POLITICA
El PJ competirá con Fuerza Patria en 14 provincias: la ausencia de Grabois y el rol de los gobernadores díscolos
Cada provincia es un mundo distinto. Divisiones, caras nuevas, acuerdos de unidad, jugadas estratégicas, fricciones permanentes. La lógica de la política y los tiempos electorales. El peronismo cerró las alianzas para presentar las listas nacionales en los 24 distritos del país con el convencimiento de que, muy probablemente, van a perder legisladores en el camino.
La fisura más importante la ocasionó Juan Grabois, que decidió no sumarse a la alianza nacional Fuerza Patria y mantiene la amenaza latente de presentar una lista por separado del esquema que tuvo como primer logro cerrar la unidad en la provincia de Buenos Aires.
El dirigente social tensó la cuerda al máximo y decidió no firmar la inclusión de su partido Patria Grande a la alianza peronista. Tiene diferencias en cuánto a la conformación de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y los nombres que podrían integrarla. Ante la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato, se niega a avalar esa opción. Por ahora, el líder del Frente Renovador (FR) no se ha pronunciado sobre su futuro electoral.
Grabois se reserva la posibilidad de adherir su partido a Fuerza Patria y va a seguir negociando lugares en las listas de legisladores bonaerenses y porteños. Tiene la voluntad de encabezar la lista por la provincia de Buenos Aires, porque entiende que es momento de que haya un cambio de caras en la propuesta electoral del peronismo.
Va a seguir negociando hasta el domingo 17 de agosto, día en que se vence el plazo para presentar los candidatos. Si no llega a un acuerdo con la cúpula del peronismo bonaerense, entonces presentará una lista aparte con su partido. Si eso ocurre, la ruptura se hará efectiva y el peronismo volverá a sufrir los sinsabores de la interna.
El resto de los sectores del peronismo de la provincia firmaron la alianza sin conflictividad. Por eso la decisión de Grabois cayó mal dentro de Fuerza Patria. Desde el cristinismo dejaron saber que su decisión no fue avalada por la ex presidenta. Todo lo contrario. CFK insiste con la necesidad de cerrar las grietas internas y no le gustó la decisión del titular de Patria Grande.
Los límites de la marca Fuerza Patria
Para las elecciones del 26 de octubre, en la mitad del país, el peronismo no utilizará la marca Fuerza Patria, que se forjó en las mesas de negociación del PJ Bonaerense y que se instaló como el sello nacional para identificar la unidad del peronismo.
En diez de los 24 distritos, el peronismo utilizará un sello provincial para competir. Lo que marca que siguen existiendo varias diferencias de criterio dentro del universo peronista. En Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa no se utilizará la marca nacional que acordaron utilizar Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner.
Esas marcas provinciales le abren la puerta a algunos gobernadores a tener autonomía de la cúpula nacional y evaluar que rol jugar en la reconfiguración de las dos cámaras legislativas. Y, en muchos casos, son una forma de marcar distancia de la conducción kirchnerista que aún sigue teniendo peso específico en la estructura nacional.
Es el caso de San Luis, donde el liderazgo de Alberto Rodríguez Saá se fue alejando del kirchnerismo o de Mendoza, donde hay una intención clara de que el PJ vuelva a tener mayor preponderancia dentro del armado local. En Tucumán, Entre Ríos o La Pampa el nombre propio es también una prenda de unidad de sectores que no comulgan con la conducción política de la ex presidenta.
En cambio, el sello Fuerza Patria sí se utilizará en Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El caso de Catamarca es paradigmático. El gobernador Raúl Jalil fue muy cuestionado por el kirchnerismo por su acompañamiento al gobierno de Javier Milei en el Congreso. Sin embargo, a través de la ex gobernadora Lucía Corpacci cerró un acuerdo de unidad y llevará la marca que se propuso en Buenos Aires.
Muchos gobernadores – no solo los peronistas – quieren poner un freno al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) en el territorio. Advierten que en el camino hacia las eleciones del 2027 pueden perder su poder en la provincia, ya sea en la gobernación o en las legislaturas. La necesidad de tomar distancia empieza a aparecer cada vez con más nitidez.
En el peronismo no tendrán una campaña unificada y coordinada. No están dadas las condiciones para que eso suceda. En la cúpula del nuevo frente apuestan a que cada gobernador o dirigente de renombre ordene el peronismo en sus provincias y contenga a la mayor cantidad de expresiones.
