Argentina salió del cepo el viernes 11 de abril por la tarde, el primer día de cotización del dólar que se pudo comprar en el mercado fue el lunes 14 de abril, y dicho día cerró en $1.198, el día 5 de agosto el dólar cotizaba en $1.330, con lo cual la suba es del 11,0%.

En igual período, los depósitos en dólares totales en dólares pasaron de u$s31.919 millones, a u$s35.400 millones, lo que nos da señal de fortaleza económica. No hubo corrida.

Entre los meses de abril a julio, la inflación fue del 7,6%, con lo cual la devaluación del peso fue mayor a la inflación, pero similar a tres meses y medio de tasa de interés al 3,0% mensual, que acumularía una tasa del 10,9%.

El día 14 de abril el bono AL35 valía u$s66,50, y hoy vale u$s65,45, pero hay que comentar que en el ínterin se cobró una renta en dólares de u$s2,06, esto implica que gano más quien tuvo un bono en dólares, que quien tenía solo dólares en la mano.

El que compró acciones de YPF el 14 de abril las pago $42.400, mientras que hoy valen $48.650 lo que nos dejaría una tasa del 14,7%, un aumento superior a la tasa de devaluación del 11,0%.

Comprar dólares desde la salida del cepo no fue negocio

No deseo ser redundante en los ejemplos, pero quien compró dólares desde la salida del cepo a hoy, solo le gano a la inflación, y tuvo un rendimiento similar al invertir en un plazo fijo. Los bonos en dólares subieron más que la devaluación, las acciones de YPF continuaron a la suba, y los depósitos en dólares subieron 10,9%.

El día 14 de abril las reservas sumaban u$s24.221 millones, la circulación monetaria $21,7 billones y el total de encajes $12,3 billones.

Con datos al 1 de agosto las reservas suman u$s41.034 millones, suben en u$s16.813 millones, y no todo es dinero prestado.

La circulación monetaria al 1 de agosto es de $23,8 billones, aumento en 9,7%, esto es debido a la compra de dólares que hizo la tesorería en el mercado, con lo cual fue un aumento de circulante con respaldo, no fue emisión.

Los encajes pasaron a ubicarse el 1 de agosto en $17,6 billones, en total $5,3 billones más que en abril debido a los cambios en la política de encajes. Esto suma a la base monetaria, pero no es emisión monetaria, es dinero de los bancos que quedan en el Banco Central.

El mercado cambiario está definido por dos bandas divergentes, cuando lleguemos al 14 de agosto la banda superior se ubicará en $1.456,8, y la banda inferior en $960. Si el dólar toca la banda superior, el gobierno vende dólares y contrae pesos, mientras que, si toca la banda inferior, el gobierno compra dólares y expande la cantidad de moneda. Como no hemos llegado a la banda superior y tampoco a la banda inferior, el Banco Central no ha intervenido y tampoco a emitido dinero.

El dólar puede seguir bajando, por eso hay que invertir en bonos y acciones

La suba del dólar se debió al desarme de las Letras de Liquidez Fiscales, conocidas en el mercado como LEFI, pero su suba fue muy acotada, y resulta altamente probable que el dólar retrocede a los niveles previos a la volatilidad desatada por las LEFI. El vencimiento de este instrumento opero el 17 de julio pasado, y en dicha fecha el dólar mayorista valía $1.275.

No vemos ningún motivo para que el dólar siga a la suba, todo lo contrario, parecería que vamos a un escenario en donde el dólar podría cotizar por debajo de los niveles alcanzados en la previa del vencimiento de las LEFI, y no descartamos niveles similares a los que tuvo en la salida del cepo.

Creemos que, con el cambio de expectativas a nivel internacional, y la posibilidad cada vez más cierta de una baja de tasas en Estados Unidos, nuestros bonos y acciones tienen un recorrido alcista por delante.

En la medida que la baja de tasas en Estados Unidos se profundice, no descartamos que los fondos de inversión inviertan en materias primas, y esto se traduzca en una recuperación en precios de la soja, trigo y maíz.

El gobierno nos muestra todos los meses superávit fiscal, los ingresos de dólares por el programa vigente del FMI están fortaleciendo el activo del Banco Central. Todo esto refuerza las expectativas de un crecimiento del PBI en torno del 5,0% anual.

