ECONOMIA
Apostar por Argentina: qué tasa y tiempo de recupero se exige hoy para invertir en la economía real
Si bien el sector privado reconoce el ordenamiento macroeconómico, las inversiones aún no despegaron. Es más, hubo salida récord en la inversión extranjera directa, es decir, se van los capitales.
Aunque varía de acuerdo al sector y proyecto en particular, las empresas esperan para invertir una tasa de retorno cercana al 15% y un tiempo de hasta 5 años. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en mediados del año pasado, cuenta hasta el momento con 6 proyectos aprobados por u$s12.912 millones.
Qué tasa y tiempo de recupero exige el mercado para invertir en Argentina
La tasa y plazos dependen de muchas variables, como el rubro y el proyecto concreto en el cual se invierte. «Depende del tipo de negocio, la localización, el management de la empresa (costos, apalancamiento financiero, tratamiento impositivo, de cuán eficiente sea el gerenciamiento propio de la compañía), del plazo de la inversión.», señaló Matías Bolis Wilson, jefe de economía de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
«De todos modos, los dos conceptos están relacionados: cuanto mayor sea la tasa de retorno, menor va a ser el tiempo de recupero, y viceversa. Además, depende del riesgo propio del negocio que se quiera montar. Hay que analizar específicamente negocio por negocio, con los números abiertos de la compañía (incluido el cashflow proyectado) para saber la tasa interna de recupero (TIR) y el tiempo de recupero», agregó el economista de la CAC.
Por su parte, el economista Orlando Ferres, explicó: «Para una inversión nueva, como pueden ser los del RIGI, que es a varios años, la tasa de retorno puede ser la de bonos argentinos, sumado el riesgo de un bono americano (Riesgo País), con un poquito más. Seria alrededor de 15% anual en dólares».
La inversión bruta interna mensual (IBIM-OJF) registró para abril una expansión de la inversión de 31,5% interanual medido en términos de volumen físico (sin contar el efecto de la inflación). En la medición en dólares, se estima una inversión de u$s7.873 millones. «La inversión bruta interna fija está en algo menos que el 20% del PBI, que es una inversión baja», subrayó Ferreres.
«Inversión extranjera prácticamente no hay, salvo sectores muy puntuales como puede ser petróleo o minería, pero si no, prácticamente no hay. Inversión local, menos de una tasa de retorno del 15%, es difícil. Y en cuanto al plazo, entre 3 y 5 años. Habrá algunos casos que para invertir se requiere más tasa y menos plazo, en otros menos tasa y puede ser más plazo. Pero siempre estamos hablando de inversión local», expresaron desde el sector de la construcción.
El Gobierno cuenta con el desafío de atraer inversiones, tanto locales como extranjeras, para poder impulsar la economía real. En la actualidad, las compañías que ya operan en el país son las que lideran la mayoría de los proyectos, en un contexto donde la Inversión Extranjera Directa (IED) se encuentra en salida récord, según cifras del Banco Central (BCRA). De conseguir que empresas extranjeras inviertan, el Gobierno de Javier Milei no solo se garantiza dólares para impulsar la economía en un marco donde se prevé un estancamiento del rebote en los próximos meses; sino también poder engrosar las arcas del Banco Central con divisas en medio de la necesidad de acumular reservas de cara a las metas del acuerdo con el FMI.
En el acumulado del primer semestre, la IED arrojó un saldo negativo por u$s1.524 millones, de acuerdo a datos del BCRA. En su programa de streaming, el periodista y economista Maxi Montegro mostró que entre enero y abril la cifra un rojo por u$s1.789 millones, de los cuales 1.347 millones de dólares se lo llevó el sector del petróleo, la cifra se debió principalmente por la venta de los activos de Exxon.
Por otro lado, algunos dueños de compañías agregan que se deben sumar otras variables en juego al momento de analizar una inversión. «No es solo tasa y tiempo de recupero. La previsibilidad macro y micro es clave. Hoy el problema es el costo del capital sobre la renta esperada. Además, la inexistencia del crédito a largo plazo», añadió un empresario del sector de la industria alimentaria.
Expectativas de inversión en el sector energético
El sector energético, impulsado por Vaca Muerta, es la gran puesta en materia de exportaciones hacia adelante. Este año se espera cierre con un superávit de alrededor de u$s8.000 millones, y para 2030 se estima que las exportaciones totales de combustibles pasarán a representar unos u$s36.700 millones.
