POLITICA
La advertencia de Gustavo Sáenz al Gobierno y su ironía sobre el “Triángulo de Hierro”
El gobernador por la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, le envió este lunes un tajante mensaje al presidente Javier Milei, a quien llamó a recordar a aquellos jefes provinciales que le otorgaron gobernabilidad desde el comienzo de su gestión y que hoy son objeto de críticas por parte de dirigentes asociados a La Libertad Avanza.
“Le dimos las herramientas que necesitaba para seguir adelante. Hicimos lo imposible para acompañar y ayudar. Y lamentablemente ponen a todos en la misma bolsa, ya sean gobernadores o legisladores. Se habla livianamente de traición. La lealtad es ida y vuelta. El Gobierno no ha tenido esa misma devolución con nosotros”, acusó en LN+.
El mandatario aclaró que si bien no se siente “traicionado” por la administración Milei, la situación es “complicada”. “Hemos tenido elecciones provinciales. Durante los comicios, dirigentes de LLA se ocuparon de decir barbaridades sobre mi persona. Recibí agresiones y difamaciones. Entonces, ¿piden que los acompañemos y me difaman?“, razonó.
Y completó: “Siento que quedé en el medio. Tengo una situación complicada. Acompañé porque creía que este era el camino. Confíe y tenía la esperanza de que fuera así. Además, si al Gobierno le va mal, a todos nos va mal”.
Durante su diálogo con Cristina Pérez y Juan Pablo Varksy, el gobernador salteño dijo ver una “intransigencia muy grande” en lo que a déficit fiscal refiere: “A mi me parece muy bien que el Gobierno y los funcionarios peleen por el equilibrio fiscal. Pero tiene que ir de la mano de equilibrio institucional y equilibrio social. Son tres patas”.
En esa misma línea, soltó de modo irónico: “El ‘Triángulo de Hierro’ -núcleo de poder dentro del oficialismo integrado por Javier y Karina Milei junto a Santiago Caputo- debería estar conformado por equilibrio social, institucional y fiscal. A muchos funcionarios del Gobierno les falta un baño de pueblo y humildad”.
A lo largo de la entrevista, Sáenz hizo mención a los vetos del Ejecutivo al aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Por un lado, afirmó no estar de acuerdo con la moratoria. Por el otro, ofreció una “pequeña solución” para solventar el incremento de los haberes jubilatorios.
“Saquemos la plata de los planes sociales que se les dan a todos los extranjeros que se vienen a vivir al país. Es una monstruosidad de dinero. Muchos de ellos cruzan la frontera, tienen a sus hijos acá, se les otorga la doble ciudadanía y cobran una Asignación Universal por Hijo (AUH). Es una completa locura”, planteó.
Del mismo modo opinó en materia de discapacidad, aunque advirtió: “Hay que sacarle el soporte a quienes lo tienen sin ser personas con discapacidad. Pero mientras se esperan las auditorías, pagan justos por pecadores”.
En medio de la puja con Nación por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los impuestos a los combustibles líquidos, Sáenz se mostró de acuerdo en reducir la carga impositiva que pesa sobre los ciudadanos a la vez que propuso: “Todos los demás impuestos que queden deberían ser coparticipables”.
“A nadie le gustan los impuestos. Las retenciones también son espantosas. Pero hay una discusión que hay que dar también. Si bien tenemos que eliminar muchos, los que queden deberían ser coparticipables”, opinó.
Por último, hizo un breve análisis sobre la cadena nacional de Milei del pasado viernes, donde defendió a raja tabla el equilibrio fiscal. “Es más de lo mismo. Seguimos hablando del equilibrio fiscal. Se aferra a eso. Pero detrás hay mucha gente que sufre. Hay que buscar la forma de hacer al sistema previsional solvente, potente y que funcione. Pero también veamos el tema laboral. Si no se resuelve eso vamos a seguir este círculo vicioso”, concluyó.
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POLITICA
El bloque libertario conducido por Bullrich admite ahora que sumó a último momento el cambio en las licencias, pero dice que “no se entendió”
Tras la nota de que mostró el desconcierto en el Gobierno sobre un cambio de último momento en la reforma laboral que permite reducir los salarios en casos de licencias, desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), conducido por Patricia Bullrich, admitieron que allí se gestó la decisión de sumar el artículo.
Las limitaciones a las licencias motivaron críticas de aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde debe ahora ser tratado el proyecto.
Sin embargo, en el bloque libertario del Senado argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” de las “licencias truchas” y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.
Los cambios que reducen el porcentaje de pago de las licencias –del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias- no estaban en el texto original que firmó el presidente Javier Milei.
Sin embargo, la modificación fue sumada a la media sanción aprobada del Senado, con el voto a favor de los aliados.
En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que debería haber sido idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo.
Este sábado, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bacada conducida por Bullrich.
Ese grupo de magistrados, según el oficialismo, habría asesorado a La Libertad Avanza en el devenir de la reforma oficialista, cuyas conversaciones llevó adelante Bullrich en la Cámara alta. “Estamos para terminar con las mafias”, acotaron desde el bloque y dijeron: “Lo introdujimos con Legal y Técnica”.
