ECONOMIA
Dólar fogonea la inflación y a Caputo se le complica presionar a empresas para que den marcha atrás con aumentos
Toto Caputo no tendrá tiempo para festejar el IPC de julio, que según coinciden las consultoras volverá a ubicarse debajo del 2%. Más bien, su preocupación está centrada en el dato de inflación de agosto, que se dará a conocer en pleno cierre de la campaña electoral y tiene altas chances de quebrar el sendero desinflacionario.
Es por eso que el ministro volvió a una de las prácticas que han caracterizado su gestión: un extraño «control de precios libertario» consistente en ejercer una presión informal sobre cadenas de supermercados y grandes fabricantes de productos de consumo masivo.
Además, una agresiva comunicación política que trata de explicar por qué no hay motivos para un «contagio» de la reciente devaluación a los precios y una arenga a los consumidores para que no convaliden los incrementos que consideren injustificados. En la jerga económica, el gobierno apuesta a que se aplique el «principio de imputación de Menger», que postula que no son los costos los que determinan los precios, sino que es al revés.
Javier Milei suele sintetizar ese postulado teórico en una expresión mucho más gráfica respecto de en qué parte de la anatomía de los comerciantes se guardarán los stocks de mercadería no vendidos.
Marcha atrás en precios y lupa en salarios
Pero todo indica que esta vez resultará más difícil revertir los aumentos, porque hay condiciones de mercado que complican a las empresas más que en las situaciones previas.
El primer episodio de esa «marcha atrás» había ocurrido bien al inicio de la gestión, cuando el dólar paralelo se estabilizaba en torno de $1.000 y la inflación empezó a bajar. En aquel momento, Caputo se reunió con grandes empresarios y les pidió que revisaran sus aumentos, porque no se correspondían a un aumento real de los costos.
Según el ministro, los empresarios se habían dejado llevar por los pronósticos catastrofistas de sus consultores, que les había dicho que se dispararía el tipo de cambio. Fue entonces que Caputo presionó por una rebaja nominal de precios de lista. En algunos casos se logró «por las buenas» mientras que en otros, como los de medicina prepaga, hizo retrotraer los aumentos por decreto.
Así lo justificaba Caputo a inicios de 2024: «Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’, dicen, y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona».
La sola alusión a «un salario que no es» y la posibilidad de que una paritaria pueda distorsionar la economía llamó la atención del mercado. Sonaba contradictoria con el discurso liberal de no interferir en las libres contrataciones entre partes del ámbito privado.
Pero Caputo demostró su pragmatismo al intervenir sin camuflaje en las negociaciones salariales, y al vetar de hecho -por la vía de la no homologación en la secretaría de trabajo- los aumentos salariales que se consideraban desalineados con la inflación proyectada desde la Casa Rosada.
La victoria de la pelea post cepo
El segundo round en el que Caputo jugó y ganó la pulseada de los aumentos fue en abril pasado, tras el levantamiento del cepo cambiario. En una situación análoga a lo que había ocurrido un año antes, hubo empresas que realizaron «aumentos preventivos» porque suponían que el tipo de cambio saltaría al techo de la banda de flotación, en ese momento fijado en $1.400.
Pero cuando el dólar oficial y los paralelos confluyeron a un nivel intermedio de menos de $1.200, Caputo esgrimió que no había motivos para los aumentos. Una vez más habló con cadenas supermercadistas y con las grandes productoras de alimentos, pero también con líderes de otros rubros industriales, como el automotor.
En aquel momento, celebró su victoria de haber contenido las expectativas y de haber hecho un lobby efectivo. Fue así que el IPC de abril bajó a 2,8% después de haber tocado 3,7% en marzo y luego bajó a su mínimo de 1,5% en mayo.
Al tiempo que presionaba por los precios, Caputo también mantenía firme su control sobre las paritarias. De hecho, la CGT realizó un paro general en abril en el que denunció que había una extendida práctica de revisión de negociaciones salariales ya cerradas entre sindicatos y cámaras empresariales.
Lo cierto es que Caputo, en muchos de los gremios más representativos, había logrado su objetivo de que los aumentos salariales no sobrepasaran un 1,5% mensual, y lo máximo que aceptó fue la inclusión de cláusulas de revisión si subía la inflación. Es ilustrativo el caso de los empleados públicos de la administración central, que acordaron ajustes que arrancaron en 1,3% en junio y terminan en 1,1% para noviembre.
Por qué esta vez es más difícil
Pero en este tercer intento por retrotraer aumentos ya decididos, todo indica que las cosas serán más complicadas para el ministro. A diferencia de las veces anteriores, ahora no puede alegar que no hubo un aumento del tipo de cambio. A lo sumo, podrá argumentar que el dólar se estabilizará en su nivel actual, a unos cinco puntos de distancia del techo de la banda de flotación.
Es por eso que, al hablar en los programas oficialistas de streaming y radio, su argumento preferido era que lo que iba a contener los precios era el superávit fiscal y el refuerzo de las reservas en el Banco Central, por la entrada de dólares del FMI.
