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Fentanilo mortal: se vendieron más de 150 mil ampollas contaminadas y unas 61 mil están “pendientes de ubicación”

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La justicia acreditó que el laboratorio HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo Ramallo SA fabricó y distribuyó 154.530 ampollas de fentanilo de uso clínico contaminado, que pertenecen a la partida 31202 producidas el 18 de diciembre de 2024 vinculada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a 54 pacientes fallecidos. De las 154.530 ampollas de vidrio color caramelo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata “recuperó” menos de la mitad: 64.003. Otras 90.527 están “pendientes de recupero”.

De ese total, 29.046 permanecen “inmovilizadas” en las farmacias de las clínicas y los hospitales que las adquirieron. Otras 61.481 ampollas del lote de fentanilo contaminado están “pendientes de ubicación”, ya sea porque fueron administradas a los pacientes, por lo general internados en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o estaban “en cuarentena” después que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 3156/2025 del 11 de mayo pasado, prohibiera “el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional del producto Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N°53.100”.

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En cinco establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires se identificaron 15.637 ampollas; de ellas, 8.229 se encuentran en el Hospital Italiano de La Plata. La institución privada adquirió 10.000 ampollas del lote contaminado. Ese efector fue quien denunció ante la ANMAT la contaminación bacteriana en el medicamento. Se infectaron 18 pacientes, de los cuales 15 fallecieron.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encontraron 68 ampollas, todas están preservadas en la farmacia de la Clínica de Internación Aguda en Rehabilitación y Cirugía (CIAREC). En la provincia de Santa Fe, 23 clínicas, hospitales y sanatorios compraron el medicamento infectado. En sus depósitos se identificaron 17.678 ampollas. Es decir, 2.041 más que en la provincia de Buenos Aires.

Córdoba también figura en la lista de provincias que adquirieron el medicamento adulterado a través de seis instituciones privadas. Allí hay 1.582 ampollas. Finalmente, Formosa y Jujuy, con 14.065 y 500 unidades respectivamente, cierran la lista del juez Ernesto Kreplak. Cada uno de esos envases será recuperado por disposición judicial. Se hará a través de agentes de la ANMAT y la intervención del Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

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La ANMAT, a cargo de Nélida Bisio, ya había informado que en el marco de la causa 17371/2025 el juez Kreplak había ordenado el recupero de tres de los seis lotes que forman parte de la misma campaña de producción de fentanilo de HLB Pharma. Son los números “31202, 31244 y 31200″. El primero de ellos estaría vinculado a la mayoría de los fallecidos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación ya se le informó al juzgado de Kreplak que en todo el país se identificaron 540.000 ampollas de fentanilo del HLB Pharma Group SA -entre contaminadas y no- en 16 provincias.

Ariel García Furfaro en el laboratorio del fentanilo contaminado

Las instituciones de salud privadas y públicas de Santa Fe (302.000 unidades); Córdoba (251.000) y Buenos Aires (126.000) fueron los que más fentanilo le compraron a la firma vinculada a Ariel García Furfaro. Las autoridades nacionales esperan la orden del magistrado para proceder al recupero de cada una de las ampollas. Se hará bajo estrictos controles de seguridad y supervisión.

En medicina y especialmente en terapia intensiva, el fentanilo se usa como un potente analgésico y sedante, indicado para el manejo del dolor agudo y crónico severo, así como para la sedación de pacientes críticos. Durante la pandemia del COVID-19 el fentanilo era muy requerido ya que se utiliza también en sedación de pacientes intubados o con ventilación mecánica. El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, por lo que su manejo requiere extrema precisión. En terapia intensiva se administra en bombas de infusión continua o en dosis controladas, bajo estricta supervisión médica.

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El Hospital Italiano de La Plata compró 10.000 ampollas de fentanilo contaminado (Hernán Foulliet)

El 10 de julio, el juez Kreplak dispuso la inhibición general de bienes de 31 personas y sociedades que, según se detalla en la resolución, estarían relacionadas con la “existencia de una estructura que entrelaza personas físicas y jurídicas cuyas actividades de momento no resultan del todo claras, pero de las que sí se sabe que guardan directamente vinculación con los responsables de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Droguería Alfarma, esta última, distribuidora principal de los medicamentos producidos por HLB”. El 23 de mayo el magistrado ya había dispuesto “la prohibición de salida del país de numerosas personas (24) relacionadas a las firmas involucradas en la elaboración del producto Fentanilo HLB contaminado, HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo”. La razón: “Neutralizar, gradualmente, los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento del descubrimiento de la verdad y, a la vez, de conservar los bienes que pudieran ser fruto de las actividades eventualmente delictivas bajo pesquisa”.

