A poco menos de dos semanas del inicio de sesiones extraordinarias, fechadas para el 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo debate la extensión de las mismas y define el día para oficializar el decreto que deberá firmar el presidente Javier Milei para el llamado. Si bien aún hay varias posibilidades sobre la mesa, algunos funcionarios coinciden ante Infobae en la posibilidad de que la solicitud formal se haga pública el próximo viernes 5 de diciembre, aunque no hay confirmación oficial.

Tras la jura de los nuevos legisladores prevista para el viernes 28 de noviembre en la Cámara de Senadores y el 3 de diciembre en Diputados, el Gobierno delimita el temario que presentará y la extensión del período extraordinario que aún acumula debate. La idea de continuar sesionando durante el mes de diciembre de corrido hasta el 28 de febrero cobra fuerza, pero hay preocupación por el quorum para principios de enero. “Si es por nosotros no paramos, pero en enero son pocos los que no se toman vacaciones”, confesó una fuente legislativa a Infobae.

“Sería lo mejor, pero no está resuelto”, sostuvo ante esta posibilidad un miembro de la mesa chica. El deseo del Ejecutivo retrata la necesidad de sumar días para sesionar y tratar los proyectos que planean enviar. La determinación se extiende al Poder Legislativo, detrás de la figura del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que batalla por mantener la actividad en enero. En el bloque de La Libertad Avanza (LLA) comparten la visión, pero se resignan ante la realidad del Congreso: “Deberíamos, pero seguramente iremos diciembre y retomemos la segunda quincena o la última semana de enero”, confesó a Infobae un diputado violeta.

Pese a las voluntades, hasta el momento la convocatoria sería desde el 10 al 31 de diciembre, con continuidad durante el mes de febrero.

Durante la reunión del Consejo de Mayo del pasado miércoles en Casa Rosada se adoptó la definición de anticipar las fechas y girar el documento final al Congreso Nacional el 9 de diciembre en lugar del 15 como estaba previsto. Al respecto, una importante fuente de Gobierno planteó a Infobae que hay posibilidades de enviar el proyecto de Reforma Laboral durante los primeros días de diciembre. Se trata de un ítem que tensiona al cuerpo consultor debido a las diferencias que marca el representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), Gerardo Martínez, y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini en el detalle de la redacción a cargo de los equipos del Gobierno. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, anticipó Martínez el miércoles por la tarde, luego de visitar los despachos del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Las advertencias parecen no preocupar en Balcarce 50, donde prometen escuchar “todas las opiniones”, pero reafirman que la redacción final estará a cargo del Ejecutivo. “Nos gustaría tener un diálogo más aceitado con todos los sectores. De igual forma, se reciben los comentarios, pero el Ejecutivo tiene su propio proyecto“, afirmó un integrante de la mesa chica a Infobae. Un habitué de los encuentros puntualizó a este medio que el capítulo de reforma incluye los siguientes títulos: Ultraactividad; Relación de los convenios y Cargas fiscales; Peajes, Financiamientos, Sindicatos y Cámaras; Derechos colectivos y Derechos de trabajo individual; Trabajadores autónomos; Democracia sindical y Derogaciones varias.

En carpeta, los libertarios aspiran a tratar en diciembre el Presupuesto 2026, tarea que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, en la búsqueda de apoyos entre los gobernadores aliados y la “modernización” laboral que entraría por la Cámara de Senadores. Otro de los puntos que podrían sumar para ingresar por la Cámara Alta es la Ley de Glaciares, un pedido de los gobernadores para ampliar las áreas habilitadas de explotación.

Con el debate de la Ley de Leyes incluirán el proyecto de presunción de inocencia fiscal para discutir modificaciones en el régimen general y blindar la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. La idea es incrementar el umbral para fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.

Para principios de 2026, quedaría en carpeta la reforma del Código Penal que contempla el endurecimiento de penas, la imprescriptibilidad de delitos “gravísimos”, el combate al narcotráfico y la corrupción, entre los principales puntos sobresalientes. La reforma tributaria, aún en definición, también se trataría para esas fechas.

En paralelo a la definición del llamado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, articula con su mesa política la táctica para sumar las voluntades necesarias para la sanción de los proyectos antes del 1° de marzo, fecha de Apertura de Sesiones Ordinarias. Con el ministro de Economía, Luis Caputo, como invitado especial en los últimos intercambios, Manuel Adorni; Diego Santilli; la futura jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, se reúnen con habitualidad para la construcción de consensos.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza gozará con la ventaja de la nueva composición del Congreso Nacional y contará con un bloque con 91 miembros. Las intenciones de convertirse en la primera minoría están latentes mientras los interlocutores de la administración libertaria pelean por conquistar los votos necesarios para obtener los primeros triunfos legislativos de la segunda etapa de la gestión.

El Gobierno quiere realizar otro recorte en la planta de empleados estatales. Si bien no se dio a conocer el número exacto de los puestos afectados, TN pudo saber de fuentes de Casa Rosada que la cifra podría llegar al 10% del total de los trabajadores.

A cargo de la nueva etapa del “plan motosierra” están el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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En ese sentido, el personal total de estatales en la administración pública nacional, empresas y sociedades es de 285.570 personas, según los datos oficiales del último informe del Indec en octubre.

Además, la información oficial de septiembre indica que la gestión de Javier Milei desvinculó del Estado a más de 58.000 personas. Los despidos fueron, sobre todo, en organismos centralizados del Estado.

Ahora, en esta nueva etapa, se espera que el Gobierno ponga el foco en reducir los organismos descentralizados como el ARCA, Anses, Indec y la Oficina Anticorrupción.

