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La Iglesia sube el tono de las críticas al Gobierno y profundiza el perfil político opositor

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La homilía pronunciada en la celebración de San Cayetano por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, condensó como pocas veces las profundas y contundentes críticas que viene haciendo la Iglesia Católica contra el Gobierno. Fue un discurso pastoral, pero sobre todo político, respecto del impacto social y económico de las decisiones y actitudes del Ejecutivo.

Sin mencionar a Javier Milei, pero con un estilo más directo que en otras expresiones públicas de los obispos, la homilía se refirió a los jubilados, los discapacitados, desocupados y excluidos, un amplio universo afectado por las medidas de la Casa Rosada. Pero García Cuerva también apuntó contra “los niveles de agresión y crueldad” que se vienen registrando en el ámbito público.

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Son todas críticas que se vienen expresando por distintas vías desde que se inició la actual gestión y que muestran a la Iglesia Católica en una vereda opuesta. Es una rivalidad que no llega a expresarse de una manera ruidosa, pero que aparece de manera constante. En el oficialismo miran este fenómeno con recelo, por la posibilidad de convertirse en un emergente político que se consolide como un polo de atracción de descontento.

“Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y los enfermos; no podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer… Y no lo hacen porque les gusta”, manifestó García Cuerva, en referencia a los argentinos en general.

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Frente al templo del barrio porteño de Liniers -donde cada 7 de agosto se concentra una multitud- el arzobispo de Buenos Aires agregó: “San Cayetano, ayudanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal, y de usar palabras que lastiman mucho (…) que nos comprometamos a bajar los niveles de agresión, de indiferencia, de individualismo, de crueldad”.

Son párrafos que concentraron las profundas disidencias que existen en la Iglesia respecto del presente. No hizo falta mencionar a Milei ni al Gobierno para identificar destinatarios del discurso. Se trata de una narrativa anclada en un posicionamiento previo que comparte en la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y lo secunda su par de Córdoba, el jesuita Ángel Sixto Rossi.

El presidente de la CEA, arzobispo Marcelo Colombo

Los obispos, por sus diversos órganos de representación, viene expresando fuertes cuestionamientos. Se pronunciaron públicamente en contra de la baja de edad de imputabilidad, los cierres de organismos públicos, cuestionaron la represión en las protestas de jubilados, apoyaron a los que luchan por la situación del Hospital Garrahan y denunciaron que el retiro del Estado en las villas deja el campo libre para los narcos.

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Son definiciones críticas que se sumaron a otras que se venían expresando desde el año pasado respecto a la política social, como el apartamiento de las organizaciones sociales y piqueteras que brindaban asistencia y alimentos en comedores, o a la desarticulación del FISU, el plan que urbanizaba barrios populares.

El arzobispo Marcelo Colombo en una audiencia por el hospital Garrahan

Contrapunto de baja intensidad

Lo cierto es que en un contexto marcado por el ajuste, la motosierra y la “batalla cultural”, la Iglesia Católica argentina optó por una estrategia clara. Tener una fuerte presencia en los temas concretos que afectan a la vida cotidiana de la gente, pero sin entrar en una confrontación directa con la figura del presidente Milei.

En la agenda episcopal se destacan cuestiones como la situación de los jubilados, el financiamiento del Hospital Garrahan, la atención a personas con discapacidad, la respuesta a la represión en las marchas y, más recientemente, el problema del trabajo.

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El enfoque -según fuentes que están interiorizadas de la relación entre el Gobierno y la Curia- apunta a señalar “las injusticias” que surgen del modelo económico actual y advertir sobre el riesgo de que el ajuste se convierta en la única variable de política pública.

La relación con la Casa Rosada es entre fría y nula. Milei no responde a los planteos de la Iglesia y, del otro lado, entre los obispos hay una prudente distancia, ante la imposibilidad de establecer un diálogo político con la Casa Rosada.

De hecho, hasta ahora, el presidente de la Nación nunca recibió a las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal que asumieron el año pasado. El vínculo se reduce a los canales institucionales que abre la Secretaría de Culto y al contacto que los obispos mantienen con intendentes y actores locales en cada diócesis. “Rosca política no hay”, aclaran.

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En este escenario, la conducción de la Conferencia Episcopal atraviesa un momento de cohesión interna, después del final del mandato de Oscar Ojea y la llegada del arzobispo Colombo, quien no suele rehuir las tensiones con el Gobierno.

Marcelo Colombo, el cordobés Ángel Sixto Rossi, y los obispos Daniel Fernández y Raúl Pizarro

La mirada de la Iglesia, resaltan los informantes, no se limita al gobierno nacional: también abarca la realidad de las provincias, donde la agenda incluye crisis económicas, tensiones sociales y confrontación con dispositivos políticos que a veces traspasan los límites de lo legal.

Otro eje que la Iglesia viene subrayando es el de las formas en el debate público, en el que Milei imprime un tono de inusual brusquedad (aunque la semana pasada prometió cambiar y moderarse). Es en ese contexto que se produjo la homilía de García Cuerva y su pedido frente a la iglesia de la calle Cuzco de “salir del chiquero de la descalificación y la crueldad”.

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Se trató de un mensaje que apuntó a un clima social enrarecido y a un estilo político que, según observan en ámbitos eclesiales, tiende a desoír a quienes atraviesan dificultades.

