POLITICA
Fijan un nuevo criterio de actualización en juicios laborales

Por la baja de la inflación, la justicia laboral estableció un nuevo criterio para ajustar las inmdenizaciones y las multas en los casos de trabajadores despedidos.
Se trata de un asunto espinoso que viene enfrentado a los magistrados con la Corte Suprema, que exije a la justicia laboral fijar ajustes razonables y proporcionados después de numerosos casos de intereses exorbitantes.
En el Trinunal Superior de Justicia de la Ciudad -que debe fijar el criterio de ajuste- ya se acumulan 3000 casos a la espera de definición y no han firmado aún ninguna sentencia.
En esta ocasión, el fallo es de la Sala VIII de la Cámara del Tabajo integrada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González. Ratificaron la condena por despido improcedente y diversas sanciones laborales pero dijeron que la tasa de interés aplicable para ajustarla debía ser el CER hasta 2023 y desde enero de 2024 la tasa activa del Banco Nación. El fallo fue en favor de Estela Santander contra la empresa Tritestta S.R.L.
El tribunal confirmó que la señora Estela Beatriz Santander, ingresó a trabajar como cocinera el 1 de febrero de 2018, desestimando la postura de la demandada Tritestta SRL, que alegaba una fecha posterior y una categoría de “ayudante de cocina”.
Esta decisión se fundamentó en la ausencia de libros contables por parte de la empresa y en la prueba testimonial de varios compañeros de trabajo quienes corroboraron la fecha de ingreso y las tareas de cocinera realizadas por Santander.
Asimismo, la Cámara ratificó la condena a Tritestta SRL por incumplimiento del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), relativo a la entrega de certificados de trabajo.
Se estableció que los certificados ofrecidos no reflejaban las características reales del contrato, lo que constituye un incumplimiento de la obligación legal, incluso si fueron puestos a disposición.
En cuanto a la responsabilidad solidaria, se confirmó la condena contra un socio gerente de Tritestta SRL según un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las irregularidades registrales verificadas en la sociedad justificaron su responsabilidad solidaria.
Por otro lado, la Cámara rechazó el reclamo de las horas extraordinarias realizado por la señora, argumentando que la demanda inicial presentaba deficiencias en su fundamentación, lo que impidió un adecuado ejercicio del derecho de defensa de la contraparte y el análisis judicial.
También se rechazó la extensión de la responsabilidad una accionista que tenía el 10 % del capital social y no formaba parte de la gerencia
La clave del fallo es la actualización de la tasa de interés aplicable a la indemnización.
Inicialmente, se había propiciado la adición del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) como interés moratorio. Sin embargo, la Cámara observó una considerable disminución de los índices de inflación en el último año, lo que llevó a reconsiderar esta postura.
El juez Pesino, en su voto, afirmó: “Desde esta óptica, no considero prudente mantener sine die la utilización del CER, como tasa de interés, por advertir que ese procedimiento puede llevar a la obtención de resultados desproporcionados, comparados con el poder adquisitivo de los créditos en la época en que se devengaron.”.
Por lo tanto, la propuesta final adoptada por el tribunal para la actualización de la indemnización es la siguiente:
“En consecuencia propongo que, desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de diciembre de 2023 se utilice el CER como tasa de interés y, a partir del 1 de enero de 2024, al resultado que se obtenga se adicionen los intereses del Acta 2658 de esta Cámara (tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas del Banco Nación), hasta el efectivo pago.”.
La sentencia de Cámara confirmó el monto principal de la condena de primera instancia, sin modificar la base de la indemnización. La “salvedad” introducida por el tribunal se refiere exclusivamente a la metodología de cálculo de los intereses moratorios, que es lo que afecta el valor final del monto a pagar al trabajador.
El cálculos de ajuste en las sentencias de los juicios laborales, uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios, serán definidos ´de ahora en adelante de manera definitiva Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde ya se acumulan 3000 demandas de juicios y no hubo ninguna resolución aún.
El criterio de la “Corte porteña” será la guía para los tribunales inferiores. La novedad de que las causas sean resueltas por el TSJ es parte del avance del proceso de traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, que es resistido por las jueces nacionales.
