POLITICA
Amnistía Internacional apuntó contra Milei por los insultos y ataques a periodistas
La organización Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei y “las más altas esferas del poder político” por la escalada de violencia contra los medios de comunicación y los numerosos casos de ataques e insultos del Presidente hacia distintos periodistas.
“En la Argentina, ser periodista nunca fue fácil. Pero en estos últimos meses, la escalada de violencia desde las más altas esferas del poder político ha alcanzado un nivel inaceptable”, comenzó el texto titulado Cuando el poder alimenta el odio, firmado por Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización.
Y siguió: “La desinformación, los ataques personales y los discursos cargados de odio se multiplican, muchas veces con el aval directo del presidente Javier Milei. Lo que antes podía parecer una estrategia de provocación hoy se ha transformado en una forma sistemática de hostigamiento que busca silenciar, disciplinar y destruir“.
Al mismo tiempo, Belski hizo alusión al caso de Julia Mengolini, quien recientemente sufrió una campaña de hostigamiento digital por parte de cuentas asociadas con el oficialismo que la acusaron de tener una relación incestuosa con su hermano. El propio presidente Milei se subió a la movida fogoneada por cuentas señaladas de responder a su asesor principal, Santiago Caputo.
La dueña de la radio Futuröck denunció que el jefe de Estado escribió sobre ella 93 veces en su cuenta de la red social X. En tanto, recibió amenazas y videos de carácter sexual y pornográfico realizados con Inteligencia Artificial (IA) desde entonces.
“Este es uno de los ejemplos más extremos. Pero no es el único. A diario, un grupo importante de periodistas sufren insultos, burlas y violencia, que, de acuerdo con la investigación que estamos realizando, se intensifica cuando se trata de mujeres“, consideró la titular de Amnistía al respecto y añadió: ”Lo que está en juego no es solo la integridad de quienes informan, sino el derecho de toda la sociedad a recibir información libre y plural».
“Desde Amnistía Internacional venimos advirtiendo sobre el peligro de estos discursos. No se trata de ‘exabruptos’ aislados. Se trata de una retórica de odio que se legitima desde el poder institucional y que, como muestran nuestros informes, puede tener consecuencias reales: censura, miedo, autocensura y hasta violencia física. Cuando el Estado no protege, sino que agrede, se rompe el pacto básico de una democracia saludable», explicó en el mensaje.
Asimismo, indicó que el hostigamiento digital, la sexualización como forma de castigo y el desprestigio sistemático “no pueden ser naturalizados”. “Y mucho menos cuando provienen de quienes deberían garantizar un debate respetuoso y equilibrado. Por eso, frente a la violencia, elegimos redoblar nuestro compromiso con la libertad de expresión, con el periodismo, y con quienes se animan a seguir hablando, aun en este contexto”, remarcó.
Finalmente, cerró: “La democracia no se defiende con insultos. Se defiende con respeto, con información y con una ciudadanía activa que no se deje paralizar por el miedo. Desde Amnistía Internacional, no vamos a dejar de alzar la voz contra los discursos que buscan apagar voces».
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POLITICA
A pesar de la prórroga, los fiscales advierten al Gobierno que por falta de recursos peligran las investigaciones por corrupción y narcotráfico
A pesar de que el Gobierno pospuso hasta el 10 de noviembre la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, los fiscales reiteraron que está en riesgo el funcionamiento del sistema acusatorio y las investigaciones complejas por falta de recursos.
“El tiempo que resta hasta el 10 de noviembre no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias”, dijeron los fiscales, para advertir que, “de persistir en la puesta en marcha del sistema en estas condiciones, se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recibió ayer 25 fiscales de los fueros Federal y Penal Económico, luego de que la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) se postergara hasta el próximo 10 de noviembre.
Allí acordaron 10 puntos que incluyen respaldar una carta que el Procurador envió la semana pasada al Ministerio de Justicia, en la cual señalaba que la postergación de la puesta en marcha del sistema acusatorio no se debía a que los fiscales no estén preparados para los casos complejos, sino a la falta de recursos.
Entre los puntos que acordaron se cuenta que, a pesar de que el sistema les da mayores responsabilidades a los fiscales, “no existe un correlato con la asignación de los recursos para atenderlas”.
Dijeron que están “preparados para llevar adelante causas de complejidad y así lo han demostrado, y que no debe confundirse el reclamo de herramientas para desarrollar sus labores bajo el nuevo sistema con falta de capacitación o desacuerdo con su instauración”.
Tras insistir en la autarquía financiera, los fiscales dijeron que “es necesario fortalecer la representación del Ministerio Público, cubrir las vacantes existentes, dotar de más personal a las fiscalías (creación de cargos y traspaso), establecer cuerpos periciales propios, firmar convenios para asegurar la atención de los existentes, mejorar la situación edilicia y tecnológica, entre otras medidas”.
