La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, avanzó en las últimas horas con las negociaciones en dos paritarias clave cuya homologación está frenada por objeciones del Ministerio de Economía. Por un lado, el último acuerdo salarial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). Por otro, el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En el primer caso, se trata del sindicato más numeroso del país, con 1.200.000 trabajadores, liderado por Armando Cavalieri, que aún no logró que Trabajo homologue el aumento firmado a fines de abril del 5,4%, distribuido en tres tramos, ni tampoco el que acordó con las cámaras el 28 de junio, que consistió en un 6% en seis cuotas mensuales del 1% entre julio y diciembre, más el pago de asignaciones mensuales no remunerativas de $40.000, que se abonarán en el mismo período.

La paritaria de Comercio para el período abril-junio fue frenada por Economía porque superaba los topes oficiales, aunque los empresarios la pagaron igual, pero la siguiente se trabó en Trabajo porque, si bien los porcentajes de ajustaban a la pauta del 1% mensual, la cámara que agrupa a los supermercados mayoristas rechazó los aportes obligatorios incluidos en el convenio que benefician al sindicato y a las cámaras firmantes.

La queja fue planteada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que pidió al Gobierno que no se homologue el acuerdo si no se eliminan lo que llamaron “costos ocultos“ que se trasladan a precios y forman parte del “costo argentino”.

Uno de los puntos criticados por esta cámara es un seguro complementario de retiro obligatorio, incluido en el convenio colectivo desde los años 90, que los empresarios pagan mensualmente a los empleados para que puedan obtener una renta vitalicia cuando se jubilan.

El plan se financia con una contribución patronal del 2.5% sobre la remuneración imponible del trabajador y, al estar contemplado en el convenio colectivo, rige de manera obligatoria en la compañía de seguros La Estrella.

Ante la objeción del sector mayorista de los supermercados, se mantienen intensas negociaciones con el Ministerio de Economía para que las cámaras que firmaron el convenio acepten bajar el porcentaje que se les descuenta a los empleados en este rubro.

Sin embargo, CADAM cuestionó otros aportes del sector empleador que están en el convenio 130 de Comercio y que incrementan los costos de los empresarios. Según detalló la cámara, uno es la contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, «vigente desde 2021, en plena pandemia, pero que se sigue cobrando hasta hoy, con un valor de $5.500 por empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social».

Otro es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP) de $4.725, “aunque el empleado no reciba nunca la capacitación (representa el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A)”. “Si bien la obligatoriedad de este aporte fue derogada, el conflicto continúa”, advirtió CADAM.

Finalmente, los mayoristas también critican la cuota solidaria, que es “un aporte para el sindicato que se le descuenta al empleado esté afiliado o no”. Implica el 0,5% del salario y, según destacó, “se suman otros aportes sindicales extra de acuerdo con la zona”.

La propuesta pública que hizo CADAM es que “en lugar de esos aportes se les deposite a los empleados ese dinero directo, como parte de su remuneración, y que el empleado decida qué hacer con él”.

Fuentes sindicales afirmaron a Infobae que la eventual reducción del aporte para el seguro “depende en forma exclusiva de las cámaras” y que la definición, que sería inminente, destrabará la homologación del convenio.

Por otra parte, tal como anticipó Infobae, este jueves se realizó un encuentro decisivo entre la Secretaría de Trabajo, la UOM y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), donde se alcanzó un principio de acuerdo para que la paritaria del sector pueda ser homologada en los próximos días.

El 4 de junio pasado, el gremio que lidera Abel Furlán firmó un aumento del 7,6% para el período abril-agosto, en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), además de 5 sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y $25 mil para cada uno de los meses restantes.

El 3,3% de abril superó la pauta del 1% mensual y por eso se prendieron las luces amarillas en Economía, pero también pesó en la no homologación la decisión de CAMIMA, que agrupa a las pymes metalúrgicas, de no firmar la paritaria porque, según advirtió, “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión del sector, poniendo además en situación de peligro las fuentes de trabajo”.

La UOM marchó la semana pasada ante Trabajo para exigir la homologación del convenio salarial, pero no pudo reunirse con Cordero porque el funcionario no estaba allí y fue atendido por la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, a quien le hizo sus airados reclamos.

Ante sus manifestantes, Furlán acusó a Cordero de aplicar una estrategia diseñada por Techint para no avalar la paritaria y dijo que pediría una audiencia con el secretario de Trabajo para esta semana, tras lo cual advirtió que si no se solucionaba su pedido iniciarían medidas de fuerza.

Cordero no quería recibirlo, como anticipó Infobae, pero recibió un llamado de un alto jefe de la CGT para pedirle que atendier a Furlán. Así se gestó el encuentro decisivo de este jueves por la mañana en la Secretaría de Trabajo, sin Cordero y encabezado por Testa, con el líder de la UOM y José Luis Ammaturo, titular de CAMIMA.

La homologación se desbloqueó con una fórmula similar a la que permitió convalidar la paritaria del Sindicato de Camioneros: Furlán se comprometió a permitir que las pymes metalúrgicas con problemas económicos puedan pagar en cuotas las sumas fijas pactadas en el acuerdo.

Aún así, en Economía quieren que se modifique otro punto: las sumas fijas que se firmaron incluyen un porcentaje de cuota solidaria que va al sindicato para financiar su obra social: según lo firmado, en esos pagos de $30 mil y de $25 mil hay un aporte del empleado del 3% y una contribución de las empresas del 6%,en ambos casos sobre el valor no remunerativo.

¿Aceptará Furlán reducir esos porcentajes para que el Gobierno le dé luz verde a la homologación? “Empezó el proceso por el buen camino”, se limitaron a decir en Trabajo, en medio de un gran hermetismo sobre el tema, pero, a la vez, en un clima de contenido optimismo.

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