POLITICA
Fentanilo mortal: observaciones, dudas y una investigación por el informe de la Anmat que advirtió “deficiencias críticas” pero no frenó la producción

Una serie de documentos internos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a los que accedió , revelan que el organismo conocía desde noviembre de 2024 las graves deficiencias en la fabricación de medicamentos en Laboratorios Ramallo S.A., pero recién dispuso inhibir su actividad productiva el 10 de febrero de 2025, semanas después de que salieran a la venta los lotes de fentanilo que hoy están bajo sospecha por la muerte de pacientes.
El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta ubicada en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Las fallas comprometían directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.
Las irregularidades incluían problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y en la gestión de recursos humanos, según el texto oficial. A pesar de la gravedad de las observaciones, la producción continuó.
La Anmat, que es un organismo dependiente del Ministerio de Salud, que está bajo la órbita de Mario Lugones, evitó hacer comentarios ante la consulta de .
Desde el Ministerio de Salud, informaron a que se creó una suerte de comisión investigadora para estudiar tanto los procesos como los pasos tomados administrativamente. Fueron designadas tres personas ad honorem, que se encontrarían realizando análisis del personal y los directores, aunque todavía no se conocen resultados.
Además de los reportes mencionados, en otro documento de la Anmat, con fecha del 30 de mayo, se señalaron problemas “en el manejo y reconciliación del producto” que coinciden con lo relevado en noviembre. La observación genera dudas sobre el stock. Según Anmat, hubo un proceso de acondicionamiento y etiquetado deficiente, con discrepancias en las cantidades. Se registró un elevado número de unidades descartadas por diversas razones (vacíos, roturas, suciedad), sin un conteo o reporte adecuado, de acuerdo al informe oficial.
“La reconciliación de lote fue deficiente, impidiendo el cálculo preciso de rendimientos y descartes. Las observaciones de lotes específicos producidos en 2024 incluyen el lote 31201, fabricado el 18/12/24, que mostró problemas con el WFI y cuya revisión de empaque también fue el 18/12/24. El lote 31202 se fabricó el 03/01/25″, detalló el informe. Y añadió: “Se notó la ausencia de ensayos microbiológicos para el agua de inyectables y el ambiente, y específicamente, no se realizaron ensayos de endotoxinas bacterianas. La fecha de vencimiento del Citrato de Fentanilo MP fue el 30/03/2024, con validez hasta 01/2025, tras un análisis realizado el 25/03/2024″.
Los lotes con bacterias fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024, luego de la inspección de Anmat, y salieron a la venta a fines de ese mismo mes. Para esa fecha, la Anmat ya había constatado que el laboratorio incumplía las “Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF) vigentes según la Disposición 4159/23.
Si el organismo hubiese actuado de inmediato tras la inspección, este lote no habría sido producido ni distribuido. Sin embargo, la orden formal para suspender la producción se firmó recién el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después, cuando ya circulaban en el mercado algunos lotes y antes de que se produjeran las 86 muertes que hoy investiga la Justicia.
La “Carta de Advertencia” enviada por Anmat a la directora técnica de la firma, Carolina Ansaldi, en febrero pasado, establecía que la empresa “no podrá continuar con su actividad productiva hasta no dar cumplimiento a las deficiencias y tener en su poder la carta de cierre correspondiente”. El texto también obligaba a Laboratorios Ramallo a presentar en un plazo de diez días hábiles un plan de acciones correctivas.
Pero el organismo que depende de Lugones no ordenó una clausura inmediata ni el retiro preventivo de lotes fabricados en las fechas críticas, lo que dejó una ventana en la que se siguieron elaborando medicamentos bajo condiciones inseguras.
“El establecimiento debe elaborar una Carta de Respuesta que incluya las acciones correctivas implementadas y/o un programa de implementación por escrito al área que emitió la Carta de Advertencia, el cual debe ser presentado en Mesa de Entradas de INAME, firmado por el Responsable Técnico y la Alta Dirección de la empresa dirigida a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos y a la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles para su posterior evaluación”, dice la carta.
La misiva fue firmada por la máxima autoridad de Anmat, Nélida Agustina Bisio, y por Gabriela Mantecon, directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos. Ambas son personas de carrera, y forman parte de la gestión del organismo desde hace años. Mantecon dijo a que no estaba autorizada para dar información, mientras que Bisio no respondió a la consulta.
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POLITICA
Cúneo Libarona prepara su renuncia como ministro de Justicia: los candidatos a sucederlo

El ministro de Justicia del Gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, prepara su salida del gabinete luego de que el presidente brinde su discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, este domingo 1 de marzo.
El titular de la cartera judicial del Ejecutivo es uno de los tres integrantes del gabinete libertario que acompañan a Milei desde que asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023, los otros dos ministros son Luis Caputo en Economía y Sandra Pettovello en Capital Humano.
Cúneo Libarona dijo a su círculo íntimo que deja el cargo porque quiere recuperar su vida familiar, profesional y universitaria. Cabe destacar que había amagado con dar un paso al costado de sus funciones el fin de semana previo a las elecciones legislativas ganadas por el oficialismo, a fines de octubre del año pasado.
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El ministro de Justicia deja como herencia el haber impulsado el Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias. También impulsó el proyecto de ley penal juvenil con Patricia Bullrich, el nuevo Código Penal, la reforma de la Secretaría de Derechos Humanos, los cambios en el Inadi y el cierre de dependencias que la gestión libertaria denunció que estaban vinculadas a la militancia política.
Posibles sucesores
La sucesión del funcionario no se encuentra definida y está sujeta a la interna que mantienen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.
En ese marco, los principales candidatos a sucederlo son Sebastián Amerio, actual viceministro de Justicia, que responde Caputo, y Juan Bautista Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, envuelto en los últimos meses en un escandalo por haber celebrado su cumpleaños el año pasado en la mansión adjudicada a la AFA en Pilar, caso sobre el que tenía asignado fallar y del cual se separó. Otros candidatos son Santiago Viola, elegido de Karina Milei, el fiscal Diego Luciani, y el senador bonaerense Guillermo Montenegro.
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POLITICA
Giro de timón: un gobernador vedado por Milei va a adherir al RIGI y anunciará un proyecto propio con alivios fiscales

