Economía asegura que en 2025 no seguirá el recorte de subsidios y que las tarifas ajustan por inflación, pero no controlan la variable clave del dólar

07/08/2025 – 17:10hs

La actual gestión de Gobierno como parte del ajuste de las cuentas fiscales viene trabajando en la recomposición tarifaria de los servicios de gas y electricidad, a través de la cobertura del costo de la energía por parte de los usuarios y de la retribución que tienen las compañías de transporte y distribución que se viene reflejando en la factura final de forma simultánea.

En ese contexto, el Ministerio de Economía daba cuenta de un atraso tarifario enorme que intentó ir reduciendo en estos 18 meses de gestión, pero la aceleración de ese proceso parece entrar a un menor ritmo para lo que queda del año, marcado por la premisa de sostener a la baja el índice de inflación y en un marco de elecciones de medio término.

«Podemos darnos el lujo de ser un poco más selectivos en cómo seguimos evolucionando» en la recomposición tarifaria y en la reducción de subsidios, dijo recientemente el viceministro de Economía, Daniel González, al ser consultado qué ocurrirá en lo que resta de 2025.

El funcionario admitió que «la gente hizo un esfuerzo fenomenal, vieron que su factura se fue acercando al costo de generación del gas y de la luz, lo que implicó aumentos grandes, pero eso no lo estamos percibiendo para lo que resta del año», auguró.

Las tarifas se ajustan ahora por inflación

Las tarifas de las distribuidoras de ambos servicios y de las transportistas ya pasaron por la revisión integral quinquenal por lo cual a partir de ahora mantienen sus tarifas en términos reales: «No tocamos más esas tarifas, por lo que esperamos que la evolución no sea muy distinto de lo que es la inflación» aseguró el funcionario.

Pero la factura final tiene un componente más que es la evolución de tipo de cambio, ya que el costo de la generación eléctrica y la producción de gas se reconoce en dólares, y de acuerdo a la ley vigente desde la década del 90 cuando regía la convertibilidad cambiaria, cualquier movimiento debe reflejarse en lo que paga el usuario final o asumirlo el Estado vía subsidios.

Cuando llegó el Gobierno de Javier Milei, la demanda pagaba el 30% del valor de la energía y hoy con la fuerte reducción de subsidios -favorecido por un retraso cambiario respecto de la inflación- hoy paga el 80 % del costo.

Es que al mismo tiempo que se avanzaba en la normalización tarifaria, había que recomponer números fiscales e ir a la baja de subsidios que habían llegado a 2% del PBI en las gestiones anteriores con un acumulado de u$s100.000 millones de gasto del Estado, algo que en la actualidad se redujo al 0,5% del PBI.

La segmentación y los subsidios aún siguen

Dentro del universo de usuarios se mantiene aún el esquema de segmentación que el Gobierno anunció dejaría de existir para fines de este 2025, por el cual los de alto poder adquisitivo ya pagan valor pleno de sus servicios, mientras que los de ingresos medios y los sectores más vulnerables tienen distintos porcentajes de subsidio con techo de consumo.

La idea presentada meses atrás era la de pasar a una tarifa plena para todos los niveles de usuarios y sólo reconocer la situación de los sectores más necesitados mediante el regreso de la denominada «tarifa social», cuyo alcance es la que se debe determinar.

De acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, un usuario N1 (de altos ingresos) está pagando al mes en el AMBA $45.993 promedio en su factura eléctrica y $46.693 promedio en la de gas.

Así, desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad se incrementaron un 351% a julio y las de gas en un 1.545% en el mismo período, en tanto que la inflación acumulada desde entonces 154% según el INDEC, de acuerdo al relevamiento del Observatario.

Cada vez más cerca de caer en el precipicio de la quiebra, Lácteos Verónica sigue intensificando sus incumplimientos y tampoco respetó el plazo para el pago de los salarios correspondientes a julio. De esta forma, la compañía sigue adeudando los aguinaldos, casi la totalidad de los haberes de junio y los pagos correspondientes al mes pasado. En paralelo, aguarda por la venia del área de Trabajo para avanzar con su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y la propuesta de recortar al menos 200 puestos de trabajo en el corto plazo. La empresa cerró acuerdos voluntarios con cifras que representan la mitad de las indemnizaciones fijadas por las normativas laborales y a través de planes de pagos a cubrir en diez cuotas. De cesar actividades, sumarían 700 los empleos afectados en Lácteos Verónica.

