POLITICA
Investigan transferencias previas al escándalo $LIBRA y el fiscal sospecha de “pagos indirectos” a funcionarios de Javier Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano detectó transferencias de criptomonedas por 695.990 dólares recibidas por los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy días antes de que estallara el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y la Justicia sospecha que fueron “pagos indirectos” a funcionarios, realizados antes del 14 de febrero de este año, cuando el presidente Javier Milei tuiteó promocionando la criptomoneda.
La investigación se centra en una transacción específica -denominada 0xf561f60d8b28f47b46efb75dba3ef4e4c22003eb3735dab5a06a1eed2085b5f1-, identificada como un ingreso de fondos desde la plataforma Bitget a la dirección “0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff”, que se encuentra en copropiedad de los investigados Novelli y Terrones Godoy.
Es decir que ambos habrían recibido el 4 de febrero pasado, diez días antes del estallido de $LIBRA, 695.990 dólares en USDT (dólar cripto). El dictamen del fiscal alude a que dispuso un congelamiento de criptoactivos en torno a esta maniobra, pero dijo que para que tenga éxito la medida debe permanecer en secreto, aún para aquellos que tienen el dinero en su poder. El congelamiento habría fracasado.
Los fondos recibidos por Novelli y Terrones Godoy, ingresados el 4 de febrero de 2025, fueron recibidos diez días antes del lanzamiento del proyecto $LIBRA. Taiano consideró que esos movimientos “surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la Justicia argentina”.
De inmediato aclaró, en su dictamen del 8 de agosto pasado que trascendió hoy, que deben ser congelados porque el ordenamiento jurídico argentino prevé “el dictado de medidas cautelares y eventualmente el decomiso de bienes que resultan ser instrumento del delito y las ganancias ilícitas”.
Para la jueza María Servini, que maneja la investigación y dispuso el congelamiento de activos sospechosos, los actos preparatorios de esta maniobra se remontan, al menos, a enero de 2024, con las visitas de Novelli y Terrones Godoy a la Casa Rosada y la quinta de Olivos.
Servini escribió: “Se ha corroborado que el investigado Novelli realizó más de diez visitas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025. En tres de estas visitas, específicamente el 16 de julio de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025, estuvo presente Hayden Mark Davis, otro investigado en la causa».
La Justicia relacionó estos movimientos de fondos recibidos por Novelli y Terrones Godoy con la apertura de dos cajas de seguridad contratadas en la sucursal Martínez del Banco Galicia. Las abrió Novelli y luego del colapso de $LIBRA se observó a familiares suyos ingresando al banco supuestamente para retirar dinero.
El retiro ocurrió el lunes 17 de febrero de 2025, primer día en que los bancos abrieron luego del lanzamiento de $LIBRA, la noche del viernes anterior. La dirección 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff, copropiedad de Novelli y Terrones Godoy, fue identificada como un indicio de maniobras de canalización de activos ilícitos.
La fiscalía vincula esta dirección con el uso de las cajas de seguridad abiertas el mismo día de la acreditación de fondos provenientes de la plataforma Bitget. Se detectaron ingresos y egresos de los investigados y personas autorizadas a estas cajas, con bolsos que presumiblemente contenían dinero en efectivo cuyo origen se encuentra bajo investigación.
Un día después de la acreditación de Bitget, el 5 de febrero de 2025, se registraron importantes egresos de la dirección 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff a otras plataformas de intercambio como OKX, Bitget y Bybit. Actualmente, esta dirección no posee saldo congelable.
La investigación también relaciona estos movimientos con otros efectuados por Hayden Davis, vinculadas a la plataforma Bitget entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025. Los fondos detectados en la dirección “0x9aC6eC1DF4e6365eE9fa1964f5384Fef7e2a0332″ son considerados por la fiscalía como “producto del delito investigado”.
Fernando Molina, un experto informático que sigue el movimiento del dinero virtual y declaró ante los diputados argentinos por este escándalo dijo que el primer movimiento de Davis fue de US$507.500 a otra billetera a través de la plataforma Bitget el 30 de enero. Lo hizo luego de ingresar a la Casa Rosada junto a Novelli y Terrones Godoy. Milei tuiteó una foto con Davis en el despacho presidencial.
