El Ministerio de Justicia aprobó un protocolo operativo que establece los requisitos y procedimientos para formalizar la recepción de bienes provenientes de actividades ilícitas, que hayan sido cautelados o recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal. Según se detalla en la Resolución 543/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la medida apunta a garantizar una gestión ordenada de estos activos, con el objetivo de incorporarlos al patrimonio público.

De acuerdo con la normativa, el Poder Judicial deberá remitir al Ministerio de Justicia, en forma completa y detallada, toda la documentación técnica, registral y económica que acredite la existencia y el estado de los bienes. La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona solo asumirá la custodia y administración cuando se haya verificado la validez e integridad de la información recibida. El protocolo incluye bienes inmuebles, vehículos, objetos no registrables, dinero en efectivo y activos financieros, y prevé requisitos diferenciados para cada tipo.

Para el caso de inmuebles, el juzgado deberá presentar información sobre la ubicación exacta, la superficie, el tipo de propiedad, su estado edilicio y jurídico, las personas que lo ocupan, posibles contratos vigentes y una valuación estimada. También se debe precisar si existen litigios pendientes y remitir fotografías actualizadas, si las hubiera.

En relación con los bienes registrables, como vehículos, embarcaciones o aeronaves, se exigirá documentación registral, el estado de deuda, condiciones físicas y funcionales, fotografías, lugar de guarda y datos del custodio. Si se trata de bienes no registrables -como maquinaria, tecnología o herramientas-, se deberá presentar una descripción detallada, condiciones de conservación, estimación de valor y un listado inventariado si se trata de lotes.

El protocolo también abarca dinero en efectivo. En estos casos, los tribunales deberán informar el monto exacto y la moneda, el lugar de guarda, el acta de secuestro y toda documentación contable disponible. Cuando se trate de activos financieros o intangibles, como cuentas bancarias, títulos o criptomonedas, la Justicia deberá acompañar constancias de la entidad depositaria, los datos del titular original y la orden judicial que haya dispuesto el congelamiento o bloqueo, si existiera.

El Ministerio de Justicia no podrá aceptar ningún bien mientras no reciba toda la información requerida en el protocolo. El oficio judicial deberá remitirse en formato digital a través del canal oficial que establezca la autoridad de aplicación. De no cumplirse con los requisitos, el Ministerio notificará formalmente al juzgado sobre los faltantes mediante una nota de subsanación.

La omisión o inexactitud en los datos exigidos impedirá el traspaso hasta que el juzgado interviniente lo subsane. No se podrá constituir al Ministerio como depositario ni como administrador de ningún bien sin esa validación previa.

El protocolo aprobado busca afianzar la cooperación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en la gestión de activos incautados por delitos o alcanzados por procesos de extinción de dominio. Según detalla la normativa, el objetivo de fondo es asegurar la trazabilidad de estos bienes y facilitar su incorporación al patrimonio público.

A través de la resolución 539/2025, el Gobierno creó el Programa para la difusión de películas nacionales terminadas a nivel internacional, una iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que busca promover la presencia de producciones nacional en algunos de los principales festivales del mundo.

Se trata de un plan de ayudas económicas con carácter de reintegro, destinadas exclusivamente a la compra de pasajes aéreos en clase económica para productores, directores, actores y miembros clave del equipo técnico de las películas.

Según dicta la norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, cada film podrá recibir hasta dos apoyos en total, siempre y cuando participe en los festivales incluidos en un listado específico, basado en los certámenes acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF).

Algunos de los eventos mencionados son el Festival de Cannes, la Berlinale, Venecia, San Sebastián, Toronto, Locarno, Sitges y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, entre otros.

El «monto a reintegrar» se calculará en base al Valor de la Entrada Promedio (VEP), “determinado bimestralmente por el INCAA”. Por ejemplo, en festivales competitivos como Berlín o Cannes, los topes máximos podrán alcanzar los 350 VEP para largometrajes en competencia oficial y 250 VEP para cortometrajes, mientras que en festivales especializados o documentales los valores son menores.

Según el anexo de la resolución, los productores interesados deberán presentar la solicitud a través de la plataforma Incaa en Línea, hasta ocho días corridos antes del inicio del festival. La gestión deberá incluir:

Los beneficiarios podrán ser productores o empresas productoras argentinas, tanto en películas nacionales como en coproducciones internacionales donde la Argentina tenga participación mayoritaria. En los casos de coproducción minoritaria, el apoyo se otorgará siempre que el director sea argentino; si el director es extranjero, el beneficio será proporcional al porcentaje argentino de la coproducción.

Una vez realizado el viaje, el reintegro se hará contra la presentación de la documentación correspondiente (ticket electrónico y boarding passes), que deberá cargarse en formato PDF en la misma plataforma. Si no se rinde la ayuda dentro de los 30 días posteriores al evento, el beneficio quedará desestimado.

Desde el Incaa destacaron que la medida busca “consolidar una producción audiovisual autónoma, competitiva y de calidad en el contexto internacional, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural del país y al desarrollo del talento y la industria local”.