Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura avanzó en la suspensión y destitución del juez federal Martín Poderti, de un tribunal oral federal de Mar del Plata, acusado de quedarse con 144 monedas de oro que estaban bajo custodia del tribunal valuadas en 200.000 dólares.

Se reunió hoy la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación que, por unanimidad, con los votos de los consejeros diputado Álvaro González (PRO), César Grau (abogado), Luis Juez (senador PRO), Alberto Maques (abogado) y Rodolfo Tailhade (diputado UP), decidieron impulsar el dictamen para enjuiciarlo.

Los consejeros decidieron poner a consideración del Plenario del Consejo el dictamen que propone la elevación al jurado de enjuiciamiento del proceso seguido contra el juez Poderti.

Además, propusieron al plenario que disponga su inmediata suspensión, dada la gravedad de los hechos imputados.

La Comisión de Acusación, acreditó que entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, el juez, quien a ese tiempo era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad Nº 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en una investigación judicial.

El funcionario tenía el deber de resguardo sobre esas monedas. Actuó por fuera de sus obligaciones e incluso encontrándose de licencia en alguna oportunidad, sin que esos accesos estuvieran justificados en el expediente donde se incautaron las monedas.

También se tuvo en cuenta que por esos hechos se encuentra procesado por el juzgado federal de San Martín, confirmado por la Cámara Federal de San Martín, por malversación de caudales públicos.

También se dispuso el embargo sobre sus bienes por 190 millones de pesos. Ese caso, ya se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.

Los consejeros rechazaron las múltiples y disimiles explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación dirigida.

También la defensa formal que hizo cuando argumentó que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario.

Allí, la Comisión de Acusación recordó su jurisprudencia y la del jurado de enjuiciamiento, en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez.

Si esos hechos hubiesen sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como en caso presente, sí se puede avanzar con el juicio político y la destitución.

Para la elevación del caso al jurado de enjuiciamiento y su suspensión hasta que finalice ese proceso, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes de todo el Cuerpo en reunión Plenaria.

“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, dijeron los consejeros.

“Obsérvese, sobre el punto, que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón”, señalaron.

Y por eso justificaron su “inmediata suspensión” en la inteligencia de que todas “las imputaciones formuladas guardan relación directa con su actuación funcional y revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”.

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles por la tarde media sanción al proyecto que refuerza y garantica el financiamiento a las universidad nacionales. El avance de la iniciativa, que cosechó 158 votos afirmativos, con 75 rechazos y cinco abstenciones, fue celebrado por referentes opositores y criticado desde el oficialismo.

Minutos después de la votación, desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza (LLA) en la red social X lanzaron una advertencia que se constituyó como la primera reacción por parte del Ejecutivo: “El superávit fiscal no se negocia”. El breve posteo fue a su vez replicado por el presidente Javier Milei en su muro.

Federico Pinedo, extitular del Senado, cuestionó por su parte: «Ahí siguen muchos diputados votando más gastos sin ingresos, lo que llevaría a los más pobres a volver a tener que pagarlos con impuesto inflacionario. Cada voto de estos fortalece el caso judicial de quien defienda el derecho del pueblo a la no inflación».

Del otro lado, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro celebró: “La universidad pública se defiende. El financiamiento universitario tuvo media sanción en Diputados. Ahora en el Senado, vamos a tratar rápidamente el proyecto en Comisión de Educación para convertirlo en ley. El presupuesto de las universidades cayó un 32%. Más de 2 millones de estudiantes y 200 mil docentes necesitan que esta ley se apruebe”.

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica , escribió con mira puesta en el debate por el Hospital Garrahan -se debate otro proyecto que dicta la emergencia en salud pediátrica y establece una recomposición salarial para médicos y residentes-: “No hay plata para los chicos de todo el país que tienen cáncer y enfermedades, pero si hay muchas plata para pagar intereses usurarios en bonos de corto plazo. Eso es perversidad moral“.

La diputada y titular del GEN, Margarita Stolbizer, enfatizó por su parte: “Importante mayoría votando el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente. El Congreso asume su responsabilidad constitucional de asignar los recursos y definir prioridades. Próximo paso, el Senado. Vamos a resistir cualquier intento golpista del Ejecutivo si quiere contrariar este funcionamiento”.

“La Argentina del futuro necesita universidades públicas de calidad, con trabajadores docentes y nodocentes cobrando salarios dignos, buenas becas para el desarrollo de la ciencia y el crecimiento de nuestro país. A la comunidad educativa: a seguir luchando hasta que este proyecto sea ley!”, insistió Vanesa Siley (UxP).

Daniel Gollan, exministro de Salud bonaerense y actual legislador, reforzó: ¡Gran victoria del pueblo argentino! con 158 afirmativos contra 75 negativos y 5 abstenciones, aprobamos hoy el financiamiento de Universidades!“.

Y Victoria Donda, extitular del INADI y parlamentaria en el Parlasur, completó: “Se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. Contra las amenazas del Gobierno, se sobrepuso el coraje de toda la comunidad”.

Mientras tanto, la diputada Cecilia Moreau denunció luego de la media sanción: “Estamos empezando a tratar la Emergencia en Salud Pediátrica y se ve que a los diputados de LLA y del PRO no les importa mucho…”.

Lo propio hizo su compañera de banca Sabrina Selva: “Otra vez diputados y diputadas de LLA y el PRO se levantan y se van cuando empezamos a tratar la emergencia del Sistema Pediátrico de la Argentina y del Hospital Garrahan. Algunos hasta se sacan fotos. No tienen corazón y no tendrán perdón. Con la salud no se jode”.

Junto con la emergencia en salud pediátrica y recomposición de los haberes a profesionales, hay otros tres asuntos que se incluyeron en el temario para forzar su tratamiento en comisiones. Las primeras dos iniciativas son impulsadas por los gobernadores mientras que la tercera está asociada a una cuestión reglamentaria:

Tras la votación por universidades, se determinó que el próximo miércoles 13, a las 12, se abra la comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar sobre el reparto automático de los ATN.

A pedido del peronismo, se buscará además rechazar decretos firmados por Milei. En la lista figuran el DNU 340/2025 (reformula el régimen de la Marina Mercante y limita la huelga) y los decretos 462/2025 (transforma organismos del Ministerio de Economía), 345/2025 (reestructura la Secretaría de Cultura), 351/2025 (modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos) y el 461/2025 (dispone la disolución de Vialidad Nacional).