Recientemente, se publicó el informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre activos digitales, el primer documento estratégico de política de los Estados Unidos, emitido bajo la Orden Ejecutiva 14178, que ordenó la creación de un marco nacional para activos digitales.

Al respecto, Richard Teng, CEO de Binance, se refirió a algunos de los puntos claves de este conjunto de normas que buscan posicionar a Estados Unidos como líder global en materia de innovación financiera.

La regulación unificada y amigable con la innovación, centrada en stablecoins, AML, ciberseguridad, DeFi, fiscalidad y privacidad, están entre las claves.

Binance y Estados Unidos trabajan para regular el mercado de criptomonedas

En este marco, Teng explicó: «El informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre activos digitales representa un momento histórico en la política financiera digital de EE. UU.».

Y profundizó: «Es el primer informe estratégico y completo tras la Orden Ejecutiva 14178, que prohibió explícitamente el desarrollo de una Moneda Digital de Banco Central federal (CBDC) y encargó a las agencias federales la elaboración de una política nacional coordinada sobre activos digitales y tecnología blockchain. El informe responde directamente a ese mandato proponiendo un marco reflexivo que equilibra innovación y protección al consumidor».

«El enfoque centrado en el usuario y amigable con la innovación del informe está alineado con los valores de Binance y llama a un marco robusto para stablecoins que garantice respaldo en reservas 1:1, derechos de redención y resiliencia operativa para generar confianza en el mercado y seguridad institucional. Reconoce que proteger a los consumidores y fomentar un crecimiento responsable son objetivos complementarios, algo que en Binance hemos defendido consistentemente», detalló además.

En este nuevo escenario, AML y ciberseguridad ocupan un lugar central, con el informe abogando por estándares unificados, intercambio global de inteligencia, análisis blockchain y una higiene cibernética obligatoria, adoptando una regulación cooperativa basada en riesgos —el enfoque de seguridad que Binance apoya y ha implementado globalmente— en lugar de modelos centrados en la persecución penal.

Asimismo, Teng aclara lo siguiente: «La regulación de DeFi es matizada y pragmática, enfocándose en las interfaces front-end y los intermediarios clave en lugar del código inmutable, promoviendo transparencia, auditorías y coordinación internacional para mitigar riesgos sin sacrificar la innovación. El rechazo a las CBDCs, con prohibiciones estatutarias recomendadas, subraya un fuerte compromiso con la privacidad y los principios de descentralización».

Vale aclarar que este trabajo en conjunto también «avanza en la claridad sobre la fiscalidad de activos digitales, mejoras en el mercado de seguros, innovación bancaria y ofrece una taxonomía detallada de activos digitales, allanando el camino para una supervisión adaptada y protección a inversores».

En materia fiscal, el informe refleja realidades emergentes, solicitando guías más claras sobre staking, minería, valoración de NFT, pérdidas, deducciones caritativas y reportes, aspectos clave para facilitar el cumplimiento y la planificación tanto para usuarios como para instituciones. Además, presenta una taxonomía detallada de activos digitales y la correspondiente guía regulatoria, ayudando a clarificar categorías como tokens de seguridad, valores tokenizados y tokens de commodities, facilitando una mejor protección al inversor y regulación simplificada.

«En conjunto, este informe establece una base integral que, si se implementa sabiamente, podría posicionar a EE. UU. como líder global en innovación financiera digital responsable. Binance está comprometido a trabajar constructivamente con los reguladores para construir un ecosistema más seguro e inclusivo», concluyó el referente de Binance.

Economía asegura que en 2025 no seguirá el recorte de subsidios y que las tarifas ajustan por inflación, pero no controlan la variable clave del dólar

07/08/2025 – 17:10hs

La actual gestión de Gobierno como parte del ajuste de las cuentas fiscales viene trabajando en la recomposición tarifaria de los servicios de gas y electricidad, a través de la cobertura del costo de la energía por parte de los usuarios y de la retribución que tienen las compañías de transporte y distribución que se viene reflejando en la factura final de forma simultánea.

En ese contexto, el Ministerio de Economía daba cuenta de un atraso tarifario enorme que intentó ir reduciendo en estos 18 meses de gestión, pero la aceleración de ese proceso parece entrar a un menor ritmo para lo que queda del año, marcado por la premisa de sostener a la baja el índice de inflación y en un marco de elecciones de medio término.

«Podemos darnos el lujo de ser un poco más selectivos en cómo seguimos evolucionando» en la recomposición tarifaria y en la reducción de subsidios, dijo recientemente el viceministro de Economía, Daniel González, al ser consultado qué ocurrirá en lo que resta de 2025.

El funcionario admitió que «la gente hizo un esfuerzo fenomenal, vieron que su factura se fue acercando al costo de generación del gas y de la luz, lo que implicó aumentos grandes, pero eso no lo estamos percibiendo para lo que resta del año», auguró.

Las tarifas se ajustan ahora por inflación

Las tarifas de las distribuidoras de ambos servicios y de las transportistas ya pasaron por la revisión integral quinquenal por lo cual a partir de ahora mantienen sus tarifas en términos reales: «No tocamos más esas tarifas, por lo que esperamos que la evolución no sea muy distinto de lo que es la inflación» aseguró el funcionario.

Pero la factura final tiene un componente más que es la evolución de tipo de cambio, ya que el costo de la generación eléctrica y la producción de gas se reconoce en dólares, y de acuerdo a la ley vigente desde la década del 90 cuando regía la convertibilidad cambiaria, cualquier movimiento debe reflejarse en lo que paga el usuario final o asumirlo el Estado vía subsidios.

Cuando llegó el Gobierno de Javier Milei, la demanda pagaba el 30% del valor de la energía y hoy con la fuerte reducción de subsidios -favorecido por un retraso cambiario respecto de la inflación- hoy paga el 80 % del costo.