Molina encontró otro movimiento de Davis del 3 de febrero por U$S1.991.000, a otra billetera de dueño desconocido. También fue a través de la plataforma Bitget, en la que luego se completaron otra transacción por 500.000 dólares y otras dos por 1 millón cada una.
El 13 de febrero, un día antes del tuit lanzando $LIBRA, se registra un nuevo movimiento desde la billetera de Davis a la plataforma: Gate.io. Primero hizo una transferencia por apenas 100 dólares y luego transfirió U$S1.275.000.
La investigación se enfoca en la dirección de criptoactivos CPE1 (0x0d9a89cf6a1db1f8d0abc84eb7bd561219892fff) en la red Ethereum, identificada como copropiedad de Novelli y Terrones Godoy. Esta dirección es una “multisignature” que requiere al menos dos de las tres direcciones propietarias (F1, F2, F3) para autorizar un egreso.
Novelli es propietario de F1 y, en consecuencia, copropietario de CPE1, habiendo fondeado F1 desde su cuenta en Binance y enviado “gas” a CPE1, demostrando pleno conocimiento y control sobre ella.
Terrones Godoy está vinculado a F2 (a través de transferencias de gas y un intercambio bidireccional de USDT y USDC desde su cuenta de Binance) y a F3 (identificada con “cityesports.eth”, una empresa de la que es cofundador).
Todas estas direcciones (F1, F2, F3) están controladas por los investigados, lo que implica que pueden mover fondos de CPE1 sin intervención externa. En esa cuenta CPE1 hay fondos de la estafa de $LIBRA, casi un millón de dólares acreditados cuandoa abrió las cajas de seguridad.
La fiscalía siguió rastreando los fondos, dado el riesgo de que los activos sean convertidos o movidos para evitar el decomiso.
El 12 de julio de 2025, la totalidad de los fondos de CPE1 (USDT 517.728,79) fueron transferidos a una nueva dirección, CPE24 (0xE67cbF2b4b6dF7b80eDeF3D8acF9D9d55798D6ea), justo antes de que la orden de congelamiento inicial fuera efectiva.
Dentro de CPE24, se realizaron swaps (intercambios) de la mayoría de los USDT por Ethereum (ETH). Esto es crucial porque, a diferencia de las stablecoins como USDT que tienen una autoridad central (Tether International SA de CV) que puede congelarlas por orden judicial, el Ethereum no cuenta con una autoridad central, haciendo su congelamiento imposible si no está alojado en un exchange.
Parte de estos fondos de ETH y USDT fueron luego transferidos de CPE24 a CPE26 (0xAd404269D1e6F2d52957Cb9E5a89Abf3e7811380) Además, se detectaron nuevas transacciones de Novelli desde su cuenta de Binance hacia CPE9 (0x9aC6eC1DF4e6365eE9fa1964f5384Fef7e2a0332) el 5 de marzo de 2025, donde convirtió diversas tenencias a USDT y luego transfirió una fracción de ETH como “gas”, indicando su intención de que la cuenta operara. Estos fondos en CPE9 también son considerados «producto del delito investigado“.
Ante estos movimientos, la fiscalía solicitó la ampliación de la medida cautelar para congelar los USDT alojados en CPE26 y CPE9, que al 17 de julio de 2025 sumaban USDT 253.387,65 y USDT 48.417,83, respectivamente.
La fiscalía sostiene que el control unificado, los envíos de saldo total, la inclusión de gas y la rápida sucesión de operaciones robustecen la existencia de un control unificado sobre todas las direcciones involucradas.
El Juzgado dispuso el congelamiento de los USDT en CPE1 inicialmente, y posteriormente en CPE26 y CPE9. Para ello, libró un exhorto a la autoridad judicial de El Salvador (donde Tether International tiene su domicilio) y pidió a Tether International SA que haga efectivo el congelamiento.
Taiano habló de la naturaleza secreta de la investigación, que se extiende a las medidas cautelares , las cuales deben disponerse “inaudita parte” para asegurar el éxito del congelamiento de activos por parte de Tether.
La fiscalía y el juzgado dijeron que saben que la información sobre el congelamiento puede volverse pública a través de exploradores de blockchain una vez ejecutada la medida, pero priorizan la eficacia de la acción judicial.
Un riesgo crítico para la recuperación de los activos delictivos es la demora en la ejecución de las medidas dijo el fiscal que advirtió que Novelli y Terrones Godoy convirtieron la mayor parte de los USDT (una stablecoin más fácil de congelar por su autoridad central) que estaban en la dirección 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff en Ethereum, donde es difícil inmovilizar los criptoactivos.
Etherum, al no contar con una autoridad central y si no se encuentra alojada en un Exchange, hace que su congelamiento resulte de imposible cumplimiento.
Conforme a
POLITICA
Uno por uno, cómo votaron los senadores la Ley de Glaciares

