“Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, denunció la diputada Silvana Giudici, tras el retiro del quórum en la Cámara de Diputados para formar una comisión parlamentaria que investigue a fondo las implicancias sanitarias y políticas de las más de 70 muertes ligadas al fentanilo de uso clínico contaminado, un expediente que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

El rechazo a la propuesta de la legisladora del PRO, adelantada de manera exclusiva por este medio, dejó expuesta la protección del kirchnerismo y de al menos parte del peronismo hacia Ariel García Furfaro, la cabeza visible de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, firmas que fueron inhibidas para producir medicamentos e insumos médicos por decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el 11 de mayo de 2025. Hasta ese momento, realizaban millonarios negocios a través de licitaciones públicas en los municipios del conurbano bonaerense y otras provincias del país, de varios colores políticos, pero sobre todo ligados a los denominados “barones del conurbano” y obras sociales sindicales.

El hecho, con escasa repercusión pública ese día, se produjo en la última sesión del 7 de agosto. Pasó inadvertido, porque esa misma jornada, la oposición le asestó un nuevo revés político al presidente Javier Milei al aprobar, con el apoyo de más de los dos tercios de los presentes, el proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y que le ordena al Poder Ejecutivo aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en conflicto desde hace varios meses por falta de financiamiento. Poco antes, y también por una contundente mayoría, la Cámara Baja le había dado luz verde al aumento del financiamiento universitario.

El escándalo por el fentanilo contaminado ya suma al menos 76 muertes, según le confirmo a este medio el viernes Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata que investiga esos casos vinculados con el medicamento adulterado. La negativa del bloque kirchnerista a habilitar la comisión investigadora impulsada por Giudici, y respaldada por otros diputados de PRO, buscaba crear una cuerpo para esclarecer la cadena de responsabilidades detrás de la comercialización y uso del fentanilo adulterado, distribuido por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

El proyecto, presentado formalmente en la Cámara Baja, proponía indagar no sólo en las causas inmediatas de la tragedia, sino también en los vínculos políticos y empresariales que permitieron la circulación masiva de un medicamento letal en hospitales públicos y privados de varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y CABA.

Cerca de la medianoche, y con los ánimos alterados en el ámbito parlamentario, Giudici propuso en un pedido de informes la creación de una comisión investigadora por “el escándalo del fentanilo” (así lo denominó). Los diputados kirchneristas no la dejaban hablar y el titular del cuerpo, Martín Menem, le informaba que sus esfuerzos eran inútiles. El quórum se había perdido.

“Había quedado pendiente la votación para acompañar el pedido de informes por el escándalo del fentanilo. Le voy a pedir que por favor lo ponga a votación”, expresó Giudici a Martín Menem, que fue taxativo: “Diputada, no hay quórum en este momento. El tablero marcaba en verde apenas 56 presentes y en rojo 201 ausentes.

“Bueno, que quede claro entonces que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo; como lo dije anteriormente, las conexiones entre dirigentes de ese bloque y funcionarios del gobierno anterior claramente posibilitaron el encubrimiento de esta situación que lleva más de 68 muertos”, remató la diputada del PRO, seguida atentamente por Cristian Ritondo, quien estaba sentado a su lado.

La Comisión Especial tiene entre sus principales objetivos:

-“Determinar las causas y responsabilidades por el uso de fentanilo contaminado distribuido y utilizado en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y demás jurisdicciones donde se hayan registrado víctimas fatales”.

-“Investigar la cadena de producción y comercialización del fentanilo y otros productos farmacéuticos de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., así como de las droguerías y establecimientos sanitarios involucrados”.

-“Investigar la intervención y responsabilidad de los intermediarios, droguerías, funcionarios o exfuncionarios actuantes en la provisión del insumo a los hospitales públicos de las distintas jurisdicciones provinciales”.

-“Deslindar la eventual responsabilidad de los organismos de control de las distintas jurisdicciones actuantes en la trazabilidad y comercialización del opioide sintético para su aplicación dentro del sistema de salud público y privado”.

-“Investigar las condiciones de habilitación y control de los laboratorios proveedores de las partidas contaminadas radicados en la Provincia de Buenos Aires”

-“Elaborar un informe final con las conclusiones de la investigación y formular recomendaciones legislativas y de políticas públicas para mejorar la seguridad y trazabilidad en la provisión de insumos, drogas y medicamentos, así como también mejorar la respuesta integral del sistema sanitario a fin de evitar crisis fatales que cobran vidas como la aquí expuesta”.

Además de Silvana Giudici, el proyecto está firmado por los diputados nacionales del PRO Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Patricia Vasquez, Sabrina Ajmechet, José Nuñez y Martín Ardohai.

El proyecto destaca: “La República Argentina atraviesa una crisis sanitaria sin antecedentes recientes, originada por la administración de fentanilo contaminado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Según los fundamentos, estos patógenos fueron detectados en ampollas del producto ´FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, lote 31202″, elaborado por Laboratorios Ramallo S.A. para HLB Pharma Group S.A.´, lo que produjo cuadros infecciosos severos, principalmente en personas internadas en terapia intensiva».

El texto también subraya elementos que justifican la necesidad de crear la comisión, como posibles vínculos e influencias políticas entre los involucrados, la coincidencia de domicilios societarios de diputados y empresarios allegados al kirchnerismo y la importancia de que el control parlamentario actúe para despejar dudas sobre la transparencia de las investigaciones.