Hablaron de retomar el dialogo institucional con el Ministerio de Justicia, la Corte y el Consejo de la Magistratura, y la vinculación con las fuerzas de seguridad destinadas a generar cuerpos de investigaciones que sean auxiliares de los fiscales.
El encuentro tuvo lugar en la Procuración General y asistieron los fiscales de Comodoro Py Eugenia Anzorreguy, José Luis Agüero Iturbe, Ramiro González, María Alejandra Mángano, Guillermo Marijuan, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
También concurrieron Gabriela Baigún, Marcelo Colombo, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Fabiana León, Diego Luciani, Miguel Ángel Osorio y Diego Velasco.
Por el fuero en lo Penal Económico estuvieron Gabriel Pérez Barberá, Marcelo Agüero Vera, Germán Bincaz, Jorge Dahl Rocha, Claudio Navas Rial y María Gabriela Ruiz Morales.
Casal estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas.
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POLITICA
El Gobierno de Entre Ríos busca desafectar a un ex concejal y enfermero que fue condenado por abuso sexual
Luego de que el enfermero y ex concejal de Rosario del Tala, Diego Iván Zapata, fuera condenado a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores, el Gobierno de Entre Ríos inició un sumario administrativo en su contra. Se trata del paso previo a definirse la expulsión de un agente provincial.
Al momento de ser condenado, el empleado del Ministerio de Salud provincial se desempeñaba como enfermero en el Hospital San Roque de Rosario del Tala. Después de que el acusado solicitara su reubicación laboral en el Hospital Luis A. Ellerman, ubicado en la misma ciudad, se confirmó la apertura del proceso administrativo.
El sumario administrativo, fechado el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos el 4 de agosto, se basa en el Artículo 71° Inciso f) de la Ley 9755, que prevé la cesantía para agentes estatales condenados por delitos dolosos, aunque no estén vinculados a la administración pública, cuando estos hechos afectan el prestigio de la función.
Con la intervención del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud entrerriano, Daniel Blanzaco, se resolvió iniciar el sumario, paso previo a la cesantía definitiva de Zapata del sistema de salud pública. “Dispónese la instrucción de un Sumario Administrativo al agente Diego Iván Zapata”, indicaron en el decreto provincial.
En su pedido de traslado, Zapata había informado que estaba bajo prisión preventiva, pero contaba con autorización para salidas laborales. No obstante, la situación se complicó cuando se confirmó mediante notificaciones judiciales que la condena dictada en su contra había quedado firme.
Según las resoluciones judiciales, el enfermero fue hallado culpable de captar a dos adolescentes de 15 y 17 años en un boliche de la ciudad. A través de la investigación, se constató que el hombre les daba bebidas alcohólicas mezcladas con medicamentos para provocarles somnolencia y luego cometía los abusos.
La condena fue dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay el 22 de agosto de 2023 y, finalmente, fue confirmada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal el 12 de marzo de 2024.
De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, la defensa presentó un recurso de queja, pero este fue rechazado por la Sala N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024, la Justicia le denegó el recurso extraordinario federal, por lo que la condena quedó firme.
El Ministerio de Salud provincial detalló que Zapata percibió el 50% de su salario entre julio de 2022 y enero de 2023, período tras el cual sus haberes fueron suspendidos, medida que continúa vigente. Asimismo, apuntaron que el caso quedó bajo revisión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.
Una trabajadora municipal de Nogoyá denunció a sus superiores por acoso y abuso sexual
A comienzos de junio, una trabajadora del área de Rentas de la Municipalidad de Nogoyá formalizó una denuncia por acoso y abuso sexual presuntamente cometidos dentro del ámbito laboral. La empleada señaló como responsables a dos funcionarios que ocuparían cargos jerárquicos en el mismo sector. El caso se encuentra en trámite dentro del Estado municipal, pero se prevé que será presentado ante la Unidad Fiscal de Nogoyá para que se lleve a cabo una investigación penal.
Según el escrito presentado al jefe de Recursos Humanos municipal, Gerardo Beltramino, la denunciante ratificó acusaciones previas. En el texto, describió diversas situaciones de hostigamiento, entre ellas, comentarios de contenido sexual, acercamientos físicos no consentidos, insinuaciones verbales y gestuales, además de amenazas relacionadas con su permanencia laboral y advertencias sobre la posibilidad de despido.
La mujer también expuso un cambio de funciones: después de trabajar en oficinas, fue reasignada a la calle como controladora en el área de estacionamiento medido de la ciudad. Por esa tarea, cobraba 3.000 pesos diarios por una jornada de ocho horas. Además, presentó un reclamo al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Serra, a quien le exigió claridad sobre su situación contractual y de aportes, junto al pago de haberes atrasados por los meses de abril y mayo.