La Ciudad, en tanto, ya empezó a armar su fuero laboral propio con sus códigos, en un proceso impulsado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Peor está frenado por un amparo de los jueces nacionales.
La pelea por cómo se calculan los intereses en las condenas que recaen sobre las empresas determinó que la Corte Suprema dictara dos fallos en los anuló sentencias de la Cámara del Trabajo porque los montos eran desproporcionados.
En uno de los casos se aplicaban intereses sobre intereses no previstos en la ley y luego una tasa de interés que multiplicó por 20.000 los montos establecidos en los fallos de primera instancia.
Todo esto provocó un cambio en la manera de fallar en los tribunales laborales.
Ahora, según un relevamiento realizado por entre abogados laboralistas, funcionarios del fuero y magistrados de todas las instancias, los criterios quedaron determinados de este modo: los jueces de primera instancia están dictando fallos, reduciendo u obviando la aplicación de algunas multas, y determinando mecanismos de ajuste limitados, sin hacer crecer de manera desproporcionada las indemnizaciones con el cálculo de intereses.
Cuando la parte apela ante la Cámara Laboral, allí hay varios criterios. La mayoría de las salas aplica un coeficiente de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el CER.
Ahora, la Cámara laboral dijo que desde 2024 hay que aplicar la tasa activa del Banco Nación.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT de Hugo Moyano y su histórico abogado, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
La camarista Graciela Craig es la esposa de Recalde. Diana Cañal es una camarista cercana al kirchnerismo y denunciada por el macrismo. Quien tenía ascendencia sobre sus colegas en la cámara era Gregorio Corach, juez que llegó a la edad límite para la jubilación y a quien no le dieron un nuevo acuerdo en el Senado.
Los intereses a aplicar son de dos tipos: moratorios, por las demoras en el pago de la sentencia, y compensatorios, por el tiempo transcurrido. El DNU 70 de 2023 de Javier Milei fijaba un tope para el cálculo de interés: el 3% más el Índice de Precios al Consumidor. Pero ese DNU en el capítulo laboral fue declarado inconstitucional. Hoy, la mayoría de las salas de la Cámara falla con ese índice.
Tras el fallo en el caso Levinas, la Corte estableció que todos los juicios de la Justicia nacional (comerciales, penales, civiles, laborales) deben ser apelados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y, eventualmente, luego en la Corte nacional.
La “Corte porteña” aún no falló en ninguno de estos casos, pero se prepara para hacerlo.
Hernán Cappiello,Justicia,Conforme a,Justicia,,“Justicia divina”. La opinión de Julieta Prandi sobre el acto fallido de su exmarido Claudio Contardi en el juicio,,Lo confirmó el abogado de la modelo. Juicio contra el ex de Julieta Prandi: por qué la segunda audiencia pasó a un cuarto intermedio,,»Fue un calvario». Habló Julieta Prandi: los detalles explícitos y desgarradores sobre la denuncia a su exmarido
POLITICA
Máximo Kirchner y Kicillof se dirimen la conducción del PJ en 16 municipios: los tres distritos en tensión

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se prepara para una jornada decisiva este domingo, en la que se celebrarán elecciones internas en 16 municipios en los que no se replicó el acuerdo alcanzado para el consejo del partido a nivel provincial. Es que, de fondo, la disputa aún no resuelta entre sectores alineados con Axel Kicillof –quien encabezará la lista de consenso a nivel provincial como presidente del Consejo del Partido– y el kirchnerismo, encabezado por Máximo Kirchner, junto a fuerzas de poder local, sigue latente en distintos ámbitos. El objetivo es definir el liderazgo partidario en distritos donde la unidad resultó inalcanzable y reconfigurar la estructura peronista bonaerense.