“La salud pública es un bien supremo que el Estado tiene el deber irrenunciable de proteger. La confianza ciudadana en el sistema de salud y en la seguridad de los medicamentos que se administran ha sido severamente dañada”, afirman los diputados. Señalan, además, que la comisión debe operar con amplias facultades de investigación, pero garantizando la transparencia, la protección de las fuentes y el resguardo de los derechos constitucionales.

En el escrito legislativo la diputada Giudici es taxativa:

“Si bien la investigación judicial sigue su curso, es imperativo que el Poder Legislativo, en su rol de control político en representación de los intereses del pueblo argentino, asuma un papel activo en el esclarecimiento de estos hechos, aún más considerando el parentesco colateral de segundo grado existente entre el Juez del caso y el actual Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak (hermano del juez federal Ernesto Kreplak) jurisdicción sede de los laboratorios investigados».

El texto rechazado por los legisladores K también afirma: “Existen, por otra parte, elementos adicionales que generan profunda preocupación y que deben ser investigados con rigurosidad por esta Comisión. Entre ellos, se destacan:

1. La presunta vinculación de Sebastián Nanini, señalado como “comprador” en este entramado, con un contrato en la Policía Federal Argentina en 2023. Asimismo, su rol como abogado de personas con notoriedad pública en causas sensibles (Hernán Arbizu y la exmujer de Lázaro Báez) y su condición de apoderado del Partido Justicialista del distrito de José C. Paz, bajo la intendencia de Mario Ishii, ameritan una investigación sobre posibles influencias o conflictos de interés.

2. La información que indica que el domicilio de uno de los laboratorios investigados coincide con el de una sociedad presuntamente vinculada a un Diputado Nacional con mandato vigente (no se menciona el nombre), lo cual debe ser esclarecido para despejar cualquier duda sobre posibles incompatibilidades o influencias indebidas.

3. La necesidad de determinar si las conexiones personales o políticas de los involucrados pudieron haber facilitado la elusión de controles o demorado la respuesta estatal.

La legisladora también mencionó la relación del dueño del laboratorio, en la fecha de elaboración del presunto fentanilo contaminado (diciembre 2024), Ariel García, con funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner a quienes tampoco menciona. Aunque hay antecedentres públicos.

“Los laboratorios Ramallo y HLB Pharma intentaron burlarse de todos los argentinos durante la pandemia del COVID. Fueron los que con las autoridades de Ministerio de Salud pasadas, quisieron armar un montaje en Rusia para traer la vacuna Sputnik V y nadie en su momento del Poder Ejecutivo lo explicó y tampoco este Congreso, con un atronador silencio, denunció durante la cuarentena eterna a la que nos impusieron nada sobre estas vinculaciones oscuras», dijo la diputada del PRO cuando presento la iniciativa.

Ariel García Furfaro, junto a sus dos hermanos, su madre y abuela, figuran entre las 24 personas sospechosas para el juez Kreplak de tener agún tipo de relación en la elaboración y venta del fentanilo mortal y que tienen una inhibición de bienes y la prohibición de salir del país.

Condenado a prisión por intento de homicidio, se graduó de abogado en el penal Melchor Romero y, al menos hasta el año pasado mantenía relaciones con dirigentes kirchneristas, sindicalistas y ex funcionarios, como la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner a quien visitaba en el Instituto Patria (tal como lo ilustra la foto tomada en abril de 2024 y publica en la cuenta de Instagran de la propia ex mandataria).

La trama de irregularidades no se limita a la distribución del fentanilo contaminado con dos bacterias. HLB Pharma Group viajó a Moscú con la delegación del Ministerio de Salud del ex presidente Alberto Fernández para distribuir la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Fue denunciado por ARCA por evasión tributaria, importaciones irregulares de maquinaria desde China y falsificación de documentos. Y tal como informo este medio, Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich denunció la falsedad del certificado de habilitación de la Municipalidad de San Isidro para operar con precursores químicos, como citrato de fentanilo.

La denuncia contra el fentanilo contaminado tiene si origen, según la investigación judicial, el 15 de abril de 2025, cuando en el Hospital Italiano de La Plata detectaron la contaminación bacteriana. En total fueron 18 pacientes infectados de los cuales 15 fallecieron. La denuncia ante la ANMAT se formalizó el 2 de mayo, y el organismo prohibió el lote afectado e inhibió la producción de medicamentos de los dos laboratorios involucrados el 11 de mayo. El producto, identificado como “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, lote 31202”, contenía bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, responsables de cuadros infecciosos severos, principalmente en pacientes de terapia intensiva.

En paralelo a la investigación penal, HLB Pharma protagonizó episodios sospechosos, como la quema de cinco kilos de fentanilo vencido el 13 de abril, el mismo día que se abrió la causa judicial. La destrucción del material había sido ordenado por la autoridad sanitaria. Hasta ahora esos papeles estarían validados en la causa aunque se sigue investigando.

La Comisión Especial Investigadora bloqueada por el kirchnerismo y el peronismo en la Cámara Baja tendría amplias facultades para solicitar informes, documentos y antecedentes a entes públicos y privados, convocar a funcionarios y terceros interesados, y elaborar un informe final con conclusiones y recomendaciones legislativas para mejorar la seguridad y trazabilidad en la provisión de medicamentos.

El 4 de junio pasado, fecha en que la diputada del PRO anunció que propondría la formación de la comisión que naufragó la semana pasada, Ariel García Furfaro le expresó a Infobae su intención de presentarse ante los parlamentarios nacionales y “contar todo lo que se de los laboratorios que le venden al Estado, a quienes les vendía yo y a qué precios y contar todo lo que se”. Si esas intenciones son ciertas, por ahora no será posible.