Varios legisladores, enviados de los gobernadores, o con peso propio en las provincias, se han entrevistado con Cristina Kirchner y Sergio Massa a lo largo de los últimos meses. El pedido que se llevaban era el mismo: lograr la unidad más amplia posible pese a los resquemores existentes en los ecosistemas provinciales.
En el peronismo aceptan que en la elección nacional el Gobierno va a lograr un triunfo en la mayoría de las provincias. Y que se quedará, en muchos casos, con la mayor cantidad de legisladores que se renuevan. En el caso de las provincias que eligen senadores, creen que el peronismo podrá meter los legisladores de la minoría, a diferencia de lo que sucedió en el 2019.
Varios ex gobernadores volverán al ruedo electoral. Juan Manuel Urtubey será candidato en Salta y Jorge “Coqui” Capitanich en Chaco. El cordobés Schiaretti podría liderar la lista de diputados nacionales de su provincia. Juan Manzur negoció la unidad del peronismo tucumano con Osvaldo Jaldo y Gustavo Bordet bajó su protagonismo y decidió apoyar la lista que encabezarán Adán Bahl y Guillermo Michel.
El peronismo atraviesa una fuerte crisis de representación, lo que obliga a la dirigencia a generar una discusión más profunda para edificar un proyecto nacional. Los resultados de esta elección en cada provincia servirán de termómetro para saber dónde está parada la fuerza política cuando comience a desandar el camino hacia el 2027.
POLITICA
Reforma laboral: Milei quiere aprobarla sin cambios en Diputados, pero la oposición busca corregirla
Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei irá a Diputados, donde el oficialismo contaría con los números para la aprobación total de la iniciativa que se propone modernizar el mercado laboral.
Los diputados de la oposición, sea esta dura, como la del kirchnerismo y la izquierda, o dialoguista, sabe que no tiene margen para rechazar la reforma laboral, pero si podrían devolverla al Senado si el texto se somete a correcciones.
En ese sentido, los distintos bloques opositores que integran la Cámara Baja se concentrarán en avanzar con correcciones por artículos, como los que se relacionan con las licencias por accidentes y enfermedades y el Fondo de Asistencia Laboral.
La CGT se reunirá este lunes para definir si va o no a un paro general contra la reforma laboral
Los artículos de la discordia
La reforma laboral propone reducir los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, ya que establece nuevas condicioens atadas al origen del evento y la existencia de cargas de familia.
Si el empleado tuvo un accidente o una enfermedad por causales que se sitúan fuera de la relación laboral en la que se encuentra, sólo percibirá el 50% de su remuneración, mientras que si la contingencia se debe a factores involuntarios, cobrará el 75% de su haber mensual.
Tras la aprobación en el Senado, el PRO buscará aplicarle modificaciones a la reforma laboral en Diputados
En relación al Fondo de Asistencia Laboral, el foco de la oposición se posa sobre el desfinanciamiento que implica sobre la ANSES, ya que los aportes patronales que lo financian irían a parar al nuevo fondo de indemnizaciones.
El oficialismo ya giró este viernes el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados. En ese marco, convocará a un plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero y, en el mejor de los escenarios que baraja, llamar a sesión el jueves 19, o sino, el 25 de febrero.
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POLITICA
Un testigo de identidad reservada, el lavado y sospechas de más negocios ilegales: las nuevas líneas del caso Andis
Un testigo de identidad reservada declaró durante cuatro días en la fiscalía de Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y aportó detalles sobre cómo funcionaban los negocios de Miguel Calvete, uno de los procesados de la semana pasada en esta causa por asociación ilícita, fraude y sobornos.
Fuentes del caso relataron que la declaración de esta persona -que fue hace semanas, pero se había mantenido en reserva, en un legajo que no integra el expediente principal- es parte de la prueba que sirvió de base para los procesamientos dictados la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello contra el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, Calvete y otros 17 acusados, y que el testigo dio pistas para analizar registros de transacciones sobre los que trabajan los investigadores, que están convencidos de que el caso tiene interrogantes por resolver que podrían demostrar que la maniobra fue aún mayor: que hubo otros hechos delictivos y otros responsables aún no identificados. En palabras del juez, hay elementos para creer que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en lo detectado hasta ahora.
¿Cómo sigue la investigación? Por un lado, la fiscalía está analizando lo obtenido en allanamientos a ortopedias que les vendieron insumos a la Andis y que -según surge de comunicaciones telefónicas- tenían lazos con Calvete, informaron fuentes de la causa. En el fallo de los procesamientos, Casanello alude a una serie de ortopedias cuando dice que Calvete “habría obtenido pagos de terceras empresas por su actuación como intermediario con el organismo”. Es un rubro en el que se está explorando.