Los expertos del rubro dicen que en el área del petróleo y gas, la tasa esperada varía «entre un 9 y el 11,5%» y con un «recupero capital propio de no más de 5 años».
Por su parte, José Luis Sureda, ex secretario de Hidrocarburos de la Nación, comentó: «El sector energético es muy amplio y diverso. Incluye a los servicios regulados que, generalmente, buscan una tasa del 12 %, teniendo en cuenta el alto costo del dinero en nuestro país. En el sector de producción de petróleo y gas se busca una tasa del 15 %, dado que existe el riesgo geológico. El tiempo de repago en Vaca Muerta, por ejemplo, está en los 2 años. Esto es muy importante, atento al altísimo grado de reinversión que exige la actividad».
«El rendimiento que se pide en el patrimonio neto, o sea el equity para invertir, es del 15% en el sector hidrocarburífero históricamente. Y en cuanto a los periodos de repago para los pozos son muy rápidos, dos años aproximadamente, a lo sumo tres años; y para los ductos estamos hablando de entre 5 y 10 años, un poco más largo», agregó Daniel Dreizzen, economista de la consultora Aleph Energy.
Por otro lado, el Gobierno inició el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA SA), la empresa estatal encargada de brindar agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero hasta el momento no aparecieron compradores interesados en adquirir la compañía. Corrió el rumor de que la empresa israelí Mekorot estaría dispuesta a desembarcar para quedarse con AySA, aunque su director de proyectos internacionales, Diego Berger, aseguró que es «imposible».
Quedará por verse si hay capitales dispuestos a incursionar en este sector, más precisamente con AySA, a lo cual el oficialismo también se haría de dólares, en medio de la necesidad de adquirir divisas.
Expectativas de inversión en el sector minero
«En el sector minero es complejo indicar una cifra, dado las tasas de retorno exigidas para justificar una inversión varían considerablemente según el tipo de mineral, la escala del proyecto, la ubicación geográfica y el riesgo asociado», explicaron desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
Desde el sector remarcan que respecto al tiempo de recupero o ‘payback’, y «dada la misma naturaleza de la minería», el horizonte es marcadamente extenso. Los proyectos pasan por diversas etapas. La inicial, de exploración, puede extenderse durante más de 10 años. Esta fase incluye estudios geológicos, campañas de prospección, análisis de viabilidad y, en muchos casos, procesos de obtención de licencias sociales y ambientales.
Luego se pasa a la etapa de construcción y desarrollo del proyecto, suele demandar entre 3 y 5 años. Y recién allí se llega a la operación, donde finalmente se llega a la recuperación del capital invertido. Aun con una producción estabilizada, el recupero del capital inicial puede requerir entre 3 y 6 años adicionales, sujeto a precios internacionales, costos operativos locales, estabilidad fiscal y eficiencia logística.
«Por eso, en minería el análisis de tasa interna de retorno debe contemplar escenarios dinámicos, sensibles a cambios regulatorios, fiscales y de precios de commodities. Por esto es que para el sector es tan importante contar con un marco de reglas claras y estabilidad jurídica que permita la planificación en estos plazos», agregaron desde la cámara empresaria.
De acuerdo a un informe elaborado en conjunto por CAEM y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina cerraría este año con exportaciones mineras por encima de los u$s5.000 millones, lo que representaría un récord histórico nominal. Para 2030, se proyecta que el guarismo ascienda a u$s15.600 millones.
Cuántos y cuáles son los proyectos aprobados al RIGI
Hasta el momento hay 6 proyectos aprobados al RIGI por un total de u$s12.912 millones, con capitales nacionales y extranjeros. Tres son del sector energético, dos involucrados a la minería del litio y uno al rubro del acero. Cabe recordar que el régimen de inversión se aprobó en el Congreso en junio de 2024.
Los proyectos aprobados al RIGI:
- Southerm Energy, sociedad conformada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG: inversión estimada en u$s6.878 millones para barco de GNL en Río Negro y así exportar gas licuado.
- Río Tinto: u$s2.724 kmillones para la construcción de una planta de carbonato de litio ubicada en el Salar del Rincón, Salta.
