Los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal que controla el cumplimiento de la condena en la causa Vialidad que exhorte a la ex presidenta Cristina Kirchner a adoptar conductas destinadas a impedir episodios que puedan afectar el orden público y la seguridad.

Según el planteo del Ministerio Público Fiscal, algunas situaciones registradas frente a su domicilio no se ajustan a las condiciones fijadas para mantener el beneficio del arresto domiciliario.

El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que supervisa la ejecución de la pena. Los fiscales señalaron que determinadas convocatorias y movilizaciones en las inmediaciones de la vivienda donde la ex mandataria cumple la condena, en el barrio porteño de Constitución, deberían ser evaluadas por el tribunal.

En particular, hicieron referencia a lo ocurrido el 24 de marzo, cuando militantes y vecinos se acercaron al domicilio de la expresidenta, en la calle San José al 1100. Para la fiscalía, ese tipo de concentraciones no debería repetirse porque podría entrar en conflicto con las reglas establecidas al concederse la modalidad de prisión domiciliaria.

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Cristina Kirchner cumple la condena desde el 15 de junio del año pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada en la causa Vialidad. La resolución incluyó la pena de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 685.000 millones de pesos, que debe ser afrontado en forma solidaria con otros condenados en el expediente por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En el dictamen presentado ante el tribunal, Luciani y Mola recordaron que el 17 de junio de 2025 se resolvió concederle el beneficio de cumplir la pena bajo arresto domiciliario. Aquella decisión incluyó una serie de condiciones. Entre ellas, la obligación de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Esa pauta, señalaron los fiscales, fue reiterada en los controles periódicos que el tribunal realiza sobre la ejecución de la pena. Las resoluciones de supervisión se dictaron el 17 de septiembre y el 17 de diciembre de 2025, y el 17 de marzo de este año. Hasta ahora, el TOF 2 consideró en general cumplidas las reglas, con excepción de una modificación adoptada el 19 de noviembre, cuando se detectó el ingreso de personas al domicilio sin requerimiento ni autorización previos.

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Sin embargo, el Ministerio Público planteó que existen circunstancias que deben ser analizadas nuevamente. “Entendemos que, en cumplimiento de nuestro deber de velar por la legalidad del proceso, corresponde poner de manifiesto ciertas circunstancias que ameritan ser ponderadas por el Tribunal a los efectos de que, en lo sucesivo, no se desnaturalicen ni los fundamentos en virtud de los cuales el Tribunal en pleno concedió el arresto domiciliario”, sostuvieron en la presentación.

En ese marco, los fiscales señalaron que, según publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales abiertas, la convocatoria del 24 de marzo no habría sido completamente espontánea. “Siempre según las publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales abiertas al público, esa convocatoria no fue totalmente espontánea. Es decir, al menos en parte, no se trató de ciudadanos que motu proprio se autoconvocaron en el domicilio”, indicaron.

Para respaldar esa afirmación, acompañaron imágenes y registros de convocatorias realizadas por agrupaciones políticas a través de redes sociales. A su entender, ese punto cobra relevancia porque el tribunal tuvo en cuenta determinadas condiciones al momento de otorgar el arresto domiciliario.

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A partir de lo ocurrido, la fiscalía planteó interrogantes sobre el contexto en el que se desarrollaron esas concentraciones. “Nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”, señalaron.

Los fiscales también pidieron que el tribunal analice con especial atención las imágenes, convocatorias y movilizaciones registradas. Según sostuvieron, esos episodios podrían haber generado tanto riesgos para la seguridad personal de la expresidenta como alteraciones en la dinámica del barrio donde se encuentra la vivienda.

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En ese sentido, afirmaron que la situación “permite avizorar una alteración de la circulación y normal orden del barrio en el que se encuentra emplazada la vivienda, que, en suma, entra en contradicción con el núcleo de las resoluciones adoptadas por el Tribunal”.

Por último, el Ministerio Público solicitó que se exhorte formalmente a Cristina Kirchner a adoptar medidas para evitar que vuelvan a producirse episodios similares. En el escrito, pidieron que se la intime a que “en lo sucesivo adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”.

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El ciclo +cerca estrenó un nuevo videopodcast con una charla imperdible sobre periodismo de investigación. En diálogo con Camila Dolabjian, Hugo Alconada Mon repasó el detrás de escena de su profesión, explicó qué es “lo peor que le puede pasar a un periodista” y reveló cuál fue el hecho que despertó su vocación cuando era niño, entre otros temas de actualidad.