Entre los 16 municipios hay 128.896 afiliados en condición de votar. El distrito con mayor peso electoral será General Pueyrredón (Mar del Plata), donde 31.347 afiliados están convocados a elegir sectores del cristinismo –con la figura de la senadora provincial Fernanda Raverta como terminal política– y una coalición que representa al MDF (Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof), encabezada por Adriana Donzelli, quien cuenta con el respaldo del exintendente y actual concejal Gustavo Pulti. El dirigente tiene su propio espacio llamado Acción Marplantese, pero tracciona en la interna del PJ de General Pueyrredón. Por su parte, el candidato de la lista 4 —“Patria sí, colonia no”, que respalda Raverta— es Daniel Di Bartolo, sindicalista del gremio de docentes privados SADOP.
Esta convocatoria a internas locales presenta un caso particular: el distrito de Navarro, inicialmente incluido entre los municipios en disputa, fue excluido de la jornada tras el retiro de la lista apoyada por el intendente Facundo Díz. La Junta Electoral del PJ proclamó triunfadora a la nómina encabezada por el exintendente Santiago Maggiotti. “Proclamar como vencedora de los comicios internos para elegir el consejo distrital a la lista correspondiente al distrito Navarro cuyo candidato a presidente es Santiago Alejandro Maggiotti”, dice la resolución difundida en la noche del último viernes del órgano que comanda el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.
La lupa en el conurbano
En la Primera sección electoral, tres municipios concentran la atención por la magnitud de sus internas. En Morón, el principal foco de tensión gira en torno a la pugna interna de Nuevo Encuentro: el intendente Lucas Ghi apoya la candidatura de Claudio Román, mientras Martín Sabbatella respalda a la camporista Paula Majdanski. Tanto Ghi como Sabbatella no figuran como afiliados formales al partido. El padrón de Morón suma 17.176 afiliados. Esta instancia entre los dos dirigentes ya se replicó cuando fue la negociación por la lista a concejales en la última elección legislativa. El resultante de lo que suceda este domingo preparará el escenario hacia 2027 en el orden local.

El distrito San Miguel anticipa una competencia ajustada con tres listas inscriptas, aunque solo dos concentran la disputa central porque representan a los principales actores de peso en el distrito y casualmente forman parte del MDF de Kicillof. Por un lado, Juanjo Castro, presidente local del PJ, se presenta con el apoyo de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense. Por el otro, Santiago Fidanza reúne a la línea de Andrés Larroque, titular de Desarrollo de la Comunidad. Fidanza es subsecretario en el ministero que comanda Larroque. La tercera nómina, de perfil kirchnerista, es encabezada por Héctor Fernández, líder de Peronismo Militante que reconoce a CFK en su conducción.
En Tres de Febrero continúa la rivalidad entre el kirchnerismo, que postula al camporista Juan Debandi para continuar al frente del partido -hoy es el presidente-, y Alejandro Collia, ministro de Salud provincial durante la gobernación de Daniel Scioli.
El interior de Buenos Aires también elige
La competencia se replica en numerosas jurisdicciones del interior bonaerense. En San Nicolás (Segunda sección), Cecilia Comerio, dirigente de La Cámpora, concejala y titular del consorcio del Puerto San Nicolás, enfrenta a Sebastián Vignoles del MDF, ante un padrón de 7.109 afiliados. En Zárate, 6.485 personas están habilitadas para elegir entre Ana María Almirón, alineada con Sergio Berni y Agustina Propato, y Leandro Matilla, presidente PJ local y referente del MDF.
En la Tercera sección, Magdalena tendrá la única interna, con 1.385 afiliados. Es uno de los pocos municipios donde no gobierna el PJ. Allí, competirán Mirna Gurina, de La Cámpora, y Juan Carlos García, del MDF. El PJ designó a un camporista de peso para que oficie de delegado en la elección: se trata del senador provincial Emmanuel González Santalla.

La Cuarta sección suma dos competencias: en Junín, tres listas se disputan el escenario. Fernando Burgos encabeza una nómina integrada por referentes de La Cámpora, el MDF y sectores próximos al Frente Renovador de Sergio Massa; Cristina Tejo lidera una lista respaldada por agrupaciones como Primero la Patria (CFK) y Barrios de Pie (MDF); mientras que Claudio Camilo, dirigente gremial municipal, cuenta con apoyo de algunos sindicatos. El padrón local es de 6.790 afiliados. En Lincoln, el exintendente Jorge Fernández busca revalidar su conducción frente a Nicolás Rosas del MDF.