- VMOS S.A.: cerca de u$s2.586 millones para el Oleoducto Sur de Vaca Muerta, un oleoducto de 437 km d extensión que va desde Añelo (Neuquén) hasta Punta Colorada (Río Negro). También para 6 tanques de almacenamiento y una terminal marítima para exportar crudo.
- Sidersa: u$s296 millones para la construcción de una nueva acería ubicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
- YPF Luz: u$s211 millones para la creación de un parque solar fotovoltaico de 305 mw en Las Heras, Mendoza.
- Galan Lithium: última en sumarse con un monto de u$s217 millones para la producción de cloruro de litio en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca. Su incorporación generó revuelo luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la aprobación de su adeshión al RIGI y además comunicara el rechazo para la solicitud del proyecto de litio «Mariana» presentado por la empresa china Ganfeng.
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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos, la cual había finalizado el miércoles 24 de septiembre tras haber alcanzado las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de US$7.000 millones.
“Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, señaló el presidente de la entidad agropecuaria, Carlos Castagnani.
El titular de CRA reconoció las medidas positivas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, pero ratificó el pedido de que la prórroga de la baja de los Derechos de Exportación (DEX) se extienda hasta el 31 de octubre, fecha límite que había anunciado el Gobierno si no se lograba cumplir el monto de las DJVE.
“Con diálogo, previsibilidad y reglas claras, el campo seguirá siendo motor de empleo, arraigo y desarrollo para la Argentina”, sentenció Castagnani en el marco de la Exposición Rural de Bella Vista, realizada en Corrientes.
Por su lado, el segundo de CRA, José Colombatto, destacó el compromiso del campo con el desarrollo productivo del país y remarcó la necesidad de avanzar hacia una eliminación “definitiva” de las retenciones.
“Fue una medida efímera que no debe hacernos olvidar de nuestra meta que sigue siendo retenciones cero, de manera permanente”, sostuvo Colombatto durante la Exposición Rural de Concepción del Uruguay.
El vicepresidente indicó que la mayoría de los productores “no pudo aprovechar de manera efectiva la baja de retenciones”, dejando en evidencia que “el esfuerzo del campo sigue siendo el que sostiene la economía, mientras que el beneficio concreto terminó en pocas manos”, haciendo referencia a las cerealeras.
“No se puede jugar con la democracia ni hay lugar para los oportunismos de la política de cuarta. Necesitamos dirigentes que construyan acuerdos y trabajen para que la Argentina recupere la senda del desarrollo”, concluyó Colombatto.
La reacción de CRA se sumó a una similar de la Sociedad Rural de Rosario (SRR) desde donde también se pidió la reducción inmediata y significativa de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industrial. La entidad insiste en la necesidad de avanzar con reformas tributarias y laborales que permitan reactivar la economía.
“La Sociedad Rural de Rosario reclama con firmeza, históricamente y ahora, la baja inmediata y sustancial de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industria y dar inicio a las Reformas Tributaria y Laboral, para reactivar el país”, aseguró en un comunicado.
“La Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento. Exigimos que equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”, manifestó la SRR.
“No pedimos privilegios, pedimos justicia: reglas claras, competitivas y equitativas. El campo y la agroindustria ya demostraron de sobra su capacidad de generar riqueza; ahora le corresponde al Estado dar un paso al frente y liberar a la producción de un peso que la ahoga. No hay futuro con retenciones. Hay presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores. El campo ya eligió crecer: ahora es el turno del Gobierno y todo el abanico político”, concluyó.
El Gobierno había dispuesto retenciones en 0% para los principales granos y subproductos durante un período transitorio: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las ventas al exterior alcanzaran los USD 7.000 millones, según ocurriera primero. La meta de ventas se alcanzó en solo 72 horas.Con información de NA
Agricultural Markets,South America / Central America,PERGAMINO
El Gobierno Nacional le confirmó a la Mesa de Enlace que ya está en marcha la obra de la Cuenca del Río Salado Bonaerense. Se trata de una inversión en infraestructura clave para el agro de Buenos Aires, principal provincia productora de Argentina. Según le explicó Juan Pazo, titular de ARCA y principal gestor de políticas públicas para el sector productivo del Gobierno Nacional, a los dirigentes ruralistas, la obra llevará un año de trabajo, y busca evitar inundaciones en campos y comunidades linderas al curso de agua.