Sin embargo, los industriales y comerciantes no se están mostrando persuadidos por esos argumentos. Afirman que, diga lo que diga el gobierno, no pueden dejar de mirar al dólar, sobre todo en aquellos rubros en el que el principal insumo se mueve con la divisa estadounidense.
Un ejemplo paradigmático es el de los panificados, fideos y otros productos que utilizan el trigo. Desde la Federación de la Industria Molinera ya avisaron que, dado que el trigo implica el 80% del costo de la harina, resulta imposible no hacer un traslado a precios tras una suba del dólar de 17%.
Pero ese no es el único argumento que juega en contra de Caputo. Hay algunos rubros en los que se achicó el margen de rentabilidad, por la caída en las ventas. De manera que, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, no tendrán la posibilidad de absorber una suba de costos sin compensar, al menos parcialmente, con un retoque en precios.
¿Caputo se queda sin herramientas?
En definitiva, la consecuencia de la escapada del dólar -y también de la turbulencia en las tasas de interés, que encarece el crédito- es que se están comunicando subas de precios de hasta 9% en empresas de consumo masivo.
¿Qué hará Caputo ahora? Ese es el gran interrogante del mercado, dado que ya no tiene margen para aplicar herramientas que usó en otras oportunidades: ya intervino en las paritarias para que el costo salarial no se «desbordara», ya bajó aranceles de importación para estimular la competencia y ya alivió impuestos en algunos rubros pero no puede avanzar en ese tema sin que se comprometa el superávit fiscal.
Con ese panorama, la única medida realmente efectiva sería la de forzar una baja del dólar, pero no parece que el mercado esté dispuesto a aceptarlo. Y, aun cuando se produjera el retroceso, ya está instalada la expectativa de una corrección devaluatoria post elecciones.
Entre las pocas medidas que quedan a mano están la de posponer aumentos en servicios y precios regulados, para que compense por la probable suba de alimentos en agosto.
Para el gobierno, el mantenimiento de la inflación baja es fundamental, tanto por motivos económicos como políticos. En lo económico, compensa por la volatilidad del dólar y las tasas de interés, y garantiza que no habrá un freno súbito en la actividad productiva y comercial.
Y, en lo político, porque las encuestas revelan que es el gran logro que sostiene la imagen de Javier Milei en términos relativamente altos -48,1% de apoyo según el sondeo de la consultora Giacobbe-.
Hace dos años, cuando se le preguntaba a la gente cuál era su principal preocupación, la respuesta mayoritaria -55% de menciones- era «la inflación», mientras que ahora ni un 15% habla de la suba de precios, según otra encuesta de la Universidad de San Andrés.
Pero claro, la contracara es que ahora la preocupación más mencionada -con casi 40%- es el bajo nivel salarial. De manera que el gobierno no puede permitirse, además, un alza de precios, que erosionaría su principal activo político y llevaría en plena campaña electoral a un pedido generalizado de subas salariales.
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ECONOMIA
El Banco Central compró USD 41 millones pero las reservas cayeron tras tocar un máximo en más de seis años
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 37 jornadas consecutivas adquiriendo divisas, tanto dentro del mercado cambiario como a través de acuerdos externos. Este jueves, incorporó USD 41 millones, lo que llevó el acumulado anual a más de USD 2.600 millones y permitió superar el 26% del objetivo anual de compras de dólares previsto para 2026.
Durante la denominada “fase 4” del programa económico, las compras de la autoridad monetaria alcanzaron los 2.681 millones de dólares. Para cubrir estas operaciones, el BCRA emite pesos, sin utilizar herramientas de absorción monetaria. Luego, el Tesoro absorbe parte de ese excedente mediante emisiones de deuda local y, en las últimas licitaciones, evitó sumar más pesos al circuito financiero.
Proyecciones oficiales calculan que las compras netas de dólares en 2026 podrían estar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según la demanda de pesos y la oferta de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la velocidad de acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del ingreso de divisas. Hasta ahora, la entidad ya alcanzó más de una cuarta parte de la meta de este año.
El BCRA estableció un tope diario para sus compras equivalente al 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios, buscando preservar la estabilidad cambiaria. También aclaró que tiene la posibilidad de adquirir divisas fuera del mercado mayorista, a través de acuerdos directos con compañías o instituciones, con lo que reduce la presión sobre el mercado.
Las reservas internacionales del BCRA se ubicaron USD 46.156 millones, tras descender USD 759 millones en la última jornada. Desde el organismo presidido por Bausili explicaron que la merma se debió a pagos a organismos internacionales por unos USD 30 millones; otros USD 30 millones por caída de cotizaciones; un pago de deuda de una provincia y el comienzo de los movimientos propios de fin de mes de los bancos.
El miércoles, las tenencias en moneda extranjera de la autoridad monetaria habían ascendido a USD 46.905 millones, el mayor registro en la era Milei. De hecho, había marcado el punto más alto en 6 años y 4 meses, cuando se posicionaban en 47.448 millones de dólares.
