“¿Jura o promete decir la verdad de acuerdo a sus creencias sobre aquello que supiera o le fuera preguntado en este juicio?”, lo consultó la jueza Sabrina Namer. “Sí”, contestó Lucas Gabriel Ocampo. “Digo la verdad…no hay drama”, completó.

Ocampo fue uno de los tantos testigos que desfilaron por el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, donde se desarrolla el juicio oral por el ataque a Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Martín “el negro” Almeida fue otro de los convocados. Es un humorista identificado con el sentir libertario. El miércoles de la semana pasada, al notar que ni la querella ni la fiscalía estaban presentes en la sala cuando se disponía a declarar, soltó: “Ni siquiera esperaron a mi show, iba a contar unos buenos chistardos”.

La tónica del juicio oral que tiene como procesados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo por intentar atentar contra la entonces vicepresidenta se debate entre la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ellos, la solemnidad propia de la sala AMIA y las múltiples tonalidades que una amplia colección de testigos le imprimieron al caso en esto cuatro meses: algunos relatos, por lo inverosímil de su contenido, provocaron risas; otros evidenciaron mentiras e intereses puntuales; y otros tantos relevaron conductas llamativas, en ocasiones sórdidas.

“¿La ruptura pudo haberse dado porque usted le solicitaba [a Brenda] prácticas de zoofilia?”, preguntó el abogado de Uliarte, Alejandro Cipolla, a una expareja de su defendida. “Ay, no, por favor”, alcanzó a responder el testigo, mientras Uliarte sonreía detrás de su defensor y la jueza Namer buscaba restituir el orden en la sala.

Tampoco faltaron episodios vistosos, con ritmos casi circenses. El “trompazo” que Uliarte le propinó a Gastón Marano, el abogado de Carrizo, luego de eludir al personal del servicio penitenciario, mientras gritaba “a mí no me van a dar perpetua”, fue la última y más dramática escena de un trámite que tomó “ribetes raros”, en palabras de un letrado presente en todas las audiencias celebradas hasta la fecha.

Es que durante estos tres meses y medio de juicio hubo lugar para todo: las críticas de Cristina Kirchner al “partido” judicial; la militancia que lideró Andrés “Cuervo” Larroque en las afueras de Py durante su declaración; afirmaciones –luego desmentidas- sobre Sabag Montiel siendo un “sicario” pago por Alberto Fernández; el relato de un falso agente de la DEA que trabajaba en una planta panificadora; el testimonio de un policía desmemoriado, incapaz de recordar la fecha del atentado; testigos “militantes” con declaraciones colmadas de apreciaciones personales; una custodia que pidió borrar pruebas del ataque; amenazas y alusiones al sexo con animales, entre otras historias y personajes confusos.

Nicolás Lencina, un empleado de comercio de 29 años, es una de las exparejas de Uliarte que pasó por el estrado. Tras enterarse del ataque, en la misma noche de los hechos, le escribió a Brenda a través del teléfono de su hermana para mantener uno de sus “encuentros ocasionales”.

“Estaba pensando con el miembro”, se justificó, avergonzado, al ser interrogado por la fiscalía.

También fue indagado respecto a un dinero, cerca de 20 mil pesos, que recibió por parte de Uliarte. Tras un largo rodeo, el testigo admitió que de ese modo ella compraba su silencio: la procesada quería evitar que su familia se enterase que vendía material a Only Fans, una página de contenido erótico. Al término de la testimonial, se solicitó que sobre Lencina recaiga una investigación por extorsión.

Miguel David Robles, de 44 años, conoció a Uliarte por Facebook. El mismo día del atentado, le pagó por una de sus fotos la suma de mil pesos. Como quería conocer los detalles del ataque, le ofreció su ayuda a Brenda y le dijo que era miembro de la DEA, la agencia norteamericana de drogas.

“Me contó una cosas […], no te imaginás”, le contaría luego Robles a un tercero, según consta en uno de los audios que forman parte de la causa. A esta otra persona, Robles también le dijo que Sabag Montiel era un sicario “de la gente de [Alberto] Fernández”, a quien le habían prometido ocultarlo luego del ataque.

