El cierre del plazo para anotar alianzas electorales y una nueva movida en el Congreso van a camino a mostrar, con diferencia de pocas horas, los renglones dominantes del temario político, de escaso interés social y visible juego de necesidades. Este miércoles, se verá en Diputados si, como anticipan, los legisladores más vinculados a los jefes provinciales dan otro paso para sostener los dos proyectos de ley que resumen sus reclamos de fondos al Gobierno. La prueba de Olivos es más amplia. Mañana, quedará a la vista si finalmente amplía el puñado de acuerdos con jefes provinciales para el desafío de octubre. Y en sentido más amplio, si eso mismo contribuye o no a asegurar los últimos vetos presidenciales.

Las señales de una semana políticamente densa asoman en público y por la vía de los trascendidos. Valen dos ejemplos. El salteño Gustavo Sáenz, hasta ahora aliado del Gobierno, aprovechó un encuentro de provincias mineras para reclamar reciprocidad en la relación con Javier Milei, es decir, atención a las demandas provinciales frente a las manos dadas por jefes provinciales para garantizar gobernabilidad. Es lo que dicen otros pares suyos. Una fuente cercana a dirigentes amarillos destacó que los acuerdos de listas con LLA no frenarían de manera automática el impulso a los proyectos de fondos para las provincias, ya aprobados por el Senado y a la espera en la Cámara baja.

La convocatoria a sesión de Diputados motorizada por espacios de la oposición generó desde el origen diferente impacto en el comando violeta, según cada iniciativa. En rigor, los nuevos temas -como el disparado por la situación del Garrahan- son rechazados de entrada y van por el primer capítulo. Pero los proyectos más inquietantes para el Gobierno son los promovidos por las provincias -reformulación de los ATN y distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos-, no sólo por su contenido, sino además y especialmente por su origen: un entendimiento nada sencillo en el muy diverso conglomerado de los 24 distritos del país.

Si finalmente la convocatoria avanza según lo imaginado en espacios opositores, esas dos iniciativas representarían un cuadro más amplio que el restringido a la confrontación abierta, y en general tribunera, entre peronismo K y mileismo. Allí jugarían dialoguistas, cuyo grado de malestar depende en estas horas de respuestas por la vía de la negociación fuera del Congreso. Si nada avanza, el objetivo de mínima sería imponerle al oficialismo el tratamiento de los proyectos en comisión -bloqueado hasta donde puede por LLA- para llegar al recinto antes de fin de mes.

Sobran especulaciones sobre el sostenimiento o el quiebre del reclamo que de momento comparten los gobernadores. La versión más moderada señala que no deberían ser asimiladas la demanda sobre ATN y coparticipación del ICL a la necesidad oficialista de asegurar su objetivo central: reunir número para defender los vetos del Presidente a las leyes de recomposición de las jubilaciones y atención del sistema de discapacidad. De todos modos, nadie cierra el tema. Sólo la moratoria previsional aparece sin chances en cualquier escenario.

La operación del oficialismo se enfrenta centralmente con el planteo transmitido desde las provincias por aliados y dialoguistas. En síntesis: destacan que acompañaron medidas cruciales del oficialismo y dieron sustento político -frente a los mercados y la mirada externa, incluida la del FMI-, pero que no son atendidas sus repetidas demandas, en un contexto complicado por la caída de la coparticipación y abandono de la obra pública nacional. Le añaden, en muchos casos, la ofensiva violeta, liderada por Karina Milei, para disputarles políticamente el distrito o imponer condiciones durísimas de negociación.

Esa combinación está generando diversas reacciones. Entre peronistas aliados del Gobierno surgió la necesidad de regenerar unidad partidaria ante la competencia planteada por LLA. Un caso notorio pero no único es el de Osvaldo Jaldo. El gobernador tucumano fue activo en el armado del reclamo de todas las provincias al gobierno nacional, endureció un poco su discurso y buscó rearmar el tejido con Juan Manzur, roto en las anteriores elecciones.

Algo parecido ocurrió en varias provincias manejadas por el PJ. Y la toma de distancia también expuso diferencias en otros espacios, en lo que fue JxC y en expresiones provinciales. Eso es visible en las filas del radicalismo y en el PRO y aliados. Los radicales Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir se anotaron en la movida tercerista presentada hace pocos días con Martín Llaryora, Ignacio Torres y Claudio Vidal. La idea es ampliar la propuesta a otros ex JxC, peronistas no kirchneristas y provinciales. Se da por cerrada la llegada al grupo de Gustavo Valdés, enfrentado con LLA después de frustradas tratativas para la elección de gobernador.

Ese grupo de gobernadores, que acaba de bautizarse como Provincias Unidas, parece una apuesta al Congreso post electoral. No corre como fuerza para dar batalla en octubre bajo un mismo nombre en todo el país, pero sí aspira a reunir después un espacio legislativo propio, en la perspectiva de un reacomodamiento fuerte de bloques a partir de diciembre.

Camino al cierre de alianzas, el PRO expone su alto nivel de crisis. El chubutense Torres es parte del armado referido de jefes provinciales. Rogelio Frigerio cerraría un acuerdo con LLA en Entre Ríos. Y el macrismo ya aceptó la alianza en la Ciudad de Buenos Aires, estribación de la derrota de mayo, con fuerte predominio mileista en las listas y color violeta en la marca. Los radicales, se ha dicho, también exhiben su crisis: tres juegan sus propias partidas (Pullaro, Sadir, Valdés) y dos acuerdan con LLA (Leandro Zdero y Alfredo Cornejo).

Olivos cuenta acuerdos con oficialismos provinciales en cuatro distritos y podría añadir algún ex socio del macrismo. El dato más fuerte de estas horas en el arreglo porteño, que llega después de tensiones fuertes y corona con impacto nacional el camino recorrido en la provincia de Buenos Aires, que en septiembre renueva parcialmente la Legislatura y los concejos deliberantes.

De todos modos, al menos según la mirada de conocedores del paño dialoguista, las diferentes jugadas de cada gobernador en su distrito no determinaría un cálculo automático en el Congreso. Parece claro que el oficialismo suma en su objetivo de “blindar” los vetos, pero nadie juraría que tales cuentas son aplicables linealmente a los proyectos de los gobernadores. Eso último depende de otras tratativas. Y combina dispersión opositora y complicaciones propias del círculo de Olivos.