POLITICA
La Justicia rechazó los pedidos de Hayden Mark Davis para desestimar nuevas pruebas y descongelar 110 millones de dólares de sus cuentas
Hayden Mark Davis, el creador de la moneda virtual $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei y luego se desplomó, recibió un revés por partida doble en la Justicia de Estados Unidos, donde tramita una demanda civil colectiva que impulsa un grupo de damnificados.
Jennifer Rochon, la jueza del Distrito Sur de New York que tiene a su cargo la investigación, rechazó un pedido del empresario para hacer caer la orden de restricción que mantiene congelados los activos en dos de sus cuentas y que, en total, suman cerca 110 millones de dólares. Sostuvo que analizará el pedido en la audiencia prevista para el 19 de agosto.
Además, la jueza desestimó un segundo pedido de Davis para eliminar los nuevos elementos de prueba que presentaron algunos de los damnificados. En un escrito al que accedió , la jueza sostuvo que “considerará cualquier prueba relevante” para el caso.
En esta demanda, el presidente Milei no forma parte del grupo de acusados. Sin embargo, la difusión que hizo del activo en su cuenta de X fue una contribución decisiva para su crecimiento, según destacaron los abogados de los demandantes, que subrayaron también el rol que tuvo la secretaria de Presidencia, Karina Milei, al autorizar las visitas de Davis a la Casa Rosada.
A través de su abogados, Davis argumentó que la ampliación que presentaron los damnificados a fines del mes pasado −que sumaba a otro demandante e incluían pruebas y acusaciones nuevas contra otros proyectos suyos, como M3M3− “cambiaba dramáticamente la naturaleza del caso” y tornaba obsoleto el pedido original para congelar los activos.
57 de esos 110 millones de dólares que permanecen quietos están representados en USDC, la moneda digital que opera como correlato de la moneda estadounidense en el ecosistema cripto; y el resto es una valuación en dólares de otros activos digitales.
La jueza no solo rechazó el pedido de Davis de anular la restricción, sino también el que formuló para eliminar la nueva prueba presentada, al sostener que muchos de los elementos incorporados al expediente −que incluyen, por ejemplo, distintas billeteras virtuales o publicaciones en X− ya estaban disponibles como potenciales pruebas en el inicio de la demanda, y que no podían ser incorporados ahora.
Contra esto, la jueza Rochon ratificó que “considerará cualquier prueba relevante” para el caso, y le otorgó a Davis y a los otros demandados tiempo hasta el viernes para presentar en contraposición otros elementos.
El resto de las personas alcanzadas por la demanda son su hermano, Gideon Davis; su padre, Charles Thomas Davis −miembros de la firma Kelsier Ventures−, y los responsables de dos de las plataformas involucradas en los aspectos técnicos del lanzamiento de $LIBRA: Benjamin Chow, fundador de Meteora, y Julian Peh, CEO de Kip Protocol.
Quienes encabezan la demanda −Omar Hurlock y ahora también Anuj Mehta− afirman que entre las tres empresas diseñaron y ejecutaron “esquemas fraudulentos” que les permitían manipular el precio de los activos y disponer a discreción de casi la totalidad de su respaldo.
En el caso concreto de $LIBRA, la demanda sostiene que Davis habría preparado las conexiones con el Gobierno para que el presidente Milei le diera el empujón en redes y le confiera al proyecto una “apariencia de legitimidad”, dice el escrito.
El problema de los dólares
Después del derrumbe y antes de que los activos fueran congelados por la Justicia norteamericana, en una entrevista que se extendió por más de una hora, Davis mantuvo un intercambio de ideas con un periodista experto en criptomonedas respecto a qué hacer con los “más o menos 100 millones de dólares” que tenía en sus cuentas, en medio de amenazas hacia él y su familia, según relató.
Para dejar sin efecto las presuntas intimidaciones, el periodista Stephen Findeisen, conocido en redes como Coffeezilla, le recomendó acudir a alguna “firma respetable” y armar algún tipo de “arquitectura legal” que le permitiera a él deshacerse del dinero.