Entre los elementos que limitaron un mayor crecimiento de las reservas aparecen los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro. Para cumplir con esas obligaciones, el Ministerio de Economía compró divisas al BCRA, lo que desvió fondos que podrían haber engrosado las reservas y postergó su fortalecimiento.
El ingreso de dólares que permitió las compras del BCRA provino de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de emisiones de deuda tanto corporativa como provincial. La provincia de Santa Fe transfirió la semana pasada los USD 800 millones obtenidos en los mercados internacionales durante diciembre de 2025. El equipo de Bausili proyecta nuevas emisiones del sector privado que podrían fortalecer la disponibilidad de divisas.
- 5 de enero: USD 21 millones
- 6 de enero: USD 83 millones
- 7 de enero: USD 9 millones
- 8 de enero: USD 62 millones
- 9 de enero: USD 43 millones
- 12 de enero: USD 55 millones
- 13 de enero: USD 55 millones
- 14 de enero: USD 187 millones
- 15 de enero: USD 47 millones
- 16 de enero: USD 125 millones
- 19 de enero: USD 21 millones
- 20 de enero: USD 8 millones
- 21 de enero: USD 107 millones
- 22 de enero: USD 80 millones
- 23 de enero: USD 75 millones
- 26 de enero: USD 39 millones
- 27 de enero: USD 32 millones
- 28 de enero: USD 33 millones
- 29 de enero: USD 52 millones
- 30 de enero: USD 23 millones
- 2 de febrero: USD 39 millones
- 3 de febrero: USD 57 millones
- 4 de febrero: USD 44 millones
- 5 de febrero: USD 126 millones
- 6 de febrero: USD 51 millones
- 9 de febrero: USD 176 millones
- 10 de febrero: USD 42 millones
- 11 de febrero: USD 214 millones
- 12 de febrero: USD 141 millones
- 13 de febrero: USD 42 millones
- 18 de febrero: USD 80 millones
- 19 de febrero: USD 76 millones
- 20 de febrero: USD 167 millones
- 23 de febrero: USD 95 millones
- 24 de febrero: USD 48 millones
- 25 de febrero: USD 85 millones
- 26 de febrero: USD millones
El dólar mayorista subió nueve pesos, un 0,6%, y cerró en $1.408, superando nuevamente los 1.400 pesos por primera vez desde el 11 de febrero. Con este movimiento, la caída acumulada en febrero se redujo a 39 pesos, o 2,7%, quedando solo una rueda operativa para finalizar el mes.
El Banco Central estableció el límite superior de la banda cambiaria en $1.605,40, por lo que el tipo de cambio oficial quedó a 197,40 pesos, o un 14%, por debajo de ese valor.
La jornada de este jueves registró una significativa disminución en el volumen negociado, que alcanzó USD 213,1 millones, menos de la mitad de los USD 495,9 millones transados el miércoles.
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Este aumento incluye sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, que dejarán de abonarse desde abril, cuando los básicos se integrarán plenamente
26/02/2026 – 20:27hs
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los incrementos de sueldo que fueron oficializados entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Según la circular oficial de la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los componentes que integran el sueldo bruto de los empleados en marzo de 2026 son:
- Básico de convenio: Una cifra remunerativa que se mantiene estable desde finales de 2025.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025): una suma fija de $40.000 que continúa vigente para todas las categorías.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): una suma fija adicional de $60.000, pactada en la última negociación paritaria.
Suma fija y bono de empleados de comercio: cómo impactan en el sueldo mensual
El convenio anterior regía desde julio hasta diciembre 2025 y contemplaba un incremento total del 6%, abonado como una asignación remunerativa y no acumulativa. El aumento se distribuyó en cuotas mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.
Ahora, uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.
En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.
Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.
Por lo tanto, se cobrará una suma fija no remunerativa de $60.000 por el último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $100.000. Y en enero pagarán un bono extraordinario de $170.000, por única vez, que estará destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.
Cuánto cobran los empleados de comercio en marzo 2026
A continuación, incluimos el sueldo básico que cada categoría cobrará con el incremento otorgado en marzo 2026:
Maestranza
- Categoría A: $1.155.795
- Categoría B: $1.158.852
- Categoría C: $1.169.560
Administrativos
- Categoría A: $1.167.268
- Categoría B: $1.171.860
- Categoría C: $1.176.448
- Categoría D: $1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $1.218.519
Cajeros
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.176.448
- Categoría C: $1.183.333
Auxiliares
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.178.740
- Categoría C: $1.203.985
Auxiliares especializados
- Categoría A: $1.180.274
- Categoría B: $1.194.041
Vendedores
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.194.044
- Categoría C: $1.201.690
- Categoría D: $1.218.519
El acuerdo también ratifica que la antigüedad seguirá calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos, remunerativos y no remunerativos, mientras que el presentismo continuará aplicándose conforme al artículo 40 del CCT 130/75.
Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.
En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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