El Gobierno prepara un paquete de cuatro reformas estructurales y siete proyectos que buscará priorizar durante las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo. Javier Milei no tiene listo el discurso que dará en el Congreso, pero tiene previsto celebrar las iniciativas tratadas en extraordinarias y fijar el rumbo de la agenda legislativa.

El Ejecutivo definirá esta semana la planificación y la secuencialidad del tratamiento de los proyectos para este año. Mientras que en algunos sectores de Nación aseguran que apuntan a darle centralidad a modificaciones de fondo, en otros espacios internos advierten que hay otras “urgencias”. “Vamos a intentar fijar una agenda ambiciosa”, expresan.

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En la Casa Rosada remarcan que la primera semana de marzo intentarán votar la Ley de Financiamiento Universitario junto con la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, en caso de que el texto logre media sanción esta semana en el Senado. Ubican en el mismo rango de importancia a los cambios que intentarán aplicar sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En Balcarce 50 argumentan que luego buscarán ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos junto con la adhesión al Consejo de Paz, que impulsó Donald Trump. El presidente enviará también en marzo al Congreso el tratado entre el Mercosur y Singapur, que se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica, que preside María Ibarzabal.

El Gobierno tiene en segundo orden un proyecto con modificaciones sobre la Ley de Salud Mental para habilitar a los jueces a autorizar hospitalizaciones. En Nación rechazan por el momento el envío de una iniciativa para flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas. “Se avanzó para hacerlo por decreto, pero se frenó”, agregan.

El Ejecutivo remarca luego como eje de prioridad la reforma del Código Penal, que incluye endurecimiento de penas, incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. No está previsto que incluya cambios sobre la figura de femicidio ni sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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En la Casa Rosada también le dan centralidad a la reforma tributaria, pero advierten que no cuentan por el momento con una estrategia para impulsarla y que es probable que se dilate. En varios despachos oficiales mencionan un pacto fiscal con provincias como una posibilidad fuerte para impulsar una baja de impuestos coordinada.

En Balcarce 50 trabajan además sobre una reforma política que elimine las PASO, modifique el esquema de financiamiento partidario y realice cambios sobre la Boleta Única de Papel (BUP). Lo mismo aplica para una nueva Ley de Seguridad Nacional, que busca redefinir las atribuciones de Seguridad, Inteligencia y Defensa.

Javier Milei, reforma, Congreso.

El Gobierno nacional aguarda precisiones de Estados Unidos para definir los próximos pasos del acuerdo comercial bilateral, luego del fallo de la Corte Suprema de ese país que invalidó parte del esquema arancelario impulsado por la administración de Donald Trump.

La decisión del máximo tribunal norteamericano desestimó la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como sustento legal para imponer ciertos gravámenes y reafirmó que esa atribución corresponde al Congreso estadounidense.

El nuevo escenario judicial obligó a la Casa Rosada a recalibrar tiempos y evaluar posibles ajustes en el texto del entendimiento antes de remitirlo al Parlamento argentino.

Trump criticó el fallo de la Corte Suprema y anunció nuevos aranceles del 10% a las importaciones

En el Ejecutivo aseguran que mantienen la intención de enviar el acuerdo al Congreso en marzo, aunque admiten que el contexto en Washington introduce un factor de incertidumbre. “Estamos esperando instrucciones. Trump quiere sostener los acuerdos”, expresaron fuentes oficiales diálogo con TN.

El punto central es determinar cuál será el instrumento jurídico que utilizará la Casa Blanca para preservar el esquema arancelario pactado con la Argentina. En Balcarce 50 no descartan que el Ejecutivo norteamericano recurra a otras herramientas previstas en su legislación comercial, como las secciones 232 o 301, lo que podría requerir una readecuación técnica del texto antes de su aprobación legislativa en el país.

El canciller Pablo Quirno buscó llevar tranquilidad y negó que el acuerdo esté en riesgo por el fallo judicial. Según explican en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el entendimiento contempla que Estados Unidos no aplique el arancel adicional dispuesto en la orden ejecutiva del 2 de abril de 2025 y que el gravamen extra no supere el 10% para el resto de los bienes argentinos.

La Corte Suprema de EE.UU. declaró ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump

Más allá del capítulo estrictamente arancelario, el acuerdo comercial incluye compromisos vinculados a la eliminación de barreras no arancelarias, el reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias, mecanismos de cooperación regulatoria y reglas sobre inversiones y propiedad intelectual. Parte de esos puntos, señalan en el Ejecutivo, serán instrumentados a través de decretos y resoluciones administrativas.

El nuevo escenario se complejizó luego de que Trump anunciara la imposición de un arancel global del 10% bajo otra disposición de la Ley de Comercio de 1974, además de mantener gravámenes aplicados por razones de seguridad nacional y por “prácticas desleales”. En el Gobierno argentino analizan si esa redefinición preserva el tratamiento diferencial negociado o si obliga a introducir modificaciones formales.

La principal preocupación oficial es evitar que el Congreso trate un acuerdo cuyo sustento normativo en Estados Unidos pueda modificarse en el corto plazo. Por eso, la Casa Rosada decidió esperar la formalización de las nuevas órdenes ejecutivas antes de avanzar con el envío definitivo del proyecto.

Aunque el cronograma legislativo sigue en pie, el ritmo dependerá de cómo quede configurada la política comercial estadounidense en las próximas semanas. En el entorno presidencial aseguran que el objetivo es sostener la señal política hacia Washington y consolidar el vínculo bilateral, pero reconocen que la definición final estará atada a la arquitectura legal que adopte el Gobierno republicano tras el fallo.

