ECONOMIA
Los bajos sueldos y la falta de trabajo pasan a ser las principales preocupaciones de los argentinos
A la par de la baja de la inflación, los bajos sueldos y la falta de trabajo pasaron a encabezar una vez más los problemas que más preocupan a los argentinos en el plano económico, político y social. Pese a la mayor estabilidad de los precios en los últimos meses, los datos sugieren que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de las familias. ¿Habrá un impacto en las urnas?
En principio, la edición de julio de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, realizada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) relevó la opinión de 1.012 personas entre el 11 y el 21 del mes pasado. La muestra es se realiza en 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires. Los datos se ponderan de acuerdo a parámetros de voto en elección de octubre 2023.
En este caso, la encuesta ESPOP encontró que cayó la satisfacción de las personas con la marcha general de las cosas en la Argentina, y que esa baja se dio en todos los segmentos analizados. Creció la insatisfacción y solo el 37% dice estar satisfecho.
A la vez, la insatisfacción no se dio en todas las áreas: el 29% de los encuestados está satisfecho con el desempeño del Ejecutivo, el 28% con el Poder Judicial -un crecimiento importante respecto delmes anterior-, el 17% con el Senado y 15% con Diputados.
Los analistas de UdeSA hablan de «desgaste» por la caída en la satisfacción con el desempeño en todas las áreas. Las áreas peor evaluadas fueron: Salud (19%), Ciencia (20%) y Obras Públicas (21%) A la vez, los entrevistados están más satisfechos con las políticas de Economía (37%), Defensa (34%) y Seguridad (33%).
Sueldos y desempleo, principales problemas de los argentinos
A la vez, en los últimos meses, la inflación dejó su lugar preminente a los bajos sueldos y el desempleo como preocupaciones en las primeras posiciones para los argentinos, empatafas con la inseguridad.
ESPOP de julio 2025 (Fuente: Universidad de San Andrés)
Los principales problemas listados en julio en la ESPOP fueron:
- Bajos Salarios (36%),
- Inseguridad (32%)
- Desempleo (32%)
- Los políticos (27%)
- Corrupción (27%),
- Educación (17%)
- Salud (17%)
- Endeudamiento Externo (16%)
- Inflación (14%)
- Justicia (13%)
- Narcotráfico (13%)
- Acceso a la vivienda (7%)
- Obra Pública (6%)
- Gasto Público (4%)
- Inmigración (2%),
- Policía (2%),
- Villas de emergencia (2%)
- Cambio climático (2%)
- Transporte (1%)
A la vez, en julio siguió cayendo la preocupación por la Inflación hasta tener solo el 14% de las menciones. La percepción es que los sueldos no alcanzan, pese a la estabilización de los precios.
La preocupación por los sueldos bajos había tenido un alza muy pronunciada con la devaluación de diciembre de 2023. Luego se mantuvo oscilante y volvió a tener una subida desde el ESPOP de marzo pasado. El mismo movimiento ocurrió en el relevamiento con la opción de «Falta de Trabajo».
Diego Reynoso, Director. Director de la ESPOP, profesor principal en Universidad de San Andrés e Investigador Independiente del CONICET, mencionó al respecto que «la preocupación acompaña el ciclo económico. La megadevaluación de cuando asumió Javier Milei tuvo un impacto directo sobre los ingresos, lo mismo que las políticas de reducción del trabajo en el sector público. Por eso tanta salarios como empleo vieron entonces un aumento, porque fueron marca central de las políticas del nuevo gobierno. Luego esos problemas se estabilizaron y ahora nuevamente tienen un alza porque, pese a que el Presidente diga que no hay gente muriéndose en la calle (por no llegar a fin de mes) si se están endeudando mucho y crece la morosidad en el pago de las tarjetas.»
Días atrás iProfesional publicó un artículo con datos del Banco Central de la República Argentina y un estudio de la consultora Focus Market, que confirman la tendencia mencionada por el docente de la Universidad de San Andrés: «El stock de deuda bancaria asciende hoy a $22,8 billones, con un promedio de $4.660.549 por hogar endeudado, equivalentes a 2,78 salarios promedio del sector registrado (RIPTE). En 2023, el promedio era de apenas $377.664, o 1,43 salarios promedio. La deuda bancaria incluye préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, prendarios y adelantos bancarios, reflejando un uso más intensivo del crédito por parte de los hogares.»