“Parte de la razón por la que estás asustado −le dijo Findeisen− es por que tenés acceso a 100 millones de dólares”.
A lo que Davis contestó: “Correcto, pero si estoy siendo extremadamente transparente y honesto, eso también es mi ventaja con ciertos grupos y partes, ¿verdad?“.
En ese marco, ofreció una explicación alternativa a la que planteó por estos días en la Justicia. “El hecho de que tengo el control es lo que me convierte en un objetivo y, al mismo tiempo, lo que me protege, porque esto es un incidente internacional. No es como una estafa cualquiera. Esto no es una estafa, esto es un plan que salió muy mal a nivel presidencial“.
Davis sostiene que los inversores se sintieron defraudados cuando “Milei y su equipo” borraron el tuit promocional, lo que desató una “ola de ventas por el pánico”.
“La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del token”, afirmó Davis en uno de sus escritos.
demanda civil colectiva,mantiene congelados,Federico González del Solar,Criptomonedas,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,Criptomonedas,,El caso $LIBRA. Los avances y puntos muertos de la investigación que incomoda a Milei en la Justicia argentina,,Ganancia sideral. Invirtió US$18.000 en 10.000 bitcoins en 2020: ahora los vendió por más de 1000 millones de dólares,,Más opciones. Lemon habilita que un pago con QR se haga con criptomonedas y ofrece reintegros en bitcoin
POLITICA
Reparto de cargos: tensa pulseada entre Kicillof y La Cámpora por un lugar clave en la línea sucesoria de Buenos Aires
LA PLATA.- La disputa en el Senado bonaerense por un cargo clave en la línea sucesoria de la provincia de Buenos Aires se dirimía esta noche en medio de una fuerte tensión entre los distintos actores del peronismo.
El gobernador Axel Kicillof pretende ubicar en la vicepresidencia primera de la Cámara alta a Ayelén Durán, pero el kirchnerismo, que cuenta con mayoría numérica, se encamina a imponer a Mario Ishii, el exintendente de José C. Paz.
Por si fuera poco, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa a nivel nacional, espera designar a Malena Galmarini en una vicepresidencia segunda.
En la Casa de Gobierno dijeron que la eventual designación de Ishii es “una imposición” de La Cámpora. El gobernador espera poder designar a quien ocupe la vicepresidencia primera. A falta de consenso para imponer a Durán, el axelismo sugirió el nombre de Pedro Borgini. Pero subsisten las diferencias y la votación podría postergarse hasta pasadas las 10 de la noche.
En el Senado parten de una premisa: la vicegobernadora Verónica Magario deberá reemplazar a Axel Kicillof cuando salga del país o incluso ante una eventual licencia para abocarse a su carrera presidencial.
En este último escenario, el vicepresidente primero del Senado asumiría como vicegobernador. Esta situación podría darse, incluso, por otros motivos: por caso existe el antecedente de Federico Scarabino que reemplazó a Alberto Balestrini, tras una enfermedad que lo dejó fuera del juego político. E incluso cuando Hugo Corbatta reemplazó a Felipe Solá, tras la renuncia de Carlos Ruckauf a la gobernación.
En suma: la pelea por la vicepresidencia primera supone la alternativa de poder real, en el corto plazo. Y signará el armado peronista para intentar retener la sucesión de Kicillof y Magario dentro de dos años.
La magnitud de la pelea es tal que podría, incluso, trabar el funcionamiento del Senado de la provincia de Buenos Aires en todo el año en lo que respecta a la definición de pliegos de ministros de la Corte, jueces o fiscales. También podría gravitar para una eventual reforma política como la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En esta puja Kicillof está representado por Magario, quien está en minoría dentro en el conglomerado del peronismo de la Cámara alta. Una situación atípica ya que el bloque tiene la mitad más uno de la totalidad de los senadores que integran ese cuerpo.