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los principales atractivos que el Gobierno impulsa a los fines de promover nuevos proyectos que puedan dinamizar la economía. La semana pasada, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 105/26 a través del cual se dispuso la prórroga del plazo para que las provincias puedan acogerse a este esquema hasta el 8 de julio de 2027.
Este esquema busca atraer inversiones de gran escala -siempre y cuando superen los USD 200 millones- en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura, turismo y tecnología, entre otros, a cambio de previsibilidad en términos fiscales, aduaneros y cambiarios por parte de las autoridades por el período de 30 años.
Hasta el momento han sido aprobados 10 proyectos por USD 25.479 millones, según datos del Ministerio de Economía. El conteo que tienen las autoridades es que han aplicado 17 provincias, las cuales son gobernadas por mandatarios de diferentes signos políticos. Pero mañana habrá novedades de otro distrito con el que la gestión nacional de Milei mantiene profundas diferencias.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, va a anunciar en su discurso de la apertura del 43° período legislativo de sesiones ordinarias, que presentará un proyecto de ley propio con beneficios fiscales de la provincia y, además, la adhesión al RIGI libertario. “Consultamos con cámaras empresariales y nos piden que apliquemos”, confirmó una fuente inobjetable del distrito fueguino.

La primera iniciativa tendría como novedad que promovería la baja del impuesto a los Ingresos Brutos (una medida que el Gobierno nacional busca que las administraciones provinciales realicen), aunque todavía no se dieron a conocer los detalles de bajo qué parámetros de inversión.
“No es que vamos a adherir al RIGI, sino que vamos a acompañar lo que ya tiene la Legislatura en estado parlamentario”, afirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo provincial.
El proyecto de adhesión al esquema de inversiones había sido presentado una vez aprobada la Ley Bases pero perdió estado parlamentario. Quien lo volvió a impulsar por estos días es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina, Natalia Graciania Flores y desde hace días que en ese sector viene especulándose con la posibilidad de conseguir la venia del oficialismo provincial para movilizar el proyecto.
“El dato relevante es que Melella viene teniendo unas semanas complejas. Está cambiando a los titulares de sus ministerios, tiene internas con intendentes y precisa movilizar inversiones para mejorar la dinámica provincial”, se limitaron a comentar fuentes libertarias a Infobae, que vieron con buenos ojos la concesión del gobernador. “Esto parte por una crisis económica. Pidió adelantos de Coparticipación en diciembre y en febrero solicitó 20.000 millones de pesos”, afirmó un integrante de La Libertad Avanza en ese distrito.
Por caso, Melella oficializará recambios en tres de sus ministerios el próximo lunes. Gabriela Castillo asumirá como nueva Ministra de Energía. Martín Moreyra quedará al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; a la vez que colocó a Lucía Rossi como Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia.
Melella es uno de los cuatro gobernadores -los otros tres son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja)- que fueron vedados de cualquier tipo de interlocución política con el Gobierno cuando la Casa Rosada armó una reunión con las provincias después de las elecciones legislativas de octubre. Fuentes inobjetables de La Libertad Avanza ya avisan con tiempo que van a competir con fuerza el año próximo con la intención de quedarse con la gobernación. “Es una de las provincias patagónicas donde vamos a presentar nuestro candidato y creemos que tenemos intenciones de ganar”, afirman.

Uno de los potenciales candidatos es el senador nacional Agustín Coto, que encabezó la alianza que sacó el 39,6% de los votos. El oficialismo provincial fue encolumnado bajo la denominación de Fuerza Patria y obtuvo el 30,6%.
La disputa que el Gobierno quiere tener en Tierra del Fuego se visualizó en una medida reciente tomada desde Nación. A través de la Resolución 4/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables dispuso la suspensión de la habilitación e intervención del Puerto de Ushuaia bajo el argumento de que habían encontrado presuntas irregularidades financieras y desvíos de fondos que iban para financiar las arcas de la administración provincial.
En el Gobierno habían comentado a Infobae que la decisión se tomó “como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación de las empresas navieras que allí operan”. “Se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”, afirmaron.
Ante esto, el Gobernador de Tierra del Fuego inició una acción judicial con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de esa resolución. “La Provincia es la directamente afectada por el accionar irregular e ilegítimo de la Nación, ello en tanto ha sido desplazada de la gestión de un bien de su titularidad, integrante de su dominio público”, indica la demanda, que además marca que “el accionar ilegítimo por parte de la ANPYN invade competencias constitucionales propias, compromete su responsabilidad institucional, administrativa, financiera y fiscal”.
Tierra del Fuego es, ante todo, una de las provincias más importantes para la Argentina en términos políticos por su cercanía con el continente antártico y las Islas Malvinas. Meses atrás, en el Ministerio de Defensa de la Nación han marcado la importancia tanto del Puerto de Ushuaia como el Puerto de Río Grande en el comercio marítimo, así como lugar de carga de diversos buques extranjeros.
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POLITICA
Ruta del dinero AFA: antes que Javier Faroni, tres empresas fantasma de un amigo de Pablo Toviggino recibieron más de US$ 50 millones

Odeoma Gestion SL
Stratega Group
Otro agente de cobro: Star Rights Limited
Q22 Services Limited
Lo único que une a Saracco con el fútbol es Toviggino
Socios.com
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