar o rechazar emprendimientos.
En términos operativos, el Inventario Nacional de Glaciares seguiría siendo una consulta obligatoria, pero las provincias podrían solicitar la incorporación o eliminación de áreas protegidas con argumentación técnica.
Finalmente, el texto establece que actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos solo quedarían prohibidas cuando puedan alterar “de modo relevante” la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. También habilita excepciones para tareas de rescate, investigaciones científicas de bajo impacto y deportes no motorizados, que no requerirían estudios de impacto ambiental previos.
Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Crisis del PJ. Quién es Carolina Moisés, la nueva aliada que consiguió el Gobierno entre los desertores del kirchnerismo,,Movimientos en el Senado. Un cisma que acota la influencia de Cristina Kirchner en las negociaciones más relevantes,,Histórico. El Senado celebrará tres sesiones en una misma semana
Tras una modificación en el plan de labor, el Senado tratará el proyecto para bajar la edad de imputabilidad por medio de la modificación del Régimen Penal Juvenil este viernes.
Este tema, cuyo tratamiento confirmaron fuentes a Noticias Argentinas, se sumará a la reforma laboral, que ya cuenta con sanción del Senado y Diputados, pero volverá a la Cámara Alta este viernes para ratificarse o no tras las correcciones sobre las licencias por enfermedad.
La sociedad entre La Libertad Avanza y los gobernadores deja al kirchnerismo sin autoridades en el Senado
Un día antes del tratamiento de dichos proyectos, el jueves, el Senado pondrá el eje sobre la Ley de Glaciares con el foco en la modificación de las zonas de protección periglacial y ampliar así la frontera extractiva de la minería y los hidrocarburos, lo que conlleva una transferencia de autonomía a las provincias sobre los territorios en cuestión.
Otro tema que se tratará el jueves es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta articulación de ambos bloques precisa de la ratificación parlamentaria en los países que los conforman y, por el momento, se encuentra judicializada en Europa.
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
En ese marco, se discutirá la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, la Unión Europea, al ser Bruselas, la capital belga, la sede ejecutiva del organismo supranacional.
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Acuerdo Mercosur-UE,Edad de Imputabilidad,ley de glaciares,Reforma Laboral,régimen penal juvenil,Senado
POLITICA
Concejos Deliberantes: un informe reveló estructuras sobredimensionadas y gastos injustificados
En Infobae en vivo, la discusión sobre la legitimidad y el costo de los concejos deliberantes cobró fuerza a partir de los datos presentados por la Fundación Libertad. “Si yo veo eso, digo: ¿para qué le estamos pagando?”, planteó Rosendo Grobo al analizar el informe que expone la estructura de empleados en los cuerpos legislativos locales.
Durante el intercambio con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, el debate giró en torno al informe anual que detalla “cuánto salen los concejos deliberantes” en distintas ciudades del país. Jove destacó: “Lo hace todos los años, se renueva y actualiza las cifras la Fundación Libertad respecto a cuánto salen los concejos deliberantes. Empieza a llamar la atención la comparación: por qué ciudades con más o menos habitantes tienen más gasto por concejal”.
El informe de Fundación Libertad y la polémica por la estructura
El punto de partida fue el informe de la Fundación Libertad, que reveló diferencias notorias en la cantidad de empleados por concejal entre distintas localidades. Grobo subrayó: “En Posadas, por cada concejal hay 122 empleados, Manu. No estoy diciendo que los concejales tienen que cobrar más o menos. De hecho, en la mayoría de los casos, los funcionarios públicos deberían cobrar mejor, deberían cobrar bien, pero debería haber un concejal y no debería haber 122 empleados por cada concejal”.
El referente advirtió sobre el desvío de recursos: “Se está utilizando el concejo deliberante para otra cosa”. El informe, según el panel, expone cómo la estructura se convierte en una “caja para hacer otras cosas”. Manu Jove resaltó: “En realidad lo que está arrastrando el presupuesto por concejal es un montón de otros empleados que terminan usando los concejos deliberantes como caja”.
Maia Jastreblansky sumó una perspectiva sobre la lógica política detrás de la estructura: “Esos contratos son un insumo para hacer política. ¿Cómo le pagás a tus colaboradores? Con contratos”.
Desigualdades y funciones en los concejos deliberantes
La discusión avanzó sobre las diferencias entre localidades y provincias. Grobo precisó: “La ciudad de Posadas tiene 13 concejales, por cada concejal, la ciudad de Posadas tiene 122 empleados. A menos que sea el concejo deliberante más prolífico del planeta Tierra, hay algo raro acá”. Y agregó: “No se explican las diferencias tampoco adentro de la misma provincia, porque el caso de Oberá no tiene nada que ver con Posadas y están muy cerca”.
El panel analizó también el sentido de los concejos deliberantes y su rol de contralor: “El concejo deliberante regula o hace ordenanzas municipales, es como el Legislativo a nivel local”, explicó Grobo. Lara López Calvo advirtió sobre el poder institucional: “Es el órgano que puede destituir al intendente también. Por eso, en general, el intendente busca controlar el concejo deliberante”.
Jove aportó: “En muchos casos, es siempre el Conurbano. En el Conurbano, vemos varios casilleros que tienen un número veinticuatro”.
Crisis de legitimidad y demandas de mayor transparencia
La crisis de confianza en las instituciones fue otro eje de la discusión. Grobo sentenció: “La legitimidad de las instituciones la defienden las instituciones. Si el Congreso después se está quejando porque los diputados ganan malos sueldos o porque la gente no les cree, tienen que preocuparse por trabajar para dar mejores resultados”.
A propósito del uso de los recursos, Grobo fue contundente: “La biblioteca del Congreso tiene más empleados que ninguna empresa privada. ¿Y con qué explicación? Ya no se lee ni libros en formato físico. No estoy diciendo que hay que cerrar la biblioteca del Congreso, pero se utiliza para otra cosa que no tiene nada que ver con la biblioteca del Congreso”.
El informe de la Fundación Libertad fue considerado un avance en materia de transparencia. Jove remarcó: “Este informe anual repasa y consigue todos los presupuestos, te habla de un nivel de transparencia poco habitual en la política, porque andá a conseguir el presupuesto en detalle de varias legislaturas provinciales, no aparecen”.
Grobo celebró la mayor conciencia fiscal que se instaló en el debate público: “Creo que hay algo positivo de la época y de lo que trae Milei, que es mayor conciencia fiscal”. Y completó: “Lo primero que hay que hacer es que las instituciones funcionen para lo que tienen que funcionar, que el Congreso haga lo que tiene que hacer, que es legislar, y que los concejos deliberantes hagan lo que tienen que hacer, que es hacer ordenanzas municipales”.
El panel coincidió en que la estructura actual dificulta la eficiencia: “No hay ninguna forma de justificar que en una ciudad haya un defalco de guita como la que hay. Me parece que eso es parte de la crisis de legitimidad que tienen esas instituciones. Cuida la guita, no gastes guita de más, mostrame qué servicio público estás dando por esto y tiene que haber muchísima más transparencia”, reclamó Grobo.
La discusión se cerró con un llamado a revisar la estructura de asesores y empleados: “¿Cómo puede ser que tengan la misma estructura que hace diez años, con lo que cambió el mundo? Una estructura de 122 empleados no tiene sentido. El problema es, además, que no trabajan de eso”, concluyeron los analistas.
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