El peronismo tiene 24 de los 46 escaños. Pero los senadores aliados al gobernador que responden directamente al Movimiento Derecho al Futuro son seis, en minoría absoluta entre las tribus que forman los 24 senadores provenientes de las distintas vertientes peronistas. Por tanto el gobernador no estaría en condiciones de designar, tampoco, al presidente del bloque de Unión por la Patria.
María José Lucesole,Conforme a
Enfrentado con el gobierno de Javier Milei y acorralado por los escándalos del AFAgate, Claudio “Chiqui” Tapia se atrincheró en la provincia de Buenos Aires gracias al refugio del gobernador Axel Kicillof.
La obsesión del titular de la Asociación del Fútbol Argentino es establecer domicilio en la Provincia para escapar de la Inspección General de Justicia, cuyos sabuesos tienen en la mira los balances de los últimos años por “deficiencia” en la rendición de cuentas. Si lograra establecerse en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IJG y pasaría a ser “controlado” por la PBA.
Leé también. La IGJ rechazó la movida de Kicillof que busca proteger a Chiqui Tapia: “La mudanza no tiene validez”
Pero no sería el único motivo, ni el más importante. Sobre todo buscaría direccionar la Justicia que actúa en las causas que más le preocupan. Una especie de fórum shopping. ¿Por qué Chiqui Tapia fija el domicilio de la AFA en un pastizal en Pilar? Lo que dicen en tribunales es que quiere la jurisdicción de Campana, invocando que por su dirección le corresponde litigar ahí. Se supone que ese departamento judicial es amigable para el “Chiqui”.
De hecho, el juez de Campana Adrián González Charvay reclamó y la Cámara Federal de San Martín le concedió la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del FA. Ahora la Cámara de Casación debe definir: si sigue en manos de González Charvay, como quieren en la AFA, o vuelve a Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico.
Todo es tan dantesco que cada capítulo tiene un miniescándalo. Uno de los jueces que tenía que decidir, Carlos Mahiques, renunció a la surogancia de la sala después de que el periodista Hugo Alconada Mon reveló en La Nación que el magistrado habría festejado su cumpleaños en la mansión de Pilar unos días antes de que estallara el escándalo.
La “obsesión” por Pilar
La AFA había pedido en 2024 el cambio de domicilio de Viamonte 1366, en CABA, a Mercedes 1366, en Pilar. El intendente peronista Federico Achával integra el scrum de barones del conurbano del Chiqui Tapia que se consolidó después de que Kicillof lo nombró como titular de la CEAMSE, la empresa creada por CABA y PBA para la gestión de los residuos sólidos urbanos.
En 2024 ocurrieron dos hechos que tienen que ver con esta trama. Kicillof, distanciado de Cristina Kirchner y La Cámpora, se acercó a Tapia. Por un lado, empezaron a hablar de la cesión del Estadio Único, de la Provincia a la AFA. Por el otro, el Gobernador rescató al “Chiqui” después de que Jorge Macri lo sacó de la vicepresidencia de la CEAMSE. El 2 de enero de 2025, Kicillof lo repuso en la empresa y lo sentó en la silla de jefe.
Los dos sacaron réditos de sus necesidades políticas. El Gobernador sueña con tener a la Selección en el Estadio Único como un espaldarazo a su carrera para enfrentar a Milei en las urnas en 2027.
La Inspección General de Justicia, que dirige Daniel Vítolo, le dio dos reveses a la AFA. El miércoles 18, le rechazó el cambio de domicilio a Pilar, porque constató que allí había un baldío con un cartel que dice “Próximamente Sede social Museo Campeones del Mundo”. “Falso e inexistente”, dijo la IGJ. Y el miércoles 25, le pidió al Ministerio de Justicia que designe veedores en la AFA “debido a la gravedad de las irregularidades detectadas”.
A las dos horas de esa resolución de la IGJ, la directora de Personas Jurídicas de PBA, Silvia García, firmaba la autorización para el cambio de domicilio de la AFA a Mercedes 1366, Pilar.