En ese marco, el Gobierno mantiene abiertas las conversaciones diplomáticas mientras evalúa los escenarios posibles, consciente de que cualquier cambio en el esquema arancelario podría impactar tanto en la letra del acuerdo como en su debate parlamentario.

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El proyecto de reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados legisla sobre temas centrales de las relaciones de trabajo y los especialistas coinciden en que no sólo alcanza a las nuevas contrataciones, sino también a las preexistentes; es decir, que afectará a todo el universo de trabajadores.

Si a un empleado lo echan, la regla es que el cálculo de la indemnización se hace con la ley vigente al momento del despido (no la que regía cuando el trabajador fue contratado), coinciden especialistas en derecho laboral consultados por , que imaginan como probable un escenario de alta litigiosidad una vez que la reforma entre en vigencia.

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El tema de la indemnización es clave porque la reforma excluye expresamente de la nueva fórmula de cálculo ítems como el aguinaldo, las vacaciones y las bonificaciones. Además, habilita al empleador a pagarla en cuotas.

Para que la reforma se aplicara solo a los nuevos empleos, eso debería estar expresamente escrito.

El 11 de febrero, cuando el Senado debatió el proyecto, Mariano Recalde (PJ) pidió esa especificación. Solicitó agregar un artículo 57 bis, que dijera: “Las disposiciones del presente Título –el Título I– serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley”. El senador Bruno Olivera Lucero, miembro informante de La Libertad Avanza, rechazó la modificación y el proyecto quedó tal cual estaba redactado.

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Sucedió algo similar anoche en la Cámara de Diputados. Sergio Palazzo (PJ) hizo el mismo planteo que Recalde: pidió un agregado que especificara que la aplicación de la ley sería para los empleos que se generaran a partir de su promulgación. El diputado libertario Lisandro Almirón también rechazó la propuesta.

En el Gobierno habían sido poco claros con respecto a este punto. entrevistó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en diciembre pasado y le preguntó específicamente: “¿En caso de que el proyecto se convierta en ley, a partir de cuándo se aplica y quiénes están abarcados bajo el paraguas de esta legislación? Usted habló de derechos consagrados…“. Cordero contestó: ”Cuando la ley menciona especialmente que va a haber una aplicación retroactiva, entonces ahí hay una aplicación retroactiva. Por ejemplo, en los juicios pendientes. En general, cuando no dice nada, la ley por regla no tiene aplicación retroactiva».

En el Congreso, en el plenario de comisiones que analizó la reforma, Cordero fue más allá: “La ley va a aplicar a los nuevos trabajos… las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente”.

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En rigor, es cierto que no se trata de una “aplicación retroctiva” porque la nueva ley no tendrá impacto sobre situaciones agotadas (por ejemplo, despidos previos a que entrara en vigencia reforma). Pero no es cierto que se aplique sólo a los “nuevos trabajos”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sí admitió, en una entrevista con Radio Mitre, que la reforma aplicaba a todos los empleos, no solo a los nuevos. Sturzenegger sostuvo: “Aplica a cualquier relación laboral”. Y argumentó: “No estás cambiando nada. Estás simplemente dándole precisión al cálculo. Simplemente estamos clarificando temas de la nueva ley de contrato de trabajo, que aplica para todos”.

El abogado laboralista Julián De Diego dijo que es claro que “se aplica para todos”. Advirtió que para las relaciones preexistentes “hay derechos adquiridos que no se pueden vulnerar” porque “la mayoría de los principios generales del derecho del trabajo [que protegen al trabajador] están a salvo y deben ser tenidos en cuenta además los tratados internacionales, que están por encima de la ley”. Pero esto no aplica para un despido posterior a la entrada en vigencia de la nueva ley.

“A quien sea despedido dentro de seis meses se le aplicará la nueva norma. El suyo era un derecho en expectativa, no adquirido. Se le aplica la ley vigente en el momento de la causa que da origen al beneficio”, afirmó De Diego. “Esto no quiere decir que se aplique en forma retroactiva. Lo dicen la Constitución Nacional y el Código Civil”, advirtió.

De Diego explicó que los derechos aquiridos, que “son intocables”, son, por ejemplo, el premio que le da la empresa a un empleado por productvidad, el bono por objetivos, el pago de guardería, los cursos de capacitación.

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En el mismo sentido, Inés Arias, abogada laboralista del estudio Aguirre Saravia y Gebhardt, y subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital, dijo a que si la ley no afirma lo contrario, rige para el futuro desde su entrada en vigencia, y que la Constitución Nacional establece el derecho de toda persona a una sentencia basada en la ley vigente en el momento (según el principio de legalidad del art. 18). “Si el despido se produjo después de la entrada en vigencia, se aplica la nueva ley”, coincidió.

Pero, ¿puede un trabajador con décadas de antigüedad reclamar que se le aplique la ley anterior? Arias explicó que podría intentarlo invocando la “doctrina de la condición más beneficiosa subsistente”, para que el contrato de trabajo se considere junto con las normas laborales que estaban vigentes cuando se celebró. Explicó que esto “se apoya en los principios de progresividad y de no regresividad” (en términos del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, este principio significa que si un Estado ya reconoció y garantizó un derecho en cierto nivel, no puede dar marcha atrás arbitrariamente).

“El trabajador podría plantear que integra su patrimonio el standard de derechos indemnizatorios que ya adquirió, pero quien calcula las indemnizaciones es el empleador al momento del despido pago”, advirtió Arias. Por ende, todo indica que en la práctica, si alguien pretende que le aplique la ley anterior, deberá plantearlo en los tribunales.

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