No hay por delante ningún escenario catástrofe, el dólar puede bajar, y de confirmarse una baja de tasas en el mundo, estamos en las puertas de una baja en el riesgo país, y acceder a los mercados voluntarios de deuda. En este escenario no descartemos un valor del dólar a niveles mucho más bajos que los actuales, por eso hay que invertir en bonos y acciones. El dólar billete dejó de ser objeto de deseo.

Una vez más el presidente Javier Milei enfrenta un escenario adverso en el Congreso, con un paquete de proyectos impulsados por los bloques opositores que, según el Gobierno, tienen un impacto fiscal imposible de afrontar, pero que en realidad obligan al oficialismo a entrar en una discusión incómoda sobre el orden de prioridades de su plan económico.

La Casa Rosada intentó evitar que los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia por Siempre, Coalición Cívica y otros tuvieran quórum para sesionar este miércoles, pero fracasó. A las 12:20 el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio obligado a abrir el debate con 135 legisladores sentados en sus bancas.

Dentro de la extensa agenda de temas que impulsó la oposición los dos principales son el proyecto de financiamiento de las universidades (que se aprobó con 158 votos a favor y 75 en contra) y la emergencia en pediatría, que propone asignar recursos de forma «inmediata» al sector y contempla epecialmente la crisis del Hospital Garrahan. Son los únicos con dictamen y en condición de pasar al Senado con media sanción.

El oficialismo acusa «oportunismo» por tratar temas socialmente sensibles como estos a pocos días del inicio de la campaña electoral. «Siempre algo de eso hay», admite por lo bajo una fuente opositora ante iProfesional. Pero más que eso, lo que buscan es instalar la controversia sobre el plan económico del Gobierno, con planteos como «hay plata para la Sociedad Rural o para la SIDE pero no para las universidades o la salud».

De cualquier manera, el cuadro general de situación es molesto para el gobierno de Milei, tanto por la discusión -que empieza a volverse permanente y repetitiva- sobre su programa de equilibrio fiscal «innegociable» como por la cada vez más notoria pérdida de control sobre la agenda del Congreso por parte del oficialismo.

Otra pulseada difícil para Javier Milei: ¿qué impacto fiscal tendría el proyecto sobre el Garrahan?

Además del oportunismo electoral, La Libertad Avanza afirma que la oposición quiere «dañar el rumbo económico» del Gobierno para generar inestabilidad y provocarle un daño político irreversible.

Los proyectos, si se aprueban en Diputados y luego en el Senado, efectivamente alteran las cuentas del Gobierno, aunque su impacto fiscal real es impreciso. Esto se debe a que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que suele elaborar esos informes a pedido de los legisladores solo analizó esta vez el proyecto sobre el Hospital Garrahan.

Según ese informe, la iniciativa que declara la emergencia en pediatría por dos años, contempla una «asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios» al sector y declara al Garrahan como «hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad» implica un gasto anualizado de más de $133 mil millones.

Ocurre que el proyecto establece además una recomposición salarial del personal de salud -incluidos los residentes- que «no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023» y una exención en Ganancias cuando cumplan con actividades críticas, horas extras y/o guardias.

El informe señala que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 «implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones«, que anualizado «alcanzaría 133.433 millones».

Financiamiento universitario: dudas sobre el costo en Diputados, mismo problema para el Gobierno 

El proyecto sobre las universidades fue impulsado por los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y propone actualizar por inflación y de forma automática los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, al tiempo que ordena convocar a paritarias para recomponer el salario del personal docente y no docente.

Con esto tema, el problema es que no hay un informe de la OPC porque los diputados no lo pidieron y tampoco los rectores de las universidades hicieron el cálculo, según deslizó a este medio una fuente opositora. El único número que hay sobre el impacto fiscal de este otro proyecto es 0,19% del PBI, pero es una cuenta extraoficial.

En otros bloques apuntan que cuando la misma iniciativa se trató en 2024 (Milei la vetó) la OPC informó que el impacto era de 0,14% del PBI por lo que este año sería «más o menos lo mismo, pero con el Producto Bruto actualizado«. Pero ante la falta de un número preciso, el oficialismo y la oposición arrojan diagnósticos distintos.