El texto, aprobado en el Senado y en tránsito a Diputados, dice así: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera».
El artículo agrega que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».
Según las fuentes del bloque que hablaron con , el texto “se entendió mal” por el “bajo conocimiento de derecho laboral”. Dijeron que, en realidad, lo que supuestamente quiere expresar es que la baja en los haberes se hará desde los tres meses y desde los seis meses de licencia, de acuerdo a cada caso. Además, se mostraron abiertos a que si hay que realizar más aclaraciones, se puedan incluir en la reglamentación de la ley o en el convenio colectivo de la actividad.
La cuestión generó un escándalo desde el momento mismo en que el miembro informante, el senador libertario de Chaco, Juan Cruz Godoy, sumó el apartado en plena sesión. Según pudo reconstruir , el agregado apareció en las conversaciones entre oficialismo y aliados durante la última etapa de negociaciones en el Senado.
En un primer momento, el kirchnerismo -que votó en contra- lo denunció. Después, el ministro Federico Sturzenegger fue a Radio Mitre y debió explicar de qué se trataba, y así el tema tomó estado mediático.
En el Gobierno, el viernes, nadie se hizo cargo de haber ideado o pedido esas modificaciones. Una voz importante de la Casa Rosada deslizó que podría haber sido “algún senador”.
Al mismo tiempo, otras fuentes refirieron que Sturzenegger tuvo que salir a explicar los cambios porque justo le hicieron una entrevista, pero que no había sido de ninguna manera el ideólogo de este extracto; que el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco estaba al tanto; y que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se lo había visto “indignado” por este tema. Mientras, fuentes del bloque habían desconocido el autor, pero habían justificado los cambios.
Este sábado, desde la bancada admitieron que la modificación salió de ahí. “En la práctica se verificó un incremento de reclamos laborales sustentados en certificados médicos apócrifos o carentes de respaldo clínico, mediante los cuales se extienden licencias en forma reiterada sin causa que lo justifique. Asimismo, se advierte la existencia de circuitos irregulares (truchos) en los que determinados profesionales emiten constancias médicas a cambio de sumas de dinero, que varían según la cantidad de días a justificar -con mayor costo cuando se trata de prórrogas- y la patología invocada. Esas certificaciones son usadas para justificar ausencias que en muchos casos no responden a situaciones reales“, señalaron desde el bloque que comanda Bullrich.
Dijeron, también, que esto genera un impacto “económico y organizacional significativo” en las empresas. “La reiteración de certificados médicos impide determinar con certeza la duración efectiva de la ausencia, lo que dificulta la planificación operativa y la eventual contratación de personal de reemplazo. Como consecuencia, se incrementan los costos laborales y se afecta de manera particular a las Pymes, que cuentan con estructuras más acotadas y menor capacidad de absorción financiera”, plantearon.
Además, argumentaron que la reforma laboral libertaria mantiene “toda la normativa” de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la conservación del empleo y la reincorporación del trabajador, prevista en los artículos 211 y 212.
El viernes, senadores aliados le echaron la culpa al Gobierno por los cambios y dijeron a que incluso la idea oficial era mucho más restrictiva sobre las licencias, pero que ellos no quisieron convalidar todos los planteos. Desde el bloque libertario dijeron no recordar nada en relación con eso.
Estallado el tema, distintos abogados laboralistas advirtieron por una posible judicialización.
Ahora, además, el Gobierno está alerta por la posibilidad de que esa parte del articulado sea rechazada en Diputados o por la chance de que le introduzcan cambios, lo que dilataría los tiempos, ya que el proyecto tendría que volver al Senado. Eso iría en contra de la idea de la Casa Rosada, que era tener aprobada la reforma laboral antes de marzo.
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POLITICA
Aplausos y abrazos: la emoción de los familiares de víctimas cuando se aprobó la Reforma Penal Juvenil en Diputados
La media sanción del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados generó una reacción inmediata en los palcos, finalizado el momento de la votación. Es que sobre uno de los laterales estaban presentes familiares de víctimas de la inseguridad y de crímenes cometidos por adolescentes, que aplaudieron la decisión en un clima de emoción y abrazos.
Al aprobar el proyecto de ley, la mayoría de los diputados le dedicaron un fuerte aplauso a los representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, y de los allegados directos de familiares asesinados que asistieron al debate.
Entre los presentes, asistieron Viviam Perrone, Isabel Yaconis, Adriana Mónica Álvarez, la familia Sperani, Laura Fernández, Romina Monzón, Virginia y Guillermo Bargna, así como a Marcos Rodríguez, todos familiares de víctimas y referentes de asociaciones.
Durante la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, destacó la relevancia de la presencia de estos invitados, al subrayar que es una de las pocas ocasiones en que el oficialismo autoriza el acceso de público a los balcones en un día de debate clave.
“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, dijo el jefe del bloque libertario. En ese instancia, oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para darles un primer aplauso por unos minutos.
También en sectores del peronismo y la oposición “dura” hubo acompañamiento. Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), la diputada Cecilia Moreau saludó a los familiares y recordó el impulso al Observatorio de Víctimas durante la presidencia de Sergio Massa en la Cámara.
