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¿Qué dijo Javier Milei sobre Ian Moche, quien lo denunció ante la Justicia?

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El presidente Javier Milei respondió este lunes a la demanda judicial que inició la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo. El mandatario presentó un escrito ante la Justicia Federal de La Plata, en el que alegó que actuó desde su cuenta personal y que su publicación está protegida por la libertad de expresión.

El Presidente basó su defensa en cuatro ejes centrales. Afirmó que su publicación no fue un acto de gobierno. Sostuvo que su cuenta @JMilei en la red social X no es un canal oficial del Poder Ejecutivo. En el documento judicial, niega “que la cuenta de la red social ‘X’ @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del PEN”.

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Javier Milei sostuvo que su cuenta «@JMilei» no es un canal oficial del Poder Ejecutivo

Agregó que “el hecho de que una persona ostente un cargo público no convierte automáticamente en acto estatal todo lo que hace o dice en su vida personal o digital”.

Milei también aseguró que su crítica no apuntaba a Ian Moche, sino al periodista de LN+ que lo entrevistó, Paulino Rodrigues. En el texto, el Presidente se refirió al comunicador como “Pautino” y transcribió su mensaje original: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla…”. Insistió que el tuit no menciona al niño “ni directa ni indirectamente”.

El mandatario aseguró que su crítica no apuntaba a Ian Moche, sino al periodista Paulino Rodrigues, a quien llamó «Pautino»Javier Milei

El escrito argumentó además que Moche, por su rol público, debe tolerar el debate. El escrito presidencial describe al niño como “un activista” y una “personalidad pública”.

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Además, considera que está sujeto a las críticas de quienes no comparten sus ideas. Según Milei, el activismo “conlleva ser una personalidad pública y un activista; dado que los mismos no están ajenos a las críticas”.

El mandatario enmarcó la demanda en un fenómeno mayor. Calificó la acción judicial como un intento de censura y la vinculó con la cultura de la cancelación.

El escrito presidencial reconoce al niño como “un activista” y una “personalidad pública” sujeta a críticasCaptura

Afirmó: “Esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes”.

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La familia de Ian Moche, un joven activista por los derechos de las personas con autismo, inició una acción de amparo. El objetivo es que la Justicia ordene al Presidente eliminar un posteo de su cuenta de X. La publicación es un reposteo de un mensaje del usuario “HOMBRE GRIS” que incluía una imagen de Moche y lo asociaba con el kirchnerismo.

Qué pasó con Ian Moche y Milei

La causa tramita en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Osvaldo Recondo. El mes pasado, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que el caso era de competencia federal. Argumentó que Milei, al tuitear desde su cuenta verificada con tilde gris, actúa como Jefe de Estado.

El carácter de la cuenta es un punto central del conflicto. Para el Presidente y su defensa, se trata de una cuenta privada. La Procuración del Tesoro de la Nación apoyó esta visión en la causa. Argumentó que la cuenta es personal, “fuera del ejercicio de sus funciones públicas”, y que la verificación con tilde gris no la convierte en un canal oficial de comunicación del Estado.

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El debate sobre la cuenta verificada también impactaría como posible jurisprudencia en el caso Libra

Para la parte demandante, la situación es distinta. El abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, señaló una contradicción en la presentación de Milei. El Presidente fijó su domicilio legal en la Residencia Presidencial de Olivos. Según Gil Domínguez, al hacer esto, “asume su carácter de Presidente, descartando ser un mero particular”. Esta acción, para el letrado, contradice la postura de la Procuración del Tesoro.

Andrés Gil Domínguez criticó duramente la presentación del Presidente. Sostuvo que la defensa desconoce que la libertad de expresión protege a los particulares frente al poder y no al revés, “especialmente, si se trata de un niño que pertenece al espectro autista”.

Andrés Gil Domínguez sostuvo que la libertad de expresión protege a los particulares frente al poder y no al revés

El abogado calificó de “cinismo” los argumentos de Milei y de la Procuración del Tesoro. Afirmó que si las expresiones del mandatario no eran agraviantes, la solución era simple. “Si esto fuera cierto y sincero, hubiese bastado una aclaración, disculpa o eliminación del posteo a través de X”, declaró Gil Domínguez. Agregó que eso “nunca aconteció”.

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Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

presentó un escrito ante la Justicia Federal de La Plata,Audiencia,Javier Milei,,Tribunales. Milei le respondió a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su «cuenta personal” en uso de su «libertad de expresión»,,“Reduce cargas y tiempo”. El consejo para Milei, según el club de países más ricos del mundo,,Plenario. La izquierda presiona a la CGT para que active otro paro general contra Milei,Audiencia,,Ascenso térmico. Pronóstico en AMBA: temperaturas templadas, sol y las últimas noticias del clima este lunes 11 de agosto,,»No sabíamos de su vínculo». Qué dijo el hermano del joven enterrado en Coghlan luego de que el excompañero de colegio se presentara en la Fiscalía,,»No lo sabíamos hasta ayer». Qué dijo el hermano del joven enterrado al lado de donde vivió Cerati sobre los dueños de la casa que ahora investiga la Justicia

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El Gobierno sigue revisando los pliegos judiciales y admite que puede demorarse el envío al Senado

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El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales y advierte que puede dilatarse el envío al Senado. En el Ejecutivo reconocen que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue retocando las nóminas y que los expedientes todavía no llegaron a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.

Más allá de que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.

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El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.

Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia (Foto: Consejo de la Magistratura).

La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.

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Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.

Leé también: La Casa Rosada afirma que habrá cambios en el ejercicio militar entre la Argentina y EE.UU.

En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

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La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.

