La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.

Para la semana que viene, los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. En particular, el primero ha traído controversia por el nivel de rechazo de ciertos sectores de la oposición: por caso, más de 100.000 personas buscaron anotarse para exponer en la audiencia previo a su tratamiento en comisiones. Esto no impediría que el oficialismo logre alzarse con la sanción definitiva.

El proyecto impulsado por el Gobierno tiene el apoyo de las provincias mineras, ya que permitirá la incursión de explotaciones de diferentes minerales en áreas que actualmente son consideradas periglaciares. “Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla”, afirma una fuente de alto rango en la Cámara de Diputados.

El vínculo que Nación pueda seguir estableciendo con un grupo de gobernadores se presagia vital para que el Gobierno pueda mantener una agenda propositiva en materia de reformas. Sin ellos, al oficialismo le resultaría imposible poder aprobar proyectos en el Congreso.

En la toma de decisiones políticas del Gobierno consideran que las alianzas con los distintos gobernadores que le han brindado apoyo a La Libertad Avanza siguen intactas. “Creemos que tenemos hasta agosto para poder continuar con la dinámica que tuvimos desde las sesiones extraordinarias”, afirman en ese círculo. Pese a que el presidente Javier Milei consignó que el 2026 sería el año más reformista de su gestión, durante el mes de marzo el Congreso permaneció prácticamente sin actividad.

Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.

El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.

Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.

“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirma una fuente que trabaja en esta materia junto al Gobierno.

Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos que tenía a disposición el Gobierno como para aliviar el estado de ciertos gobernadores. En rigor, busca evitar que la crisis provincial derive en un incremento de la deuda externa subnacional.

El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.

El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto transversal e inmediato. De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco que obtuvo Clarín, durante marzo las transferencias sumaron $5,05 billones, cifra que en términos constantes implica una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan al actual comienzo de año como el segundo más bajo, solo superado por el resultado de 2024.

Pese a todo, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente como para reclamarse mutuamente. “Las vacas flacas son para todos”, dice un funcionario del Gobierno Nacional.

El nivel de desesperación de ciertos gobernadores es tal que hasta los más lejanos al mileísmo han debido ceder en algunos aspectos de su política pública. Infobae adelantó el mes pasado que el fueguino Gustavo Melella impulsaría la adhesión de su provincia al RIGI -una de las políticas insignia impulsadas por Milei- para buscar mayores inversiones a su provincia en medio de una difícil situación financiera que atraviesa su gestión.

La flexibilización en los vínculos con Nación también alcanza a la gobernación de La Rioja que comanda Ricardo Quintela. Días atrás, uno de sus hombres de mayor confianza y secretario general, Ricardo Herrera, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las versiones son disímiles según el caso. En la provincia afirman que fue una reunión cuasi protocolar entre dos personas que se conocen desde hace décadas, mientras que los libertarios afirman que se solicitó para reclamar por fondos para su provincia.

Circuló por estas horas que Nación se habría dispuesto a dar partidas presupuestarias a cambio de que Quintela implemente la Boleta Única Papel, se adhiriera al RIGI y aplique una normativa de transparencia en el manejo de los fondos públicos para su administración. El representante riojano no habría garantizado ninguna de estas opciones. Pese a todo, La Rioja fue una de las provincias que recibirán adelantos de coparticipación. Mientras tanto, en la gobernación esperan una resolución de la Corte Suprema respecto a un reclamo por USD 1.200 millones de fondos retenidos de manera presuntamente indebida por el Estado Nacional.

“¿Hay más?”, le preguntaron a Manuel Adorni hace exactamente una semana en Casa Rosada. Su respuesta fue tajante: “No”. Mintió. El lunes por la tarde se conoció que dos jubiladas le vendieron un departamento tasado en 230 mil dólares en la mejor zona de Caballito. Cada una le prestó 100 mil para que se los comprara. Adorni ocultó esa información a sus jefes. En realidad, a “El Jefe”, Karina Milei, hoy su principal -y quizás único- sostén para estar en el cargo. Mientras la Justicia citaba a la escribana que escrituró la vivienda, organizaciones sociales hacían un escrache en la puerta del barrio cerrado de Exaltación de la Cruz donde Adorni se compró una casa de fin de semana. En Caballito, mientras tanto, docentes de la Universidad de Buenos Aires hicieron una clase pública. Demasiada exposición para un Gobierno que quiere detener una avalancha judicial y de información que aparece minuto a minuto. Este mediodía Adorni iba a dar una nueva conferencia de prensa. La idea era mostrar iniciativa para cerrar el escándalo. Los nuevos datos publicados hicieron que haya un cambio de planes. El próximo 29 de abril el jefe de gabinete debe ir a realizar el informe de gestión al Congreso. Ya se anotaron más de 4900 preguntas de los diputados. Apenas unos diputados. ¿Llega?