“Tuvimos la suerte de ser nosotros, cuando Sergio Massa presidía la Cámara, quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”, expresó. Al momento de la votación, los legisladores del Frente Renovador apoyaron varios artículos de la iniciativa en la votación en particular.
El presidente de Diputados, Martín Menem, también reconoció la participación de los invitados en la sesión.
La aprobación en Diputados del proyecto que había sido impulsado por la entonces ministra de Seguridad nacional y ahora senadora, Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
El texto plantea la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y fue respaldado por legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, además de La Libertad Avanza.
El peronismo votó en contra de manera unificada, aunque durante la votación en particular, integrantes del Frente Renovador se diferenciaron y apoyaron la reducción de la edad de punibilidad.
El nuevo régimen no solo establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, sino que introduce alternativas para condenas menores a 10 años: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricción de acceso a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
Entre los familiares presentes, Romina Monzón —madre de Jeremías Monzón, adolescente asesinado recientemente— relató ante la prensa las circunstancias del crimen de su hijo, ocurrido menos de dos meses atrás.
“Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses asesinaron violentamente a mi hijo. De los tres menores de edad, hoy dos están en libertad sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó la mujer al ser consultada por un periodista de TN.
Hace dos meses, el adolescente de 15 años fue emboscado y sometido a torturas antes de recibir la estocada mortal. El grado de ensañamiento y la participación activa de los implicados, entre ellos una joven de 16 años y dos adolescentes de 14, provocó conmoción pública tras la viralización de las imágenes del hecho, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores.
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Causa por desvío de fondos: la Justicia sospecha que al menos US$50 millones de la AFA nunca llegaron a los clubes
La Justicia federal avanza sobre un presunto desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sostiene que al menos US$50 millones generados en el exterior nunca habrían llegado a los clubes.
Esa cifra surge del análisis de transferencias realizadas a través de una serie de sociedades que, según el expediente, no registran una actividad económica clara y habrían sido utilizadas para recibir y mover dinero recaudado fuera del país.
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El monto bajo sospecha se compone de transferencias a cinco firmas: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$ 3 millones), Velpasalt LLC (US$ 14,7 millones) y Dicetel (US$ 4,8 millones).
En conjunto, los investigadores estiman que esos US$50 millones forman parte de un circuito que está siendo reconstruido en sede judicial.
La causa es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona.
En una de las últimas resoluciones, el magistrado ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a las sociedades Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
TourProdEnter LLC, del empresario Javier Faroni, aparece señalada en el expediente como la empresa que administró y recaudó fondos de la AFA en el exterior, por un total aproximado de US$260 millones.
Según la investigación, esos ingresos se habrían generado a través de contratos de partidos amistosos de la Selección Argentina, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Parte de ese dinero es el que ahora se busca rastrear para determinar su destino final.
Desde el Banco Coinag aclararon que la entidad “no forma parte de la causa” y remarcaron que “las actividades del Banco Coinag siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”. En la misma línea, señalaron que el oficio recibido “es un requerimiento normal que se contestará”.
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No obstante, en el expediente consta que una declaración testimonial del propio banco permitió establecer que se había utilizado una certificación contable falsa.
Según se determinó en sede judicial, ese documento (atribuido a un contador) fue presentado para la compra de vehículos y no había sido emitido por la entidad bancaria, extremo que quedó acreditado en la investigación.
El avance judicial no se limita al circuito internacional. En paralelo, el juez Armella ordenó un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado a la institución.
La medida se inscribe en la misma causa que investiga el funcionamiento de Sur Finanzas, una financiera acusada de montar un esquema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas calificadas como “usurarias”.
Según consta en la causa, esos préstamos se habrían otorgado a cambio de derechos de televisación y el mecanismo habría contado con aval, permiso o recomendación de la AFA. En ese marco, la Justicia también requirió información sobre la relación entre Banfield y Sur Finanzas.
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El listado de personas físicas alcanzadas por los pedidos de información bancaria incluye a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario cercano a Claudio “Chiqui” Tapia; su madre, Graciela Vallejo, presidenta formal de la compañía; Agustín Vallejo; y otros nombres mencionados en el expediente como Oscar Fabián Tucker, María Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, Bárbara Castelli y Federico José Spinosa. También figura Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield.
Además, los investigadores analizan documentación vinculada a la transferencia del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo FC de Brasil.
De acuerdo con lo incorporado al expediente, se investiga si esa operación se habría concretado mediante una operatoria con criptomonedas y si existió una presunta falta de declaración en la Argentina, una modalidad que puede dificultar la trazabilidad de los fondos.
Mientras tanto, la causa sumó en las últimas horas una batería de nuevas medidas, entre ellas acciones procesales sobre Javier Faroni, titular de TourProdEnter.
El objetivo, según fuentes judiciales, es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los fondos generados por la Selección y otros activos de la AFA efectivamente ingresaron al sistema local y llegaron a los clubes o si quedaron en estructuras intermedias en el exterior.
AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino
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