Legisladores que siguen de cerca la situación en la láctea expusieron que la firma mantiene los incumplimientos y sigue sin dar muestras de recuperación. En esa dirección, el diputado santafesino Carlos del Frade expuso en su espacio en redes sociales que «la Secretaría de Trabajo de la Nación dejó vencer el nuevo plazo para que Verónica pague el salario del mes de julio«.

«El resultado es que solamente se cobró el 30 por ciento de junio, nada de julio ni tampoco el aguinaldo», precisó en cuenta en X.

El funcionario amplió: «Cada familia se queda sin más de cinco millones de pesos y hay muchos que acordaron el retiro por la mitad de la indemnización en diez cuotas. Un abuso muy parecido a la letra del procedimiento de crisis que todavía no fue aceptado pero que se pone en práctica con estos hechos de extorsión enmarcados en las necesidades de los trabajadores».

Recientemente, Del Frade había notificado que la compañía apenas si cubrió una parte mínima de los haberes de junio. «Ante el reclamo de completar los salarios, la patronal de Verónica anunció que depositó un 1,6 por ciento más: menos de 45 mil pesos en promedio para cada trabajador«, informó.

Por estos días, y en señal de protesta, los trabajadores de la empresa siguen implementando una retención de crédito laboral de cuatro horas por turno y, en paralelo, la reducción de jornada a tres días semanales.

Lácteos Verónica y las acusaciones de «crisis inducida»

Al mismo tiempo, también proliferan las acusaciones de presunta «crisis inducida» por parte de empleados y funcionarios provinciales. En ese sentido, se mencionan posibles maniobras de triangulación de activos rurales y maquinaria entre Lácteos Verónica y Las Becerras, otra empresa ligada a la familia Espiñeira, dueña de ambas firmas.

Lácteos Verónica viene mostrando una visibilidad mediática y social cada vez mayor a partir de un parate operativo total que, entre otras cuestiones, mantiene al borde de la extinción al menos 700 empleos directos.

De hecho, y tal como detalló iProfesional, en los últimos días la compañía quedó en el centro de la controversia tras presentar un plan de achique que incluso acota el pago de salarios e indemnizaciones.

Casi al cierre de julio, la compañía presentó un plan de achique que, en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), apunta a reducir su estructura de un modo dramático.

En audiencia reciente vía Zoom con la Secretaría de Trabajo nacional y delegados de los empleados de la láctea y el gremio ATILRA, los representantes de la firma propusieron despedir a 210 personas, suspender a otras 200 por el plazo de dos meses, además de abonar sólo el 75% de cada salario.

La empresa señaló que su negocio decayó fuerte por el menor consumo de lácteos y el incremento de los costos operativos. Sin embargo, el Gobierno rechazó estos argumentos y exigió que Lácteos Verónica presente documentación que valide los argumentos que la firma viene enarbolando para promover los recortes de personal.

Lácteos Verónica y un sinfín de cheques girados sin fondos

A la par de estos aspectos negativos, la firma mantiene una deuda con proveedores que la sitúa al borde de la quiebra.

En concreto, y según pudo comprobar iProfesional, la compañía acumula 2.497 cheques rechazados por falta de fondos sólo en lo que va del año. Y, por efecto de esa misma emisión de papeles sin respaldo, la compañía debe más de 7.545 millones de pesos.

Según pudo chequear este medio en la base de deudores del Banco Central (BCRA), la firma sólo ha cubierto hasta el momento poco más del 11.2% de los cheques que emitió este año. De un total de 2.737 cheques girados durante 2025, la empresa en cuestión abonó apenas 240.

En una de las medidas reclamadas hace años por el sector minero, el Gobierno dio a conocer este jueves el Decreto 563 por el cual fijó en 0% el derecho de exportación para una amplia gama de productos mineros que hasta hoy pagaban un 8% en concepto de retenciones. La medida no incluye a la plata y el litio que continuarán con una alícuota de 4,5% se informó oficialmente.

La Secretaría de Minería explicó que a fin de promover el desarrollo e incentivo de la inversión privada, la producción, el agregado de valor nacional y las exportaciones de las cadenas productivas, se impulsó esta medida para fijar en 0% los derechos de exportación de un conjunto de bienes mineros.

