INTERNACIONAL
Guatemala ordenó investigar al ex presidente Jimmy Morales por el incendio en un orfanato que dejó 41 niñas muertas

Un tribunal de Guatemala ordenó este martes investigar al ex presidente Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) por su posible responsabilidad en la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y otras 15 resultaron heridas.
La decisión fue anunciada por la jueza Ingrid Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, durante la lectura de sentencia contra siete ex funcionarios acusados por la muerte de las menores. Cifuentes indicó que la Fiscalía debe indagar “para establecer su participación en los hechos suscitados el día 7 de marzo de 2017”, en referencia a la víspera del incendio.
Según la jueza, Morales ordenó el envío de más agentes policiales al hogar, quienes llegaron armados para contener una posible fuga de niñas. Este operativo se desarrolló el día anterior a la tragedia y es considerado por el tribunal como un elemento que requiere investigación adicional.
El caso se refiere al incendio registrado dentro de un aula del refugio estatal Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en las afueras de la Ciudad de Guatemala. Las menores se encontraban encerradas bajo custodia cuando se desató el fuego, lo que provocó la muerte de 41 de ellas y lesiones graves a otras 15.

En la misma resolución, la jueza ordenó también investigar a Carlos Beltetón, ex asesor presidencial de Morales, por contradicciones detectadas durante su testimonio.
Este martes, el tribunal declaró culpables de homicidio culposo a cuatro exfuncionarios: la ex subinspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Marroquín Carrillo; la ex jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Brenda Chamán; el ex jefe de esa misma secretaría, Carlos Rodas; y el ex director del hogar estatal, Santos Rodas.
Las penas impuestas por homicidio culposo oscilan entre seis y ocho años de prisión. A estos castigos se suman condenas adicionales por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato de menores, que podrían incrementar las penas en hasta seis años más. El Código Penal guatemalteco permite la acumulación de condenas, aunque su aplicación depende del criterio del tribunal, algo que no fue detallado en la audiencia.

Otros dos ex funcionarios también fueron condenados: el ex comisario de la Policía Nacional Civil Armando Pérez Borja recibió seis años de cárcel por abuso de autoridad, y la ex defensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro, fue sentenciada a seis años por incumplimiento de deberes.
El ex miembro del área jurídica de la Procuraduría de la Nación, Harold Flores, fue absuelto de todos los cargos.
El proceso judicial, que se ha extendido durante casi ocho años, estuvo marcado por múltiples suspensiones y recursos legales. En mayo pasado, la ex subsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller —considerada cercana a Morales—, quedó desligada del caso tras haber sido señalada desde el inicio de las investigaciones.
La tragedia del Hogar Seguro generó conmoción nacional e internacional. Organismos de derechos humanos han cuestionado las condiciones de reclusión de las menores y el manejo de la crisis por parte de las autoridades.

Las víctimas, todas bajo custodia estatal, habían sido trasladadas a un aula cerrada luego de un intento de fuga. El incendio, según los testimonios recogidos durante el juicio, se originó dentro del recinto sin que se permitiera a las menores salir a tiempo.
La nueva investigación ordenada contra Morales y su ex asesor podría ampliar el alcance de responsabilidades políticas en un caso que ha permanecido abierto y controvertido desde 2017. El Ministerio Público deberá ahora determinar si el ex presidente tuvo un papel directo o indirecto en las decisiones que derivaron en la tragedia.
(Con información de EFE)
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Los ingresos petroleros de Rusia, el alma de su maquinaria de guerra, se desploman

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Gaza’s Rafah border crossing partially reopens under ceasefire deal

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Gaza’s Rafah border crossing with Egypt resumed limited operations Monday under the terms of the Israeli-Hamas ceasefire agreement, reopening a critical gateway that had been largely closed for nearly two years.
The reopening comes with tight restrictions. Only a small number of people will be permitted to travel in either direction and commercial goods will not be allowed to pass through the crossing, officials said.
Egyptian authorities said the first day of operations will allow up to 50 Palestinians to cross in each direction, a figure that reflects the narrow scope of the initial reopening rather than a full return to prewar travel.
Health officials in Gaza say tens of thousands of residents with urgent medical needs are seeking evacuation through Rafah, underscoring the pressure on the crossing even as access remains tightly controlled. Thousands of Palestinians currently outside Gaza are also hoping to return.
US MILITARY TO OVERSEE NEXT PHASE OF PEACE DEAL FROM COORDINATION BASE IN ISRAEL
Ambulances line up to enter the Egyptian gate of the Rafah crossing on the way to the Gaza Strip, in Rafah, Egypt, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Mohamed Arafat)
Before the war, Rafah served as Gaza’s primary passage to the outside world. All other crossings into the territory are shared with Israel. Under the ceasefire framework that took effect in October, Israeli forces continue to control the corridor between the crossing and the areas where most Palestinians live.
Israel and Egypt are vetting travelers, and the crossing is being overseen with international involvement, officials said, as part of efforts to prevent weapons smuggling while allowing limited humanitarian movement.

