MENDOZA.- Se concretaron las decisiones judiciales contra el poderoso exjuez mendocino Walter Bento: responsabilidad penal y condena histórica de 18 años de cárcel por corrupción, además de una multa de 540 millones de pesos. Ahora, el interrogante es: ¿qué pasará con el patrimonio obtenido de manera ilegal?

Pues bien, el tribunal que juzgó al exmagistrado dispuso el decomiso de una importante cantidad de bienes, que supera la veintena. Aunque no se estimó el monto total de la medida de recuperación de activos, el cual se espera conocer en los fundamentos en los próximos días, se trata de una suma multimillonaria. Sí se puso sobre la mesa cada una de las propiedades y vehículos que quedarán a disposición de la Justicia y aquellos que seguirán en mano de la familia. Eso sí, para que la acción tenga cumplimiento efectivo y real habrá que esperar a que la sentencia quede firme, indicaron a LA NACIÓN desde el fuero federal.

Aquí el listado completo de los bienes que deberá devolver el exjuez, producto de la “organización criminal”, con activa participación de familiares, que comandó entre 2007 y 2021 desde el Tribunal Oral Federal N°1. Se trata de la incautación de al menos siete inmuebles premium, además de siete locales comerciales, cocheras y cinco vehículos de alta gama.

Así, quedó a disposición judicial un inmueble ubicado en calle España al 948 de la Ciudad de Mendoza; un departamento en Torres Agustinas, dos en Torre Carolina en Villa Palmares; un departamento en el Complejo Vista Cruz, con cochera, y otros tres departamentos en el fideicomiso Bosques de Mayo, en Maipú, también con cocheras y bauleras. En tanto, se agregan al menos 7 locales comerciales del fideicomiso “Il Mercato”, en Maipú, además de cocheras en el centro mendocino. Por su parte, se decidió el decomiso de cinco vehículos de alta gama: Audi S3, Audi A3, BMW X6, BMW 335i y una camioneta VW Amarok. También, el tribunal tiene a disposición el dinero incautado en el allanamiento de la vivienda de Palmares. Para todos estos bienes, el tribunal ordenó que queden a cargo de un interventor, hasta que se dictamine sentencia final.

En tanto, lo que quedó en manos de la familia, por decisión del tribunal, es la mansión donde viven, entre ellos su hijo con discapacidad, ubicada en el opulento barrio privado Palmares, en la comuna de Godoy Cruz. Así, quedó rechazada la incautación de la propiedad familiar, además de una camioneta Audi Q5 y un inmueble en calle 9 de Julio al 900, en el microcentro de la Ciudad de Mendoza.

LA NACIÓN consultó a altas fuentes de los tribunales federales acerca del futuro de esta acción de retorno de los bienes y la respuesta fue contundente. “No sabemos si va a ser fácil obtener el producido de los bienes. En principio la designación de un interventor dará comienzo a un proceso en donde comenzará a recuperarse el dinero producto del lavado y del enriquecimiento”, explicaron a la espera de lo que ocurra en instancias superiores. “El cálculo del total es imposible determinarlo con certeza hoy. Seguramente las juezas den parámetros sobre montos de sobornos actualizados y forma de tenerlos incolumes al momento de que quede firme la sentencia”, agregaron.

La banda delictiva liderada por el ex magistrado funcionó desde 2007 hasta 2021 en Mendoza y, según el tribunal que lo condenó, operó como una “asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de favores procesales”. Bento, juez desde 2005, fue destituido y detenido en 2023, y condenado esta semana a 18 años de prisión por liderar esta red de corrupción, donde hubo comprobado delitos de cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falses ideológica, entre otras. La defensa del magistrado asegura que “esto recién comienza” y que acudirá a instancias judiciales superiores, como la Cámara de Casación Penal o la Corte Suprema, en caso de ser necesario.

Lo que quedó en claro hasta ahora, mientras se esperan nuevas presentaciones de la defensa, pero también nuevas investigaciones de la Fiscalía, como un préstamo hipotecario que le otorgó el Banco Nación pese a no reunir los requisitos legales, es que se dispuso una condena histórica por corrupción en la Argentina. Y que los ojos de la ciudadanía estarán puestos en la recuperación de los bienes malhabidos.

El cambio de año fue testigo de una ola de renuncias en el Gobierno, que acumuló 45 salidas de altos funcionarios en apenas dos meses. La aceleración de los recambios generó ruido dentro y fuera de la gestión: al menos siete desplazamientos correspondieron a puestos de alta jerarquía, incluso en organismos sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuya conducción dejó el lunes pasado Marco Lavagna.

Detrás de estos movimientos conviven disputas de lealtades, diferencias técnicas, acusaciones de desprolijidades y malestar por pérdida de poder. En varios casos, el trasfondo remite a la interna entre las tribus oficialistas y a quién responde cada funcionario: el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, entre otros.

Según el seguimiento del politólogo Pablo Salinas, hubo 30 salidas en diciembre, 14 en enero y una en lo que va de febrero. Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno acumula 224 recambios de altos funcionarios: un promedio uno cada cuatro días. El Ministerio de Economía concentra el 34% de los desplazamientos, seguido por Capital Humano (13%), Jefatura de Gabinete (12%), Presidencia (8%) y Defensa (8%).