Las frases más destacadas de Alconada Mon

• “Lo que vemos es un período en el cual el Gobierno quedó a la defensiva, ha perdido el control del relato o, si querés, de la agenda pública”.
• “El Gobierno, o tiene respuestas insuficientes, como en el caso de [Manuel] Adorni, u opta por el silencio, como en el caso de $LIBRA“.
• “El teléfono de Mauricio Novelli es un iPhone, que allí hay un primer dato raro: Mauricio Novelli además entregó la clave, pero es parcial lo que tiene, porque eliminó todos los mensajes de WhatsApp que tenía con Javier Milei, con Karina Milei y con Hayden Davis. ¿Cómo es posible?”.
• [Según una de las hipótesis, Novelli entregó el teléfono porque pensó:] ”Sé que he eliminado materiales, pero como yo te quiero arrastrar conmigo, entrego mi celular y dejo indicios ahí de nuestra interacción para que vos no te puedas despegar de mí. Si yo caigo, te llevo conmigo”.

• “El material es inmenso. Estás hablando de más de 110.000 archivos, entre audio, fotos, videos, chats (..) Hay un archivo, un PDF, que tiene más de 10,500 páginas”.
• “La defensa de Novelli no podemos descartar que en algún momento plantee que se violó la cadena de custodia (…) Esto parecería ser inconsistente”.
• “[A Javier Milei] se lo está investigando por negociaciones incompatibles con la función pública. Eventualmente, si ha sido partícipe en una estafa o en un desfalco”.
• “El propio Presidente dijo: ‘Esto es para impulsar a empresas de la economía real’, pero cuando fueron a defenderse y a despegarse lo plantearon como una ‘timba’”.

• “En períodos de bonanza económica, el interés de la sociedad por la lucha contra la corrupción tiende a disminuir, y en períodos de recesión o contracción económica, tiende a subir”.
• “Se van repitiendo los nombres de lo que llamamos los facilitadores profesionales: los abogados, los contadores, los financistas que van trabajando para uno u otro gobierno y son los que les abren la puerta para ir por la banquina a determinados funcionarios”.
• “Yo creo que el poder lo que hace es te agiganta, es como una lupa y acrecienta lo bueno y lo malo que ya tenías antes”.

• “[Que descubran quién filtró una información] es un drama. Es lo peor que le podría pasar a un periodista. Hay algo que un periodista no puede jamás entregar: la identidad de una fuente. El día que vos entregás una fuente, se terminó el oficio para vos”.
• “Una de las preguntas que no te enseñan en la facultad de periodismo es: ¿quién más sabe sobre esto? (…) Hay mucho material que no hemos podido publicar jamás porque expondrías a esas fuentes“.
• “Cuando era muy chico, ocurrió un crimen atroz en mi ciudad y yo empecé a leer el diario para ver si salía a la luz quién era el asesino (…) Me fui enganchando y para cuando tenía 16 años ya sabía que quería hacer esto”.

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LA NACION +cerca,Mirá la entrevista con Hugo Alconada Mon en LA NACION +cerca,LA NACION + Cerca,Conforme a,,»¿Cómo es posible?». Alconada Mon: dudas y certezas detrás del celular que Novelli entregó a la Justicia,LA NACION + Cerca,,»¿Cómo es posible?». Alconada Mon: dudas y certezas detrás del celular que Novelli entregó a la Justicia,,“Por primera vez”. Zuchovicki destacó un cambio clave en la Argentina y explicó por qué tiene una oportunidad única,,Mano a mano con Carlos Pagni. El futuro de Santiago Caputo, el gran triunfo de Karina Milei y lo que viene en el Gabinete

El Gobierno argentino declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), informó hoy la Oficina del Presidente en una declaración oficial.

El comunicado difundido por la Casa Rosada señala que “el Gobierno Nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista”, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

De acuerdo con el documento, el CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa. En la última década se consolidó como una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operaciones en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina.

El Gobierno dispuso la inclusión del CJNG en el registro estatal, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y en cumplimiento de la normativa nacional vigente. La incorporación al RePET, dependiente del Ministerio de Justicia, responde a la estrategia para combatir el terrorismo y su financiamiento.

La medida fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, sobre la base de informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con otras organizaciones terroristas.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas orientadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, y protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

El comunicado también resalta el impacto de la medida en la cooperación internacional: refuerza los mecanismos de seguridad y justicia, en coordinación con países que ya han designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista.

En el cierre, la Oficina del Presidente incorpora una definición política del jefe de Estado. Javier Milei reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y sostiene la convicción de reconocer a los terroristas por lo que son. El texto menciona como antecedentes decisiones similares respecto de Hamas, el Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds iraní.

Qué es el CJNG

El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una organización criminal surgida a comienzos de la década de 2010 en México, en un contexto de fragmentación de los grandes carteles históricos. Su origen está vinculado a una escisión del Cártel de Sinaloa y de estructuras previas como el Cártel del Milenio, durante una etapa de reconfiguración del mapa del narcotráfico mexicano.

En poco más de una década, el CJNG pasó de ser una estructura regional a consolidarse como una red criminal de alcance global. Su expansión se apoyó en el tráfico de drogas —especialmente metanfetaminas y fentanilo—, el control de rutas estratégicas y una estrategia de alianzas con organizaciones locales en distintos países. Ese crecimiento le permitió establecer presencia en América, Europa, Asia y Oceanía, tanto en mercados de consumo como en circuitos de distribución.