Por encima del escándalo Adorni, la causa Libra sigue siendo para los hermanos Milei el gran agújero que impacta en el corazón del poder. El domingo pasado, una extensa investigación de Mariel Fitz Patrick en Infobae consignó que una hora antes del posteo que publicó el Presidente promocionando una estafa, hubo 6 llamadas entre las 17:53 y las 18:58, de las cuales 5 fueron entre el broker Mauricio Novelli y el Presidente, y la sexta entre Novelli y Karina Milei. Después, y hasta la medianoche del mismo día, hay 13 llamadas más: 4 con Milei, 7 con su hermana y 2 con Santiago Caputo. Los llamados no frenaron. Al día siguiente, 15 de febrero, desde la madrugada hasta casi la medianoche, se registraron 9 llamadas de Novelli con Caputo y 5 con Karina Milei.

En uno de los tantos audios, el 2 de noviembre del 2024, tres meses antes del escándalo, Novelli habla de un pago mensual a “Kari”: ““Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses. Eh, y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo”.

Un funcionario de Casa Rosada dialogaba con este cronista cuando miró su celular y observó el dato de la baja en la pobreza. La comparación de la agenda fue inmediata: “Baja la pobreza pero se habla de Adorni”, reconoció. El dato del INDEC le dio un nuevo aire al Presidente. La pobreza cerró el año en 28,2%. La comparación es con el registro del segundo semestre de 2024, que había sido de 38,1%. Se trata del nivel más bajo desde el primer semestre de 2018 (27,3%, durante el gobierno de Mauricio Macri). El dato duro contrasta con testimonios de primera línea. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, contó en Infobae en Vivo que en su municipio hay 600 comedores. En total son 400 familias las que buscan un bolsón de comida por día. Además, reconoció el problema de presupuesto: “Tenemos un retraso de 8 meses en el pago a proveedores”. ¿Y la provincia de Buenos Aires auxilia a los distritos? Desde La Plata se transfiere el pago para alimentos en escuelas, por un lado, y a través de Desarrollo de la Comunidad (a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque y Santiago Fidanza). ¿Podría haber más? Según el gobierno de Axel Kicillof, es imposible por el recorte de fondos de Nación. Estiman una deuda de más de 12 billones de pesos. La provincia recurrió a la Corte Suprema, ya hubo una audiencia en marzo y el tribunal fijó otra para el 21 de abril, focalizada en la deuda de la ANSeS con el sistema jubilatorio provincial.

Dentro de los sectores que están perdiendo con el nuevo modelo macroeconómico la preocupación de la actividad se trasladó al temor -creciente- por el estiramiento en la cadena de pagos. Sin estar rota, lo cual sería aún más preocupante, el pago diferido de cheques y el pedido de prórroga para abonar a proveedores comenzó a ser tema de conversación. Una financiera que tiene como clientes a este tipo de PYMES lo explicó a Infobae: “Aparecen cada vez más empresarios con cheques a 30 o 60 días que no los pueden aguantar. Algún proveedor no paga, otro lo estira y la empresa tiene que salir a ‘reventar’ el cheque en alguna cueva”. ¿Qué tasa de interés se paga por estos días? Uno de ellos le contó a este medio que abonó 0,37% por día, lo que le dió una tasa del 11,1% al mes. “Es cierto que es lo que se cobra. Pero el riesgo de que el cheque esté sin fondos lo corremos nosotros”, aclaró un tomador de cheques. “Reventas el cheque y con esa tasa que te cobran el margen se va a cualquier lado. No es sostenible mucho tiempo, a menos que repunte la actividad”, agregó otro.

Más allá de la excelente noticia que fue el fallo de Estados Unidos por YPF, vale ir al detalle de la “célebre página 50”. Allí la justicia de Estados Unidos aclara que la Argentina violó el estatuto de YPF aunque la ley local esté por encima. Dice el texto: “En definitiva, ninguna de las partes involucradas en estos dos casos discute que la República violó los Estatutos de YPF. La República lo hizo tras limitar su margen de maniobra con un requisito de oferta pública de adquisición y promocionar repetidamente estas protecciones en su folleto de salida a bolsa y en los documentos presentados ante la SEC en la década de 1990. Petersen II, 895 F.3d en 200. Su razón para hacerlo era, claramente, asegurar a los inversores privados —muchos de ellos radicados en Estados Unidos— que estarían protegidos en caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor compañía de petróleo y gas del país si las circunstancias económicas y políticas cambiaban, como ocurrió a principios de la década de 2010. Es muy probable que la República no hubiera podido recaudar 1.100 millones de dólares con los ADR de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York sin estas protecciones para los inversores. Y su negativa a respetar esas protecciones dos décadas después de haberlas establecido genera dudas sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país en general”.

Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, resumió ante este medio: “Eso será analizado por años y terminará perjudicando a Argentina en el largo plazo. No inmediatamente, pero es muy importante la conclusión de los jueces”.

