Una organización neerlandesa que busca compensación en nombre de futbolistas que podrían haber perdido ingresos debido a las normas de transferencias presentó una demanda colectiva contra la FIFA y otras cinco asociaciones de fútbol: la alemana, neerlandesa, francesa, belga y dinamarquesa.

Esta situación fue respaldada por el Fifpro de Europa, el sindicato de futbolistas, con respaldo de la conducción internacional, a cargo de Sergio Marchi, en un nuevo enfrentamiento con la FIFA.

La iniciativa de la Fundación para la Justicia de los Jugadores (JFP por sus siglas en inglés), que comunicó este lunes que hombres y mujeres de todo el mundo que han jugado para un club en la Unión Europea (UE) o el Reino Unido desde 2002 son elegibles para sumarse al procedimiento legal.

El recurso legal surge tras el histórico fallo del principal tribunal de la UE del año último, que declaró que algunas partes de las regulaciones de transferencias de la FIFA no cumplían con las leyes del bloque sobre competencia leal y libre circulación de trabajadores.

La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de Midden‑Nederland, aprovechando la ley neerlandesa de Liquidación de Daños Masivos en Acciones Colectivas, que permite emprender acciones colectivas a gran escala.

La fundación dice que lucha por el derecho de los jugadores «cuyos ingresos se vieron comprometidos como resultado de las reglas restrictivas de la FIFA sobre la terminación de contratos y transferencias».

«Las estimaciones preliminares indican que el número de futbolistas afectados podría alcanzar aproximadamente 100.000 jugadores», afirmó.

Al fallar en el caso de Lassana Diarra que algunas regulaciones de la FIFA sobre transferencias de jugadores son contrarias a la legislación de la UE relacionada con la competencia y libre circulación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea allanó el camino para cambios profundos en la economía del deporte.

Diarra, un exjugador del Real Madrid, Arsenal y Chelsea, firmó un contrato de cuatro años con el Lokomotiv de Moscú en 2013. El acuerdo fue rescindido un año después, ya que estaba descontento con un supuesto recorte de sus salarios. La FIFA y luego el Tribunal de Arbitraje Deportivo encontraron que el club ruso rescindió el contrato «con justa causa» y ordenaron al jugador pagar 10,5 millones de euros (11,2 millones de dólares). Diarra argumentó que su búsqueda de un nuevo club se vio afectada por las reglas de la FIFA, haciendo que su próximo empleador fuera responsable conjuntamente de pagar la compensación a Lokomotiv.

Algunos analistas han comparado el fallo con la decisión de 1995 sobre el belga Jean-Marc Bosman. Ese fallo eliminó las restricciones impuestas a los futbolistas extranjeros de la UE dentro de las ligas nacionales y les permitió a los jugadores del bloque mudarse a otro club de forma gratuita cuando sus contratos terminaban.

Pero por ahora, la decisión sobre Diarra no ha cambiado cómo funciona el mercado global de transferencias de fútbol.

Justice for Players dijo que los economistas de la firma consultora Compass Lexecon estiman que las regulaciones de la FIFA causaron que los jugadores afectados ganaran aproximadamente un 8% menos a lo largo de sus carreras.

«Todos los futbolistas profesionales han perdido una cantidad significativa de ingresos debido a las regulaciones ilegales de la FIFA», dijo la presidenta de la fundación, Lucia Melcherts. «El sistema pasado e incluso el actual favorece indebidamente a la FIFA, que tiene demasiado poder unilateral. En cualquier otra profesión, las personas pueden cambiar de trabajo voluntariamente», afirmó.

Fifpro aprovechó para volver a enfrentarse con la FIFA, después del cruce por el tiempo de descanso de los futbolistas. La entidad que conduce Gianni Infantino, no presentó declaraciones públicas tras la demanda.