En la Quinta sección, además de Mar del Plata, destacan Balcarce (3.195 afiliados), con competencia entre el dirigente Eduardo Guzmán, algo más cercano al kirchnerismo y Sergio Aranaga con distintas terminales del MDF. La Cámpora había presentado una lista pura que no fue aceptada por la Junta. En Lobería (1.177 afiliados), se presentan tres listas: José Orbaiceta (peronismo local), Natalia Beraza (La Cámpora) y Eva Toledo (MDF).
En la Sexta sección electoral hay disputas. Una en Coronel Suárez (2.198 afiliados), entre María Alesandra Santarossa (La Cámpora) y Damián Meier (peronismo local); y en Tornquist (1.268 afiliados), entre Alberto José Musso (afín a Sergio Bordoni y cercano a Massa) y Juan Carlos Gisler por el oficialismo PJ.
La Séptima sección mantiene el esquema de contiendas entre La Cámpora (que controla distritos populosos como Azul y Olavarría) y los sectores cercanos a Kicillof. En Roque Pérez, Eliana Gasparini (hija del exintendente Juan Carlos Gasparini respaldada por el kirchnerismo y el Frente Renovador) se mide con Homero Salas del MDF. La particularidad es que el exintendente formaba parte del MDF, mientras que su hija reporta a La Cámpora. En Saladillo, Diego Yanson (de La Cámpora y con apoyo del massismo) enfrenta a Fabián Salguero del MDF; espacio que actualmente conduce el partido bajo la figura de Danilo Mengarelli, quien será el primer candidato a congresal del PJ por ese distrito dentro de la lista 2. Roque Pérez cuenta con un padrón de 788 afiliados, mientras Saladillo suma 2.586 afiliados.
POLITICA
Cristina Kirchner llegará el martes a tribunales para su indagatoria sin esposas y con su custodia

La expresidenta Cristina Kirchner, presa en su casa cumpliendo una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, será indagada el próximo martes en la causa de los cuadernos de las coimas en los tribunales de Comodoro Py 2002.
Pero no será trasladada desde su casa de San José 1111 a Retiro en un camión celular del Servicio Penitenciario Federal, sino que irá con su custodia en un automóvil, vigilada por su tobillera electrónica que controla sus movimientos.
Al estar en arresto domiciliario, la intervención del Servicio Penitenciario Federal está vedada.
No es un trato excepcional, sino que es el que se le da a cualquier persona condenada con arresto domiciliario.
Esta es la segunda vez que Cristina Kirchner sale de su casa desde que fue detenida el 17 de junio de 2025 en su vivienda. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia para ser operada por una peritonitis el 20 de diciembre pasado. Permaneció en la clínica hasta entrado enero.
La seguridad en el exterior del edificio es responsabilidad de la Policía de la Ciudad; en el interior, es de la Cámara de Casación Federal. Si bien no se prevén manifestaciones en los alrededores del edificio judicial, sí se anuncia una marcha para acompañar la salida de Cristina Kirchner de su casa.
El Consejo de la Magistratura finalizó la puesta en valor del histórico auditorio de Comodoro Py, con una inversión superior a 162 millones de pesosConsejo de la Magistratura
Cristina Kirchner fue citada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7 a prestar declaración indagatoria en la causa de los cuadernos de las coimas el martes a las 9.
Inaugurará la ronda de declaraciones de los 20 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal, dos exchoferes y 65 empresarios acusados de haber pagado esos sobornos.
Todos deberán -a su turno- estar sentados en Comodoro Py 2002, en la sala Auditorium, de la planta baja que tiene espacio para 200 personas y un pullman especial, tipo teatro, para que la prensa siga la audiencia. Es la primera audiencia presencial de este juicio que arrancó en noviembre y siempre se hizo por Zoom.
El Consejo de la Magistratura finalizó la puesta en valor del histórico auditorio de Comodoro Py, con una inversión superior a 162 millones de pesosConsejo de la Magistratura
Además, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de recibir sobornos.