En otro comunicado, la empleada pidió explicaciones por el cambio de puesto, atribuido —según sostiene— a represalias por manifestarse públicamente sobre situaciones laborales que consideró injustas, y que habrían sido reconocidas en reuniones previas por las autoridades municipales.
La Libertad Avanza (LLA) y el Pro cerraron este martes un acuerdo para conformar un frente electoral común en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras una negociación extendida, el macrismo aceptó las condiciones impuestas por el espacio que lidera Karina Milei, quien tuvo un rol central en la definición de la alianza.
Ezequiel Sabor, interlocutor designado por Mauricio y Jorge Macri, confirmó a Pilar Ramírez, referente de LLA en CABA, que aceptaban la oferta. Fuentes de LLA indicaron que la decisión de ceder dos lugares “entrables” al Pro se basó en una evaluación pragmática para asegurar la gobernabilidad y sumar legisladores con afinidad a las políticas del gobierno nacional.
La postura inicial de LLA era ofrecerle al Pro un lugar entre los primeros seis y otro entre el séptimo y octavo puesto, una propuesta que fue considerada inaceptable por el macrismo. El giro en la negociación se produjo cuando LLA mejoró su oferta y le garantizó al Pro la quinta y sexta ubicación en la lista de diputados.
Karina Milei, figura clave en el armado electoral de LLA, ejerció un poder de veto sobre los candidatos propuestos por el Pro. Se espera que la fuerza libertaria apruebe únicamente perfiles que muestren lealtad a la gestión presidencial o que se comprometan a votar los proyectos del Poder Ejecutivo.
En el ámbito del Pro, se evaluaban nombres como Fernando de Andreis, Jimena de la Torre o Hernán Iglesias Illa para ocupar los espacios acordados. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará retener un lugar para Sabrina Ajmechet, cuya banca de diputada finaliza en diciembre.
El resultado de las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo, donde Manuel Adorni obtuvo una victoria significativa, fue un factor determinante para que Mauricio Macri impulsara el diálogo con LLA. Tras la derrota de Silvia Lospennato (Pro) en esa contienda, Macri buscó conformar una alianza electoral para los comicios de octubre.
El acuerdo en la Ciudad, bastión del Pro desde 2007, se suma a la convergencia electoral ya acordada entre LLA y el partido de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre.
Mauricio Macri supervisó de cerca las negociaciones. Si bien expresó su descontento por la filtración de las condiciones impuestas por Karina Milei, donde calificó la posición de LLA como “absolutamente dominante”, reconoció la necesidad de un acuerdo.
La coherencia con la alianza pactada en la provincia de Buenos Aires, donde Cristian Ritondo acordó con LLA, fue un argumento para avanzar en la Capital. Macri buscaría evitar una nueva derrota electoral y ganar tiempo para reorganizar el partido de cara a las elecciones de 2027.
Las tensiones internas en el Pro quedaron expuestas durante un encuentro de autoridades partidarias. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, habría preferido explorar una coalición más amplia, similar a la extinta Juntos por el Cambio, para competir contra LLA y el peronismo.
Se barajó la posibilidad de sumar a Horacio Rodríguez Larreta y de cerrar filas con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña. María Eugenia Vidal, una dirigente con un largo recorrido en el Pro, también habría apostado por una fórmula independiente de LLA, pero su figura es vetada por la fuerza libertaria.
En Entre Ríos, Rogelio Frigerio estaría cerca de acordar con LLA. En cambio, en Chubut, Ignacio Torres competirá con candidatos de Milei, enrolado en el espacio “Grito Federal”. Mauricio Macri avaló conversaciones para alianzas en Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.
En Santa Fe, el Pro es aliado de Maximiliano Pullaro, quien integra un grupo de gobernadores federales. Macri también priorizará su sociedad con Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). En Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo se sumó a LLA, el Pro presentará lista propia. Durante una reunión del Consejo Nacional del Pro, el exmandatario reiteró a sus representantes la importancia de la “flexibilidad” y la “dignidad” en la negociación de acuerdos electorales.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre,Audiencia,La Libertad Avanza,Mauricio Macri,,LLA impuso las condiciones. Se cerró el acuerdo entre Karina Milei y Pro para compartir las listas en la Capital,,Acercamiento. El macrismo reacciona positivamente a la propuesta de LLA y se puede destrabar el acuerdo electoral en la Ciudad,,Maximiliano Cobas. Qué pasó con el candidato de LLA que agredió a su exmujer,Audiencia,,»Me robó todo». Cómo fue la estafa inmobiliaria que dejó a dos jóvenes sin departamento,,Hoy. Preventa de entradas para Chayanne en el Movistar Arena: cómo comprar los tickets para el show en Argentina,,»Necesito que paren». Por qué Ibai Llanos pidió frenar el acoso digital que sufre
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