El presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.

La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.

La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.

Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a los grupos, según informaron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas.

Sin embargo, ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, incluyendo si se consideraría “asesinato” si las fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.

No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.

Este año, Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha intensificado la vigilancia y las medidas de interdicción de drogas.

Cuando regresó a la presidencia en enero, Trump firmó una orden que ordenaba al Departamento de Estado que comenzara a clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

Trump ha atacado especialmente a las organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, así como a la transnacional Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, diciendo que constituían “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.

Hace dos semanas, el gobierno de Trump añadió al Cártel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está liderado por el dictador Nicolás Maduro de Venezuela y otros altos funcionarios de su administración.

El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto de Maduro, quien ha sido acusado formalmente de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como líder del cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que “no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”.

Al preguntársele sobre la autorización del Sr. Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.

El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la nueva directiva.

Los ataques militares unilaterales contra los cárteles representarían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel de liderazgo en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas. Una campaña sostenida también probablemente plantearía nuevos problemas relacionados con el intento del Sr. Trump de usar las fuerzas armadas de forma más agresiva para respaldar diversas de sus políticas, a menudo frente a restricciones legales y constitucionales.

La participación militar estadounidense en el pasado en la lucha contra las operaciones antidrogas en Latinoamérica ha superado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, esas operaciones se presentaron como un apoyo a las autoridades policiales.

En 1989, el presidente George H.W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para arrestar a su líder, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Antes de la operación, William P. Barr, quien entonces dirigía la Oficina de Asesoría Jurídica y fue fiscal general durante el primer mandato de Trump, redactó un polémico memorando en el que afirmaba que Bush tenía la autoridad para ordenar arrestos de fugitivos en el extranjero por parte de las fuerzas del orden sin el consentimiento de otros Estados. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción panameña como una “flagrante violación del derecho internacional”.

En la década de 1990, el ejército estadounidense colaboró con las fuerzas de seguridad antidrogas de Colombia y Perú compartiendo información sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas, como datos de radar e intercepciones de comunicaciones. Sin embargo, después de que esos gobiernos comenzaran a derribar dichas aeronaves, la administración Clinton suspendió la asistencia durante meses en 1994.

La Oficina de Asesoría Jurídica emitió un dictamen que indicaba que los oficiales militares que proporcionaron dicha información, a sabiendas de que se utilizaría para derribar sumariamente esas aeronaves, podrían estar exponiéndose a un procesamiento posterior. El Congreso finalmente modificó la legislación estadounidense para permitir dicha asistencia.

La Armada ha participado desde hace tiempo en la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, los buques de guerra suelen hacerlo como parte de una operación policial, bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. Según una ley de 1878 llamada Ley Posse Comitatus, generalmente es ilegal utilizar a las fuerzas armadas para desempeñar funciones policiales.

Las fuerzas armadas estadounidenses también han realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, incluyendo tropas colombianas y mexicanas. Asimismo, proporcionaron equipo y aeronaves a antiguos escuadrones de la DEA que asesoraron y se desplegaron con, e incluso participaron en combates con, agentes antidrogas locales en países como Honduras. El programa finalizó en 2017.

Pero la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o eliminen directamente a personas involucradas en el narcotráfico. Etiquetar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, o lo que sea, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo”, declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista con el medio católico EWTN. “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”.

Los especialistas legales afirmaron que, según la legislación estadounidense, imponer sanciones contra un grupo declarándolo entidad “terrorista” puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros realicen negocios o viajes, pero no otorga autoridad legal para realizar operaciones similares a las de tiempos de guerra contra él con la fuerza armada.

Durante su primer mandato, Trump quedó fascinado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, calificó posteriormente de absurda en sus memorias y que provocó la indignación de las autoridades mexicanas.

Sin embargo, la idea de usar la fuerza militar arraigó entre los republicanos y se convirtió en un tema de conversación en las elecciones de 2024. Trump prometió durante la campaña desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, en sus propias palabras, declarar la guerra a los cárteles.

El contralmirante retirado James E. McPherson, quien se desempeñó como principal abogado uniformado de la Armada a principios de la década de 2000, afirmó que sería “una grave violación del derecho internacional” usar la fuerza militar en el territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones, pero que dichas limitaciones no se aplican a buques sin bandera en aguas internacionales.

También existen restricciones legales nacionales. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero esa autorización no se extiende a todos y cada uno de los grupos que el poder ejecutivo llama terroristas.