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const opt = document.createElement(«option»);
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const goTop = byRole(«go-top»);
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Error: falta data-csv-url
`;
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Error: ${escapeHtml(err.message || err)}
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POLITICA
Elisa Carrió: un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, apuntó este jueves contra el entramado entre política, justicia y fútbol en medio de la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la investigación judicial contra sus principales autoridades. En declaraciones televisivas, sostuvo que existe un esquema de poder “obsceno” detrás de la dirigencia deportiva y advirtió sobre la proyección política del tesorero de la entidad Pablo Toviggino, hoy bajo la lupa judicial.
Sus declaraciones se producen en un contexto delicado: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Toviggino fueron citados a declaración indagatoria por presuntas retenciones indebidas de aportes previsionales y omisión en el pago de impuestos por más de $19.300 millones. En paralelo, la Justicia investiga una lujosa propiedad en Villa Rosa, Pilar —tasada en más de US$20 millones e integrada por autos clásicos, helipuerto y caballerizas— que estaría vinculada a Toviggino a través de sociedades.
Además, la AFA resolvió suspender la fecha nueve del torneo Apertura en rechazo a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en una decisión que coincidió con el llamado a indagatoria.
En ese marco, Carrió fue contundente. “Hay en el fondo, por abajo, que todos se juntan con todos. Hay un entramado. Hay algo obsceno”, afirmó en diálogo con Todo Noticias. Y añadió: “Estas corporaciones mafiosas, como otras económicas que se han beneficiado eternamente con el país, se sienten impunes”.
Más adelante, sorprendió con una lectura estratégica sobre el poder territorial de Toviggino. “Ahora, guarda. Toviggino tiene dependiendo de él a un millón de chicos que pueden ser militantes. En realidad, a mí me gustó la jugada. Yo miro para adelante. Toviggino, con un buen equipo de estos que construyen presidentes, puede ser presidente. Tiene un millón de militantes. Por eso es mejor descubrir que son mafiosos”, sostuvo.
También cuestionó el silencio del sistema político frente al conflicto y sugirió que el oficialismo evita confrontar con este personaje por razones parlamentarias: “El Gobierno se mete con todos menos con Toviggino porque es Santiago del Estero, que es Gerardo Zamora, a quien le responden senadores y diputados”.
En la misma línea crítica, pero hacia el pasado reciente, Carrió se refirió al rol del Poder Judicial durante el gobierno de Juntos por el Cambio y mencionó al camarista Carlos Mahiques, quien recientemente renunció a intervenir en la causa vinculada a la quinta de Pilar tras trascender que había celebrado allí su cumpleaños.
“A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión [Reforma del Código Penal] donde estaba Mahiques, en el gobierno de Juntos por el Cambio. Era ese pequeño grupo que tenía [Mauricio] Macri con Mahiques y [Daniel] Angelici”, afirmó.
Luego avanzó con una autocrítica directa respecto de su acuerdo político con Macri. “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo por respetuosa pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero lo que no acordé fue el tema de la Justicia. Me arrepiento”, reconoció.
Por último, amplió su intervención hacia el debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado y busca reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras en zonas hoy alcanzadas por la normativa vigente. “Nosotros tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.
la investigación judicial contra sus principales autoridades,trascender que había celebrado allí su cumpleaños,la reforma de la ley de Glaciares,,Elisa Carrió,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,,Facilita la exploración minera. El Gobierno avanzó con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados,,»Igualdad ante la Ley». El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia,,Servicios de logística. La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar,Elisa Carrió,,»No estabas loca». Carrió despidió con elogios a Sandra Mendoza,,Denuncias cruzadas. Tapia acusó de “extorsión” a los dirigentes de la Coalición Cívica y también apuntó contra un empresario,,Citó una canción de Spinetta. El juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe
POLITICA
El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó esta noche una serie de cambios a la ley de glaciares y la definición de este proyecto queda ahora en manos de Diputados. Al momento de la votación en general y en particular, la iniciativa en cuestión recibió 41 adhesiones y 31 rechazos -se abstuvo la neuquina Julieta Corroza-, con un texto que dividió a varias bancadas, excepto La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich.
Como se suponía, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan de la Casa Rosada, así como los recién escindidos del kirchnerismo -tras meses de amenazas berretas y penosas operaciones- Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).
Un artículo observado por algunos espacios fue el séptimo del despacho -recibió correcciones horas atrás-, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, la cual estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno mileísta para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.