La expresidenta podrá optar por no declarar, aunque se descuenta que va a hacer un alegato político. Pero las diferencias son notorias de cuando fue indagada en la causa Vialidad.
Allí, el 2 de diciembre de 2019, estaba desafiante, a los gritos, golpeando el estrado y mirando a la cara a los jueces. En esa declaración, en la misma sala donde deberá estar el marte, Cristina Kirchner descalificó al tribunal que la condenaría.
“Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, les dijo.
Era una semana antes de asumir como vicepresidenta de la Nación y lleva encima el impulso de haber triunfado en primera vuelta con su estrategia de unir el peronismo en el Frente de Todos y promover a Alberto Fernández como presidente.
Ahora no es lo mismo. Cristina Kirchner llegará condenada, presa, conducida desde su casa, con tobillera electrónica, desaparecida de la escena política, con visitas restringidas y pugnando por seguir incidiendo en el futuro del justicialismo.
Sus discípulos, a los que aupó en el poder, ahora se independizaron y la desafían. Axel Kicillof quiere controlar el partido y se erige como candidato, prescindiendo de ella. Su hijo Máximo es quien lleva su bandera. Y los intendentes ya se corrieron y La Cámpora la reivindica, pero hace equilibrio con Kicillof.
Asi las cosas a su declaración, donde seguramente no contestará preguntas, le seguirá el exministro Julio de Vido, que está preso en la cárcel de Ezeiza, condenado por la tragedia de Once. De Vido pidió no ir a declarar a tribunales porque dice que está enfermo y el traslado agrava su salud.
También está previsto que sea indagado su mano derecha, Roberto Baratta, y los exfuncionarios Rafael Enrique Llorens y José Olazagasti, Rudy Olloa, y el empresario Nelson lazarte.
La defensa de Lazarte anticipó que por “estrategia procesal” su cliente no declarará y preguntó si podía saltearse la convocatoria. El tribunal lo rechazó y ratificó que todos deberán presentarse en los tribunales, independientemente de lo que elijan hacer ante los jueces.
El resto de los imputados podrá seguir el juicio de manera virtual, como hasta ahora.
Los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal N° 7, previeron esta declaración con todo cuidado.
Se reunieron con sus colegas del Tribunal Oral Federal N° 2 que son los que condenaron a Cristina Kirchner por Vialidad y los que controlan la ejecución de su pena.
Enviaron un oficio y explicaron que debía ser trasladada para prestar declaración indagatoria. El 11 de marzo pasado, el juez Rodrigo Giménez Uriburu autorizó por escrito el traslado desde la casa.
“En atención a lo solicitado, autorícese a Cristina Fernández de Kirchner a ausentarse de su domicilio a fin de comparecer a la audiencia de debate oral que se celebrará el próximo martes 17 de marzo, a las 9:00 horas, en la Sala Auditorium de este edificio”, escribió.
Y dijo que “Debe regresar inmediatamente una vez finalizada” la audiencia. No le dan ni un margen de duda para que se desvíe de su recorrido de regreso a San José 1111.
No hay limitaciones para que el público se haga presente en la sala de audiencias, excepto el espacio disponible y que se acrediten con anticipación.
El juez Giménez Uriburu dispuso que se notifique a las partes mediante cédulas electrónicas y se comunique a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, que son los que siguen los pasos de la tobillera electrónica, pues su portadora saldrá de los límites de su domicilio.
La indagatoria presencial es un triunfo de la Cámara de Casación Federal que viene insistiendo para que los jueces del tribunal oral de cuadernos dejen el Zoom y hagan el juicio de manera presencial.
Le mandaron dos oficios en ese sentido y hasta el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia se abocaron a remodelar la sala de audiencia y mudar -próximamente- al tribunal oral a oficinas en el edificio de Retiro y fuera del Palacio de Justicia donde están actualmente.
Estarán muy cerca de la sala de audiencias llamada Auditorio, una gran sala que consta de una planta baja amplia con el estrado para los jueces y los testigos, un espacio para las defensas y la fiscalía, y un pullman destinado al público, con capacidad para unos cien asistentes, en un piso superior.
