POLITICA
Un fallo pone en riesgo la investigación contra el exjuez acusado de vínculos con el narcotráfico
Un fallo de la Cámara de Casación penal pone en riesgo la investigación contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, decidió evaluar el planteo de un abogado tributarista, oriundo de Rafaela, que pide que la causa sea investigada con el viejo sistema procesal penal y no por el nuevo sistema acusatorio. Este último se puso en funcionamiento en Rosario a principios de mayo de 2024.
Este tecnicismo podría hacer naufragar una investigación que lleva más de un año y obligó a Bailaque a presentar su renuncia a partir del 1° de julio pasado –que aceptó el presidente Javier Milei-, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.
La renuncia aceptada le permite percibir su jubilación por el régimen especial de Santa Cruz, donde este exmagistrado trabajó entre 1994 y 2008, cuando fue designado juez federal en Rosario.
Bailaque está siendo investigado en tres causas. Una se inició a partir de lo que reveló el 10 de junio de 2024, cuando se publicó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau –también con prisión domiciliaria-, con el principal narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado.
Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, una de las que usaba este criminal para lavar dinero, con el asesoramiento del contador de Bailaque.
Además está sospechado de favorecer a Alvarado al no autorizar durante tres años escuchas telefónicas contra personas de su entorno entre 2013 y 2016, lapso en el que el narco tuvo un exponencial crecimiento económico en base al tráfico de drogas y mató a decenas de sus rivales en el negocio mafioso.
Bailaque está acusado también de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien como los otros imputados goza de la prisión domiciliaria, que este viernes se prorrogó por otros 30 días.
Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, declaró como arrepentido en la causa y contó que en un asado en 2019 en la casa del entonces magistrado se coordinó la extorsión contra Claudio Iglesias, a partir de la apertura de una causa en base a un anónimo trucho.
Bailaque ordenó allanamientos e inhibió a nivel bancario a este empresario, al que se pretendía perjudicar, según Vaudagna, por aspirar a presidir la compañía San Cristóbal Seguros. Esta compañía aparece involucrada en la causa que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos mediante facturas por tareas falsas o genéricas, como “servicios empresariales”, “catering” o “horas de servicios prestadas”.
El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.
La entidad estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular Herme Juárez, alias Vino Caliente.
Bailaque avaló que unos 1000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.
Estas investigaciones derivaron en que el Consejo de la Magistratura basara su acusación contra Bailaque en estas causas.
Pero antes de que fuera suspendido y luego destituido, el magistrado renunció. Antes había tratado, a través de distintos recursos, que la causa no avanzara, pero sus intentos habían chocado con las propias decisiones judiciales.
Bailaque pidió en marzo de este año que estas investigaciones fueran tramitadas por el antiguo sistema procesal penal.
Es decir, el escrito, en la que el juez de instrucción tenía la batuta de la investigación. El objetivo, además, era desplazarlo al juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Primero hizo este planteo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que lo rechazó y luego fue a la instancia superior, a la Cámara de Casación Penal, que el 25 de marzo pasado, por mayoría, declaró inadmisible ese planteo.
La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.
El capítulo por este tema parecía zanjado pero ahora la defensa de Guillermo Zenklusen, un tributarista de Rafaela, llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país.
Y, este jueves, la Casación resolvió llamativamente hacer lugar a la queja. La Sala tiene ahora otra integración. Ya no interviene Barroetaveña, que fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky.
El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”.
La resolución deja constancia que el juez Gemignani “no firma la presente por hallarse en uso de licencia”.
Si la Cámara de Casación falla a favor de este reclamo la causa contra Bailaque volvería a fojas cero, según advirtieron fuentes judiciales.
Dejaría un agujero oscuro en lo que hasta ahora se investigó, con fuertes evidencias que obtuvieron los fiscales que trabajan desde el año pasado en estas causas.
Hay otro movimiento dentro de este caso que llamó la atención, y que podría tener relación con el planteo del tributarista de Rafaela, que aún no está imputado.
Fernando Whpei, quien pidió este viernes una prórroga de la detención domiciliaria estaría en negociaciones para plegarse a la figura conocida como “arrepentido”.
Pasaría a ser el segundo en esa condición, a la que adhirió en marzo pasado el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, cuyo testimonio fue clave para imputar a Bailaque. Fuentes judiciales interpretan que Whpei estaría especulando con un posible fallo de Casación a favor de Bailaque, que provocaría un colapso en esta investigación.