La justicia ordenó recuperar el fentanilo contaminado

La lista de inhibición general de bienes y prohibición de viajar al exterior está compuesta, entre otros, por el responsable visible de HLB Pharma Group S.A Ariel Fernando García y sus dos hermanos Damián Roberto y Diego; la madre de estos, Nilda Furfaro, y Olga Luisa Arena, la abuela de 90 años y que ostentó el cargo, al igual que Nilda, de presidente de HLB Pharma Group S.A. Las mismas medidas también pesan sobre directivos de las sociedades, directores técnicos y responsables de la calidad y controles que debían realizarse en los dos laboratorios antes que una fórmula farmacéutica sea utilizada.

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El Gobierno desmiente a Victoria Villarruel, redobla las críticas y le reclama alineamiento político

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La tensión abierta entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel escaló en las últimas horas, cuando la titular del Senado reveló a través de un mensaje de X que el Gobierno quiere su renuncia, pero que no dará el brazo a torcer. A horas de la publicación, en Casa Rosada desmienten la posibilidad, pero redoblan las críticas al sostener que Villarruel “no hace bien” su trabajo.

“Lo único que queremos es que haga su trabajo. Empujar y defender la agenda del Gobierno en el Senado. Para eso la votaron y no lo hace”, sentenció una importante voz con acceso al despacho presidencial a Infobae. Es que, pese a no considerarla parte del Gobierno, en Balcarce 50 descartan promover una salida anticipada de quien supo ser la exitosa compañera de fórmula del libertario.

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Luego de varios meses de sufrir la marginación del Poder Ejecutivo, Villarruel, quien vio como el propio Milei le acusaba en vivo de querer atentar contra su presidencia, en medio del discurso que pronunció en el Congreso Nacional el pasado domingo para inaugurar formalmente el año legislativo, decidió responder los dardos que, en esa oportunidad, propició el diputado Luis Petri. “Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, hacía alusión a una Vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, aclaró el exfuncionario en declaraciones televisivas.

Inmediatamente, pero a través de las redes sociales, la titular del Senado recogió el guante y se hizo eco de los cuestionamientos. “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar. Hasta el 10 de diciembre ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta, vota lo que quiere en el próximo turno”, sentenció junto a una serie de críticas contra el radical que lideró el Ministerio de Defensa, uno de los cargos que le habían prometido a ella antes del 10 de diciembre de 2023.

La titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel (REUTERS/Matias Baglietto)

El día después del tenso cruce, un integrante de la mesa política tomó distancia de los dichos de Petri, pero admitió que las diferencias con Villarruel son irreconciliables, al tiempo que remarcó que no hay intenciones de correrla de su rol antes del 2027. “No tiene la más mínima gota de dignidad. ¿Si me gustaría tener un Vice alineado, que defienda las políticas del Presidente en Senado? Sí, claro. Ahora, ¿eso se traduce en que vamos a promover la renuncia? Por supuesto que no”, enfatizaron ante Infobae.

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Lo cierto es que en el corazón de la administración libertaria aseguran que el eje del conflicto surgió en diciembre de 2023, cuando Villarruel “repartió” cargos en las carteras que el mandatario le había prometido con otras fuerzas. Por esta razón, y a raíz de la constante intención de la Vicepresidenta de desmarcarse de la política del Gobierno es que analizan nuevas opciones para acompañar a Milei en su aventura reeleccionista.

“Necesitamos un perfil puro. Alguien que garantice la continuidad del modelo”, se sinceró un alfil que está en tema. Con mucho tiempo para la definición, cobra fuerza el nombre del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que responde directamente a Javier y Karina Milei, y en segunda instancia el de la titular de bloque libertario en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, aunque hay quienes la resisten.

En el mientras tanto, sobran los embates de la administración libertaria contra la titular del Senado, a la que acusan de levantar el perfil y profundizar sus críticas porque “quiere fama”. “Está bien. Es peronista, con ansias de poder y antiliberal”, la definieron el día después de que la abogada se mostrara junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los principales opositores de la Casa Rosada.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

La respuesta del entorno de Villarruel se repite frente a todas las acusaciones que le machacan en Balcarce 50: “Es la más institucionalista de todas”. Bajo esa expresión intentan justificar la foto con el mandatario provincial riojano, que se acumula a otras tantas con representantes de las provincias, y su desempeño en la Cámara de Senadores.

“El Vice es parte del binomio electo para gobernar el país. Por eso no tiene capacidad para evitar una sesión de mayoría. Vulneraría el principio de división”, supo explicar la propia Victoria a Bullrich, luego de que la acusara de ser funcional al kirchnerismo por habilitar la sesión en el Senado de proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad en julio de 2025.