En el sector de la UCR más ligado a las universidades señalan que, con el informe anterior actualizado por la inflación de 2025, el proyecto implicaría en total un gasto adicional para el Gobeirno de poco más de un billón de pesos. Los libertarios afirman que «supera ampliamente el billón y medio».

Sin embargo, para la oposición la discusión no pasa por los números redondos, sino por la recomposición. Durante la sesión, el radical Martín Tetaz señaló: «No preguntemos de dónde sala la plata cuuando solamente estamos ajustando por inflación, no estamos creando universidades nuevas».

¿Por qué la oposición avanza con proyectos que tienen asegurado el veto de Milei? 

Todos saben que los dos proyectos van camino a repetir la historia del último año y medio: si se convierten en ley, el Presidente los vetará con el argumento de que dañan el equilibrio fiscal y luego empezará la pulseada dentro del Congreso para ver si el Gobierno logra blindar el veto o no.

Por esa razón, el eje central de la sesión que convocó la oposición no pasa tanto por el contenido de los proyectos, ni siquiera por el impacto fiscal, sino por discutir el orden de prioridades del plan económico de la gestión libertaria.

Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, sostuvo que el tema del financiamiento universitario se debería «discutir en el nivel del presupuesto» para «definir las prioridades» porque el país lleva «dos años sin ley de presupuesto». Y agregó: «No veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal, es importante, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar«.

A su turno, el radical Julio Cobos (uno de los pocos de la UCR que dio quórum) señaló: «Sepa el Gobierno que además del equilibrio fiscal, no se pueden romper el equilibrio institucional, el equilibrio federal y mucho menos el equilibrio social».

«Están preocupados por el déficit fiscal y no se los escuchó hablar cuando bajaron las retenciones al campo. Pero les preocupa de dónde va a salir a plata: saldrá de las obras públicas que le recortaron a los municipios», señaló a su turno Adolfo Bermejo, de Unión por la Patria.

A su turno, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) sostuvo que «no hay plata para las universidades pero vemos que para un ejército de trolls o para que el Presidente se tome un avión para un acto partidario en Córdoba sí hay plata«, mientras que Christian Castillo (Frente de Izquierda) sostuvo que «para financiar el carry trade el Gobierno gasta 4,5% del PBI».

Los libertarios se aferran al equilibrio fiscal para soportar la discusión incómoda que abre la oposición

Frente a la estrategia de la oposición que busca poner en discusión la orientación del plan económico de Milei, con el que espera ganar las elecciones nacionales al vincular el equilibrio fiscal con la baja de la inflación (el tema que más interesa y valora el electorado frente a la gestión), el oficialismo por ahora no se inmuta.

Los diputados de La Libertad Avanza no tienen más opción que justificar su rechazo a este tipo de proyectos en la importancia que tiene el equilibrio fiscal. Es un mandato inquebrantable de Milei a su tropa parlamentaria.

«Cuando hay un gasto tienen que decir de dónde van a sacar la plata (…) Nos piden un aumento suprelativo del gasto, que ataque directamente el equilibrio fiscal», advirtió Álvaro Martínez, una de las voces económicas de LLA.

En tanto, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reitero el argumento de que los diputados de la oposición «quieren romper el equilibrio fiscal. No están pensando en los argentinos sino en la política».

Lo cierto es que los proyectos sobre universidades y Hospital Garrahan que avanzaron en Diputados tienen un impacto fiscal que altera las cuentas del programa económico de Javier Milei y por eso se encaminan -si el Senado los transoforme en ley- a un nuevo veto, pero la discusión de fondo tanto para el Gobierno como para la oposición pasa por el sentido y la orientación del plan.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que actúa como una referencia clave para la economía argentina, volvió a actualizarse en agosto de 2025. La suba se oficializó mediante una resolución del Gobierno nacional, luego de que no se lograra un acuerdo entre las centrales sindicales (CGT y las CTA) y las cámaras empresariales en el marco del Consejo del Salario.

Ante la falta de consenso en la negociación tripartita, fue la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la que definió los nuevos valores a través de la Resolución 5/2025, estableciendo los montos vigentes desde abril hasta agosto inclusive.

