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Tras acusar a Maduro de narcotraficante, Trump ordena al ejército perseguir a los carteles de la droga extranjeros

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El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.

La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.

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La orden sienta las bases oficiales para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.

Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones para perseguir a estos grupos, según informaron personas familiarizadas con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas.

Donald Trump junto a su vice, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP

Sin embargo, ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría «asesinato» si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.

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No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.

Este año, Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha intensificado la vigilancia y las medidas de interdicción de drogas.

Cuando regresó al cargo en enero, Trump firmó una orden que instruía al Departamento de Estado a comenzar a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

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Trump ha atacado especialmente a organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varias otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían «una amenaza para la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional».

Recompensa por Nicolás Maduro

Hace dos semanas, el gobierno de Trump añadió al Cártel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios de su administración.

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El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno estadounidense duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto de Maduro, acusado de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como cabecilla de un cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que «no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes».

Al ser preguntada sobre la autorización de Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que «la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras».

El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la nueva directiva.

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Los ataques militares unilaterales contra los cárteles constituirían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel de liderazgo en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas.

Una campaña sostenida probablemente también plantearía más cuestiones relacionadas con el intento de Trump de utilizar a las fuerzas armadas de manera más agresiva para respaldar una variedad de sus políticas, a menudo frente a restricciones legales y constitucionales.

Antecedentes en América latina

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La participación militar estadounidense en operaciones antidrogas en Latinoamérica ha sobrepasado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, dichas operaciones se enmarcaron como un apoyo a las autoridades policiales.

En 1989, el presidente George H.W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para arrestar a su líder, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Antes de la operación, William P. Barr, quien entonces dirigía la Oficina de Asesoría Legal y fue fiscal general durante el primer mandato de Trump, redactó un memorando controvertido en el que afirmaba que Bush tenía la autoridad para ordenar arrestos de fugitivos en el extranjero por parte de las fuerzas del orden sin el consentimiento de otros estados.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción de Panamá como una «flagrante violación del derecho internacional».

En la década de 1990, el ejército estadounidense colaboró con las actividades antidrogas de Colombia y Perú compartiendo información sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas, como datos de radar e intercepciones de comunicaciones. Pero después de que esos gobiernos comenzaron a derribar esos aviones, la administración Clinton detuvo la asistencia durante meses en 1994.

La Oficina de Asesoría Legal emitió un dictamen que indicaba que los oficiales militares que proporcionaron dicha información, a sabiendas de que se utilizaría para derribar sumariamente dichas aeronaves, podrían estar exponiéndose a un posterior procesamiento judicial. El Congreso finalmente modificó la legislación estadounidense para permitir dicha asistencia.

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La Armada ha participado durante mucho tiempo en la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, los buques de guerra suelen hacerlo como parte de una operación policial, bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. Según una ley de 1878 llamada Ley Posse Comitatus, generalmente es ilegal utilizar a las fuerzas armadas para desempeñar funciones policiales.

Las fuerzas armadas estadounidenses también han realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, incluyendo tropas colombianas y mexicanas. Asimismo, proporcionaron equipo y aeronaves a antiguos escuadrones de la DEA que asesoraron y desplegaron, e incluso en ocasiones participaron en combates con, agentes antidrogas locales en países como Honduras. El programa finalizó en 2017.

Pero la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o asesinen directamente a personas involucradas en el narcotráfico.

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Etiquetar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos «utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, o lo que sea, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo», declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista con el medio católico EWTN.

«Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico».

Los especialistas legales afirmaron que, según la legislación estadounidense, imponer sanciones contra un grupo declarándolo entidad «terrorista» puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros realicen negocios o viajes, pero no otorga autoridad legal para realizar operaciones similares a las de tiempos de guerra contra él con la fuerza armada.

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Durante su primer mandato, Trump quedó fascinado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, calificó posteriormente de absurda en sus memorias y que provocó la indignación de las autoridades mexicanas.

Sin embargo, la idea de usar la fuerza militar arraigó entre los republicanos y se convirtió en un tema de conversación en el ciclo electoral de 2024. Trump prometió durante la campaña desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, en sus propias palabras, declarar la guerra a los cárteles.

El contralmirante retirado James E. McPherson, quien se desempeñó como principal abogado uniformado de la Armada a principios de la década de 2000, afirmó que sería «una grave violación del derecho internacional» usar la fuerza militar en el territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones, pero que dichas limitaciones no se aplican a buques sin bandera en aguas internacionales.