De esta forma, en la Cámara Alta diferencia la figura de la Vicepresidenta del titular de Diputados, lugar que ocupa actualmente Martín Menem, quien integra la bancada y sostienen que el mote de “golpista” que acuñó públicamente Petri debe estar sustentado por pruebas. “Victoria es intachable. Es algo que podría terminar en la justicia”, deslizaron.

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POLITICA

Rechazaron una apelación de D’Onofrio y confirmaron su procesamiento por lavado de dinero

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La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, por presunto delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su carácter de funcionario público.

Se trata de una causa que se deriva de la investigación contra D’Onofrio por maniobras con gestores informales que, supuestamente, habían armado un esquema paralelo de eliminación de fotomultas a cambio de un pago de dinero, trama que incluye también la pesquisa sobre la empresa que brindaba el servicio de turnos y logística para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que cobraba el 8% de cada verificación y tenía como titular a una persona que sería militante de la estructura política de D’Onofrio en el distrito de Pilar.

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En noviembre del año pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había procesado a D’Onofrio por el delito de lavado de dinero y le había trabado un embargo por $350.000.000. En el mismo fallo, el magistrado había procesado también (con un embargo de $300.000.000) a Facundo Asencio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, que fue desplazado de ese cargo hace poco más de un año, cuando asumió el reemplazante de D’Onofrio en el ministerio, Martín Marinucci, un dirigente del Frente Renovador, al igual que D’Onofrio. El procesamiento de Asencio también fue confirmado por la Cámara de San Martín, integrada en su Sala I por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.

Al dictar los procesamientos, González Charvay había indicado, entre otros puntos, que Asencio se manejaba como “testaferro” del exministro. Individualizó la compra de una camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, que estaba a nombre de Asensio pero era utilizada por D’Onofrio. “Asencio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio”, había subrayado el juez federal de Campana en noviembre pasado.

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Además, el juez federal había planteado que, para justificar la supuesta compra del vehículo, Asencio aportó un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, creada para la ocasión y puesta a nombre de sus padres.

Los abogados Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde (de D’Onofrio) y Griselda Cecilia Toscano (de Asencio) apelaron el fallo de González Charvay, con argumentos como “la falta de motivación suficiente del decisorio” y “la arbitrariedad en la valoración de la prueba reunida”.

La camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, a nombre de Asencio pero utilizada por D’Onofrio

“La sola existencia de una cédula azul extendida a favor de D’Onofrio, así como el pago del Telepeaje por su parte, no constituyen elementos suficientes para tener por acreditada la titularidad real del vehículo en cuestión”, argumentaron los abogados en el recurso rechazado.

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Según consta en el fallo de la Cámara de San Martín, al que tuvo acceso , los representantes de D’Onofrio y Asencio consideraron que es legítimo “el contrato de préstamo con la firma Los Altos de Don Carlos SA” y señalaron que “no se encuentra descripto ni acreditado en el auto atacado el delito precedente requerido”.

Los abogados cuestionaron también “la utilización de la póliza de seguro como parámetro idóneo para establecer el precio real de la operación” porque, afirmaron, “los valores allí consignados suelen encontrarse sobrevaluados”.

D’Onofrio, en un acto con Kicillof; renunció al ministerio a fines de 2024

Los representantes legales de D’Onofrio, además, remarcaron que el caso debía investigarse en la justicia provincial porque “no hay afectación a bienes jurídicos federales” y porque “el procesamiento vulnera el principio de organización federal”.

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En su fallo, los jueces de Cámara marcaron que “de las constancias del sumario surge que la mencionada sociedad [por Los Altos de Don Carlos] no registra actividad verificada y que los domicilios denunciados ante los organismos oficiales no se corresponden con un funcionamiento efectivo”. Añadieron que D’Onofrio y Asencio declararon y “brindaron distintas explicaciones en torno a la suscripción del sistema de peaje y al uso de la camioneta”.

La decisión de González Charvay, concluyeron los camaristas, “no se trata de una inferencia conjetural ni de una apreciación subjetiva, sino de una conclusión fundada en una valoración integral, lógica y concordante del plexo probatorio reunido”.

D’Onofrio, cuando era ministro, con integrantes de su equipo que fueron desplazadosX

“Las explicaciones brindadas por Asencio para justificar la diferencia entre el valor declarado de adquisición y el monto por el cual fue asegurado el rodado carecen de corroboración en elementos objetivos incorporados al sumario, más allá de sus propias manifestaciones, las que, en tales condiciones, resultan insuficientes para desvirtuar las conclusiones alcanzadas”, remarcaron los jueces. “Sebastián Berterretche -quien adquirió posteriormente el vehículo- declaró que la camioneta se encontraba publicada en la suma de cien millones de pesos y que, tras formular una oferta, la compró por un monto apenas inferior a los ochenta millones -$77.310.000-”, añadieron.

