POLITICA
Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista
La detención de la activista de Derechos Humanos, Martha Lía Grajales, en Caracas, derivó en una condena de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hacia el régimen de Nicolás Maduro.
“Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición”, señaló el pronunciamiento, firmado el último 9 de agosto por María Adela Antokoletz, vicepresidenta de la asociación.
La abogada colombo-venezolana y exmilitante chavista fue detenida el viernes 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana tras participar en una protesta frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas.
La manifestación, integrada en su mayoría por madres de presos políticos, buscaba denunciar la agresión sufrida días antes durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto, los llamados “colectivos chavistas”, grupos parapoliciales armados, atacaron, golpearon y robaron a las manifestantes, entre ellas la propia Grajales.
De esta forma, por primera vez, tanto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como así también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y figuras del Frente de Izquierda expresaron públicamente su repudio a la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro.
Desde su detención, Grajales permanece desaparecida. Sus familiares y defensores intentaron presentar un hábeas corpus para conocer su paradero y estado de salud, pero la justicia venezolana rechazó el recurso.
La situación de Grajales fue calificada como “terrorismo de Estado” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto marcado por la represión tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor para un tercer mandato, resultado que no fue reconocido por ninguna democracia occidental.
Por su parte, la activista Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, subrayó la novedad de estos pronunciamientos: “Tuvimos que esperar mucho tiempo y, en este caso, a que ocurriera con una dirigente de izquierda, pero es importante. No hay justificación para callar ante los crímenes de una tiranía que secuestra, desaparece, tortura y asesina”.
Trotta compartió el comunicado de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como así también el proyecto resolución de Diputados antes citado.
El CELS también exigió información sobre el paradero de Grajales y la liberación de todos los defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente: “¿Dónde está Martha Lía Grajales? Exigimos que Venezuela respete su integridad, informe su paradero y ordene su libertad inmediata, así como la del resto de defensorxs de derechos humanos detenidxs de manera arbitraria”.
A estos reclamos se sumaron figuras del Frente de Izquierda como Myriam Bregman y Christian Castillo, quienes repudiaron la represión y responsabilizaron al gobierno venezolano por la salud e integridad de la activista. Mensajes similares publicaron las legisladoras Alejandrina Barry, Mercedes Trimarchi y Andrea D’Atri, así como los diputados Alejandro Bodart, Celeste Fierro, Vilma Ripoll, Luciana Echevarría, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano.
El domingo, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel difundió una carta firmada por decenas de activistas latinoamericanos bajo el título “Defender los derechos humanos de las personas humildes no es un delito: Libertad inmediata para Martha Lía Grajales”. En paralelo, el gobierno venezolano intentó contrarrestar el impacto de estos pronunciamientos difundiendo un comunicado de apoyo a Maduro, firmado por Carmen Arias y las filiales de Mar del Plata y Tucumán de las Madres de Plaza de Mayo, en el que expresaban su solidaridad ante las “nuevas amenazas lanzadas contra él por el imperialismo norteamericano”.
La situación de Grajales no es un caso aislado. Según un informe reciente de Amnistía Internacional, en Venezuela existen actualmente más de 800 presos políticos, entre ellos cerca de un centenar de mujeres y cuatro adolescentes. El informe denuncia el uso sistemático de las desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado contra la población civil, especialmente contra disidentes.
Actualmente, alrededor de 50 personas permanecen desaparecidas, sin contacto con familiares ni abogados, entre ellos dirigentes opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.
POLITICA
Reforma laboral: Milei quiere aprobarla sin cambios en Diputados, pero la oposición busca corregirla
Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei irá a Diputados, donde el oficialismo contaría con los números para la aprobación total de la iniciativa que se propone modernizar el mercado laboral.
Los diputados de la oposición, sea esta dura, como la del kirchnerismo y la izquierda, o dialoguista, sabe que no tiene margen para rechazar la reforma laboral, pero si podrían devolverla al Senado si el texto se somete a correcciones.