Entran más de 200 personas y en este juicio hay 87 acusados.
La Sala fue recientemente remodelada. Se instaló tecnología que permite la transmisión por Zoom y se adecuaron tanto los proyectores para mostrar pruebas, como los monitores y el equipo sonoro. Se renovaron techos y pisos; se mejoró la acústica y la iluminación. Se remodelaron el foyer de acceso y los baños.
Se retiraron los cortinados originales, se colocaron paneles acústicos y el antiguo tapizado fue reemplazado por un sistema de alfombras modulares.
El Consejo de la Magistratura dispuso en diciembre pasado una inversión de 162 millones de pesos para una obra que duró 75 días.
A pesar de que estaba destinada al juicio del caso cuadernos, nadie usó la sala AMIA desde que se inauguró formalmente el año pasado.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 nunca se mudaron porque alegaron que era una complicación hacer el juicio en Comodoro Py cuando su tribunal tiene sede en el Palacio de Justicia. Dijeron que tendrían inconvenientes para trasladar la causa y mudar a los empleados auxiliares necesarios para hacer el juicio allí. Eso le informaron a la Cámara Federal de Casación Penal.
La fiscal del caso cuadernos, Fabiana León, también reclamó que el juicio se realizara con mayor frecuencia y lo mismo hizo uno de los imputados.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El frente anti-Milei desafía a la avenida del medio: la estrategia de Provincias Unidas y el rol de los dirigentes locales

La reunión de Miguel Ángel Pichetto con Cristina Kirchner abrió interrogantes entre los referentes de la avenida del medio. Es que el presidente de Encuentro Republicano Federal confirmó que con la ex presidenta coincidieron en la necesidad de construir un frente amplio anti Milei. A partir de entonces inició reuniones, actos y encabezó eventos con dirigentes que comparten el mismo objetivo. A sus movimientos se sumaron gestos de peronistas hacia radicales e integrantes de Provincias Unidas para sumarse a la cruzada. Según pudo saber Infobae, existen conversaciones para conformar una alianza hacia 2027, pero sin una estrategia conjunta entre los distintos sectores. Hay espacios que rechazan de plano al kirchnerismo.
A los coqueteos de Pichetto se sumó una declaración de Juliana Di Tullio que llamó la atención. Durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina relató que un senador radical fue convocado a dar explicaciones, en una especie de reto, al Comité de su provincia por su voto a favor de la reforma laboral. La legisladora cercana a Fernández de Kirchner describió el hecho como un ejemplo de que “hay radicales con orígenes populares y democráticos”. “Somos primos, por eso hay que ir a buscarlos”, agregó.
Este medio no pudo constatar la veracidad de los hechos ni el nombre del senador mencionado. La bancada en la Cámara alta está integrada por legisladores que responden a gobernadores que ya están en alianza con Javier Milei, otros con electorados cooptados por las ideas libertarias y algunos pocos integran la avenida del medio que no termina de definirse como opositora. Sin embargo, las declaraciones de Di Tullio expusieron una incógnita: ¿qué radicales estarían dispuestos a aliarse con el kirchnerismo?
La hipótesis de un acercamiento entre sectores del radicalismo y el kirchnerismo tiene antecedentes. No sería la primera vez que ocurre. En 2006, Néstor Kirchner impulsó La Concertación. El problema es que hoy la característica principal del voto radical es el fuerte rechazo al kirchnerismo. Aunque, como dice Di Tullio, en algunos valores son “primos”. Esos valores democráticos, institucionales y de defensa de la educación pública suelen aparecer en el discurso de dirigentes como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, impulsores de Provincias Unidas. Pero son también algunos de los principales detractores de todas las insignias K.
“Provincias Unidas ya murió”, deslizó a Infobae un armador conocedor del espacio. Como muchos, cree que hacia 2027 la polarización hará que un sector acuerde con el Gobierno y otros con el frente anti Milei. No hay lugar para el espacio de centro. El antecedente es la elección legislativa del año pasado, donde los propios gobernadores no pudieron hacer pie en sus provincias. Pese a ese diagnóstico, en el bloque que preside Gisela Scaglia aseguran que el espacio sigue en construcción.