Entre las lineas arancelarias del Nomenclador Común del Mercosur que abarca el decreto se destacan productos pertenecientes a la minería metalífera, la no metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas. Según consta en el decreto en total son 231 posiciones arancelarias las que recibieron la baja del esquema de alícuota, sin comprometer la estabilidad fiscal.

Esta medida, afín a los objetivos del gobierno de reducir la carga impositiva sobre la actividad productiva y promover las exportaciones, se tomó considerando el potencial del crecimiento del sector, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo y valor agregado que promueve.

El quinto complejo exportador

La Industria minera representa el quinto complejo exportador de Argentina, según detalla el INDEC en su informe de Complejos Exportadores del año 2024.Las exportaciones mineras constituyen cerca del 6% de las ventas argentinas al exterior, pero son inmensamente más significativas en las provincias donde se originan.

En ese sentido, las exportaciones de este sector extractivo promedian el 80% de la canasta exportadora de Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca. En la provincia de Salta, donde la industria minera es más joven, la actividad ya representa cerca del 40% de las exportaciones provinciales.

A pesar de este impacto regional, el gobierno señala que la actividad minera en la Argentina tiene un considerable potencial de crecimiento, ya que actualmente representa solo el 1,2% del PBI, en contraste con hasta el 10% en otras economías mineras de la región.

Con la reducción de la alícuota de los derechos de exportación se pretende mejorar el precio que percibe el productor, generar un incentivo no solo a invertir más, sino también a producir más y, mejorar la actividad económica en el sector minero, con más exportaciones y por consiguiente, más empleo.

El decreto se fundamenta en la necesidad de generar condiciones favorables para la actividad minera y el comercio exterior. El gobierno argumenta que la reducción de la carga impositiva estimulará la inversión y el desarrollo productivo, lo que se traducirá en la creación de nuevos empleos y un mayor volumen de exportaciones.

La nueva estrella del cobre

Si bien la Argentina hace años que no produce cobre, todas las extectatovas estan puestas en ese metal que cuenta con un portfolio de inversiones que en la próxima década podría significar inversiones por más de u$s19.500 millones, considerando tan solo seis de los prófidos más importantes.

Esos grandes proyectos están en distintas etapas de desarrollo, la mayoría aspira a presentarse al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones por la magnitud de los desembolsos, y podrían significar exportaciones por unos u$s10.000 millones al año.

En este segmento, el decreto publicado hoy también avanzó con la derogación del Decreto 308/22, para el cual el gobierno justificó la medida al considerar que el «Registro Optativo de Exportaciones de Cobre» nunca llegó a ser operativo y, por lo tanto, no hay beneficiarios inscriptos en el régimen.

Esa norma establecía un régimen de retenciones móviles, tal como se intentó en algún momento para el campo, por el cual si el precio internacional se encontraba por debajo de un valor base las retenciones serían del 0% pero si sobrepasaban una fórmula de referencia ascendían al 8%, lo que nunca se implementó en la práctica.

Minería a las puertas del récord en exportaciones

Para la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en un escenario moderado de producción y precios, las exportaciones mineras argentinas podrían crecer un 14% en 2025. De esta manera, podrían romper su récord exportador medido en términos nominales y además del potencial para superar el récord del 2012, las exportaciones mineras argentinas marcarían su quinto año consecutivo de crecimiento exportador. 

Uno de los hitos indudables para este año es el récord productivo del litio argentino. Proyectando un crecimiento del 75% interanual, el complejo litio tiene potencial y perspectivas para seguir creciendo año tras año, aunque los precios internacionales no acompañen al alza.

El desarrollo de un escenario moderado implica una expectativa de cumplimiento del 85% en los volúmenes productivos proyectados de oro, plata y litio, con estabilidad en los precios promedio próximos a los niveles actuales para todo el 2025. En este sentido, se considera un valor del oro próximo a los US$ 3.300 por onza, de plata en US$ 32 por onza y de carbonato de litio en US$ 8.500 por tonelada LCE. Se espera también un escenario estable para rocas de aplicación y minerales industriales.

El crecimiento interanual de las exportaciones mineras en el primer semestre de este año ya fue superior al 30%. Más aún, frente a las crecientes inversiones en exploración y construcción de proyectos de cobre, la minería argentina aspira a volver a sumar otro complejo exportador en los próximos años.