A crane enters the Egyptian gate of the Rafah crossing to the Gaza Strip, in Rafah, Egypt, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Mohamed Arafat)
Egypt has said the crossing must function in both directions and has pushed back against any use of Rafah as a mechanism to permanently displace Palestinians from Gaza.
US ENVOY WITKOFF SAYS HIGH-LEVEL MIAMI TALKS FOCUSED ON ‘UNIFIED GAZAN AUTHORITY’ AS ISRAEL CEASEFIRE ADVANCES
Elsewhere in the territory, fighting-related incidents continued despite the ceasefire. Gaza hospital officials accused an Israeli navy vessel of firing on a tent camp near the southern city of Khan Younis, killing a 3-year-old Palestinian boy. Israel’s military said it was reviewing the report.
Egyptian authorities said roughly 150 hospitals across the country are prepared to receive patients evacuated from Gaza, while the Egyptian Red Crescent has set up support areas on the Egyptian side of the crossing.

A truck carrying humanitarian aid at the Rafah border on the Egyptian side, in Rafah, Egypt, on Thursday, Jan. 29, 2026. (Reuters)
Israel seized control of the Rafah crossing in May 2024, describing the move as part of its campaign against Hamas smuggling routes. The crossing was briefly opened for medical evacuations during a short-lived ceasefire in early 2025.
The U.S.-brokered ceasefire that took effect on Oct. 10 halted more than two years of fighting that began with the Hamas-led terror attacks on southern Israel on Oct. 7, 2023. The ceasefire’s initial phase focused on hostage exchanges, increased humanitarian aid and a limited Israeli pullback.
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A second phase envisions a new Palestinian governing arrangement for Gaza, the deployment of an international security force, the disarmament of Hamas and steps toward reconstruction — goals that remain unresolved.
The Associated Press contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Las contradicciones de la economía brasileña: entre el déficit y el récord de inversiones extranjeras

La economía brasileña atraviesa una fase marcada por grandes contradicciones y por incertidumbres que podrían tener un fuerte impacto en 2027, cuando quienquiera que sea el nuevo presidente deberá enfrentarse a una situación fiscal crítica. La semana pasada, el Banco Central confirmó la tasa Selic en el 15%. Se trata del tipo de interés de referencia fijado por el Banco Central de Brasil, que sirve como ancla para todos los demás tipos de interés, como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito y títulos públicos. Con este nivel, la tasa real, que incluye la inflación prevista para los próximos 12 meses, se mantiene en torno al 10,6%, el nivel más alto desde mayo de 2006, cuando era del 10,7%.
La semana pasada, el Tesoro reveló además que las cuentas del Ejecutivo en 2025 registraron un déficit de 61.700 millones de reales (11.738 millones de dólares), casi el doble del límite fiscal tolerado y un 32% superior al déficit de 2024, que fue de 42.900 millones de reales (8.161,3 millones de dólares). El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien ya ha anunciado que dejará su cargo este mes, declaró, sin embargo, que la meta fiscal fue cumplida. En realidad, para llegar a esta afirmación —según los expertos—, el ministro no incluyó algunos gastos relacionados con sentencias y acciones judiciales en los ámbitos de la sanidad, la educación y la defensa nacional, así como los reembolsos por deducciones indebidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En un editorial titulado “Como en los tiempos de Dilma”, en referencia a las pedaladas fiscales del gobierno de Dilma Rousseff que condujeron a la peor recesión económica de la historia brasileña, el diario O Estado de São Paulo critica las declaraciones de Haddad. “El gobierno alcanza su meta fiscal mediante una maniobra para excluir gastos del cálculo, pero los números no mienten: la deuda galopa y Lula parece decidido a revivir la pesadilla de su delfina”. “Durante el desastroso gobierno de Dilma Rousseff, una táctica similar se conoció como ‘contabilidad creativa’ y fue uno de los factores que condujeron a su proceso de impeachment. Es importante reconocer una diferencia significativa: en la era Dilma, el déficit se ocultaba mediante fuertes manipulaciones; en la administración de Lula, la maniobra para alcanzar el objetivo se realiza a la luz del día”, concluye O Estado de São Paulo.
Las proyecciones incluidas en el último Informe de Proyecciones Fiscales del Tesoro Nacional, que analiza la evolución de las cuentas públicas brasileñas en la próxima década y fue presentado la semana pasada, advierten que el gobierno de Lula deberá conseguir 14.000 millones de reales (2.663,4 millones de dólares) adicionales este año para alcanzar el objetivo fiscal, que prevé un superávit primario del 0,25% del PIB (equivalente a 34.300 millones de reales, es decir, 6.525 millones de dólares). Las necesidades de mayores ingresos serán aún más elevadas en 2027, cuando, según las estimaciones, faltarán 46.000 millones de reales (8.751 millones de dólares), para alcanzar el objetivo de un superávit del 0,5% del PIB (73.000 millones de reales, o sea 13.888 millones de dólares).
En el tercer mandato de Lula, la deuda pública como porcentaje del PIB saltó del 71,7% al momento de su asunción al 78,7% a finales del año pasado. El Tesoro prevé que alcanzará el 83,6% en 2026. Se trata de un aumento de casi 12 puntos porcentuales en un solo mandato, que recuerda a los datos del gobierno de Dilma Rousseff, cuando entre 2011 y 2015 la deuda pública pasó del 51% al 65% del PIB.
También las cuentas de las principales empresas estatales del país están en rojo. El déficit registrado en 2025 fue de 5.870 millones de reales (1.117 millones de dólares), según los datos divulgados por el Banco Central el viernes pasado. Es el segundo peor resultado desde el inicio de la serie histórica en 2001, solo por detrás del récord de 8.100 millones de reales (1.541 millones de dólares) en 2024. En el cálculo se excluyen únicamente la petrolera estatal Petrobras y los bancos públicos como el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal. En particular, pesa de forma significativa la crisis de Correos, que acumuló pérdidas por 6.100 millones de reales (1.160 millones de dólares) en los primeros nueve meses de 2025, casi el triple de las registradas el año anterior, cuando el resultado negativo fue de 2.100 millones de reales (400 millones de dólares).