A la par de Bailaque, hay otro juez federal de Rosario que comenzó a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.
Es el magistrado Gastón Salmain, quien retornó hace unos días de sus vacaciones en el exterior, y se topó con una noticia favorable.
La comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura no se logró reunir el miércoles pasado, por la ausencia de dos miembros, el santafesino César Grau y la jueza Alejandra Provítola, presidente y vice de ese cuerpo. Según fuentes de ese cuerpo, ambos tenían problemas de salud. Las reuniones se hacen de manera virtual.
El extenso proceso que se abrió contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura no sirvió de nada, porque al final Milei terminó por aceptar su renuncia. En ese universo judicial, las piezas que se mueven muchas veces tienen intereses que no se aprecian sobre la superficie.
El interrogante es si con Salmain pasará lo mismo. Porque en este caso fue el propio presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el que promovió una investigación contra este magistrado porteño que asumió como juez federal en Rosario en 2023.
Salmain está sospechado de favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias, según informaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe.
Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos.
Esta investigación está en manos del fiscal Federico Reynares Solari, quien ya notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.
La maniobra que se habría montado y que se investiga es clásica y conocida como forum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia.
Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso, empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.
Esta trama que será expuesta en detalle por el Ministerio Público Fiscal se suma a otro hecho más lejano en el tiempo, que derivó en que Rosatti pidiera que se abra una investigación contra este juez en el Consejo de la Magistratura, luego de que se detectara que Salmain omitió incluir entre sus antecedentes que fue echado de la justicia federal de Comodoro Py en 2002.
En ese expediente Salmain había sido procesado por falsedad documental, junto a una abogada, a quienes les otorgaron una probation.
Como cumplieron las condiciones de ese juicio ambos terminaron sobreseídos por el juez Rodolfo Canicoba Corral que fue quien controló la causa.
La resolución que terminó con el despido de este juez revela que “el agente Gastón Salmain tentó a la empleada a violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que algunas ejecuciones previsionales sean dirigidas al juzgado N° 8 de ese fuero”.
Actualmente, este juez subroga el juzgado federal N°1 de Santa Fe. Salmain había quedado a cargo también de la justicia electoral de Santa Fe, pero en pocas horas fue sustituido.
La Cámara Nacional Electoral designó al juez Aurelio Cuello Murúa, que originariamente fue nombrado magistrado federal en Venado Tuerto, para que cumpla esa tarea que es clave a nivel político.
Germán de los Santos,Conforme a
POLITICA
A quién afecta la reforma laboral: ¿es solo para las relaciones futuras o también para las preexistentes?
El proyecto de reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados legisla sobre temas centrales de las relaciones de trabajo y los especialistas coinciden en que no sólo alcanza a las nuevas contrataciones, sino también a las preexistentes; es decir, que afectará a todo el universo de trabajadores.
Si a un empleado lo echan, la regla es que el cálculo de la indemnización se hace con la ley vigente al momento del despido (no la que regía cuando el trabajador fue contratado), coinciden especialistas en derecho laboral consultados por , que imaginan como probable un escenario de alta litigiosidad una vez que la reforma entre en vigencia.
El tema de la indemnización es clave porque la reforma excluye expresamente de la nueva fórmula de cálculo ítems como el aguinaldo, las vacaciones y las bonificaciones. Además, habilita al empleador a pagarla en cuotas.
Para que la reforma se aplicara solo a los nuevos empleos, eso debería estar expresamente escrito.
El 11 de febrero, cuando el Senado debatió el proyecto, Mariano Recalde (PJ) pidió esa especificación. Solicitó agregar un artículo 57 bis, que dijera: “Las disposiciones del presente Título –el Título I– serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley”. El senador Bruno Olivera Lucero, miembro informante de La Libertad Avanza, rechazó la modificación y el proyecto quedó tal cual estaba redactado.
Sucedió algo similar anoche en la Cámara de Diputados. Sergio Palazzo (PJ) hizo el mismo planteo que Recalde: pidió un agregado que especificara que la aplicación de la ley sería para los empleos que se generaran a partir de su promulgación. El diputado libertario Lisandro Almirón también rechazó la propuesta.