Gobierno, pliegos, Senado

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El Gobierno envía la Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores, pero no da a conocer los nombres

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El Gobierno envió esta noche al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces, con lo que abrió el proceso para cubrir las vacantes de la Justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. El anuncio lo realizaron esta noche fuentes del ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos elevados al Senado son 55 de jueces, fiscales y defensores oficiales y 7 conjueces, que son abogados de la matrícula, para que los senadores les den acuerdo y puedan suplir a los jueces hasta su nombramiento definitivo.

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Actualmente hay 203 ternas con jueces nacionales y federales en manos del Poder Ejecutivo, que deben ser enviados al Senado para que puedan ser nombrados. Son cargos que ya se concursaron en el Consejo de la Magistratura, y las ternas de candidatos fueron elevadas al Poder Ejecutivo.

Ahora el Gobierno seleccionó un nombre para cada cargo, pero todavía no los dio a conocer. Basta con el voto de la mayoría simple de los senadores para que sean aprobados los pliegos. Luego deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo.

Las vacantes en la Justicia federal y nacional son una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema. El Gobierno venía prometiendo hace dos años que iba a enviar los pliegos al Senado. El entonces ministro Mariano Cúneo Libarona no llegó a hacerlo. Ahora el proceso avanzó con Mahiques, que llegó al ministerio con el aval de Karina Milei.

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Noticia en desarrollo


Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno lanzará a fin de marzo la licitación del Belgrano Cargas y apunta a tenerlo privatizado en diciembre

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En el marco de su plan de privatizaciones, el Gobierno avanza con la concesión del sistema de trenes Belgrano Cargas y planea cumplir con el llamado a licitación en los próximos días, con el objetivo de que todo el proceso esté finalizado para principios de diciembre, aunque algunos oferentes ya expresaron sus cuestionamientos por el modo en el que se hará la compulsa.

Según pudo saber Infobae, así se los expresaron las autoridades nacionales a los empresarios interesados, durante una de las jornadas del Agentina Week, que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

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En ese marco, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del plan y sus plazos, además de estimaciones de las inversiones que llegarían al país a partir de este proyecto, estimadas en casi 800 millones de dólares.

Por su parte, a lo largo de ese evento, algunos funcionarios, como el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibieron a representantes de distintas compañías que podrían competir por hacerse con la operación de la red ferroviaria.

En la presentación, que se llevó adelante en el Consulado General argentino, el equipo del Belgrano Cargas inició con un análisis sobre la situación actual del sistema: de acuerdo con los datos oficiales, la red exhibe una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, un nivel que contrasta con los 3,40 de Brasil y se ubica muy por detrás de los 24,20 de Australia.

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Uno de los gráficos que mostraron las autoridades nacionales, con las cifras actuales del sistema de carga

De acuerdo con los gráficos de la exposición, el sistema argentino no logra absorber la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes permanece en torno a los 25 millones de toneladas anuales durante más de cinco décadas.

El modelo vigente, definido como “un círculo vicioso” de baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, dejó como saldo una infraestructura degradada y una débil capacidad logística.

La propuesta que el Gobierno expuso en los Estados Unidos apunta a transformar el esquema de gestión de “concesión vertical” y pasar a uno de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), en el que la administración de la infraestructura ferroviaria quedaría separada de la operación de trenes.

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El esquema contempla tres ejes: un administrador de infraestructura responsable del control de tráfico, mantenimiento y asignación de turnos; operadores de carga privados que competirán por el servicio pagando peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios, con contratos de cincuenta años para el mantenimiento de material rodante.

El modelo actual frente al que quiere ir el Gobierno

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El material rodante se subastará por separado, entregando dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones por cada una de los tres ramales mencionados.

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El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.

El plan exige inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

El acuerdo incluye mecanismos de protección jurídica para el concesionario, con derecho a renegociar condiciones ante cambios legales o eventos extraordinarios. Además, el pliego incorpora cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas UNCITRAL y derechos de “step-in” para los acreedores, lo que les otorga la posibilidad de intervenir en caso de incumplimientos antes de que el Estado rescinda el contrato.

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El cronograma oficial establece que la licitación se lanzará a fines de marzo. A partir de ese momento, los oferentes tendrán 90 días para presentar propuestas.

La adjudicación y la firma del contrato se concretarán entre junio y julio, seguidas de un período de transición —también de 90 días— para inventarios y traspaso de personal. El objetivo es que en diciembre los nuevos operadores privados asuman el control efectivo del servicio.

Los plazos que estima el Gobierno

Durante la Argentina Week, los representantes del Grupo México, una de las firmas que ya anunció públicamente su deseo de presentarse en esta licitación, les reiteró a los funcionarios sus críticas hacia el sistema de “Open Access”.

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La compañía, que ya opera en su país y también en varias partes de los Estados Unidos, busca que tanto el material rodante, como la infraestructura (talleres) y la operación se incluyan en una misma oferta, para garantizarse contar con el sistema completo pra trabajar, y a cambio prometen una inversión de unos 3 mil millones de dólares para las líneas Belgrano y Urquiza, mucho más de los casi 800 millones que plantea el Gobierno.

“En todos lados se hace de esa forma, porque el mecanismo de acceso abierto solo se implementó en Inglaterra y fracasó. Como está armado ahora, se está pensando solamente en el mercado agrario, cuando la red puede beneficiar también a la minería y a otros sectores importantes de la economía, aunque para eso es necesario un plan más integral”, explicaron a este medio fuentes al tanto de la postura mexicana.

En febrero último, los representantes del grupo viajaron a la Argentina para reunirse con el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y ratificar el pedido de que se revea el formato de la licitación.

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La estructura que propone el Poder Ejecutivo para este proceso, por el momento, sigue estando dividida en dos partes: una oferta A por la concesión de vías e infraestructura solamente, y una oferta B por la concesión de vías más el adquisición de material rodante.

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