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También existen restricciones legales internas. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el poder ejecutivo califica de terroristas.

Eso significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en una alegación sobre la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, tal vez contra las sobredosis de fentanilo. McPherson señaló que el gobierno ha impulsado agresivamente una interpretación amplia del poder unilateral de Trump.

No está claro qué reglas de enfrentamiento regirían la acción militar contra los cárteles.

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Sin embargo, cualquier operación que pretendiera asesinar a personas basándose en su presunta condición de miembros de un cártel autorizado, y fuera del contexto de un conflicto armado, plantearía problemas legales relacionados con las leyes contra el asesinato y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos, afirmó Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en el derecho internacional humanitario.

“Con la práctica tradicional del poder ejecutivo, sería difícil que un narcotraficante cualquiera cumpliera con los requisitos para la excepción de legítima defensa a la prohibición del asesinato”, afirmó.

Como alternativa, el ejército podría llevar a cabo operaciones de captura, reservando la fuerza letal para la legítima defensa si las tropas encontraran resistencia.

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Sin embargo, las capturas podrían plantear otros problemas legales complejos, añadió Finucane, incluyendo el alcance de la facultad del ejército para retener a prisioneros como detenidos de guerra sin autorización del Congreso. O bien, el ejército podría transferir a cualquier prisionero al Departamento de Justicia para su procesamiento en un tribunal civil.

c.2025 The New York Times Company

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INTERNACIONAL

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

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El Consejo de Seguridad de la ONU (Europa Press/Archivo)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplazó para este domingo la reunión de emergencia prevista para tratar el reciente anuncio del Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tomar la ciudad de Gaza.

La reunión, que estaba prevista que se llevase a cabo este sábado a las 15:00 (hora local de Washington), arrancará previsiblemente el domingo a las 10:00, según consta en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.

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El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza “marca una peligrosa escalada” que pondrá “aún más en peligro” a los civiles en Gaza, incluyendo los secuestrados que permanecen en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

El Gobierno de Israel aprobó en la madrugada del viernes la propuesta de Netanyahu para ampliar las operaciones en Gaza, incluyendo la toma de la homónima capital del enclave palestino en base a premisas como “la desmilitarización” y el control de su seguridad, así como “el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos”.

El secretario general de Naciones
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (REUTERS/Brendan McDermid)

La convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad fue solicitada por diversos miembros de este organismo ante la “preocupación creciente”, según transmitió un integrante del cuerpo diplomático a la agencia de noticias AFP.

Varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión”, declaró el representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour, ante la prensa sobre esta cumbre para abordar la nueva iniciativa israelí, que según filtraciones incluiría la evacuación de la población gazatí antes del 7 de octubre y la imposición de un gobierno provisional no vinculado al grupo terrorista Hamas ni a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

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Distintos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su rechazo a la decisión de Israel.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que el plan israelí “no aclara cómo se pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamas, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego”. En este sentido, anunció la suspensión hasta nuevo aviso de exportaciones de material militar a Israel que pueda ser utilizado en la Franja, una decisión inédita para Alemania desde el inicio del conflicto.

El canciller alemán, Friedrich Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En una decisión similar, Países Bajos calificó el plan militar de “un paso equivocado” y canceló entregas navales a Israel por considerar que existe “riesgo de uso” contra Gaza. El gobierno neerlandés remarcó que la ciudad “pertenece a los palestinos” y advirtió que la operación “no contribuye en absoluto” a la mejora humanitaria del enclave.

Las reacciones diplomáticas también se extendieron a Bélgica, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, convocó a la embajadora de Israel, Idit Rosenzweig-Abu, para expresar la oposición del gobierno belga y abogar para que se dé marcha atrás en los planes anunciados.

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España, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, condenó de manera firme la decisión israelí e instó a la instauración de un alto el fuego permanente, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de “errónea” la decisión de Israel y advirtió que la expansión militar solo acarrearía “más derramamiento de sangre”, argumentando que no contribuirá a la solución del conflicto ni a la liberación de los capturados. Starmer recordó que el Reino Unido prevé reconocer el Estado palestino en la ONU si no hay avances en el alto el fuego.