En el Gobierno habían sido poco claros con respecto a este punto. entrevistó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en diciembre pasado y le preguntó específicamente: “¿En caso de que el proyecto se convierta en ley, a partir de cuándo se aplica y quiénes están abarcados bajo el paraguas de esta legislación? Usted habló de derechos consagrados…“. Cordero contestó: ”Cuando la ley menciona especialmente que va a haber una aplicación retroactiva, entonces ahí hay una aplicación retroactiva. Por ejemplo, en los juicios pendientes. En general, cuando no dice nada, la ley por regla no tiene aplicación retroactiva».
En el Congreso, en el plenario de comisiones que analizó la reforma, Cordero fue más allá: “La ley va a aplicar a los nuevos trabajos… las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente”.
En rigor, es cierto que no se trata de una “aplicación retroctiva” porque la nueva ley no tendrá impacto sobre situaciones agotadas (por ejemplo, despidos previos a que entrara en vigencia reforma). Pero no es cierto que se aplique sólo a los “nuevos trabajos”.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sí admitió, en una entrevista con Radio Mitre, que la reforma aplicaba a todos los empleos, no solo a los nuevos. Sturzenegger sostuvo: “Aplica a cualquier relación laboral”. Y argumentó: “No estás cambiando nada. Estás simplemente dándole precisión al cálculo. Simplemente estamos clarificando temas de la nueva ley de contrato de trabajo, que aplica para todos”.
El abogado laboralista Julián De Diego dijo que es claro que “se aplica para todos”. Advirtió que para las relaciones preexistentes “hay derechos adquiridos que no se pueden vulnerar” porque “la mayoría de los principios generales del derecho del trabajo [que protegen al trabajador] están a salvo y deben ser tenidos en cuenta además los tratados internacionales, que están por encima de la ley”. Pero esto no aplica para un despido posterior a la entrada en vigencia de la nueva ley.
“A quien sea despedido dentro de seis meses se le aplicará la nueva norma. El suyo era un derecho en expectativa, no adquirido. Se le aplica la ley vigente en el momento de la causa que da origen al beneficio”, afirmó De Diego. “Esto no quiere decir que se aplique en forma retroactiva. Lo dicen la Constitución Nacional y el Código Civil”, advirtió.
De Diego explicó que los derechos aquiridos, que “son intocables”, son, por ejemplo, el premio que le da la empresa a un empleado por productvidad, el bono por objetivos, el pago de guardería, los cursos de capacitación.
En el mismo sentido, Inés Arias, abogada laboralista del estudio Aguirre Saravia y Gebhardt, y subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital, dijo a que si la ley no afirma lo contrario, rige para el futuro desde su entrada en vigencia, y que la Constitución Nacional establece el derecho de toda persona a una sentencia basada en la ley vigente en el momento (según el principio de legalidad del art. 18). “Si el despido se produjo después de la entrada en vigencia, se aplica la nueva ley”, coincidió.
Pero, ¿puede un trabajador con décadas de antigüedad reclamar que se le aplique la ley anterior? Arias explicó que podría intentarlo invocando la “doctrina de la condición más beneficiosa subsistente”, para que el contrato de trabajo se considere junto con las normas laborales que estaban vigentes cuando se celebró. Explicó que esto “se apoya en los principios de progresividad y de no regresividad” (en términos del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, este principio significa que si un Estado ya reconoció y garantizó un derecho en cierto nivel, no puede dar marcha atrás arbitrariamente).
“El trabajador podría plantear que integra su patrimonio el standard de derechos indemnizatorios que ya adquirió, pero quien calcula las indemnizaciones es el empleador al momento del despido pago”, advirtió Arias. Por ende, todo indica que en la práctica, si alguien pretende que le aplique la ley anterior, deberá plantearlo en los tribunales.
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POLITICA
Pese al fallo contra los aranceles de Trump, la Casa Rosada prevé enviar al Congreso los aspectos técnicos del acuerdo con Estados Unidos
La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a las importaciones de diferentes socios comerciales. Se trata de uno de los fallos más determinantes en materia de política económica en las últimas décadas, con un impacto muy alto en el principal instrumento de negociación política del presidente norteamericano.
Las implicancias no se limitan a los aranceles globales que había impuesto el mandatario —quien horas después redobló la apuesta ante la Corte al volver a implementar un 10% de aranceles globales, y este sábado las incrementó 5 puntos porcentuales más—, sino que también alcanza a los acuerdos comerciales que la Casa Blanca había negociado y anunciado con diferentes socios, entre ellos la Argentina.