Pero además, en lo que va del año, el Episcopado recibió a numerosos grupos en conflicto con el Gobierno: algunos encuentros fueron públicos, otros se mantuvieron en reserva, pero en todos se repitió la sensación de maltrato o indiferencia por parte de las autoridades. En esto aparecen las suspicacias del oficialismo.

Igual, en el terreno electoral, la postura es terminante: la Iglesia mantendrá su histórica prescindencia, sin involucrarse en lo partidario, más allá de que pueda haber pronunciamientos de curas u obispos con posiciones más firmes. La posición de los obispos es acompañar, escuchar y marcar las desigualdades, sin entrar en la competencia por el poder.

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La CGT se reunirá este lunes para definir si va o no a un paro general contra la reforma laboral

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Tras la aprobación de la reforma laboral por parte del Senado, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) anticiparon que su Consejo Directivo se reunirá este lunes con la finalidad de resolver o no el llamado a un paro general.

El encuentro, encabezado por el nuevo triunvirato de co-secretarios generales, se da bajo presiones internas que ejercen los distintos sectores gremiales agrupados en la central. Quienes están a favor del paro quieren que sea por 24 horas y de carácter general el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley con media sanción.

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La advertencia de la CGT a Javier Milei: “Si se logra la media sanción, profundizaremos el plan de lucha”

La reunión será el lunes a las 16 horas y en formato virtual, ya que según Infobae se proyectan variadas ausencias debido a viajes motivados por el feriado puente de Carnaval.

El Consejo Directivo tenía previsto reunirse para debatir el avance de la reforma laboral y tomar eventuales acciones, pero la presión interna hizo que se anticipara el llamado a deliberar y en un día feriado. Lo cual apunta a darle una magnitud al estado de urgencia en el que se encuentra la CGT.

Los sectores más antagónicos a la reforma laboral son los partidarios de llevar una protesta más dura que la exhibida por la central gremial el día en que el Senado trató y aprobó el nuevo estatuto, la cual se manifieste en un paro general de 24 horas. Algo con lo que se amagó a realizar pero se desactivo debido a que no se consideraran dadas las condiciones para una medida de fuerza de esa naturaleza.

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La CGT adelantó una reunión para debatir un paro general de 24 horas contra la reforma laboral

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Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.

El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por las fuertes presiones internas para hacer una protesta más dura contra la reforma laboral, ya que para muchos sindicalistas no alcanza con salir nuevamente a la calle.

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Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles o jueves próximos, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión cuando empezaron a recibir señales de varios dirigentes de que querían ir al paro para profundizar su rechazo al proyecto.

“El triunvirato preferían no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso, que, de todas formas, advirtió que el tema será objeto de un intenso debate este lunes.

Es que el sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.

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El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.

Noticia en desarrollo

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La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil

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Las coincidencias y miradas comunes que históricamente en la Argentina acercaron a la Iglesia Católica y los cultos evangélicos, reflejadas particularmente en los llamados a la paz social en los tiempos de crisis, encuentran puntos disonantes en las posiciones frente a la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El proyecto, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dio su primer paso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado.

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La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) celebró la aprobación del proyecto en la Cámara baja y estimó fundamental “la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. Los principales referentes de las comunidades evangélicas compartieron dos encuentros –en noviembre y en diciembre pasados- con el Presidente en la Casa Rosada.

“Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos”, expresó en una declaración la entidad que preside el pastor Christian Hooft.

La comisión ejecutiva del Episcopado, que preside el arzobispo Marcelo Colombo

Para la Iglesia Católica, en cambio, la reducción de le edad de imputabilidad –de 16 a 14 años- constituye “un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensión directa con la ley 26.061, que establece que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las personas adultas y en el Estado”.

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Así lo expresaron las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, junto con Cáritas, en una carta dirigida a los diputados y senadores que intervienen en el debate legislativo. Advierten, en tanto, que la reducción de la edad punible no baja el delito.

El debate sobre este tema sensible se presenta en momentos en que el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al papa León XIV una carta del presidente Milei para invitarlo a visitar la Argentina. Aunque todavía no recibió a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo titular es el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

La Iglesia Católica transmite en la carta a los legisladores su disposición a promover un aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo que referentes y profesionales territoriales desarrollan en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes. Una tarea que se construye “en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, los Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios”.

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Las comisiones episcopales señalan que la Iglesia suma su aporte al conjunto de voces de instituciones y organizaciones, como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras.

Celebran, al respecto, que todos han sido escuchados, pero no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.

Entre otros aportes, expresan que “es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener “el desfinanciamiento en materia de políticas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental”.

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Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone la aplicación de la Justicia Restaurativa. “Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador”, explican las comisiones episcopales.

Fieles evangélicos, en una oración celebrada en la Casa Rosada con la presencia de Milei, en diciembre último

En su pronunciamiento, los cultos evangélicos se solidarizan con quienes “sufren las consecuencias de los delitos”. Y entienden que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema -social, económica, educativa y familiar- y que apunten a la reinserción social”.

Aciera considera que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes”. Señala, además, que el Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”.

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Sin embargo, entre las coincidencias que muestran ambos pronunciamientos, los cultos evangélicos declaran que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”.

“El éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas”, concluye la declaración de Aciera.


Mariano De Vedia,Javier Milei,Iglesia,Conforme a,Javier Milei,,Caso $LIBRA. La ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo,,»La quieren muerta». Grabois apuntó contra el Gobierno por la condena a Cristina Kirchner,,A la espera de dólares. La pregunta del millón: ¿por qué no llegan las inversiones?

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