En ese sentido, los distintos bloques opositores que integran la Cámara Baja se concentrarán en avanzar con correcciones por artículos, como los que se relacionan con las licencias por accidentes y enfermedades y el Fondo de Asistencia Laboral.
La CGT se reunirá este lunes para definir si va o no a un paro general contra la reforma laboral
Los artículos de la discordia
La reforma laboral propone reducir los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, ya que establece nuevas condicioens atadas al origen del evento y la existencia de cargas de familia.
Si el empleado tuvo un accidente o una enfermedad por causales que se sitúan fuera de la relación laboral en la que se encuentra, sólo percibirá el 50% de su remuneración, mientras que si la contingencia se debe a factores involuntarios, cobrará el 75% de su haber mensual.
Tras la aprobación en el Senado, el PRO buscará aplicarle modificaciones a la reforma laboral en Diputados
En relación al Fondo de Asistencia Laboral, el foco de la oposición se posa sobre el desfinanciamiento que implica sobre la ANSES, ya que los aportes patronales que lo financian irían a parar al nuevo fondo de indemnizaciones.
El oficialismo ya giró este viernes el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados. En ese marco, convocará a un plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero y, en el mejor de los escenarios que baraja, llamar a sesión el jueves 19, o sino, el 25 de febrero.
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POLITICA
Un testigo de identidad reservada, el lavado y sospechas de más negocios ilegales: las nuevas líneas del caso Andis
Un testigo de identidad reservada declaró durante cuatro días en la fiscalía de Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y aportó detalles sobre cómo funcionaban los negocios de Miguel Calvete, uno de los procesados de la semana pasada en esta causa por asociación ilícita, fraude y sobornos.
Fuentes del caso relataron que la declaración de esta persona -que fue hace semanas, pero se había mantenido en reserva, en un legajo que no integra el expediente principal- es parte de la prueba que sirvió de base para los procesamientos dictados la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello contra el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, Calvete y otros 17 acusados, y que el testigo dio pistas para analizar registros de transacciones sobre los que trabajan los investigadores, que están convencidos de que el caso tiene interrogantes por resolver que podrían demostrar que la maniobra fue aún mayor: que hubo otros hechos delictivos y otros responsables aún no identificados. En palabras del juez, hay elementos para creer que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en lo detectado hasta ahora.
¿Cómo sigue la investigación? Por un lado, la fiscalía está analizando lo obtenido en allanamientos a ortopedias que les vendieron insumos a la Andis y que -según surge de comunicaciones telefónicas- tenían lazos con Calvete, informaron fuentes de la causa. En el fallo de los procesamientos, Casanello alude a una serie de ortopedias cuando dice que Calvete “habría obtenido pagos de terceras empresas por su actuación como intermediario con el organismo”. Es un rubro en el que se está explorando.
Además, está pendiente el capítulo del presunto lavado de dinero obtenido de la Andis: el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores y el Ministerio Público, con intervención de la procuraduría especializada en delitos económicos (Procelac), está detrás de otros posibles hechos de lavado.
También se sigue investigando a la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que por el momento quedó fuera del reparto de responsabilidades que plantearon juez y fiscal. Los investigadores quieren ver qué encuentran cuando accedan a todo el contenido de los servidores de la droguería –hay un peritaje previsto para el mes próximo- y todavía intentan abrir el teléfono Samsung de Emmanuel Kovalivker, que era uno de los directivos de la Suizo Argentina, aunque quien estaba al frente era su hermano Jonathan, que entregó un teléfono que “estaba vacío”, relataron fuentes oficiales. Además, los investigadores pretenden hacerse de los correos corporativos de los altos ejecutivos de la compañía. Como la empresa no entregó las claves, están pidiendo la información a la prestadora del servicio en Estados Unidos, pero es un tipo de solicitud que lleva tiempo y rara vez da resultado.