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Sobre la falta de acreditación del delito previo al lavado de dinero que plantearon los abogados de los procesados, los camaristas argumentaron que “no se exige, en modo alguno, la corroboración judicial del hecho delictivo previo, mediante una sentencia firme, ya que solamente basta para cumplir la exigencia objetiva tener por acreditado que los bienes objeto del caso proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo, siendo suficiente la relación de los imputados con actividades delictivas”.

Ahora, los abogados de D’Onofrio y Asencio recurrirán el a la Casación para intentar que se revoquen los procesamientos. Según pudo saber de fuentes cercanas al exfuncionario, plantearán que algunos testigos incurrieron en falso testimonio. Además, insistirán en que la acusación por lavado “solo se circunscribe a una camioneta de la cual él tenía cédula azul”. En el entorno de D’Onofrio sostienen que ya se demostró que otras acusaciones no tenían asidero y que, por eso, el juez dictó sobreseimientos en puntos de la investigación vinculados con los allanamientos que se realizaron a principios de 2025 en el Sheraton de Pilar, una peluquería y una financiera.


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Tras la ratificación del acuerdo con la UE, el Gobierno activa negociaciones para quedarse con las mejores cuotas de exportación

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Cuando en enero se firmó en Asunción el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó una carrera silenciosa pero intensa en cada uno de los países del bloque sudamericano. El objetivo es claro: acelerar la ratificación parlamentaria para llegar antes a la instancia en la que se definan y negocien las cuotas de exportación por producto.

El acuerdo establece cupos para las exportaciones sudamericanas hacia los países europeos. Esas cantidades no quedarán automáticamente asignadas, sino que deberán negociarse a través del propio bloque europeo y también mediante conversaciones bilaterales entre los Estados interesados. Esa instancia abrió una puja anticipada dentro del Mercosur.

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Desde el momento de la firma, los sectores que buscan ampliar sus ventas al Viejo Continente comenzaron a trabajar en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para que los congresos aceleren la aprobación. La lógica es adelantarse y asegurarse una porción relevante de los cupos previstos.

Todos los países miembros tendrán posibilidades de exportación, pero puertas adentro del Mercosur ya se perfila otra discusión: la distribución interna de los beneficios. A algunos les interesa obtener una mayor cuota de exportación de determinado producto por sobre otro, lo que podría derivar en intercambios entre los negociadores del bloque.

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En la Argentina, el impulso más fuerte provino del sector agropecuario. Desde allí se trabajó durante meses para que el Congreso avance rápidamente con la ratificación y deje el acuerdo listo para su entrada en vigencia provisoria por parte del país. La urgencia no es solo formal: el momento en que cada Estado complete su trámite interno puede incidir en el posicionamiento posterior en la negociación de los cupos.

Mientras tanto, del lado europeo también hay expectativas concretas. La Unión Europea prevé que sus exportaciones al Mercosur aumenten hasta un 39%, un dato que anticipa impactos en distintos sectores productivos de la región. En Sudamérica, uno de los rubros más sensibles es el automotor, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para la importación de vehículos de pasajeros en un plazo de 15 años. También aparecen como áreas desafiadas las de químicos, laboratorios y maquinaria.

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La Unión Europea prevé que sus exportaciones al Mercosur aumenten hasta un 39%. (Foto: Reuters)

Entre la dirigencia política y el empresariado sudamericano predomina una expectativa: que los efectos negativos que puedan registrarse en el corto plazo se compensen —e incluso se reviertan— en el largo plazo. La apuesta está puesta en una mayor apertura comercial y en un aumento de la competitividad derivado de ese proceso.

Sin embargo, la implementación del acuerdo no se limita a la cuestión arancelaria. Uno de los capítulos centrales es el ambiental. La Unión Europea exigió la incorporación de protocolos y regulaciones que, en algunos casos, requerirán adecuaciones por parte de los países del Mercosur. Se trata de normas que no siempre estaban presentes en la legislación o en la práctica regional.

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Fuentes consultadas por TN coinciden en que este apartado ambiental fija un marco de compromisos que condiciona la política futura. En el caso argentino, señalan que ese capítulo “entierra por completo” la posibilidad de retirarse de los Acuerdos de París, una alternativa que en algún momento había sido mencionada por el presidente Javier Milei.

Así, mientras los congresos nacionales debaten la ratificación, la discusión de fondo ya está en marcha. El “apuro” no responde solo a una cuestión de calendario legislativo, sino a una carrera estratégica por llegar mejor posicionados a la mesa donde se definirán las cuotas y, en definitiva, el reparto concreto de los beneficios del acuerdo.

Acuerdo Mercosur UE, MERCOSUR, Unión Europea, exportaciones

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