Actualmente, buena parte de la zona central de la provincia se encuentra bajo agua, y las recurrentes lluvias no hacen más que empeorar el panorama, ya que el agua no baja por no tener donde escurrir, producto de las obras inconclusas. Según Carbap, la asociación de productores de Buenos Aires y La Pampa, hay entre 2 y 3 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones.
De acuerdo a esta entidad, que realizó conteo mediante imágenes satelitales, hay graves inconvenientes en 2 millones de hectáreas, mientras que en el territorio restante las limitantes tienen que ver con caminos cortados por el agua, o campos vecinos anegados. Distritos como 9 de Julio, Lincoln, Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo concentran las mayores superficies afectadas.
Es por esto que atendiendo a un reclamo histórico del ruralismo bonaerense, el gobierno nacional decidió reactivar la obra pública para llevar soluciones, o un atisbo de ello, a los habitantes de los partidos afectados.
El Gobierno anuncia la obra pública en la Provincia de Buenos Aires
El Gobierno Nacional informó a las entidades del agro que comenzó a realizar obras de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, lo que permitirán prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo del recurso hídrico a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción.
De acuerdo a lo que explicaron las autoridades, la primera etapa de esta obra comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina, ubicada en el Partido de 25 de Mayo. «Se trata de la respuesta a un reclamo histórico del agro por la continuidad de las obras, lo que permitirá evitar anegamientos, inundaciones y pérdidas millonarias», dijo el gobierno en un comunicado de prensa.
La obra de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado tiene una extensión de 760 km y se ha desarrollado en distintas etapas atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. «Las obras de infraestructura generarán beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes y miles de productores agropecuarios, con mejoras en la urbanización, en las condiciones de habitabilidad y en la producción», aseguraron los directivos en plena reunión con los ruralistas.
El proyecto incluye movimientos de suelo por más de 19 millones de m³, que permitirán prevenir inundaciones que históricamente afectaron a municipios y áreas productivas, recuperando unas 5 millones de hectáreas cultivables.
Falta de obras y aportes en la Provincia
La falta de obras de infraestructura para prevenir las inundaciones en la provincia de Buenos Aires es menos un problema técnico y más el resultado de un fracaso político, sistémico y prolongado. Lejos de ser una fatalidad climática, el agua que anega los campos bonaerenses fluye por los cauces de la parálisis estatal, las disputas jurisdiccionales y una crónica inestabilidad en la inversión pública.
Uno de los elementos centrales del problema es el constante traspaso de responsabilidades entre el gobierno nacional y el provincial. Históricamente, sin importar el color político de las administraciones de turno, la ejecución de obras hídricas de envergadura ha sido un campo de batalla para la disputa de poder y recursos.
El ejemplo más reciente es el enfrentamiento entre el gobierno nacional de Javier Milei y el provincial de Axel Kicillof. Desde la provincia se acusa a la Nación de aplicar un drástico recorte en la obra pública como parte de su política de «déficit cero«, paralizando proyectos clave y reteniendo fondos legalmente correspondientes a la provincia, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a emergencias.
Disputas similares ocurrieron entre el gobierno de Mauricio Macri y las administraciones peronistas de la provincia, y anteriormente entre el kirchnerismo y gobernadores de distinto signo. La puja por los recursos de la coparticipación y la discrecionalidad en el envío de fondos han sido una constante que impide la planificación a largo plazo.
El Plan Maestro del Salado: símbolo de la inacción
El Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado es el ejemplo más paradigmático de esta parálisis. Diseñado en la década de 1990 con financiación parcial del Banco Mundial, este megaproyecto busca dar una solución estructural a las inundaciones y sequías en una de las zonas más productivas del país. A más de 20 años de su concepción, el plan ha avanzado de manera fragmentada, con etapas que se activan o «neutralizan» según el ciclo político y económico.
Las causas de un campo bajo el agua
En el corazón del problema se encuentra una combinación de factores naturales y acciones humanas. Por un lado, la provincia de Buenos Aires está surcada por una extensa red de cuencas hídricas, entre las que se destacan la del río Salado y la del Luján. Estos sistemas fluviales, de escasa pendiente, son naturalmente propensos a los desbordes durante períodos de lluvias intensas.
A esta condición natural se le suma el impacto del cambio climático. Estudios científicos han demostrado un aumento sostenido de las precipitaciones en la región pampeana en las últimas décadas. A esto se añade la influencia de fenómenos como El Niño, que durante sus fases activas incrementa significativamente la probabilidad de lluvias superiores a las normales, exacerbando el riesgo de inundaciones.