Aumenta el Salario Mínimo Vital y Móvil: de cuánto es en agosto

Según el artículo 1, inciso e de la normativa, desde el 1° de agosto el SMVyM se fijó en $322.000 mensuales para trabajadores mensualizados con jornada legal completa, tal como lo establece el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora se fijó en $1.610.

Según informó la normativa que publicó el Boletín Oficial, el incremento del salario mínimo, vital y móvil se estableció en cinco cuotas desde abril de la siguiente manera:

• Desde el 1° de abril: $302.600;
• Desde el 1° de mayo: $308.200;
• Desde el 1° de junio: $313.400;
• Desde el 1° de julio: $317.800;
• Desde el 1° de agosto: $322.000.

El próximo reajuste del SMVyM dependerá de futuras reuniones del Consejo del Salario o, en caso de persistir la falta de acuerdo, quedará nuevamente en manos de la autoridad laboral nacional.

Suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil: cómo impacta en jubilaciones, prestaciones y otros beneficios

Este aumento no solo afecta a quienes están registrados con sueldos en ese rango, sino que repercute en múltiples políticas públicas, beneficios sociales y parámetros de cálculo previsional.

En el caso de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que accedieron a su haber sin recurrir a moratorias, la ley prevé que perciban el 82% del SMVM. Sin embargo, como el salario mínimo se mantiene por debajo del haber jubilatorio mínimo actual, no se aplicará el pago adicional que garantiza ese porcentaje. En este contexto, especialistas advierten que el desfasaje entre el SMVM y las jubilaciones refleja una pérdida de capacidad adquisitiva acumulada en los últimos años.

Por otra parte, también se ajustará el valor de la prestación por desempleo, que se calcula en base al salario mínimo vigente. El beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses previos al cese laboral, y tiene como tope un rango que no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM.

El nuevo valor del SMVM impacta de forma directa en diferentes planes y programas sociales:

• Prestación por Desempleo: se ajusta automáticamente en función del nuevo piso salarial.
• Becas Progresar: el ingreso familiar del beneficiario no puede superar tres veces el SMVM, por lo que este cambio redefine el universo de posibles beneficiarios.
• Asignaciones y planes sociales: muchas prestaciones toman el salario mínimo como referencia para establecer montos y condiciones de acceso.
• Paritarias: si bien el SMVM no determina los salarios de todos los sectores, actúa como base de referencia en las negociaciones salariales de gremios con trabajadores no registrados o que perciben sueldos bajos.

Cómo se calcula el Salario Mínimo Vital y Móvil en agosto

Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina se actualiza de forma periódica a través de negociaciones entre el Gobierno, los empleadores y los sindicatos.

Estos actores conforman el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario, un espacio de diálogo que aborda asuntos vinculados a las relaciones laborales.

Allí, se determina un monto mensual para trabajadores mensualizados con jornada completa y un monto por hora para trabajadores jornalizados.

Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil y cómo surgió

El concepto de Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) en Argentina tiene sus raíces en la Constitución Nacional. Fue incorporado por primera vez en el artículo 14 bis, introducido en la reforma constitucional de 1957, donde se estableció el derecho de los trabajadores a una «remuneración justa», incluyendo un salario que asegure una vida digna para el trabajador y su familia.

Sin embargo, su implementación concreta como herramienta de política salarial y económica llegó mucho después. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue creado mediante la Ley 24.013 de Empleo, sancionada en 1991. Este organismo tripartito —integrado por representantes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores— es el encargado de fijar periódicamente el valor del SMVyM, mediante consenso o, en su defecto, por laudo de la Secretaría de Trabajo.

La primera vez que se estableció formalmente un monto para el SMVyM bajo este marco legal fue en 1993. Desde entonces, su actualización ha servido como referencia para salarios básicos, beneficios sociales, jubilaciones mínimas, planes estatales y prestaciones por desempleo, entre otros indicadores clave del sistema laboral argentino.

Con el paso del tiempo, el SMVyM se transformó en una herramienta fundamental para resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables y marcar un piso mínimo para las remuneraciones, sobre todo en contextos de alta inflación o caída del empleo formal.