La amenaza de ATE ante la posibilidad de más despidos en el Estado

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, ATE evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral.

“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, amenazó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El gremialista agregó: “El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.

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“A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado, sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país”, cerró Aguiar.

Para el sindicato de los estatales, el 10% que el Gobierno podría despedir representaría unas 28.000 personas.

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El Senado de la Nación informó que en los últimos dos años redujo 20% la cantidad de empleados de planta permanente y temporaria y confirmó un plan de retiros voluntarios para recortar 200 puestos más. De todos modos, la Cámara alta tiene una plantilla de casi 4.000 personas, que representa un promedio de 54 por cada uno de los 72 senadores.

Según el informe de gestión de Recursos Humanos que fue elevado a la vicepresidente Victoria Villarruel, y al que accedió Infobae, la cantidad de empleados descendió de 4.902 a 3.928, lo que representa una disminución del 19,8% y equivale a 974 empleados menos en ese período.

El estado de situación se conoció a horas del recambio de un tercio de las bancas, que ocurrirá mañana, con la jura de los nuevos senadores. Y en momentos en que el Gobierno buscará aprobar por primera vez un Presupuesto que, para el caso de la Cámara alta, tiene asignadas partidas por 172 mil millones de pesos, 11 mil millones menos que en 2025.

De acuerdo con el relevamiento, el proceso de reducción de personal se concentró en la planta administrativa, ya que del total de empleados que dejaron sus cargos, hubo solo 82 reemplazos. Para la administración actual de la Cámara, esa situación demostró un exceso de personal heredado de gestiones anteriores.

Además, se indicó que el número de contratos parlamentarios -que constituyen el 87% del total y suman cuatrocientos- se mantuvo estable durante el período analizado.

Entre las metodologías implementadas para alcanzar estos resultados, Recursos Humanos mencionó la introducción del control biométrico de asistencia derivó en 372 renuncias, mientras que el retiro anticipado a la jubilación sumó 305 adhesiones.

Asimismo, el control más estricto de certificados médicos, adscripciones, licencias y jubilaciones derivó en 250 bajas, y se registraron cuarenta y siete desvinculaciones por incumplimiento.

Actualmente, de los 3.928 empleados en el Senado, 1.146 son asesores parlamentarios, cifra que representa casi el 30% del total y sobre la cual la vicepresidenta no tiene injerencia directa. Este número se ha mantenido relativamente constante en los últimos dos años.

El informe destacó que el máximo histórico de personal en la Cámara Alta se alcanzó durante la gestión de Amado Boudou en 2014, con 7.152 empleados. Posteriormente, bajo la presidencia de Gabriela Michetti, la cifra descendió a 5.300 y desde entonces la tendencia se mantuvo a la baja. Los niveles actuales de empleo se equiparan a los registrados durante la gestión de Julio Cobos en 2011.

El objetivo trazado para 2026 es reducir la dotación total a cerca de 3.200 empleados. En paralelo, se informó que se aplicó la política de “menos gente, mejor paga”, que busca revertir la pérdida salarial acumulada por los empleados legislativos, quienes vieron disminuir su poder adquisitivo en un 32% en los últimos dos años y en casi 65% en los últimos cinco.

De acuerdo con el informe, el desafío consistirá en modificar esta situación con un presupuesto de 183 mil millones de pesos (incluidos 165 mil millones más acuerdos paritarios), cifra equivalente a la asignada en 2024.

En materia de recategorizaciones, de los 2.782 empleados administrativos, 1.143 fueron recategorizados en 2025, lo que representa el 41% del total. Se eliminó la categoría 14, que se encontraba muy por debajo del índice de pobreza del Indec. “Por primera vez, las recategorizaciones se realizaron en función del mérito y no de manera discrecional”, se indicó. Esos beneficiados experimentaron una mejora promedio del 23% en sus ingresos, todo ello financiado con recursos propios y sin partidas adicionales, salvo los acuerdos paritarios.

El financiamiento de estas recategorizaciones se sustentó en varias medidas. El retiro anticipado a la jubilación permitió un ahorro del 19% en cargas sociales, equivalente a aproximadamente 665 millones de pesos anuales. Se estableció un adicional por hijo para compensar el cierre del jardín maternal, beneficio que ahora alcanza a 412 trabajadores frente a los setenta y ocho del esquema anterior, generando un ahorro estimado de 470 millones de pesos anuales.

La redistribución de adicionales, que según explicaron antes se otorgaban de manera “discrecional”, se realizó bajo criterios objetivos: el adicional por comida, por ejemplo, pasó de 56 millones de pesos mensuales a 7 millones, al vincularse al control biométrico, lo que implicó un ahorro cercano a 400 millones de pesos anuales.

En cuanto a las jubilaciones, se intimó a 198 personas a acogerse a este beneficio, ya que en el Senado prácticamente nadie se jubilaba, lo que generaba un perjuicio para el Estado de 300 millones de pesos mensuales. El ahorro proyectado para 2025 por este concepto supera los 324 millones de pesos.

De cara a 2026, el Senado que preside Villarruel prevé la implementación de un plan de retiros voluntarios, similar al aplicado en la Cámara de Diputados, que permitiría la salida de al menos doscientos agentes en el primer semestre del año, mediante un pago similar a una indemnización. Además, se intensificará el control de licencias por tratamientos prolongados, un rubro con indicadores elevados en el Senado, a través de un sistema de auditoría médica. También se planea instaurar un premio por presentismo, que, además de mejorar los salarios, facilitará la detección de irregularidades.

Finalmente, el informe subrayó la necesidad de reestructurar la escala salarial, ya que un director en el Senado percibe un salario 60% inferior al de un gerente de segunda línea en el sector privado.