El abogado de Chiqui Tapia, Gregorio Dalbón, publicó la resolución en un posteo de su cuenta de X y festejó: “Chau veedores”.
“No sé qué dice Dalbon, pero solo se terminó de cerrar un trámite de traslado de sede que había empezado en 2024″, se desentendieron cerca de Kicillof. Este jueves la AFA insistió en un comunicado: “La mudanza ‘falsa’ que es legal para la Provincia. La IGJ insiste en que la sede de Pilar es falsa porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente”.
Hay algo que no se dice. El 11 de marzo vence el plazo para que la AFA apele el rechazo de la IGJ al cambio de domicilio a Pilar. Kicillof le acaba de entregar a Tapia el paper, la herramienta, para fundamentar el reclamo.
Como contrapartida, del lado de la AFA se sigue construyendo el sueño de un Estadio Único con los campeones del mundo. Telenoche pudo constatar que las obras ya empezaron. El nuevo estadio rebautizado por Tapia como Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo pasará a tener una capacidad de 42 mil a 50 mil espectadores, estrenará campo de juego, 1800 luces Led, pisos para 3 mil cocheras, museo, shop y resto bar. Kicillof le dio esa vidriera y negocio a la AFA de Tapia por cinco años. La Provincia cobra un canon de $1000 millones anual y el 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos.
Claudio Tapia, AFA, Axel Kicillof
El Gobierno se encamina a avanzar con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.
El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, que tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.
Según el sondeo de , los votos están justos y el Gobierno dependerá del peronismo para avanzar con los cambios en la ley.
La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyan la iniciativa, el resto oscila entre el rechazo y un acompañamiento tímido.
El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
Santiago Filipuzzi
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios oficiales le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
Fue Agustín Coto (LLA) quien se encargó de explicar estos cambios. En su rol de miembro informante del proyecto argumentó que el Ianigla conservará la titularidad del inventario. “No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: científico”, dijo. Explicó los ajustes. “Se incorporan novedades: que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, señaló tras decir que la norma actual es una “ley de chetos que desconoce la diversidad del país”.
Muchos legisladores objetaron la concesión a las provincias. “El estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”, objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al evaluar que no se está hablando de minería sino de agua. “El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.
El santacruceño José Carambia (Movere) objetó los cambios sin matices. “Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”, consideró sobre la reforma.
En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad de las provincias para definir el inventario. “Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto”, disparó. Y siguió: “Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias? Seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones”. Terminó su argumentación con un encuadre numérico. Dijo que en la provincia de San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a toda la industria. “El gran consumidor de agua es el agro, no la minería”, sintetizó.
La siguió el catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil. “No hay industria más controlada y regulada que la minería. Estamos buscando una norma que sea más precisa y federal con una regla de oro: mientras sea fuente hídrica relevante no se toca. Ese es el núcleo duro. Tuvimos una ley que durante 15 años fue un poco ambigua”, consideró.
Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los peligros de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Río Colorado cuyos cauces se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina. “Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en Mendoza, sin cumplir ninguna medida constitucional: terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales”.
Uno de los discursos más encendidos fue el del cordobés Luis Juez, quien justificó su giro: en 2010 apoyó la ley de glaciares vigente. Para ello, se dirigió a “los que hacen patrullaje permanente y terrorismo ecológico”. “Tengo el cuero duro como una tortuga”, comenzó. Dijo que “pasaron 16 años” y consideró que esta reforma permite que las provincias “puedan hacer uso de las facultades que les concede la Constitución”.
Al inicio del debate, Fernando Salino, del Justicialismo Federal, objetó el procedimiento legislativo que el oficialismo le imprimió al proyecto. Anunció que el texto que se someterá a votación lo recibieron a las 15.32. “Esto está fuera de reglamento”, consideró. “Son modificaciones al los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley”.
La reforma ambiental tensionó el vínculo entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR, que votarán divididos y dificultaron la construcción de la mayoría. La cuenta final da una mayoría ajustada que depende de que ningún peronista modifique su postura a último momento.
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