ESPOP de julio 2025 (Fuente: Universidad de San Andrés)
Por otra parte, Reynoso mencionó que el porcentaje del sueldo que se debe destinar a gastos fijos como alquiler y servicios está en niveles que refuerzan la percepción de que los salarios no alcanzan. «Esto está impactando en la economía, generando un parate del consumo interno, sobre todo en rubros de bienes como calzado, indumentaria, etc. Aunque esto último está muy segmentado, hay un impacto en la actividad que ya está generando consecuencias en el empleo del sector privado,» añadió.
Este fenómeno sobre la insuficiencia de los ingresos, a diferencia de 2024, se dan junto con la baja de la inflación y de la pobreza, que claramente cayeron en el ranking de preocupaciones de los argentinos medido por la ESPOP. «Desde 2021 que la inflación estaba como la principal preocupación de los argentinos, sobre todo en 2023 como problema acuciante, y luego en la encuesta se derrumba de manera concomitante a la baja en los índices de precios. Es una baja asociada al éxito de las políticas del Gobierno para reducir la inflación, pero como ocurre con cualquier problema, cuando pierde protagonismo otras preocupaciones emergen, porque las personas empiezan a prestarle atención.»
En este sentido, Reynoso remarca que los problemas que emergieron en el orden de prioridades (salarios, empleo o inseguridad) vuelven a ser del orden de las necesidades materiales: «Podrían haber aparecido otros como el medioambiente, la equidad de género, la educación, pero esas son temáticas que emergen en sociedades en las que las cuestiones materiales han sido superadas», dijo citando al cientista político y profesor norteamericano Ronald Inglehart, experto en el esudio del cambio social.
La Inseguridad suele estar en el podio de las preocupaciones principales, y en 2019 estaba al tope de la lista. El informe de UdeSA también remarca una diferencia de quienes perciben hoy problemas de inseguridad: hay mayor nivel de aprobación entre quienes eligieron al actual oficialismo el temas como la inseguridad (42% está a favor).
«Esto también se observa en problemas como la corrupción, que cuenta con un 33% de votos por parte de quienes aprueban el gobierno y un 22% de quienes lo desaprueban. En cambio, en problemas como la falta de trabajo y la pobreza, observamos más votos de quienes desaprueban al gobierno, teniendo un 37% y 33% de votos respectivamente como principales problemas. Aumenta la preocupación por la corrupción y la falta de trabajo y disminuye la preocupación por la educación y la inflación», indicaron los investigadores.
Satisfacción en año de elecciones
Pese a este contexto señalado, Reynoso descarta que este fenómeno respecto de los bajos salarios y el desempleo tenga un impacto negativo significativo para el Gobierno, que enfrentará un duro desafío en los comicios de octubre próximo: «Como la Argentina no tiene las cuestiones materiales superadas, sus preocupaciones son del tipo material y eso domina en la agenda de las personas. Esto podría tener un impacto negativo para el Gobierno pero también tiene otro del lado positivo, por el orden económico. Al menos los indicadores muestran que el alza de los precios no es tan sostenida como en los últimos años.»
A la vez, las ESPOP de julio midió el sentimiento respecto del rumbo de las cosas en la Argentina. Retrospectivamente, la situación del país empeoró en el último año para el 46% de los encuestados y mejoró para el 31%. Esto se ve enfatizado con la situación personal, que para un 49% empeoró, y un 16% indica que su situación personal mejoró. «En este sentido, hay una percepción negativa tanto personal como colectiva», resume UdeSA en su informe.
Prospectivamente, un 36% cree que mejorará y el 39% cree que la situación empeorará. En cuanto a su situación personal, el 30% cree que mejorará y el 36% que empeorará.
Además, el 38% tiene incertidumbre sobre el futuro político y económico del país contra un 30% que tiene optimismo y un 25% que tiene pesimismo.