Además, está pendiente el capítulo del presunto lavado de dinero obtenido de la Andis: el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores y el Ministerio Público, con intervención de la procuraduría especializada en delitos económicos (Procelac), está detrás de otros posibles hechos de lavado.
También se sigue investigando a la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que por el momento quedó fuera del reparto de responsabilidades que plantearon juez y fiscal. Los investigadores quieren ver qué encuentran cuando accedan a todo el contenido de los servidores de la droguería –hay un peritaje previsto para el mes próximo- y todavía intentan abrir el teléfono Samsung de Emmanuel Kovalivker, que era uno de los directivos de la Suizo Argentina, aunque quien estaba al frente era su hermano Jonathan, que entregó un teléfono que “estaba vacío”, relataron fuentes oficiales. Además, los investigadores pretenden hacerse de los correos corporativos de los altos ejecutivos de la compañía. Como la empresa no entregó las claves, están pidiendo la información a la prestadora del servicio en Estados Unidos, pero es un tipo de solicitud que lleva tiempo y rara vez da resultado.
Los Kovalivker tuvieron un rol central en las primeras horas de la investigación, cuando a pedido del fiscal Picardi se allanaron sus domicilios y se les secuestraron sus teléfonos. En el fallo de los procesamientos, que no los incluyen, Casanello hizo alusión a Sebastián Nuner Uner, a quien describió como un alto ejecutivo de la Droguería Suizo Argentina con “marcada influencia en el grupo” que habría hecho negocios a costa de la Andis.
Según Casanello, Nuner Uner sería “el Helvético” nombrado en un chat de audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete (ambos procesados en esta causa). Se trata del mensaje, desconocido hasta esta semana, que parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). En esa comunicación, Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado” (apodo con el que llamaban a Spagnuolo). Dice que ya le informó de sus temores “al Helvético” que ese mismo día “se lo iba a informar a Rioja”.
Casanello tuvo a su cargo esta causa hasta el miércoles pasado como juez suplente del juzgado donde está radicado el expediente, el federal 11, vacante desde la muerte de Claudio Bonadio. El miércoles, la Cámara Federal sorteó al nuevo subrogante: Ariel Lijo, a quien el Gobierno había propuesto para integrar la Corte Suprema, que todavía no asumió el caso porque vuelve esta semana de vacaciones. Fue reemplazado jueves y viernes pasado por María Servini. El primer interrogante es si Lijo mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él.
Cuando llegue a Comodoro Py, Lijo se encontrará en la causa con una orden de la Cámara Federal para investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en el Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso. Las defensas reclaman que la supuesta adulteración de esos audios arrastre todo el expediente y el caso se declare nulo. El primero en plantearlo fue Martín Magram, en abogado de los Kovalivker. No le fue bien con Casanello, que esta semana volvió a rechazarle ese planteo sin peritar los audios, pero el abogado apeló ante la Cámara, donde es posible que su suerte sea otra. Esta semana, con las firmas de Martín Irurzun y Roberto Boico, el tribunal hizo lugar a un viejo reclamo de Spagnuolo, le anuló un fallo a Casanello y le recriminó que no había cumplido con la instrucción que le habían dado de que rastreara el “origen y veracidad” de aquellos audios. El reproche fue un día después de los procesamientos, que también deberán ser revisados por la Cámara.
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POLITICA
Respaldado por las recientes victorias legislativas, el Gobierno evalúa impulsar una reforma electoral con vistas al 2027
Javier Milei cree que las reformas de peso deben tener una secuencialidad definida para que estas impacten progresivamente en su programa económico. Una vez que la laboral sea sancionada a fin de febrero, el oficialismo acelerará con su proyecto impositivo para que ambas generen las condiciones para que hacia finales de 2027, o más adelante, se pueda hablar de una reforma previsional. O eso es lo que el Presidente le dice a los suyos.
Para que esto suceda, La Libertad Avanza debe ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán el año próximo. Es por eso que el oficialismo conversa en sus reuniones más íntimas sobre aspectos que trascienden lo económico y que se refieren a asuntos estrictamente políticos.
En una reunión reciente en Casa Rosada, varios integrantes de la Mesa Política dialogaron preliminarmente sobre la posibilidad de diseñar una reforma política con vistas al año próximo. “No está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”, confirmó a Infobae una fuente inobjetable.
El Gobierno tiene una extensa lista de proyectos por tramitar en el Congreso. Solo por decir algunos, queda que se produzca la sanción del proyecto de Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También deben comenzarse a tratar en comisiones los aspectos finos del tratado comercial con Estados Unidos, la adhesión de Argentina a las condiciones que impone el Consejo de Paz de Donald Trump, la reforma impositiva (de la cual no se conocen amplios detalles) y que se genere el envío de pliegos de jueces federales.