El desarrollo de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU será clave para determinar la respuesta internacional ante los últimos acontecimientos en Gaza y definir posibles acciones diplomáticas orientadas a contener la escalada en la región.

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Diplomacy / Foreign Policy,North America,NEW YORK

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Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

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Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza

El Ministerio de Defensa italiano informó sobre el vuelo inaugural del primer avión del país destinado a lanzar ayuda humanitaria a la población de Gaza, con una frecuencia de uno por día durante una semana.

La institución difundió imágenes de un avión de transporte C-130J de la Fuerza Aérea Italiana en pista, preparándose para despegar bajo la misión “Solidarity Path Operation 2» («Operación Sendero Solidario 2″), un puente humanitario destinado a apoyar a la población civil en la Franja de Gaza.

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Italia enviará alrededor de 100 toneladas de bienes, incluidos alimentos y artículos básicos, que serán transportados a Amán en un vuelo civil. Estos suministros, almacenados en palés, se cargarán posteriormente en aviones para su lanzamiento aéreo.

Italia se sumó a Bélgica y otros países que realizan envíos de ayuda humanitaria aérea a Gaza

La operación prevé un lanzamiento diario durante siete días, implicando a tripulaciones de la Fuerza Aérea y personal del Ejército especializado en logística de carga.

Previo a esta misión, el Ministerio de Defensa había apoyado a Gaza mediante el buque hospital “Vulcano“, vuelos médicos para niños heridos y la entrega de medicamentos a través de helicópteros del Ejército.

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En la plataforma X, el Ministerio compartió junto al video la siguiente cita textual: “Despega el primer vuelo para el lanzamiento en paracaídas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La Defensa siempre está ahí, donde y cuando se la necesita”.

Además, el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores confirmó recientemente un nuevo envío de ayuda humanitaria a Gaza. Este envío incluye más de 350 toneladas de harina para la población civil palestina, cuya entrada a la Franja se realizará por camión desde Jordania.

Personas esperan por recibir alimentos en Gaza (Abed Rahim Khatib/dpa/Europa Press)

Por su parte, el Reino Unido asignará 8,5 millones de libras adicionales (9,8 millones de euros) para apoyar la labor humanitaria de las Naciones Unidas en Gaza, según informó el Ministerio británico de Asuntos Exteriores en un comunicado.

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Estos fondos se canalizarán mediante el fondo para los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) de la agencia de la ONU para asuntos humanitarios (OCHA) y se destinarán a proveer alimentos, agua y combustible en las áreas más necesitadas de la Franja de Gaza, de acuerdo con el Foreign Office.

La suma anunciada se incluye en el presupuesto de 101 millones de libras (116,6 millones de euros) de ayuda oficial al desarrollo que el Reino Unido comprometió este año fiscal para los TPO.

Según el ministerio, el Reino Unido es el principal donante de este fondo humanitario de la ONU y el nuevo paquete podría beneficiar a miles de civiles “si Israel permite que la ONU y otras agencias operen en la escala necesaria”.

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La entrega de ayuda humanitaria
La entrega de ayuda humanitaria para la población de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

El respaldo británico, a través de OCHA, ya ha posibilitado la distribución de alimentos y atención médica y económica para más de 750.000 palestinos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, según el Foreign Office.

El anuncio se produce tras la aprobación por parte del gabinete de seguridad israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, de un plan para una nueva ofensiva militar en la Franja de Gaza, con el objetivo de ocupar la ciudad de Gaza. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó esta decisión como «errónea“.

La catástrofe humanitaria en Gaza continúa e instamos a Israel a revertir su decisión de ampliar las operaciones militares. Todas las partes deben restablecer el alto el fuego para poner fin al terrible sufrimiento y asegurar la liberación de todos los rehenes», declaró Jenny Chapman, secretaria de Estado británica para el Desarrollo Internacional.

Chapman también describió como «inaceptable» que la ayuda permanezca en la frontera y reclamó a Israel permitir el acceso seguro de más suministros. Además, aseguró que el Reino Unido está preparado para enviar más víveres con la colaboración de sus socios.

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“La insuficiencia de suministros que llegan está provocando escenas atroces y caóticas mientras civiles desesperados intentan acceder a cantidades mínimas de ayuda”, afirmó Chapman.



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Lone Star State rivals for US Senate compete to wrangle runaway Democrats

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A super PAC supporting Texas Attorney General Ken Paxton’s 2026 primary challenge against longtime Republican Sen. John Cornyn is showcasing the MAGA firebrand’s efforts in the Lone Star State’s high-stakes redistricting battle.