También preocupa el clima de tensión dentro del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), responsable del cálculo del Producto Interno Bruto (PIB). El dato correspondiente a 2025 se dará a conocer el próximo 3 de marzo, pero los enfrentamientos entre el presidente de la institución, Marcio Pochmann, y parte del personal técnico hacen temer discrepancias en la elaboración de los datos. El pasado 19 de enero fue despedida la investigadora Rebeca Palis, hasta entonces responsable de la Coordinación de Cuentas Nacionales, el área encargada del cálculo del PIB. En señal de solidaridad, al menos otros tres directivos del área que ella coordinaba presentaron su dimisión. La semana pasada, además, otra directiva fue destituida de la Gestión de Sistematización de Contenidos Informativos (GECOI). Según el sindicato del sector, Pochmann está llevando a cabo “una caza de brujas contra los empleados públicos que defienden la posición técnica, institucional e histórica del IBGE”.
A pesar de este escenario tan complejo, en 2026 el Ibovespa, la bolsa brasileña, alcanzó máximos históricos, superando los 183.000 puntos, impulsado principalmente por un fuerte flujo de capitales extranjeros. Solo en enero, las inversiones foráneas ya superaron más de la mitad del total registrado en todo 2025, favorecidas por un dólar más débil y por valoraciones aún atractivas de la Bolsa brasileña, a pesar de los riesgos asociados a los altos tipos de interés, al contexto fiscal y a las incertidumbres electorales. Hasta el 23 de enero de este año, los extranjeros invirtieron 17.728 millones de reales (3.373 millones de dólares) en el mercado bursátil brasileño, frente a los 25.473 millones de reales (4.846 millones de dólares) de todo 2025.
Otro dato positivo es la caída de la tasa de desempleo. Con una media anual del 5,6% a finales de 2025, alcanzó el nivel más bajo de la serie histórica. Al menos cinco factores explican este resultado. En primer lugar, Brasil está envejeciendo y, con el envejecimiento, aumenta el número de personas que salen del mercado laboral sin ser sustituidas en la misma proporción, lo que reduce la tasa de desempleo. Además, el aumento de la escolarización ha hecho que en los últimos años los jóvenes dediquen más tiempo al estudio, retrasando su entrada en el mercado laboral, lo que también tiene un impacto directo en el desempleo. Otro fenómeno decisivo ha sido la expansión de las aplicaciones de reparto y transporte de pasajeros. “Esto ha contribuido a reducir la tasa de desempleo, porque una persona despedida que de otro modo estaría desempleada puede encontrar rápidamente trabajo como conductor o repartidor. Es una forma de seguir siendo productivo para la economía”, declaró al diario O Globo Bruno Imaizumi, economista de 4Intelligence.
El año 2026 será, por tanto, no solo el de las elecciones presidenciales en Brasil, sino también el de una crucial prueba económica, cuyo impacto será determinante para el mandato del próximo presidente. Desde el empleo hasta la deuda pública, el nuevo gobierno deberá navegar con extrema cautela entre datos y políticas económicas para no llevar al país a una nueva recesión.
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