Ante la pregunta de Infobae, una figura del estrechísimo entorno presidencial indicó que vería con buenos ojos que al comienzo de las sesiones ordinarias se inicie una senda para hablar de una reforma política. “No la pidió Javier. Es prioridad para todos”, afirmó esta persona.
No hay una idea consensuada por ninguna de las partes. Todavía no está claro qué puede llegar a ser oportuno proponer en los próximos meses. Aún así, hay tres propuestas que les gustan a varios integrantes de la Mesa Política:
- La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 o directamente su eliminación.
- Modificar la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.
- Incorporar en el diseño de la Boleta Única Papel (BUP) el casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca.
Al menos por ahora, el calendario electoral del 2027 contempla la realización de las PASO porque lo que se aprobó a principios de 2025 no fue su eliminación, sino su suspensión circunstancial por ese año. El proyecto original que el Gobierno había enviado a finales del 2024 proponía la eliminación, pero no tuvo adhesión suficiente. Puede ser que la Casa Rosada, con una masa legislativa más amplia, pueda apostar de vuelta por esta última opción.
Que se hable de este asunto no es casual. El Gobierno tiene varios motivos para proponer lo mismo que impulsó años atrás. Por un lado, buscan argumentar que esa instancia eleccionaria implica un costo fiscal que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a financiar a los fines de cuidar la política de déficit cero.
La Libertad Avanza tampoco tiene necesidad de realizar internas, ya que se trata de un esquema altamente verticalista, donde el poder de la colocación de las candidaturas emana de la propia presidenta del partido nacional, Karina Milei. Solo se habla de eventuales internas a través de PASO en el caso de las provincias que tienen incorporado ese esquema para la disputa de cargos locales. ¿La Ciudad podría ser un ejemplo? Más de una persona no se lo ha descartado ante la consulta de este medio, aunque falta mucho para decidir quién puede ser una figura que pueda disputar la Jefatura de Gobierno porteño.
Que en 2027 no haya PASO implicaría que las opciones opositoras al Gobierno para la categoría Presidente deban ordenarse directamente para las elecciones generales. Es posible que el sector vinculado a Axel Kicillof piense en una coalición o ampliación a los fines de poder polarizar directamente con Milei.
Varios integrantes del Gobierno quieren que la BUP del año próximo tenga un casillero que permita votar lista completa. De mínima, todos los distritos del país elegirán Presidente y Vicepresidente, Parlamentarios del Mercosur y Diputados Nacionales. Hay ocho provincias a los que se les sumará la categoría Senadores Nacionales. Así, la boleta única será más extensa que la que hubo durante las legislativas del año pasado.
Tal y como lo propuso a finales del 2024, el Gobierno podría avanzar en una iniciativa que ya tuvo el visto bueno de Milei: la de reformar el financiamiento de los partidos políticos.
La propuesta dada a conocer por el oficialismo años atrás implicaba la eliminación del aporte extraordinario de los partidos políticos que el Estado Nacional hace para las campañas electorales bajo la excusa de que “la Constitución habla de mantener a los partidos, pero no sus campañas”. El texto preveía que se mantenga el Fondo Partidario Permanente, que garantiza un financiamiento para los partidos políticos. Pero apuntan a que los fondos a recibir por los espacios sean cada vez más mixto y con aportes privados.
En los despachos oficiales buscan que el número de espacios electorales disminuya de manera considerable. Consideraban que podían lograrlo con la modificación de los aportes de campaña y con una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Con esta última, el Gobierno proponía facilitar la inscripción partidaria, pero endurecer las reglas de caducidad de los partidos políticos, obligando a una fuerza a tener 3% (en vez de 2%) en dos elecciones consecutivas. Además, el proyecto buscaba incrementar de 0,4% a 0,5% de los electores el requisito para que se pueda conformar un partido de distrito, pidiendo que para crear un partido nacional exista un reconocimiento distrital en 10 jurisdicciones diferentes y no en 5 como en la actualidad. Por último, se agrega como requisito que haya cerca de 35.000 afiliados para que un partido nacional pueda existir.
Esto es solamente la propuesta que se hizo en el 2024, donde advertían que aquello no iba a tener implicancias en las elecciones del 2025, sino en julio del 2026. Con esa lógica, una eventual propuesta de esa índole no debería tener incidencia para el 2027, sino para el 2029.
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