Tras la fuerte polémica por la purga en la policía bonaerense, la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof llegaron en las últimas horas a un acuerdo para desplegar más de 5000 efectivos de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires durante el desarrollo de las elecciones del 7 de septiembre próximo.

Del operativo que se armará el domingo de los comicios y que pactó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con su par bonaerense, Javier Alonso, solo participarán la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía Federal, según confirmaron a fuentes oficiales de las dos jurisdicciones. El Ejército, que depende de Luis Petri, titular de Defensa, no estará involucrado.

Días atrás, Kicillof designó al jefe de la policía de la provincia, el comisario general Javier Carlos Villar, a cargo del comando electoral. Como encargado de la seguridad de los comicios, vigilará el traslado de boletas, urnas y bolsines.

Bullrich y Alonso habían iniciado hace dos meses las conversaciones para firmar el convenio orientado a reforzar la seguridad durante la jornada electoral del 7 de septiembre. Sin embargo, las negociaciones se aceleraron durante las últimas 48 horas, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia intercambiaran acusaciones por el extraño episodio en que quedó envuelto el excomisario Maximiliano Bondarenko, primer candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en la tercera sección electoral.

“Este acuerdo no tiene nada que ver con el affaire Bondarenko, que es un sospechado de sedición”, remarcaron cerca de Alonso.

Es que la semana pasada el gobierno de Kicillof desplazó a 24 oficiales de la policía bonaerense acusados de intentar conspirar contra la fuerza y de militar en favor del postulante de Milei.

En la sede gubernamental de La Plata explicaron que el Estado provincial y la Justicia electoral de Buenos Aires consideran conveniente que la Nación coopere con el operativo de seguridad que se desplegará durante los comicios de septiembre, como suele hacerse en las elecciones simultáneas. “Se necesita un trabajo mancomunado. Es lo mejor para la transparencia del proceso. Lo acordamos nosotros”, repitieron allegados al funcionario de Kicillof que sucedió a Sergio Berni en la cartera más caliente de la provincia.

Las fuerzas federales que enviará la Nación al distrito bonaerense el domingo 7 de septiembre serán coordinadas por el comando electoral que armó Kicillof. Habitualmente, la policía bonaerense se ocupa de custodiar el exterior de los establecimientos de votación o escuelas. Por estas horas, el equipo de Alonso avanza con el diseño de la logística y el reparto de recursos para el operativo.

“Queremos que la Prefectura cubra los establecimientos de votación sobre la zona del río Paraná -en partidos como San Fernando, Tigre, Zárate, Campana y San Nicolás- y la Gendarmería, en el conurbano”, puntualizó este lunes Carlos Bianco, ministro de Gobierno.

Además, Bianco, el alter ego de Kicillof, aseguró que los patrulleros de la Policía Bonaerense custodiarán los camiones que trasladarán las urnas. “Van a contar con la geolocalización que tiene Correo Argentino”, explicó.

En la administración bonaerense afirman que en una elección nacional suelen destinarse 15.000 efectivos de las fuerzas federales en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. En este caso, por la decisión de Kicillof de desdoblar los comicios, las autoridades y los candidatos se enfrentan a un experimento inédito. Por primera vez, los habitantes de los 135 municipios bonaerenses irán a votar para elegir solamente legisladores locales, concejales y consejeros escolares.

El desafío logístico, admiten en la Justicia y en el gobierno de Kicillof, es mayúsculo, sobre todo, por la extensión del territorio y la cantidad de electores: más de 14 millones de personas. “La Nación nos enviará cerca de 6000 efectivos, porque habrá 500 supervisores”, ratificaron anoche en el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

Tras la purga judicial, Bullrich defendió a Bondarenko y aseguró que el gobernador había iniciado una “cacería de brujas” para disciplinar a los uniformados. A su vez, impulsó una denuncia por espionaje ilegal y persecución ideológica.

Desde la administración de Milei negaron que hayan querido inmiscuirse en la fuerza a través de Bondarenko y sus compañeros para desestabilizar la gestión de Kicillof.

La investigación interna que derivó en las cesantías partió de una denuncia anónima que apuntaba contra integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. Son efectivos con puestos de conducción que supuestamente realizaban desde hacía tiempo tareas políticas para Bondarenko. El gobierno de Kicillof aportó chats a la Justicia para intentar probar que había una coordinación entre Bondarenko y los desplazados.

Según consignó , la Justicia determinó por ahora que la acusación de “complot” de policías bonaerenses se limita al uso indebido de computadoras. Es que el fiscal subrogante Álvaro Garganta impulsó una causa contra los uniformados cesanteados solo por malversación del uso de bienes públicos.

Pese al entendimiento con Bullrich por el operativo electoral, Alonso volvió a cargar contra Milei por la selección de Bondarenko como postulante. “Esto fue un complot. Y ellos pusieron un candidato que es un comisario retirado que tuvo seis ascensos, uno por año en los primeros ocho años de su carrera, algo que es rarísimo. Ahí no hubo mérito, sino alguien de la política que lo proyectó”, aseguró este miércoles Alonso en diálogo con FM Delta.

Asimismo, el ministro de Kicillof consideró que las fuerzas federales “no la están apoyando” a Bullrich. Según Alonso, una prueba de ello son las “numerosas bajas” de efectivos, algo que vinculó con la falta de recursos por el ajuste que aplicó Milei para reducir el déficit fiscal. “La Policía Federal no tiene patrulleros, la Gendarmería no tiene helicópteros, la Prefectura no tiene lanchas, la obra social de los gendarmes está destrozada”, puntualizó. Y completó: “La verdad que no es responsabilidad de Bullrich, sino de la política económica que están llevando adelante Milei y [Luis] Caputo”, concluyó.

Días atrás, Miguel Saredi, funcionario de Fernando Espinoza en La Matanza, acusó a Bullrich de haber retirado las fuerzas federales del municipio más poblado del distrito y agitó la campaña bonaerense. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación lo negaron y vincularon las expresiones del delegado de Espinoza, uno de los barones del PJ, con la actividad proselitista. “No se entiende: ¿están haciendo las cosas bien o necesitan que vayamos”, ironizan cerca de Bullrich. En el entorno de Alonso también relativizaron las denuncias.

Para Saredi, “la única presencia” de los efectivos de Gendarmería o la Policía Federal en el distrito de Espinoza, donde hay zonas calientes, como Puerta de Hierro, uno de los lugares más peligrosos del conurbano, se da cuando “son requeridas por las fiscalías para investigar delitos como el narcotráfico”. De hecho, hay delegaciones de la Policía Federal en San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, La Plata o Malvinas Argentinas, entre otras localidades.

Saredi afirma que en 2022 había 600 gendarmes en La Matanza y que actualmente quedan menos de 200. Además, dice que la Policía Federal ya no participaba a diario en los operativos del Comando Unificado Conurbano (CUC) y en controles sobre la ruta.