El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de 2.870.729.545,61 pesos.

La decisión judicial también incluyó el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta de Olivos. En conjunto, el fallo apunta a un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.

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El pronunciamiento fue dictado por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente. Allí resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, un estrecho colaborador de Alberto Fernández durante su gestión presidencial.

Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.

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También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.

En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.

En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas se beneficiaron económicamente de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban formal o informalmente y que no adoptaron medidas adecuadas para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no denunciaron los hechos investigados a partir de mecanismos internos de control y no implementaron programas de integridad ni sistemas de supervisión orientados a prevenir ilícitos.

El magistrado remarcó, además, que ninguna de las compañías procedió a la devolución de los beneficios que habría obtenido de manera indebida, a pesar de los riesgos evidentes que implicaban sus contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en el esquema investigado.

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La causa Seguros ya había tenido un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían elementos suficientes para sostener que el entonces Presidente intervino en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.

Según lo señalado por el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, generó un aumento exponencial de los negocios derivados de esa relación. Esa situación, indicaron los jueces, fue aprovechada por intermediarios privados, con la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.

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El Gobierno resolvió extender el plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, según confirmaron dos integrantes de la mesa política a Infobae, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.

Como anticipó Infobae, se trataba de un debate que maduró en la mesa política y que finalmente resolvió con la intención de completar el tratamiento legislativo ante el ajustado calendario electoral marcado por los feriados de Carnaval. De esta forma, el presidente Javier Milei deberá emitir un nuevo decreto que materializará la prórroga prevista para un día más, es decir el sábado 28 de febero.

El problema que mantienen hasta entonces reside en la emisión del dictamen, que en el escenario ideal debiera estar listo antes del 18 a raíz de los feriados del lunes 16 y martes 17, plan que se complejiza por las posibles salidas de los diputados a sus provincias durante el receso.

La ingeniería en el calendario se debe a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico. Si bien el trámite solo requiere de un nuevo decreto, en Balcarce 50 admiten el error inicial a la hora del diseño de la hoja de ruta legislativa.

Con la postergación, la administración libertaria apuesta a concluir el debate por la reforma laboral, una de las principales obsesiones del libertario, que iniciará este miércoles en la Cámara de Senadores, con intención de ser convalidada en Diputados días más tarde, sin modificaciones.

Un escenario similar ocurrió el pasado diciembre, cuando el Congreso trataba el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, cuando se pensó ampliar el plazo para tratar el proyecto de “Modernización” Laboral que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, la postura fue resistada por quienes calificaban de compleja la tarea de convecer a los legisladores de sesionar durante en el período vacacional.

El proyecto que modificaría el esquema laboral configura una de las principales claves en la agenda del mandatario. Para su sanción, habilitó a sus alfiles negociadores a dar lugar a más 20 de modificaciones en el articulado, pero resiste la eliminación de la reducción en el Impuesto a las Ganancias, fuertemente cuestionado por los gobernadores, incluso los aliados, que ven afectada la recaudación de sus provincias.

Asimismo, además de la sesión de este miércoles, la Cámara Baja tratará el próximo jueves la Ley Penal Juvenil, con intención de reducir la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, otro aspecto clave del temario.

El objetivo central es llegar al 1° de marzo, domingo en el que el mandatario libertario pronunciará su habitual discurso inaugural de sesiones, donde develará las prioridades del Ejecutivo durante el año legislativo, con los principales proyectos tratados. Bajo esta lógica, y ante el ajustado cronograma, algunos temas fueron pensados para tratar más adelante como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Ley de Glaciares.

El tema de los plazos formó parte de la reunión de mesa política que tuvo lugar esta mañana en las oficinas del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fueron parte de la misma los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), pero también el asesor presidencia, Santiago Caputo; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem junto al armador Eduardo “Lule” Menem.

Mesa Política

Se retomó el juicio por la denominada Causa Cuadernos con el planteo de las defensas de los imputados. Se espera que se presenten más pedido de nulidad, como ya la hicieron Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros acusados.

El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchará hoy la defensa de los empresarios Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.

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En la última audiencia, Ernesto Clarens, el financista ligado al matrimonio Kirchner, negó vínculos con De Vido y rechazó la existencia de las 376 comunicaciones telefónicas que figuran en el expediente entre ambos.

En esa línea, su abogado condicionó la permanencia de Clarens como arrepentido y solicitó que se corrijan las afirmaciones del requerimiento de elevación a juicio que, según su criterio, contradicen el acuerdo de colaboración firmado con la fiscalía.

En su declaración, Clarens relató que en 2005 fue convocado por el empresario Carlos Wagner, quien le transmitió que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública mediante una operatoria en la que él debía recibir los “retornos” de las constructoras y hacerlos llegar al entonces secretario de Obras Públicas, José López.

Según el expediente, Clarens recibía personalmente parte de esos pagos en sus oficinas de la calle Maipú. Otros imputados que se acogieron al beneficio del arrepentido lo señalaron además por supuestos aprietes y amenazas.

Luego fue el turno del empresario Gustavo Ferreyra, de Electroingeniería, representado por la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y pidió la nulidad de los cuadernos con las anotaciones de Oscar Centeno como prueba, por considerar que fueron adulterados.

Al retomarse el juicio, tras la feria judicial, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, abrió las cuestiones preliminares denunciando un presuntoforum shoppingen el inicio de la causa y apuntó contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por un supuesto manejo extorsivo de la figura del arrepentido. Esos argumentos fueron retomados por varias defensas que también pidieron la nulidad del proceso.

La defensa de Roberto Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal, insistió en el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio(condenado por extorsión y espionaje ilegal). Por su parte, la defensa de De Vido, encabezada por Maximiliano Rusconi, cuestionó la acusación y recordó que su cliente ya fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.

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Baratta y De Vido fueron señalados por varios empresarios arrepentidos como figuras centrales del esquema. La acusación sostiene que Baratta, junto a su chofer Centeno sería quien recibía el dinero en efectivo, mientras que De Vido aparecía como una de las cabezas de la presunta estructura.

Todos los pedidos de nulidad serán tratados por el Tribunal cuando concluya la etapa de exposición de las defensas.

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