En todo el país los distintos espacios políticos anotaron 294 listas de candidatos a diputados y senadores nacionales para competir en las elecciones del 26 de octubre próximo, una cifra que supera el nivel promedio de la última década. Así lo detalla un informe provisorio de la Justicia Electoral, la que ahora deberá revisar las nóminas presentadas y resolver sobre las eventuales impugnaciones que se formulen antes de aprobarlas para la elección.

Esta proliferación de listas se explica por la suspensión, por este año, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que votó el Congreso en febrero pasado, a instancias del Poder Ejecutivo. Esta suspensión tuvo su mayor impacto en la oposición, especialmente en el peronismo, la izquierda y otros espacios de centro que, al no contar con una instancia electoral previa para dirimir sus diferencias internas, presentaron una oferta dividida de candidatos a competir directamente en octubre.

Las estadísticas históricas dan cuenta del efecto atomizador que tuvo la suspensión de las primarias en el sistema partidario. La comparación es elocuente: durante el período 2011 (cuando debutó la ley de primarias) hasta 2023 se presentaron en promedio 40 listas en todo el país en la categoría senador nacional para competir en las elecciones legislativas luego de pasar por el tamiz de las PASO. Este año la cifra se elevó considerablemente y trepó a 71 nóminas para la misma categoría, es decir, un 77,5% más de candidatos.

Lo mismo sucede en la categoría diputados nacionales. Para las elecciones de octubre se presentaron 223 listas de candidatos en todo el país, mientras que durante el período 2011-2023 se presentaron en promedio unas 125 nóminas. Esto significa que la oferta se incrementó un 78,4%.

Este año habrá ocho distritos que elegirán senadores nacionales. La ciudad de Buenos Aires lidera el ránking con 15 nóminas de candidatos; La Libertad Avanza y Frente Patria lograron articular listas de unidad, no así el resto del arco opositor que presentó un mosaico variopinto de candidaturas por falta de acuerdos internos. Es el caso de la izquierda –presentó tres listas- y de las fuerzas de centro que otrora formaron parte de Juntos por el Cambio (UCR, Confianza Pública, Coalición Cívica), que ahora competirán cada una por su lado pese a su afinidad ideológica.

Detrás de la ciudad de Buenos Aires, Chaco ocupa el segundo lugar con 10 listas de candidatos a competir por una banca en el Senado. Semejante dispersión se explica porque en esta oportunidad las agrupaciones políticas no tuvieron que pasar por el tamiz de las PASO y obtener el 1,5% de los votos válidamente emitidos que los habilite a competir en las elecciones generales. Así las cosas, en esa provincia competirán de igual a igual con La Libertad Avanza y Fuerza Patria, una miríada de agrupaciones políticas menores y, en su mayoría, ignotas.

Una situación similar se observa en las otras provincias que renovarán sus bancas en el Senado. En Salta competirán 9 listas (aquí el peronismo se presenta dividido en tres); en Santiago del Estero y Neuquén 8, mientras que en Tierra del Fuego, Entre Ríos y Río Negro se presentaron 7 listas cada una.

Diputados nacionales

La dispersión de candidaturas se acentúa en la categoría diputados nacionales. En este caso Córdoba lidera el ránking con 18 listas; aquí, el dato saliente es la división que presenta el peronismo cordobés entre Provincias Unidas -del gobernador Martín Llaryora-, el kirchnerismo y Defendamos Córdoba, de Natalia De la Sota. El Pro también se presenta dividido y la UCR presenta su tradicional lista 3.

Segunda en el podio, detrás de Córdoba, se sitúa la provincia de Buenos Aires, con 17 listas: en este caso, al igual que en CABA, la mayor dispersión se observa entre las fuerzas de centro, un escenario que se completa con un mosaico de pequeñas agrupaciones que aprovecharon la suspensión de las PASO para competir a nivel general.

El ránking se completa con Santa Fe, donde se presentaron 14 listas de candidatos; Misiones con 11 y Chaco con 10. En los últimos lugares se ubican La Pampa, Corrientes y Formosa que, con cinco listas de candidatos respectivamente, son las provincias que menos oferta electoral presentarán en octubre.