Es que al mismo tiempo que se avanzaba en la normalización tarifaria, había que recomponer números fiscales e ir a la baja de subsidios que habían llegado a 2% del PBI en las gestiones anteriores con un acumulado de u$s100.000 millones de gasto del Estado, algo que en la actualidad se redujo al 0,5% del PBI.

La segmentación y los subsidios aún siguen

Dentro del universo de usuarios se mantiene aún el esquema de segmentación que el Gobierno anunció dejaría de existir para fines de este 2025, por el cual los de alto poder adquisitivo ya pagan valor pleno de sus servicios, mientras que los de ingresos medios y los sectores más vulnerables tienen distintos porcentajes de subsidio con techo de consumo.

La idea presentada meses atrás era la de pasar a una tarifa plena para todos los niveles de usuarios y sólo reconocer la situación de los sectores más necesitados mediante el regreso de la denominada «tarifa social», cuyo alcance es la que se debe determinar.

De acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, un usuario N1 (de altos ingresos) está pagando al mes en el AMBA $45.993 promedio en su factura eléctrica y $46.693 promedio en la de gas.

Así, desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad se incrementaron un 351% a julio y las de gas en un 1.545% en el mismo período, en tanto que la inflación acumulada desde entonces 154% según el INDEC, de acuerdo al relevamiento del Observatario.

Cada vez más cerca de caer en el precipicio de la quiebra, Lácteos Verónica sigue intensificando sus incumplimientos y tampoco respetó el plazo para el pago de los salarios correspondientes a julio. De esta forma, la compañía sigue adeudando los aguinaldos, casi la totalidad de los haberes de junio y los pagos correspondientes al mes pasado. En paralelo, aguarda por la venia del área de Trabajo para avanzar con su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y la propuesta de recortar al menos 200 puestos de trabajo en el corto plazo. La empresa cerró acuerdos voluntarios con cifras que representan la mitad de las indemnizaciones fijadas por las normativas laborales y a través de planes de pagos a cubrir en diez cuotas. De cesar actividades, sumarían 700 los empleos afectados en Lácteos Verónica.

Legisladores que siguen de cerca la situación en la láctea expusieron que la firma mantiene los incumplimientos y sigue sin dar muestras de recuperación. En esa dirección, el diputado santafesino Carlos del Frade expuso en su espacio en redes sociales que «la Secretaría de Trabajo de la Nación dejó vencer el nuevo plazo para que Verónica pague el salario del mes de julio«.

«El resultado es que solamente se cobró el 30 por ciento de junio, nada de julio ni tampoco el aguinaldo», precisó en cuenta en X.

El funcionario amplió: «Cada familia se queda sin más de cinco millones de pesos y hay muchos que acordaron el retiro por la mitad de la indemnización en diez cuotas. Un abuso muy parecido a la letra del procedimiento de crisis que todavía no fue aceptado pero que se pone en práctica con estos hechos de extorsión enmarcados en las necesidades de los trabajadores».

Recientemente, Del Frade había notificado que la compañía apenas si cubrió una parte mínima de los haberes de junio. «Ante el reclamo de completar los salarios, la patronal de Verónica anunció que depositó un 1,6 por ciento más: menos de 45 mil pesos en promedio para cada trabajador«, informó.

Por estos días, y en señal de protesta, los trabajadores de la empresa siguen implementando una retención de crédito laboral de cuatro horas por turno y, en paralelo, la reducción de jornada a tres días semanales.

Lácteos Verónica y las acusaciones de «crisis inducida»

Al mismo tiempo, también proliferan las acusaciones de presunta «crisis inducida» por parte de empleados y funcionarios provinciales. En ese sentido, se mencionan posibles maniobras de triangulación de activos rurales y maquinaria entre Lácteos Verónica y Las Becerras, otra empresa ligada a la familia Espiñeira, dueña de ambas firmas.

Lácteos Verónica viene mostrando una visibilidad mediática y social cada vez mayor a partir de un parate operativo total que, entre otras cuestiones, mantiene al borde de la extinción al menos 700 empleos directos.

De hecho, y tal como detalló iProfesional, en los últimos días la compañía quedó en el centro de la controversia tras presentar un plan de achique que incluso acota el pago de salarios e indemnizaciones.

Casi al cierre de julio, la compañía presentó un plan de achique que, en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), apunta a reducir su estructura de un modo dramático.

En audiencia reciente vía Zoom con la Secretaría de Trabajo nacional y delegados de los empleados de la láctea y el gremio ATILRA, los representantes de la firma propusieron despedir a 210 personas, suspender a otras 200 por el plazo de dos meses, además de abonar sólo el 75% de cada salario.

La empresa señaló que su negocio decayó fuerte por el menor consumo de lácteos y el incremento de los costos operativos. Sin embargo, el Gobierno rechazó estos argumentos y exigió que Lácteos Verónica presente documentación que valide los argumentos que la firma viene enarbolando para promover los recortes de personal.

Lácteos Verónica y un sinfín de cheques girados sin fondos

A la par de estos aspectos negativos, la firma mantiene una deuda con proveedores que la sitúa al borde de la quiebra.

En concreto, y según pudo comprobar iProfesional, la compañía acumula 2.497 cheques rechazados por falta de fondos sólo en lo que va del año. Y, por efecto de esa misma emisión de papeles sin respaldo, la compañía debe más de 7.545 millones de pesos.

Según pudo chequear este medio en la base de deudores del Banco Central (BCRA), la firma sólo ha cubierto hasta el momento poco más del 11.2% de los cheques que emitió este año. De un total de 2.737 cheques girados durante 2025, la empresa en cuestión abonó apenas 240.