UdeSA analizó que los más satisfechos con la marcha general de las cosas son los hombres (43% dice estar satisfecho). Ascendió el nivel de satisfacción de los sectores ABC1 (44%) y medio bajos (44%), ahora son los más satisfechos. Le siguen los sectores medio altos (40%). Y a medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de satisfacción: las generaciones de más edad (Boomers +60) son los más satisfechos (42%).
Entre los que se autoubican «a la derecha» política hay un 71% de satisfechos. Los votantes de Milei (64%) y de Bullrich (62%) son los que están mas satisfechos con la marcha general de las cosas, describe el análisis de UdeSA.
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ECONOMIA
Aceleran el retiro del Estado en energía: se presentaron dos ofertas para importar GNL y avanza la venta de Transener
crédito DataIFX.com
Luego de que el Estado Nacional decidiera interrumpir su participación directa en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y transferirla al sector privado, la licitación para encontrar un nuevo operador sumó sus primeros interesados. Según informó el Gobierno, Energía Argentina (Enarsa) recibió dos ofertas técnicas en el marco del proceso que definirá quién se hará cargo del abastecimiento durante el invierno de 2026.
Se trata de la primera etapa del proceso licitatorio, correspondiente al Sobre 1 (técnico), en la que se evalúan los antecedentes y la capacidad operativa de los postulantes. El cronograma prevé la presentación y posterior apertura de sobres el próximo lunes 13 de abril, mientras que la adjudicación está prevista para el martes 21 de abril.
El proceso apunta a seleccionar a un único operador que se encargará de importar GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y comercializarlo en el mercado interno durante la temporada de invierno, el período de mayor demanda gas.
Esta licitación forma parte del esquema oficial para transferir al sector privado actividades que hasta ahora estaban en manos del Estado. En paralelo, según informó la secretaría de Energía, este jueves 10 de abril se realizará la apertura de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener -la mayor transportadora de energía del país-, en línea con la política de desinversión definida por el Gobierno.
Menos participación estatal
El Gobierno había formalizado su decisión de retirar al Estado de la importación de GNL en febrero de este año. La medida fue oficializada mediante la Resolución 33/2026, que estableció un nuevo esquema para garantizar el abastecimiento de gas durante los meses de invierno, cuando la producción local no alcanza a abastecer al mercado interno por limitaciones en el transporte.
A partir de ahora, la operatoria quedará en manos de un privado, que será responsable de coordinar la llegada de buques, gestionar inventarios y operar la terminal de regasificación de Escobar.
(Freepik)
El contrato tendrá vigencia anual y cubrirá el período crítico, entre el 1° de abril y el 30 de septiembre. Según puntualizó el ente regulador, el criterio de adjudicación será económico, de manera que ganará la empresa que ofrezca importar el gas al menor costo posible, tomando como referencia el precio internacional más los costos logísticos.
Además, la normativa fija un precio máximo para el gas regasificado, que surgirá de ese esquema competitivo. El cambio también implica el fin de la intermediación estatal en este segmento.
Hasta ahora, el Estado importaba GNL a valores internacionales —entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía en el mercado interno a precios subsidiados cercanos a USD 2,7, absorbiendo la diferencia.
Con el nuevo modelo, ese rol pasa al sector privado, que asumirá tanto la operatoria como el riesgo comercial. La decisión se explica por la falta de capacidad para transportar gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo, especialmente el AMBA y el Litoral, lo que obliga a recurrir a importaciones en los picos de demanda.
La privatización de Transener
El Gobierno lanzó el proceso de privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, mediante un concurso público abierto tanto a oferentes locales como internacionales a fines del año pasado.
La iniciativa, en línea con el proceso de desregulación del Estado que encaró el Gobierno, implica la venta de la participación que Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) mantiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad que controla la operadora de la red nacional de alta tensión.
La medida se apoya en el marco legal vigente y declara a Transener como empresa “sujeta a privatización”, habilitando la venta escalonada de acciones para asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de obras. El procedimiento, que se llevará a cabo en varias etapas, prioriza la transparencia y la apertura a inversores nacionales y extranjeros.