La decisión de la Corte tiene implicancias significativas porque podría obligar al gobierno estadounidense a deshacer acuerdos comerciales con otros países y, potencialmente, a pagar reembolsos cuantiosos a las administraciones extranjeras afectadas. A pocos meses de haber ingresado a su segundo mandato presidencial, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para establecer aranceles a bienes importados de más de 100 países. Argentina fue una de las afectadas.
Esta decisión judicial podría dejar sin efecto el principal beneficio que Argentina obtenía en términos de acceso a mercados, dado que la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias era “la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país”, afirmaron desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). La ampliación de la cuota anual de importación de carne vacuna, que aumentó de 20.000 a 100.000 toneladas métricas hasta 2026, se concedió mediante un decreto específico de Trump (“Ensuring affordable beef for the American consumer”) y no está incorporada al tratado invalidado.
Infobae contactó a tres fuentes muy altas de la administración de Javier Milei. Dos de ellas reconocen que esta decisión de la Corte pone un signo de interrogación sobre la sostenibilidad del acuerdo. Aun así, existe una posición unánime de que no habrá marcha atrás en la decisión de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos mediante un proyecto en el Congreso.
“Eso no se frena. En las próximas semanas tenemos intención de enviar las modificaciones de leyes que nos permitan aplicar los aspectos técnicos”, afirmó una fuente inobjetable. Para ejecutar varios de sus apartados, el Gobierno debe cambiar varias normas: algunas se dispondrán por Decreto, otras por Resolución Administrativa; pero las más importantes deberán aprobarse mediante un trámite legislativo.
Uno de los puntos más complejos es que, para que puedan entrar en vigencia los beneficios arancelarios, las autoridades norteamericanas exigen que el país adhiera a un conjunto de convenios internacionales, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en las redes sociales que la incorporación a ese régimen ya tiene media sanción por parte de Diputados desde hace 29 años. “Es decir, ocho Gobiernos le hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los ‘dolobus’. La aprobación del PCT va a marcar un antes y un después para la ciencia en Argentina. Mucho bla bla con la comunidad científica del kirchnerismo, pero, mamita, les prohibían a los científicos patentar sus invenciones en el país”, cuestionó.
En un hilo publicado en su cuenta de X, el funcionario remarcó que también se solicita “normalizar la situación con los tratados de Bruselas sobre señales por satélite; de Budapest sobre depósito de microorganismos; acta de Ginebra sobre dibujos y modelos industriales; protocolo de Madrid de registro internacional de marcas; tratado sobre derecho de patentes; de Singapur sobre derechos de marcas y el Convenio UPOV 91”.
Todas estas cuestiones deberían ser discutidas en el ámbito parlamentario, lo que demoraría la aplicación del acuerdo comercial, independientemente de si es aprobado o no en un proyecto aparte.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que bloqueó los aranceles generales impulsados por la administración de Donald Trump modificó el panorama comercial entre Argentina y el país norteamericano, al eliminar parte del diferencial arancelario que beneficiaba a los productos argentinos. La sentencia establece que la autoridad para fijar estos impuestos reside en el Congreso de Estados Unidos, lo que quita al Ejecutivo la posibilidad de imponer tributos de amplio alcance sin control parlamentario.
Para el sector argentino, el principal efecto se percibe en la posición competitiva frente a Brasil y otros países de la región. Según fuentes con acceso a la negociación, “parte del diferencial de aranceles con Brasil se diluye”, lo que podría afectar las cadenas de valor y la dinámica de inversiones e intercambio comercial interno en el Mercosur. Además, el fallo implica la potencial devolución de 133.000 millones de dólares por pagos realizados bajo los aranceles suspendidos, lo que representa una presión adicional para el Tesoro estadounidense.
En la industria local destacan que, hasta ahora, Argentina accedía a arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y un máximo del 10% para el resto, mientras que empresas de Brasil afrontaban gravámenes del 50%. Esto posicionaba a la Argentina con un trato preferencial, especialmente en sectores como el acero y el aluminio. La eliminación de los aranceles generalizados obliga al sector privado a replantear estrategias para el acceso al mercado estadounidense, aunque la cuota de 80.000 toneladas métricas de carne bovina destinada a Estados Unidos permanece sin modificaciones, ya que fue negociada de forma independiente y queda fuera del alcance inmediato del fallo judicial.