En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas, por sobre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En el recinto, varios opositores advirtieron que el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea, que fue sancionado por la Cámara alta antes de la compulsa sobre glaciares.
Debate
El inicio estuvo a cargo de la dialoguista Edith Terenzi (Chubut), como titular de la comisión de Ambiente. No hizo una sola mención al contenido, sino al trámite del proyecto y su dictamen, que fue veloz y se consumó en diciembre pasado. Sí retomó en los cierres de jefes de bloque para reprochar la ley. Luego, le pasó la posta a Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego).
Fue extraña la estrategia del oficialismo: según confiaron a Infobae desde diversas oficinas, se dieron reiterados intentos para que la miembro informante fuese la exsecretaría de Energía Flavia Royón, experta en el área. La seria salteña resistió y hablaron la chubutense y el fueguino, que lejos estuvieron de brillar.
“Se preservan las reservas hídricas permanentes”, arrancó Coto, quien agregó que la meta es “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. Luego, justificó que el texto no apunta a “retirar” áreas consideradas como glaciares, “sino también a incorporar” al inventario del IANIGLIA. “Todo sigue protegido”, finalizó.

La respuesta del peronismo fue inmediata y llegó a través del pampeano Pablo Bensusán, que criticó al oficialismo por presentar recién por la tarde una serie de incorporaciones a lo firmado en diciembre pasado. “Se hizo muy gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir”, lanzó.
“Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de glaciares”, continuó el senador justicialista. En esa línea, detalló: “Hay 12 provincias en el sistema y habrán 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico, el del IANIGLIA”. Y conjeturó: “Me parece anticientífico, irresponsable y un delirio”.
Para reacomodar la postura del Gobierno apareció el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “La Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo. Ahora se da a las provincias el dominio originario de sus recursos, que es lo que pidió la Corte Suprema”, expresó.
Olivera Lucero siguió: “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos, lo que sí está mal es una ambigüedad jurídica que tenemos con la ley actual. Terminamos protegiendo todo lo que no es agua y se trata igual a una geoforma con una roca congelada a 4.000 metros de altura”.

“El IANIGLIA no realiza estudios de campo, sino que se basa en imágenes satelitales. Se paraliza el desarrollo por presunciones. La Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica. ¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?“, preguntó el senador libertario al pleno de la Cámara alta.
Uno de los votos en contra fue el del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros. Es un error debilitar el IANIGLIA y dejar en manos de provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. Se invierte la jerarquía normativa y pasa el orden nacional a las autoridades provinciales”, aseguró.
Para Abad, “también se viola la uniformidad de los presupuestos ambientales”. Como ejemplo, se refirió a “una provincia que respeta inventario y otra que pide sacar un hielo, lo que produce un esfuerzo ambiental desigual”.
“Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de recursos de inconstitucionalidad. Desde la seguridad jurídica, si una empresa ve semejante desorden, ¿qué va a hacer? Va a agarrar sus cosas y se va a ir“, insistió el bonaerense. En una similar postura se mostró la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba). Su compañero Carlos Espínola (Corrientes) lo hizo a favor.

Cierres
Desde Moveré Santa Cruz, José María Carambia se quejó por la uniformidad en regalías, a diferencia del campo. “Acá es del 0 al 3%, y del 3 al 5% para nuevos emprendimientos. No es lo mismo oro que litio o cobre“. Y enfatizó que el proyecto está “mal redactado”.
Distinto fue le caso de la misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, que utilizó parte de su tiempo -apoyada en la lectura de un discurso pre armado, para mantener el hilo de ideas- para resaltar las normas ambientales de su distrito y blindó que las provincias sean los únicos dueños de sus recursos. Acompañó la ley libertaria junto a su colega Carlos Arce.
Con mayor vuelo técnico, Royón manifestó que «no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias». “No habla de ninguna flexibilización”
“Tenemos acá a exgobernadores de provincias mineras que conocen perfectamente que no es una decisión política lo que habilita un proyecto. Es faltar el respeto a cuerpos técnicos de muchas provincias. Seamos responsables cuando hacemos declaraciones», añadió la salteña.

Royón enfatizó que “el cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses” y que la norma en cuestión “no ataca eso”. El dato que dio después sentenció el trámite: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”.
Salido hace cinco minutos del interbloque cristinista, el pícaro justicialista Andrada (Convicción Federal), terminal del gobernador Raúl Jalil, evaluó: “La minería tiene mala prensa. Queremos una ley que proteja a los glaciares, pero que no sea una etiqueta estática como hasta ahora. Estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal”.
Otro catamarqueño, pero de la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, afirmó que “lo que ha pasado, con el paso del tiempo, es que se transformó en una ley rígida -en referencia a la vigente-, con algunas zonas grises y con tensiones federales”. Y subrayó que debido a la judicialización de procesos se generó “incertidumbre” que trajo “como consecuencia la paralización de las inversiones”.
Por el kirchnerismo se cargó el cierre la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien apuntó a un “debate irreversible para el futuro de los argentinos”. En ese sentido, aportó: “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda ciento de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener“.

Asimismo, Fernández Sagasti dijo que el texto “genera todo lo contrario” a lo que promete el Gobierno y “donde había certidumbre de la corte, ahora habrá incertidumbre”, con el pase de “un paradigma científico a un paradigma abierto” y seguras presentaciones en la justicia.
El final quedó para Bullrich. “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia. No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía”, precisó la porteña. “No es agua o trabajo”, juzgó.
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