El Presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen), que en las últimas semanas protagonizaron fuertes controversias.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, apuntó el mandatario nacional.

En un escrito titulado como “Batalla cultural”, el Presidente finalizó: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Confesión y polémica

Hace dos días, Roberto Méndez (CEO de Neumen), a quien Milei lo definió como “el Señor Lengua Floja”, reconoció que, antes de la desregulación del mercado, los neumáticos tenían precios elevados y que las empresas del sector lograron márgenes de ganancia muy altos debido a la remarcación de precios, facilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, confesó en una entrevista con el streaming Ahora Play.

Méndez valoró la propuesta de Federico Sturzenegger sobre exigir a las empresas una rentabilidad acorde, cercana al 20%. “En un momento, aplicábamos márgenes del 60 al 70%”, afirmó.

Con 42 años de experiencia en el rubro, Méndez detalló que su empresa emplea a 520 personas y cuenta con 40 sucursales en todo el país. Además, consideró que la rentabilidad bruta, antes de impuestos, no debería ser inferior al 22% en Argentina, debido a que la carga impositiva local es mucho mayor que en Europa o Estados Unidos. Según Méndez, ese porcentaje resulta indispensable para sostener la actividad.

Al poco tiempo, Milei se hizo eco de las declaraciones y contestó desde sus redes sociales: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

“Casualidad cero”

Otra mención que hizo el presidente fue hacia Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar), a quien nombró como “Don Gomita Alumínica”.

Hace poco más de una semana, la empresa Fate anunció el cierre definitivo de su planta (ubicada en la localidad bonaerense de Virreyes), que dejó como consecuencia el despido de 920 empleados y el freno de su producción de neumáticos.

La acción surgió en medio del debate y la discusión por la Reforma Laboral, algo que el gobierno no dejó pasar por alto. “Casualidad cero”, sentenció el mandatario al enterarse del fin de la histórica marca. En la misma sintonía se había expresado el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Fue sugestivo, nosotros entendemos que detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política”.

Sin embargo, no fue el único cruce. El último lunes, el Gobierno eliminó el arancel antidumping del 28% aplicado a las hojas de aluminio importadas desde China. Esta medida, solicitada en 2020 por Aluar —el mayor productor nacional del sector y también propiedad de Madanes Quintanilla—, había sido establecida durante la gestión de Alberto Fernández por un período de cinco años, con vencimiento previsto para el 5 de marzo.

Luego de revisar un informe técnico elaborado por el área de Comercio Exterior, las autoridades concluyeron que no se detecta margen de dumping en las exportaciones del producto bajo análisis hacia la Argentina.

Con el vencimiento del arancel, Aluar solicitó la reapertura del análisis para extender la medida, pero el Gobierno rechazó el pedido. La compañía puede apelar la decisión ante el Ministerio de Economía y, en última instancia, ante la Jefatura de Gabinete. Solo después de agotar estas vías administrativas podría recurrir a la justicia.

La disputa por la apertura de las importaciones

“Don Chatarrín de los Tubitos Caros” es la referencia de Milei hacia el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca. Es que, a fines de enero, la adjudicación a la empresa india Welspun para proveer tubos para el gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro provocó un enfrentamiento público entre ambos dirigentes.

Javier Milei respaldó la apertura de importaciones y criticó a quienes se oponen, sugiriendo que las objeciones responden a intereses particulares. “La nueva Argentina”, afirmó el presidente. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablando de la industria del acero y de los supuestos perjuicios de la apertura, ya sabés quién les paga…”, señaló.

Posteriormente, dirigió sus críticas a Rocca al cuestionar a quienes defienden “a Don Chatarrín de los tubitos caros”. De esta manera, el Gobierno decidió no aplicar medidas antidumping y descartó establecer barreras comerciales adicionales.

A inicios de este mes, Rocca publicó una carta en la que respondió a las críticas por anunciar que presentaría una denuncia antidumping contra la empresa india Welspun, adjudicataria del contrato. Además, defendió la importancia de la industria nacional y pidió establecer un diálogo con la administración libertaria para fortalecer la competitividad del sector industrial.

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El Senado se prepara para una sesión crucial que se desarrollará este jueves, en la que buscará la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, dos iniciativas que marcarán el rumbo de la política exterior y ambiental del país. Son aspectos que el Gobierno presidido por Javier Milei quiere tener avanzados antes de que finalice en cuestión de días el período de sesiones extraordinarias.

Entre las motivaciones principales del debate figura el objetivo del Gobierno de convertir a Argentina en el primer país de la región en ratificar el tratado con la Unión Europea, lo que le permitiría obtener ventajas comerciales de manera anticipada frente a sus socios regionales, como Brasil y Uruguay. El tratado bicontinental tiene media sanción desde la Cámara de Diputados y sus chances de salir son amplias.