Pullaro marcó en la ExpoAgro el rumbo de lo que será la agenda de Provincias Unidas en el Congreso: la baja de las retenciones. “Estamos encontrando nuestra identidad como espacio”, aseguran ante la complejidad del escenario polarizado. El gobernador santafesino mantiene un vínculo fluctuante con la Casa Rosada. No son considerados aliados de Milei pero tampoco son opositores. El resto de los gobernadores que integran el espacio, entre ellos Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), comenzaron a mostrar señales de acercamiento al Gobierno. Todos viajaron con Milei a Nueva York, por ejemplo.
De todos modos, dentro de Provincias Unidas aseguran que la alianza funciona como desde sus inicios y que incluso mantienen reuniones asiduamente. Reconocen que la ausencia de un candidato presidencial complejiza el armado nacional, pero confían en el proceso hacia adelante y creen que es apresurado hablar de la elección del año que viene. También le bajan el tono a los movimientos de Pichetto. Deslizan que ni Nicolás Massot ni Emilio Monzó están del todo convencidos de sus acercamientos con el kirchnerismo. “Por ahora sólo son fotos individuales”, dicen.

Mientras los gobernadores discuten su estrategia, en el radicalismo bonaerense también aparecen señales de acercamiento con sectores del peronismo. Para generar más ruido en la avenida del medio, este jueves se realizó en La Plata un homenaje a Raúl Alfonsín que reunió a peronistas con radicales. El intendente Julio Alak aprovechó la oportunidad y fue directo con su mensaje: “Argentina necesita nuevamente la capacidad de construir consensos amplios, de superar divisiones estériles y de pensar el futuro con una mirada estratégica”. Federico Storani, quien participó del evento, no esconde las coincidencias. Cree que el radicalismo tiene que estar “en las antípodas” del gobierno de Milei.
Storani representa un sector de la UCR que muestra explícitamente un acercamiento con el gobernador Axel Kicillof. El año pasado trascendió una foto juntos en un café platense. En su entorno reconocen que existen conversaciones para armar una alianza, pero también advierten que son negociaciones fragmentadas. “Nosotros no podemos ir con el kirchnerismo”, advierten a la espera de gestos de independización de La Cámpora.
Pero el radicalismo bonaerense tiene un mapa de estrategias y alianzas muy complejo. Por estos días buscan resolver la renovación de autoridades partidarias que, llamativamente, encontró la unidad de los sectores más importantes del partido centenario. Tal es la buena sinergia que Maximiliano Abad y Pablo Domenichini se sentaron juntos en primera fila en el homenaje a Alfonsín. Hasta unos meses atrás se habían enfrentado por la estrategia electoral y la sucesión del Comité.

Pero esa foto de unidad no implica coincidencias en lo que respecta al futuro del partido. Domenichini, referente bonaerense de Martín Lousteau, fue el principal impulsor de Somos Buenos Aires, la versión provincial de Provincias Unidas. Es de los que cree que la UCR debe profundizar las conversaciones para armar un frente ante Milei en la provincia de Buenos Aires, aunque en su espacio reconocen que La Cámpora sigue siendo un freno para sellar el acuerdo. Abad, en cambio, está muy lejos de acercarse a Kicillof. El año pasado sólo se dedicó a armar una lista en Mar del Plata tras la fuga de Cristian Ritondo a La Libertad Avanza.
Todos los sectores de la avenida del medio coinciden en lo que finalmente pasará el próximo año: no habrá una estrategia electoral nacional unificada y cada provincia sellará el acuerdo que mejor le convenga para retener sus territorios o conquistar nuevos. Nadie imagina a los radicales de Córdoba aliándose con el peronismo. De hecho, los más opositores a La Libertad Avanza hablan de negociar un programa de Gobierno con los libertarios. En Santa Fe sucede lo mismo: el kirchnerismo es mala palabra y Pullaro comparte electorado con Milei. Esa tensión explica por qué, pese a los gestos cruzados y las fotos compartidas, la avenida del medio todavía no encuentra una estrategia común.
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