El Gobierno de Estados Unidos elogió la decisión de Argentina de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como parte del respaldo ofrecido por la administración de Javier Milei a la lucha contra el terrorismo.

Por medio de un comunicado emitido en la red social X, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado estadounidense calificó la medida como un paso relevante en la lucha contra el terrorismo internacional y celebró la postura adoptada por la Nación argentina. “Aplaudimos las medidas adoptadas por la Administración Milei para contrarrestar el terrorismo global”, aseguraron.

La decisión fue anunciada por el Gobierno nacional el martes por la noche tras confirmar la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al listado oficial de entidades terroristas. A partir de esta inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilitará el congelamiento de activos y la exclusión de la organización del sistema financiero nacional.

Esta determinación, anunciada por la Oficina del Presidente, se fundamentó en los antecedentes judiciales locales que vinculan a la fuerza iraní y a la organización Hezbollah con los dos atentados más letales en suelo argentino: el ataque a la Embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la sede de la AMIA en 1994. En el primer hecho murieron 29 personas y hubo más de 200 heridos, mientras que el segundo provocó 85 muertes y más de 300 heridos.

Según el propio comunicado presidencial, “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. La decisión incluyó también la ratificación de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre Ahmad Vahidi, actual jefe del CGRI, junto a otros ciudadanos iraníes que previamente fueron señalados por la Justicia argentina.

Con la nueva disposición, la Justicia argentina podrá profundizar investigaciones sobre posibles conexiones locales de la organización y actuar con mayor celeridad en el rastreo de fondos o actividades que representen una amenaza para el país. Además, se espera que la cooperación internacional en inteligencia y la coordinación con países aliados se vean reforzadas.

El Gobierno enmarcó la decisión en una doble coyuntura: la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel en Medio Oriente y la necesidad de saldar una deuda histórica con las víctimas de los ataques de los años 90. De esta manera, la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista no solo responde a una alineación diplomática con Occidente, sino que también se vincula a procesos judiciales aún abiertos y al reclamo de justicia de los familiares de las víctimas.

Desde el Ejecutivo aseguraron que, con esta decisión, el presidente Javier Milei considera que con esta resolución se cumple una “deuda histórica de más de 30 años”. Por esto, las autoridades insistieron en que la iniciativa “reafirma el compromiso del Gobierno con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, así como con la identificación y persecución de sus responsables.

De la misma manera, las fuentes oficiales remarcaron que el objetivo es “alinear a la República Argentina con la civilización occidental y combatir frontalmente a quienes buscan destruirla”. Así, la decisión reforzó el mensaje de que el país no tolerará la presencia de estructuras extranjeras acusadas de terrorismo en su territorio.

Qué es la Guardia Revolucionaria de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán surgió en 1979 tras la revolución islámica impuesta en ese país, que terminó por consolidarse como un actor central en la arquitectura política del país. Esta fuerza opera en paralelo a las Fuerzas Armadas convencionales, pero con autonomía y un peso considerable en la definición de las políticas estratégicas del gobierno iraní.

El alcance de la Guardia Revolucionaria no se limita a lo militar. La organización interviene en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus operaciones y sostener su influencia dentro y fuera de Irán. De esta manera, su presencia se extiende mucho más allá del aparato institucional, convirtiéndola en uno de los pilares fundamentales del régimen.

El brazo externo más relevante de la Guardia es la Fuerza Quds, responsable de coordinar las operaciones fuera del territorio iraní. A través de esta unidad, el régimen mantiene vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, tejiendo una red de alianzas que refuerza su influencia regional. Esta proyección internacional fue uno de los argumentos principales para que varios países incluyan a la Guardia Revolucionaria en sus listas de organizaciones terroristas.

En 2019, Estados Unidos sentó un precedente al declarar a la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista, medida que involucró por primera vez a una estructura estatal completa y no solo a grupos no estatales. Tal decisión marcó un cambio en la forma en que la comunidad internacional aborda la problemática del terrorismo de Estado.

En las semanas recientes, el papel de la Guardia Revolucionaria se intensificó tras los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel. Desde esta estructura se organizaron ataques con misiles y drones contra objetivos regionales, consolidando su rol como el principal instrumento de acción exterior del régimen iraní. La respuesta militar también impactó en la conducción interna, ya que algunos de sus altos mandos fueron blanco de ataques selectivos, lo que produjo reconfiguraciones en la cúpula y aumentó la centralidad de la organización dentro del sistema iraní.

La figura de Ahmad Vahidi cobró especial relevancia en este contexto. Como actual jefe de la Guardia Revolucionaria y funcionario con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA, su liderazgo refuerza el nexo entre esa fuerza y la agenda judicial pendiente en la Argentina. El hecho de que un alto responsable de la organización esté vinculado a causas abiertas en tribunales argentinos subraya la dimensión transnacional de la problemática.

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