Hay más complejidad en lo que refiere al debate del proyecto que modifica las capas de protección sobre lo que se define como ambiente periglaciar. Aunque una altísima fuente de la Casa Rosada indicó a Infobae que “estarían los números” para poder aprobar todos los apartados de la medida.

El artículo séptimo del proyecto es uno de los más observados, ya que otorga a cada provincia la facultad de definir la autoridad de aplicación –excepto en áreas protegidas bajo la ley 22.351 de Parques Nacionales–. Esta autoridad local será responsable de identificar “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglaciar ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas”, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

En principio, el Gobierno cuenta con los 21 integrantes del bloque La Libertad Avanza, junto al apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y ciertos senadores que responden a gobernadores de Cuyo y del Norte, grandes interesados por las posibilidades de extender las producciones mineras hasta ciertas áreas periglaciares.

Para asegurarse el número, en la Casa Rosada dieron la orden de trasladar a parte de la mesa política al Palacio del Congreso para poder abroquelar las adhesiones definitivas junto a las gestiones que ya está haciendo la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. En el despacho del ministro del Interior, Diego Santilli, avisaron que estará en el Congreso siguiendo la sesión en donde se votarán ambas iniciativas.

En la previa a la sesión, Santilli destacó que la reforma a la Ley de Glaciares “implica generar las condiciones para que las empresas del sector puedan invertir, producir y dar más trabajo en la Argentina”. “Hoy Argentina exporta 6 mil millones de dólares en materia de minería, mientras que Chile, que está al lado y comparte la misma cordillera, exporta 60 mil millones de dólares. Hay que alentar las inversiones y para eso es necesario reformar leyes viejas que desalientan el crecimiento de nuestro país”, agregó.

Mucho más sencillo es lo que sucederá alrededor del tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que los congresistas solo pueden aprobarlo o rechazarlo en su totalidad, sin introducir modificaciones. El Poder Ejecutivo incluyó esta discusión en el temario de extraordinarias con el propósito de “aventajar a sus socios regionales” y posicionar a Argentina como referente en la integración económica con Europa.

Consultados por Infobae, en la Cancillería detallaron que el camino para que el tratado comience a estar vigente es el siguiente:

1. a nivel interno, el Presidente lo promulga y se publica en el Boletín Oficial
2. mientras que a nivel internacional, el gobierno argentino comunica a los depositarios del Acuerdo (Paraguay y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas) que se han cumplido con los procedimientos internos de la Argentina para la aplicación del acuerdo. Quien hace la comunicación es el canciller Pablo Quirno a través de una nota formal.

El acuerdo interregional se compone de una parte política –actualmente detenida, luego de que el Parlamento Europeo la remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine su conformidad con la reglamentación comunitaria, un proceso que podría dilatarse hasta dos años– y una parte económica. En este último aspecto, el Consejo Europeo ya recibió facultades para negociar con aquellas naciones que ratifiquen el tratado. Para países como Argentina, esto abriría la posibilidad de “ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne”, uno de los principales intereses comerciales del bloque.

Tanto Brasil como Uruguay ya trataron el acuerdo en sus respectivos congresos y aceleran los procesos internos para obtener cuanto antes los beneficios previstos. En paralelo, el Congreso argentino deberá definir si consigue la mayoría suficiente para avanzar en la ratificación parlamentaria, mientras la atención también se centra en el futuro inmediato del proyecto de reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, programados para debate al día siguiente.

Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.

La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.

Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, son 12 manifestantes los que permanecían detenidos. De ese grupo, al menos 9 son mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).

En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos. El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se ve a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.

Según indicaron fuentes policiales a este medio, las detenciones se produjeron con la carátula de averiguación de delito. Ningún policía fue herido por los manifestantes y las personas que estaban presentes en la protesta.

Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.

Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.

En una rueda de prensa improvisada en las afueras del Senado, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho y constató que habló con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde le informaron que se instruyó un sumario y se evalúa una acción “reprochable y desmedida”

“Hubo un intento de manifestación en el que entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, que fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes», relató Bullrich. “Ya se ha abierto un sumario, el jefe de Policía ha evaluado que su conducta es reprochable. Eso está en análisis”, dijo, sobre el procedimiento que se le iniciará, al menos, a un policía.

“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal, es porque (la conducta) no es la que debería realizar y hubiera sido correcta en el marco de su deber. Un sumario es una conducta que se evalúa y que no esta dentro de la conducta normal de un policía”, explicó la ex ministra. “Aca hay una acción determinada, y el jefe de Policía está evaluando que ese policía actuó desmedidamente”, remarcó.

Por su lado, la Policía Federal informó que “el camarógrafo se encuentra recibiendo atención médica” y que luego procederá a la “soltura”. Con respecto a los 12 detenidos, se los trasladó a la Superintendencia de Investigaciones Federales (SIF).

El debate por la Ley de Glaciares en el Senado

El proyecto del Gobierno para modificar la ley de Glaciares apunta a garantizar inversiones significativas para la actividad minera, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.

Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.

Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.

La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.

Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.

“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.

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