A mitad de mandato, el gobierno de Milei ya suma más renuncias que las registradas a lo largo de presidencias de Carlos Menem (201 y 114 en cada período), Mauricio Macri (190), Cristina Kirchner (158 y 127 en cada gestión), Néstor Kirchner (140), Raúl Alfonsín (123), Fernando de la Rúa (119) y Eduardo Duhalde (69). Así se desprende del relevamiento de Salinas. El único mandatario al que todavía no superó desde el regreso de la democracia es Alberto Fernández (273), un récord que, de sostenerse el ritmo actual, podría romperse en el segundo semestre.

Para Salinas, la aceleración repercute en la gestión por la parálisis administrativa y el temor de otros empleados a tomar decisiones que puedan costarles el cargo. En diálogo con , un exfuncionario sostuvo: “El recambio es malo porque no le da continuidad a los proyectos. Perjudica un montón [la gestión pública]”. A modo ilustrativo, agregó que al asumir le pidieron que “tirara a la basura” todo lo hecho por su antecesor y destacó que las internas entre las “muchas líneas” dentro del Gobierno desgastan la gestión.

La salida de Francos, por ejemplo, arrastró a funcionarios que orbitaban su gestión. Sin su principal interlocutor dentro del Ejecutivo –luego de la renuncia de Nicolás Posse–, el exvicejefe de Gabinete José Rolandi renunció a principios de diciembre, al quedar expuesto a la reconfiguración impulsada por Manuel Adorni, que eliminó el cargo. Cerca del exfuncionario explicaron a que rechazó la propuesta de convertirse en secretario parlamentario porque “le gusta la gestión más que la rosca”. “Los recambios en el gabinete grande vienen con cambios abajo por la confianza”, deslizaron.

Una dinámica similar alcanzó a Daniel Tillard en el Banco Nación, impulsado por Francos y reemplazado en diciembre por Darío Wasserman, cercano a Karina Milei y esposo de la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez.

Las disputas de lealtades también atravesaron la SIDE e implicaron la salida de Sergio Neiffert, en diciembre. Según reveló Jorge Liotti en , su renuncia fue resultado de “una puja dentro del santiaguismo”, en la que el ahora extitular del organismo quedó desacoplado frente al subsecretario José Francisco Lago Rodríguez y el actual titular de la SIDE, Cristian Auguadra. Neiffert perdió la confianza de Santiago Caputo por presuntas desprolijidades –incluso contables– y por su acercamiento a Karina Milei.

La única renuncia de febrero hasta ahora fue la de Lavagna, probablemente la más resonante por el rol del Indec en la medición de precios. Su salida se produjo días antes de la primera difusión de la inflación bajo la nueva metodología de medición, finalmente suspendida. Adorni y el ministro Caputo admitieron que ese cambio fue el detonante, dado que el Gobierno prefiere inaugurarlo cuando se consolide el proceso de desinflación.

Las diferencias con la cúpula de la administración también explican la salida de Paulo “Paul” Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde duró menos de un año. Su renuncia –que data del 22 de enero– estuvo vinculada a discrepancias en torno a la reglamentación de la ley de inocencia fiscal. En los pasillos del organismo también mencionan diferencias personales y dificultades para tejer alianzas.

Otros casos estuvieron marcados por desgaste y pérdida de margen de acción. Juan Pazo dejó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre y Carlos Casares, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en enero, tras considerar que sus funciones habían quedado desdibujadas.

Casares sostuvo que fue considerado “prescindible” y afirmó a que siempre estará dispuesto a colaborar: “Pero solo si me consideran parte del equipo. No si voy a ser simplemente un instrumento. [Así] lo sentí cuando decidieron excluirme de la conformación del directorio del nuevo ente”. Renunció ante la inminente absorción de funciones del organismo por parte del al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), para el cual no fue seleccionado como titular.

El área de Transporte recibió un sacudón a fines de enero. Según reveló Diego Cabot en , Luis Caputo –desde Davos, Suiza– pidió la renuncia del secretario Luis Pierrini luego de una denuncia empresarial por presunta corrupción en subsidios que publicó . Horas después, los titulares de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura –Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore– imitaron el movimiento.

Una fuente cercana a Pierrini descartó que la acusación haya sido el detonante y que Luis Caputo haya pedido su desplazamiento, al tiempo que aseguró que su salida obedeció al desgaste de la gestión pública y de las internas. También advirtió que el ahora exsecretario de Transporte había decidido su renuncia junto a la de Pazo –en diciembre–, pero que esperó a pedido del ministro de Economía. Boschin y Comperatore, agregó, renunciaron porque responden al exfuncionario y también estaban desgastados.

También dejaron sus cargos entre diciembre y febrero Nicolás Germán, segundo de Rolandi; Oscar Moscariello, ahora exsecretario de Relaciones Parlamentarias; Gustavo Goenaga, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Javier Milano, quien dejó la Secretaría de Provincias y Municipios; Pablo Santos, extitular del Registro Nacional de las Personas (Renaper); Carlos Frugoni, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); Nahuel Sotelo, quien renunció a la Secretaría de Culto y Civilización; Luis Petri, del Ministerio de Defensa; y Patricia Bullrich, ahora exministra de Seguridad, entre otros. Varios de ellos continuaron dentro del Estado, aunque reubicados en otras áreas.