Los Kovalivker tuvieron un rol central en las primeras horas de la investigación, cuando a pedido del fiscal Picardi se allanaron sus domicilios y se les secuestraron sus teléfonos. En el fallo de los procesamientos, que no los incluyen, Casanello hizo alusión a Sebastián Nuner Uner, a quien describió como un alto ejecutivo de la Droguería Suizo Argentina con “marcada influencia en el grupo” que habría hecho negocios a costa de la Andis.
Según Casanello, Nuner Uner sería “el Helvético” nombrado en un chat de audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete (ambos procesados en esta causa). Se trata del mensaje, desconocido hasta esta semana, que parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). En esa comunicación, Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado” (apodo con el que llamaban a Spagnuolo). Dice que ya le informó de sus temores “al Helvético” que ese mismo día “se lo iba a informar a Rioja”.
Casanello tuvo a su cargo esta causa hasta el miércoles pasado como juez suplente del juzgado donde está radicado el expediente, el federal 11, vacante desde la muerte de Claudio Bonadio. El miércoles, la Cámara Federal sorteó al nuevo subrogante: Ariel Lijo, a quien el Gobierno había propuesto para integrar la Corte Suprema, que todavía no asumió el caso porque vuelve esta semana de vacaciones. Fue reemplazado jueves y viernes pasado por María Servini. El primer interrogante es si Lijo mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él.
Cuando llegue a Comodoro Py, Lijo se encontrará en la causa con una orden de la Cámara Federal para investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en el Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso. Las defensas reclaman que la supuesta adulteración de esos audios arrastre todo el expediente y el caso se declare nulo. El primero en plantearlo fue Martín Magram, en abogado de los Kovalivker. No le fue bien con Casanello, que esta semana volvió a rechazarle ese planteo sin peritar los audios, pero el abogado apeló ante la Cámara, donde es posible que su suerte sea otra. Esta semana, con las firmas de Martín Irurzun y Roberto Boico, el tribunal hizo lugar a un viejo reclamo de Spagnuolo, le anuló un fallo a Casanello y le recriminó que no había cumplido con la instrucción que le habían dado de que rastreara el “origen y veracidad” de aquellos audios. El reproche fue un día después de los procesamientos, que también deberán ser revisados por la Cámara.
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POLITICA
Respaldado por las recientes victorias legislativas, el Gobierno evalúa impulsar una reforma electoral con vistas al 2027
Javier Milei cree que las reformas de peso deben tener una secuencialidad definida para que estas impacten progresivamente en su programa económico. Una vez que la laboral sea sancionada a fin de febrero, el oficialismo acelerará con su proyecto impositivo para que ambas generen las condiciones para que hacia finales de 2027, o más adelante, se pueda hablar de una reforma previsional. O eso es lo que el Presidente le dice a los suyos.
Para que esto suceda, La Libertad Avanza debe ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán el año próximo. Es por eso que el oficialismo conversa en sus reuniones más íntimas sobre aspectos que trascienden lo económico y que se refieren a asuntos estrictamente políticos.
En una reunión reciente en Casa Rosada, varios integrantes de la Mesa Política dialogaron preliminarmente sobre la posibilidad de diseñar una reforma política con vistas al año próximo. “No está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”, confirmó a Infobae una fuente inobjetable.
El Gobierno tiene una extensa lista de proyectos por tramitar en el Congreso. Solo por decir algunos, queda que se produzca la sanción del proyecto de Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También deben comenzarse a tratar en comisiones los aspectos finos del tratado comercial con Estados Unidos, la adhesión de Argentina a las condiciones que impone el Consejo de Paz de Donald Trump, la reforma impositiva (de la cual no se conocen amplios detalles) y que se genere el envío de pliegos de jueces federales.
Ante la pregunta de Infobae, una figura del estrechísimo entorno presidencial indicó que vería con buenos ojos que al comienzo de las sesiones ordinarias se inicie una senda para hablar de una reforma política. “No la pidió Javier. Es prioridad para todos”, afirmó esta persona.