La organización combina centralización en la conducción con una estructura descentralizada en el territorio. Opera a través de células con distintos grados de autonomía, lo que facilita sostener actividades en múltiples regiones de manera simultánea y adaptarse frente a operativos de fuerzas de seguridad o cambios en el liderazgo.

Durante más de una década, el grupo estuvo conducido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de México y Estados Unidos. Bajo su liderazgo, el cártel amplió su diversificación: además del narcotráfico, se lo vincula con extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, robo de combustibles y lavado de dinero.

El CJNG se distingue por su capacidad operativa y su nivel de violencia. Fue señalado en distintos momentos por ataques directos contra fuerzas de seguridad, uso de armamento pesado y despliegue de tácticas coordinadas en México. Esa combinación de expansión territorial, diversificación económica y capacidad militar lo ubica entre las organizaciones criminales más relevantes a nivel internacional.

La muerte de Oseguera Cervantes, el 22 de febrero pasado, en un operativo en México —dato consignado en el comunicado oficial—, abrió un escenario de transición interna. Sin embargo, la estructura del CJNG permite que continúe operando a través de sus distintas células y redes de apoyo.

La inclusión del CJNG en el RePET implica su incorporación a un esquema normativo que en la Argentina se utiliza para identificar y monitorear a personas y entidades vinculadas con el terrorismo y su financiamiento.

El registro, dependiente del Ministerio de Justicia, habilita la aplicación de medidas financieras y operativas, como el congelamiento de activos, restricciones en transacciones y seguimiento de movimientos vinculados a las organizaciones incluidas.

Aunque el comunicado oficial no detalla casos concretos en el país, menciona la presencia del CJNG en la Argentina dentro de su descripción global, en línea con informes internacionales que señalan la expansión de redes de narcotráfico hacia América del Sur.

La decisión se apoya en la premisa de que organizaciones criminales con capacidad transnacional y estructuras complejas pueden ser encuadradas dentro de la categoría de terrorismo, especialmente en lo que refiere a su financiamiento y capacidad de operar a escala global.

Antecedentes recientes

La declaración del CJNG como organización terrorista se suma a una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno en los primeros meses de 2026.

El 14 de enero, la administración de Javier Milei declaró como organización terrorista a la Hermandad Musulmana. En ese comunicado se sostuvo que la medida buscaba fortalecer los mecanismos de prevención y sanción del terrorismo, y se indicó la presencia de esa organización en Egipto, Líbano y Jordania.

En esa ocasión, el texto también mencionó vínculos con otras organizaciones consideradas terroristas y planteó la necesidad de reforzar los instrumentos legales para impedir su financiamiento o eventual actividad en el país.

El 17 de enero, el Gobierno avanzó con la inclusión de la Fuerza Quds, brazo externo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en el listado de organizaciones terroristas.

En ese comunicado, el Ejecutivo definió a la Fuerza Quds como una estructura dedicada al entrenamiento y la ejecución de operaciones en el exterior, y la vinculó con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, dos de los principales ataques terroristas registrados en la Argentina.

Ambas decisiones fueron mencionadas en el comunicado difundido este miércoles, en el que el presidente Milei retoma esa línea y enumera a esas organizaciones junto con Hamas y el Cártel de los Soles como antecedentes de la política adoptada por su gobierno.

Un cambio en el alcance de la categoría

La incorporación del CJNG introduce una novedad en ese esquema: se trata de una organización narcocriminal, no de un grupo de base política, religiosa o ideológica.

El comunicado oficial fundamenta la decisión en el carácter transnacional de sus actividades y sus vínculos con otras organizaciones, lo que habilita su inclusión dentro del marco normativo que regula el financiamiento del terrorismo.

En los últimos años, distintos países avanzaron en la discusión sobre la posibilidad de encuadrar a ciertos grupos del crimen organizado en esa categoría, en función de su capacidad de violencia, estructura y su impacto en la seguridad internacional.

El CJNG aparece en ese debate como uno de los casos más representativos. Su crecimiento acelerado, presencia en decenas de países y capacidad operativa lo convirtieron en un actor central del narcotráfico global.

La decisión del Gobierno argentino se inscribe en ese contexto y amplía el alcance del registro oficial hacia organizaciones que, aun no siendo tradicionales grupos terroristas, comparten características vinculadas a la violencia organizada, la expansión transnacional y el financiamiento ilícito.

En ese marco, la medida formaliza la inclusión del CJNG en el sistema de monitoreo estatal y lo ubica dentro de un esquema que hasta ahora se había aplicado principalmente a organizaciones de otra naturaleza, redefiniendo los criterios utilizados para clasificar amenazas a la seguridad.