Desde el punto de vista de la inversión, los mecanismos de facilitación pactados en el último acuerdo bilateral mantienen vigencia pese al cambio en los tributos, según indicó Gustavo Perego, director de Abeceb. La continuidad de la cuota cárnica y el capítulo de inversiones permite sostener parte de los beneficios comerciales, aunque la discriminación positiva que tenía la Argentina sobre otros productos pierde peso.
El sector privado advierte que la redefinición de esquemas de cuotas y aranceles será prioritaria en la agenda bilateral y que la seguridad jurídica en materia de inversiones será un factor central para proyectar el vínculo económico con Estados Unidos. En ese sentido, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) resaltó que “el compromiso fundamental de Estados Unidos era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias”, acuerdo que, tras la decisión judicial, pierde validez legal. CERA puntualizó además que la cuota cárnica, no incluida en el texto principal del acuerdo, debería mantenerse vigente.
El histórico fallo limita la utilización de aranceles como instrumento de presión en política exterior por parte del Ejecutivo, al definir que solo el Congreso puede establecer estos gravámenes, y marca un precedente para futuros debates sobre el alcance de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la regulación de la política comercial de Estados Unidos. La revisión de las cuotas y eventuales nuevas medidas quedará en manos de Washington en las próximas semanas, mientras los actores económicos argentinos permanecen atentos al impacto sobre las cadenas de valor y las exportaciones.
North America
POLITICA
Tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. contra los aranceles de Trump, el Gobierno espera definiciones de la Casa Blanca para avanzar con el acuerdo comercial
El Gobierno espera definiciones de Estados Unidos para avanzar con el acuerdo comercial tras el fallo de la Corte Suprema que invalidó algunos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.
El Tribunal Supremo desestimó las medidas respaldadas bajo Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y reafirmó que la facultad corresponde al Congreso.
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En el Ejecutivo sostienen que el entendimiento se enviará al Congreso a partir de marzo, pero admiten que el nuevo escenario judicial en Washington condiciona el avance.
En Nación advierten que esperan detalles sobre el instrumento legal que utilizará la Casa Blanca para mantener el esquema arancelario negociado.
“Estamos esperando instrucciones. Trump quiere sostener los acuerdos”, expresan fuentes oficiales. En la Casa Rosada no descartan que el texto deba readecuarse antes de ser remitido formalmente al Congreso si Washington opta por utilizar otras herramientas, como las secciones 232 o 301 de su legislación comercial.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, negó que el acuerdo sea afectado por la decisión de la Justicia estadounidense.
El entendimiento contempla que Estados Unidos no aplique el arancel adicional previsto en la orden ejecutiva del 2 de abril de 2025 y que el adicional no será superior al 10% para el resto de los bienes argentinos, entre otros puntos.
Más allá del capítulo arancelario, el acuerdo incluye compromisos sobre eliminación de barreras no arancelarias, reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias, cooperación regulatoria y reglas en materia de inversiones y propiedad intelectual. El Gobierno instrumentará algunas partes a través de decretos y resoluciones administrativas.
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Tras el fallo, Trump anunció que impondrá un arancel global del 10% bajo otra disposición de la Ley de Comercio de 1974 y que mantendrá vigentes los gravámenes aplicados por razones de seguridad nacional y por “prácticas desleales”.
En Nación analizan si ese nuevo encuadre preserva en los hechos el tratamiento diferencial previsto para la Argentina o si obliga a introducir modificaciones técnicas en el texto firmado.
En el Ejecutivo remarcan que la prioridad es evitar que el Congreso trate un acuerdo cuyo sustento normativo en Estados Unidos quede sujeto a cambios inmediatos. Es por eso que aguardan la formalización de las nuevas órdenes ejecutivas y evaluan si el arancel global anunciado reemplaza o complementa el esquema previsto en el entendimiento bilateral.
El envío del texto a la Cámara de Diputados seguirá en pie, pero el ritmo dependerá de cómo quede configurada la política comercial estadounidense en las próximas semanas.
En la Casa Rosada aseguran que buscan sostener el acuerdo y mantener la señal política hacia Washington, aunque reconocen que la definición final estará atada a la arquitectura legal que adopte la Casa Blanca tras el fallo judicial.
Gobierno, Estados Unidos, acuerdo
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