La palabra de los ruralistas
Al finalizar la reunión entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional, la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari manifestó: «Nos informaron que la obra hídrica del Salado empieza su ejecución en el día de hoy, así que esa ha sido una buena noticia después de tanta gestión que hemos hecho, pidiendo que efectivamente esa obra hídrica se finalice, más en un contexto donde la provincia de Buenos Aires está inundada y con muchísima lluvia encima de los campos. Así que para nosotros eso es una noticia que alienta, aunque sabemos que la obra va a demorar aproximadamente un año en ser ejecutada definitivamente».
Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA, aseguró: «Nos dieron un escrito con un mensaje que contenía todos los detalles de la obra. Es una buena noticia, es importante, una obra que era esperada y que hacía mucho que esperábamos que se termine ese tramo para que la obra empiece a funcionar».
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Argentina fue elegida nuevamente para integrar el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el órgano ejecutivo permanente del organismo, tras obtener 150 votos durante la elección celebrada en el marco de la 42ª Asamblea que se desarrolla en Montreal, Canadá.
De este modo, el país consolida su permanencia ininterrumpida en el Consejo desde la creación misma de la Organización, reafirmando su liderazgo y compromiso con el desarrollo de una aviación civil segura, eficiente y con los más altos estándares internacionales.
La Asamblea de la OACI, que reúne a los 193 Estados miembros y a múltiples organizaciones internacionales, es el máximo órgano deliberativo del organismo y se celebra cada tres años. En ella se definen las políticas globales que orientarán el rumbo de la aviación civil mundial, abordando los programas de trabajo en áreas técnicas, jurídicas, económicas y de cooperación.
“En este contexto, y en consonancia con el mensaje pronunciado por el presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Argentina reafirmó ante la comunidad internacional la necesidad de desburocratizar el funcionamiento de la OACI”, indicaron fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación.
En su intervención en la Asamblea, Argentina subrayó la importancia de avanzar hacia procesos de gobernanza global más modernos, eficientes y transparentes, capaces de acompañar la evolución del sistema aeronáutico internacional y fortalecer el rol de la Organización.
La elección de la Argentina se produjo en el marco de la votación del Grupo II del Consejo, en la que nuestro país superó la cantidad de votos obtenidos respecto de la Asamblea anterior.
El 30 de septiembre se completará el proceso electoral con la votación del Grupo III, que definirá la composición total del Consejo encargado de implementar, durante los próximos tres años, las políticas acordadas por la Asamblea.
Argentina fue designada para ocupar la Vicepresidencia del Comité Legal de la OACI
A su vez, Argentina fue designada para ocupar la Vicepresidencia del Comité Legal de la OACI, uno de los espacios técnicos más relevantes del organismo, desde donde se abordan las discusiones normativas y jurídicas que sustentan el marco regulatorio global de la aviación civil.
Durante la primera semana del encuentro —que se extenderá hasta el 3 de octubre— Argentina presentó importantes notas de estudio, entre las que se destacan la propuesta de evaluación de modificación del Convenio de Chicago y la iniciativa sobre Cielos Únicos.
Asimismo, recibió un amplio respaldo regional a su política de Cielos Abiertos y al proceso de modernización normativa que impulsa la figura de la autoridad delegada, dos ejes estratégicos de la política aerocomercial argentina.
La Asamblea de la OACI es el máximo órgano deliberativo del organismo y se celebra cada tres años
En paralelo a su participación en el plenario, la delegación nacional mantuvo reuniones bilaterales con Qatar, Bulgaria y Singapur. Con estos dos últimos países se suscribieron Memorandos de Entendimiento orientados a fortalecer la cooperación en materia aeronáutica, y con Singapur se firmó, además, un Acuerdo de Cielos Abiertos que amplía las oportunidades de conectividad aérea entre ambas naciones.
Además, se llevaron adelante encuentros de trabajo con empresas del sector y la República Federativa de Brasil, con el propósito de avanzar en la negociación de un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos y profundizar la colaboración técnica mediante un Memorando en materia de seguridad operacional, que permitirá implementar acciones conjuntas de doble vigilancia sobre las aeronaves registradas en ambos Estados.
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