No hay una idea consensuada por ninguna de las partes. Todavía no está claro qué puede llegar a ser oportuno proponer en los próximos meses. Aún así, hay tres propuestas que les gustan a varios integrantes de la Mesa Política:
- La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 o directamente su eliminación.
- Modificar la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.
- Incorporar en el diseño de la Boleta Única Papel (BUP) el casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca.
Al menos por ahora, el calendario electoral del 2027 contempla la realización de las PASO porque lo que se aprobó a principios de 2025 no fue su eliminación, sino su suspensión circunstancial por ese año. El proyecto original que el Gobierno había enviado a finales del 2024 proponía la eliminación, pero no tuvo adhesión suficiente. Puede ser que la Casa Rosada, con una masa legislativa más amplia, pueda apostar de vuelta por esta última opción.
Que se hable de este asunto no es casual. El Gobierno tiene varios motivos para proponer lo mismo que impulsó años atrás. Por un lado, buscan argumentar que esa instancia eleccionaria implica un costo fiscal que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a financiar a los fines de cuidar la política de déficit cero.
La Libertad Avanza tampoco tiene necesidad de realizar internas, ya que se trata de un esquema altamente verticalista, donde el poder de la colocación de las candidaturas emana de la propia presidenta del partido nacional, Karina Milei. Solo se habla de eventuales internas a través de PASO en el caso de las provincias que tienen incorporado ese esquema para la disputa de cargos locales. ¿La Ciudad podría ser un ejemplo? Más de una persona no se lo ha descartado ante la consulta de este medio, aunque falta mucho para decidir quién puede ser una figura que pueda disputar la Jefatura de Gobierno porteño.
Que en 2027 no haya PASO implicaría que las opciones opositoras al Gobierno para la categoría Presidente deban ordenarse directamente para las elecciones generales. Es posible que el sector vinculado a Axel Kicillof piense en una coalición o ampliación a los fines de poder polarizar directamente con Milei.
Varios integrantes del Gobierno quieren que la BUP del año próximo tenga un casillero que permita votar lista completa. De mínima, todos los distritos del país elegirán Presidente y Vicepresidente, Parlamentarios del Mercosur y Diputados Nacionales. Hay ocho provincias a los que se les sumará la categoría Senadores Nacionales. Así, la boleta única será más extensa que la que hubo durante las legislativas del año pasado.
Tal y como lo propuso a finales del 2024, el Gobierno podría avanzar en una iniciativa que ya tuvo el visto bueno de Milei: la de reformar el financiamiento de los partidos políticos.
La propuesta dada a conocer por el oficialismo años atrás implicaba la eliminación del aporte extraordinario de los partidos políticos que el Estado Nacional hace para las campañas electorales bajo la excusa de que “la Constitución habla de mantener a los partidos, pero no sus campañas”. El texto preveía que se mantenga el Fondo Partidario Permanente, que garantiza un financiamiento para los partidos políticos. Pero apuntan a que los fondos a recibir por los espacios sean cada vez más mixto y con aportes privados.
En los despachos oficiales buscan que el número de espacios electorales disminuya de manera considerable. Consideraban que podían lograrlo con la modificación de los aportes de campaña y con una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Con esta última, el Gobierno proponía facilitar la inscripción partidaria, pero endurecer las reglas de caducidad de los partidos políticos, obligando a una fuerza a tener 3% (en vez de 2%) en dos elecciones consecutivas. Además, el proyecto buscaba incrementar de 0,4% a 0,5% de los electores el requisito para que se pueda conformar un partido de distrito, pidiendo que para crear un partido nacional exista un reconocimiento distrital en 10 jurisdicciones diferentes y no en 5 como en la actualidad. Por último, se agrega como requisito que haya cerca de 35.000 afiliados para que un partido nacional pueda existir.
Esto es solamente la propuesta que se hizo en el 2024, donde advertían que aquello no iba a tener implicancias en las elecciones del 2025, sino en julio del 2026. Con esa lógica, una eventual propuesta de esa índole no debería tener incidencia para el 2027, sino para el 2029.
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