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It’s the latest example of how the redistricting showdown in Texas is shaping what is likely to be one of the most bruising and expensive Senate races in next year’s midterm elections.

A digital spot by Lone Star Liberty PAC includes a compilation of cable news reports, and it highlights Paxton’s efforts to track down Democratic Texas lawmakers who fled the state to prevent the Republican-dominated legislature from voting on new GOP-crafted congressional maps in the red state that would create five more right-leaning congressional districts.

It includes a clip of Paxton pushing «to remove some of these legislators from office» and conservative media figures praising the attorney general’s moves. If also includes a photo of Paxton standing next to President Donald Trump, who remains neutral to date in the GOP primary battle.

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TEXAS ATTORNEY GENERAL PAXTON INVESTIGATING BETO O’ROURKE

The Republican push in Texas, which comes at Trump’s urging, is part of a broader effort by the GOP across the country to keep control of its razor-thin House majority in the 2026 midterms, when the party in power traditionally faces political headwinds and loses seats.

Trump and his political team are aiming to prevent what happened during his first term in the White House, when Democrats stormed back to grab the House majority in the 2018 midterms. 

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SEN. CORNYN SUCCESSFUL IN URGING FBI TO TRACK DOWN FLEEING TEXAS DEMOCRATIC STATE LAWMAKERS

While the redistricting battle has spread to states across the country as Democratic governors in blue states and GOP governors in red states move toward rare mid-decade gerrymandering pushes of their own, the dispute in Texas is taking center stage in the GOP Senate primary. 

Republican Sen. John Cornyn of Texas, left, and Texas Attorney General Ken Paxton, who are facing off in the state’s 2026 GOP Senate primary, are showcasing their efforts to crack down on fleeing Texas Democratic state lawmakers. (Getty Images)

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Texas-based veteran Republican strategist Tyler Norris told Fox News Cornyn and Paxton «are using every tool at their disposal to prove that they’re both dedicated to helping the Trump administration gain more seats in Congress for 2026.»

Cornyn spotlighted his urgent letter asking the FBI for help in tracking down the Democratic state lawmakers who fled Texas. The senator’s move resulted in the FBI approving his request to locate the AWOL lawmakers.

«I am proud to announce that Director Kash Patel has approved my request for the FBI to assist state and local law enforcement in locating runaway Texas House Democrats,» Cornyn said in a statement. «We cannot allow these rogue legislators to avoid their constitutional responsibilities.»

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But it remains unclear whether the FBI could actually return the lawmakers to Texas.

Paxton is also looking into whether two political action committees aligned with former Democratic Rep. Beto O’Rourke of Texas may have violated state laws by assisting the state lawmakers who fled.

«Any Democrat coward breaking the law by taking a Beto bribe will be held accountable,» Paxton said this week during a news conference.

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O’Rourke came close to ousting Sen. Ted Cruz in the 2018 midterms before running unsuccessfully for the 2020 Democratic presidential nomination. He lost to Texas Gov. Greg Abbott in the state’s 2022 gubernatorial contest, and is considering jumping into the 2026 Senate race in Texas.

He’s been visible in his support for the fleeing Texas Democrats.

Former Rep. Beto O'Rourke is supportive of Texas Democratic state lawmakers

Former Rep. Beto O’Rourke, D-Texas, who is considering a U.S. Senate run in 2026, is supportive of Texas Democratic state lawmakers who fled the Lone Star State in the redistricting dispute. (Brandon Bell/Getty Images)

And O’Rourke has pushed back against Paxton.

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«The guy impeached for bribery is going after the folks trying to stop the theft of five Congressional seats,» O’Rourke argued in a social media post Wednesday. «Let’s stop these thugs before they steal our country.»

Texas state Sen. James Talarico, who is also moving toward entering the Senate race, is among the Democrats who fled to Illinois to prevent the legislature from voting on the redistricting plan.

Since arriving in Illinois, Talarico has sat for a couple dozen interviews with media outlets across the country.

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The only major Democrat who’s already announced his candidacy in the Senate race, former Rep. Colin Allred, is also supportive of the fleeing lawmakers.

But Allred, who is making his second straight bid for the Senate in Texas, has not been in the media spotlight to the degree of Talarico or O’Rourke.

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