Un peritaje caligráfico oficial de la Gendarmería Nacional se incorporó como prueba clave a la causa de los “cuadernos de las coimas”. El informe, finalizado por la División Documentología, analiza la autoría y la autenticidad de los escritos. Sus conclusiones impactan directamente en el juicio oral que comenzará el 6 de noviembre contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros 73 imputados.

El informe caligráfico concluyó que la mayoría de los textos manuscritos que componen los cuadernos originales pertenecen a un mismo puño escritural, el de Oscar Centeno. Los peritos de la Gendarmería, el comandante mayor Nelson Víctor Vallejos y la segunda comandante Lilia Patricia Sendra Schamne, analizaron los cuadernos identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8.

Los especialistas afirmaron que las características de las escrituras en estos cuadernos se corresponden morfológicamente entre sí. También las cotejaron con las grafías de Centeno y el resultado fue positivo. El estudio se realizó con la participación de peritos de parte como Federico Rubén Rindlisbacher, José María Buitrago y María Virginia Buero Pérez, entre otros.

El análisis detalló el uso de múltiples instrumentos de escritura. Los expertos identificaron al menos dos bolígrafos de tinta azul y cuatro de tinta negra en el Cuaderno 1. En el Cuaderno 2 detectaron siete bolígrafos, un roller de tinta azul y seis bolígrafos de tinta negra. Esta variedad de elementos se repite en los demás originales examinados.

El peritaje advirtió la existencia de alteraciones como sobrescritos, testados (tachados), enmascaramiento con líquido corrector blanco, borrados abrasivos o químicos, y agregados. Sobre estas modificaciones, los expertos señalaron que es imposible determinar la autoría de ciertas grafías específicas.

La dificultad para la identificación se debe a la falta de espontaneidad en los trazos. El impulso natural de la escritura se ve controlado por la voluntad en estos retoques. Por esta razón, los peritos no pudieron atribuir la autoría de términos como “Ing. Ferreyra” (anotación del 02/12/2008) ni de las palabras “Armando” y “Alem 855” en anotaciones de 2013.

Estas alteraciones específicas fueron denunciadas previamente por el empresario Armando Loson, del Grupo Albanesi. Un perito de parte de su defensa detectó las enmiendas. Esto derivó en una investigación del juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre Jorge Bacigalupo, un amigo de Centeno.

Una pericia en esa causa indicó que Bacigalupo escribió esas enmiendas, pero la Cámara Federal luego revocó esa decisión. Los peritos de Gendarmería tampoco pudieron determinar la fecha exacta de las escrituras, ya que las tintas utilizadas no son evolutivas y carecen de estudios científicos para medir su oxidación en el tiempo.

El estudio de Gendarmería confirmó que existe correspondencia entre los cuadernos originales y sus respectivas copias digitales. Estas copias fueron realizadas por el diario al inicio de la investigación periodística que reveló la trama de sobornos. Los originales permanecen reservados en el tribunal.

Los expertos también dejaron constancia de que falta el original del cuaderno número cinco. El análisis se concentró en los seis originales disponibles y sus copias. La validación de las versiones digitales es un dato relevante para las partes que accedieron al expediente a través de ellas.

Este peritaje es una prueba clave para el juicio por el caso de los cuadernos, cuyo inicio está fijado para el próximo 6 de noviembre. La principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner, imputada como jefa de una asociación ilícita. En total, hay 74 imputados y se convocaron 626 testigos.

El tribunal a cargo del proceso está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. El 24 de septiembre se realizará una audiencia preliminar para organizar a las partes. Los magistrados dispusieron que las audiencias se realicen por Zoom una vez por semana, los días jueves. La Cámara de Casación ya instó al tribunal a agilizar el debate para evitar una duración excesiva.

El caso investiga un presunto mecanismo de recaudación de sobornos. Funcionarios del Ministerio de Planificación solicitaban pagos a empresarios para mantener sus contratos de obra pública y otros servicios con el Estado. Numerosos empresarios y exfuncionarios declararon como arrepentidos y admitieron los hechos. Entre los acusados se encuentran el exministro Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, para quien trabajaba Centeno como chofer.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.