“Sí. Lo inventé todo”, aseguró Robles quien en realidad trabaja en una planta panificadora y hace reventa de gorras y objetos varios para apuntalar sus ingresos.

Por la sala Amia también pasó el primo de Brenda, Martín Alejandro Uliarte, un policía de la bonaerense de 22 años que intercambió llamados con ella antes, durante y después del ataque.

Sin embargo, no pudo aportar precisiones sobre lo conversado con su prima aquella noche, a pesar de que entre la fiscalía, el tribunal y la querella tiraron de su lengua durante horas.

Al policía, que no logró nunca ordenar su relato, debieron repetirle la fecha del ataque en varios tramos del interrogatorio. Cuando lo promediaba, había repetido 16 veces la frase “no lo recuerdo”, según el conteo de José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina KIrchner. Faltaban todavía otras tantas.

Namer, la presidenta del Tribunal Oral Federal número 6 -integrado también por Adrián Grünberg e Ignacio Fornari- intenta encauzar un torrente de testimoniales, por momentos imprevisible, en el que se arremolinan marginalidades, fervor militante, responsabilidades policiales y lealtades políticas. Todo ello como consecuencia de un ataque inspirado por motivos “éticos”, según afirmó Sabag Montiel al momento de declarar.

El ataque de Uliarte a Marano en la ultima audiencia -que no pasó a mayores y quedará en el anecdotario de Comodoro Py- encendió las alarmas del tribunal que tomará nuevos recaudos en un juicio que ya transcurre con una fuerte presencia policial.

“Somos muchos, trabajando muchas horas”, se lamenta alguien que hubiese preferido otro curso en los debates y trabaja en la diaria dentro del tribunal. “Es el primer juicio que se transmite en su totalidad que no es de lesa [humanidad]”, remarca la misma fuente.

El secretario de Cristina Kirchner, Diego Bermúdez, presente en la noche del ataque en Recoleta, también pasó a ofrecer su versión de los hechos. En línea con la estrategia de la querella, de la que también forma parte Marcos Aldazabal, Bermudez, un “militante de corazón” -según dijo-, agitó la hipótesis de que todo lo visto hasta aquí es solo la superficie y que detrás de las conductas de los procesados se esconde una trama que incluiría un financiamiento de la familia Caputo.

“No se investigaron un montón de hechos que me parecen muy relevantes. Como por ejemplo un montón de gente que cobró un montón de millones de pesos”, sostuvo, en alusión a un presunto pago realizado por la familia del ministro de Economía, según declaró.

Su relato, cargado de apreciaciones personales, motivó observaciones de la jueza, la fiscal Gabriela Baigún y Marano, el abogado defensor de Carrizo. “De la tele”, respondió cuando le preguntaron de dónde sacaba sus afirmaciones.

En medio del caos, la defensa de Sabag Montiel, el tirador frustrado, intentará poner en juego la teoría del delito imposible: buscará probar que el arma, una Bersa calibre 0.32, no estaba en condiciones de ser disparada; una estrategia que podría eximir de pena a Sabag Montiel.

Según repiten en los tribunales, la abogada del autor material del fallido ataque, la defensora oficial Fernanda López Puleio tiene sobradas aptitudes para hacer operativa la teoría.

Hubo otra escena curiosa que encendió las alarmas de la fiscalía. La declaración de Bermúdez, el secretario de Cristina Kirchner debió ser interrumpida por unos minutos cuando Uliarte, que escuchaba la audiencia desde el penal de Ezeiza, parecía repetir en eco algunas de las palabras del secretario, mientras sonreía y dibujaba círculos en el aire con las manos.

“Es una típica maniobra de simulación”, dijo la fiscal Baigún en un tramo de la audiencia, en alusión a una presunta estrategia para intentar declararse inimputable.

Namer llamó a un cuarto intermedio y Uliarte, con el micrófono ya apagado, quedó marcando el ritmo con una de sus manos y balbuceando lo que parecía ser una melodía.