Actualmente, el Estado argentino controla de manera indirecta el 26,32% del capital accionario de Transener a través de Enarsa, que posee el 50% de Citelec junto a Pampa Energía, la compañía fundada por Marcelo Mindlin. La estructura accionaria se completa con la tenencia de la Anses y el capital flotante que cotiza en el mercado bursátil local. Citelec también tiene participación en Transener Internacional, con operaciones en Brasil, y en Transba, a cargo del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.
Transener administra más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, a los que se suman más de 6.000 kilómetros bajo la gestión de su controlada. Esto es alrededor del 85% de la red de alta tensión, al mismo tiempo que supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino.
La enajenación de la participación estatal en la transportista eléctrica apunta a captar nuevos fondos para el Tesoro Nacional. El Gobierno ya concretó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, por unos USD 700 millones, lo que permitió reforzar las reservas internacionales en la previa de compromisos financieros relevantes.
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ECONOMIA
Gobierno oficializó los adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias
El presidente Javier Milei publicó un decreto que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias argentinas. El límite total es de $400.000 millones. La medida salió este lunes en el Boletín Oficial.
Se trata de recursos que ya pertenecen a las propias jurisdicciones por ley. Pero el Gobierno los girará de manera anticipada. Las provincias deberán devolverlos dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.
El objetivo central es darles liquidez inmediata para cubrir gastos corrientes, en un contexto donde las transferencias automáticas cayeron 6,4% en el primer trimestre y la recaudación sigue en baja.
La herramienta no es nueva. Las provincias ya venían pidiendo adelantos mensuales de manera extraordinaria. La diferencia ahora es que el esquema se sistematiza con un tope global y condiciones definidas.
El marco es de deterioro sostenido de los ingresos provinciales. La coparticipación federal registró una caída de 7% interanual en marzo, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Los recursos propios de las jurisdicciones también muestran contracción. El combo genera problemas para pagar salarios en educación, salud y seguridad, sectores que concentran entre 70% y 80% del gasto provincial.
Cómo funciona el mecanismo de adelantos de coparticipación
Los adelantos de coparticipación son fondos que las provincias reciben por anticipado. Corresponden a su participación en la masa coparticipable de impuestos nacionales. Al adelantarlos, el Estado reduce los envíos futuros.
Esto obliga a las administraciones locales a ordenar sus cuentas dentro del mismo año. No es un préstamo externo: son recursos propios que se anticipan.
El decreto fija una tasa de 15% para estos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero, donde el financiamiento para provincias oscila entre 30% y 45%.
El objetivo del Gobierno nacional es tener margen de negociación con gobernadores aliados. Busca evitar que recurran a endeudamiento más costoso para afrontar compromisos inmediatos.
El monto específico para cada provincia no está definido en la norma. Será la Secretaría de Hacienda quien asigne los fondos según dos criterios:
- La capacidad de repago de cada jurisdicción
- Su participación en la recaudación de impuestos nacionales
- Las necesidades financieras manifestadas
- El cumplimiento de compromisos fiscales previos
Los considerandos del decreto indican que varias provincias manifestaron estar «impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes». Esa fue la razón esgrimida para intervenir.
El nuevo régimen reemplaza la modalidad tradicional de pedidos mensuales. Antes, las provincias informaban sus necesidades y el Gobierno definía montos caso por caso. Ahora hay un marco preestablecido.
Qué provincias pueden acceder y por qué las necesitan
El esquema de adelanto de coparticipación incluye a 12 jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026, por lo que la suma total de provincias alcanzadas es de 13.
Se trata, en su mayoría, de distritos con alta dependencia de los recursos de origen nacional. La caída de la recaudación les reduce la capacidad de pago en sectores clave como educación, salud y seguridad.
En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, acumulando tres meses consecutivos en descenso.
Varias de estas provincias enfrentan dificultades estructurales para generar recursos propios. Su matriz productiva depende en gran medida de sectores primarios o de la administración pública.
La caída sostenida de la actividad económica redujo la base imponible provincial. Los tributos locales —ingresos brutos, inmobiliario, automotor— también registran bajas en términos reales.
El adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez en el corto plazo. Pero no resuelve el problema de fondo: la contracción persistente de los ingresos provinciales.
Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA quedaron fuera del esquema. Su mayor capacidad de generación de recursos propios y acceso al mercado de crédito las excluyen del mecanismo.
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