Eso significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en la afirmación de la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, quizás contra las sobredosis de fentanilo. El almirante McPherson señaló que la administración ha impulsado agresivamente la comprensión amplia del poder unilateral de Trump.

No está claro qué reglas de combate regirían la acción militar contra los cárteles. Sin embargo, cualquier operación que tuviera como objetivo asesinar personas basándose en su presunta pertenencia a un cártel autorizado, y fuera del contexto de un conflicto armado, plantearía problemas legales relacionados con las leyes contra el asesinato y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos, afirmó Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado y especialista en leyes de guerra.

“Con la práctica tradicional del poder ejecutivo, sería difícil que un narcotraficante cualquiera cumpliera con los requisitos para la excepción de legítima defensa a la prohibición de asesinatos”, afirmó.

Alternativamente, el ejército podría llevar a cabo operaciones de captura, reservando la fuerza letal para la legítima defensa si las tropas encontraran resistencia.

Sin embargo, las capturas podrían plantear otros problemas legales complejos, añadió el Sr. Finucane, incluyendo el alcance de la capacidad del ejército para retener a prisioneros como detenidos de guerra sin autorización del Congreso. O bien, el ejército podría transferir a cualquier prisionero al Departamento de Justicia para su procesamiento en un tribunal civil.

En febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, despidió a los principales abogados de las fuerzas armadas, o fiscales generales. Se supone que estos abogados uniformados de tres estrellas brindan asesoramiento independiente y apolítico sobre el derecho internacional de la guerra y las restricciones legales nacionales a las fuerzas armadas.

La administración también ha marginado en gran medida a la Oficina de Asesoría Jurídica, la rama del Departamento de Justicia que tradicionalmente actúa como un poderoso guardián del gobierno estadounidense, incluso al decidir si las políticas propuestas son legalmente permisibles.

A finales del mes pasado, el Senado confirmó a Earl Matthews como asesor general del Pentágono y a T. Elliot Gaiser para dirigir la Oficina de Asesoría Jurídica. Interpretar lo que sería legalmente permisible en términos del uso de la fuerza militar contra los cárteles podría ser una prueba temprana para los dos nuevos nombramientos.

La presión para etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas se ha extendido a varias con sede en México, así como a una coalición de pandillas haitianas que han contribuido a hundir a su país en el caos.

En abril, el Sr. Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permitiera al ejército estadounidense luchar contra los cárteles de la droga en territorio de su país, pero ella rechazó la idea.

Al anunciar hace dos semanas la imposición de sanciones al grupo venezolano Cártel de los Soles, el Departamento del Tesoro acusó al cártel de brindar apoyo material al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa en México, lo que, según afirmó, “amenazaba la paz y la seguridad de Estados Unidos”.

Dos días después, el Sr. Rubio emitió un comunicado acusando al Sr. Maduro de fraude electoral y afirmando que no era el presidente de Venezuela y que su “régimen no es el gobierno legítimo”.

“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles, designada como tal, y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró el Sr. Rubio. “Maduro, actualmente acusado por nuestra nación, ha corrompido las instituciones venezolanas para facilitar el esquema criminal de narcotráfico del cártel hacia Estados Unidos”.

La cuestión de cómo combatir a los cárteles que trafican drogas, personas y otros bienes ilícitos ha impulsado gran parte de la política interior y exterior del Sr. Trump en su segundo mandato.

Desde el principio, Estados Unidos intensificó los vuelos secretos con drones sobre México para localizar laboratorios de fentanilo, según funcionarios estadounidenses.

El programa encubierto comenzó bajo la administración Biden, pero se intensificó bajo el gobierno de Trump, cuando él y su director de la CIA, John Ratcliffe, prometieron medidas más agresivas contra los cárteles mexicanos.

La CIA no ha sido autorizada a utilizar los drones para realizar acciones letales, y las autoridades no prevén emplear esa opción. Por ahora, los oficiales de la CIA en México transmiten la información recopilada por los drones a las autoridades mexicanas.

Además de los esfuerzos de la CIA, el Comando Norte del ejército estadounidense también ha ampliado su vigilancia de la frontera. Sin embargo, a diferencia de la agencia de espionaje, el ejército estadounidense no está entrando en el espacio aéreo mexicano. El Comando Norte ha realizado alrededor de 330 vuelos de vigilancia sobre la frontera de Estados Unidos con México utilizando una variedad de aeronaves de vigilancia, incluidos U-2, RC-135 Rivet Joints, P-8 y drones, según funcionarios militares.

© The New York Times 2025.