POLITICA
Grabois vinculó a Julián Serrano con el caso Libra: el influencer negó todo y amenazó con demandarlo
El youtuber y cantante Julián Serrano fue mencionado por la Justicia en la causa que investiga un presunto fraude con la criptomoneda Libra. Según un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, el creador de contenido aparece como cofundador de una empresa asociada a una de las direcciones digitales usadas para mover fondos en la maniobra investigada.
El expediente detalla que la dirección F3 —una de las tres vinculadas a la billetera de firma múltiple CPE1— está relacionada con City Esports, empresa argentina dedicada al gaming, NFT y blockchain. La firma fue fundada por Manuel Terrones Godoy, imputado en la causa, junto con Serrano.
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Los investigadores sostienen que Terrones Godoy y su socio Mauricio Novelli habrían utilizado esta billetera para mover grandes sumas en USDT, una criptomoneda atada al dólar estadounidense, e incluso una acreditación cercana al millón de dólares coincidió con la apertura de cajas de seguridad por Novelli en un banco. Los fondos fueron bloqueados.
La noticia también fue difundida por el dirigente social Juan Grabois, querellante en la causa. En su cuenta de X, escribió: “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas”.
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Serrano, de 31 años, recurrió a la misma red social (ex Twitter) para desmentir los señalamientos: “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’”, afirmó.
Agregó: “Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”. Y cerró: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.
La causa, abierta en febrero y liderada por Taiano, apunta a un supuesto fraude tipo rug-pull. Libra, cuya cotización subió tras ser mencionada por el presidente Javier Milei en redes, luego se desplomó, provocando pérdidas millonarias. Entre los involucrados aparecen Milei, su hermana Karina, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Julian Peh, de KIP Protocol, que habría dado soporte técnico a la plataforma.
El caso es investigado por la Justicia argentina y el FBI por estafa, lavado de dinero, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, incluyendo posibles pagos indirectos a funcionarios.
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Nacido en Paraná en 1993, Serrano se hizo conocido por sus videos en YouTube, donde combinaba humor, reflexiones y música, convirtiéndose en uno de los primeros referentes del fenómeno youtuber en Argentina.
Su popularidad le permitió entrar a la televisión con la tira Aliados (2013-2014) y desarrollar una carrera musical como “Jota Esse”, con sencillos de pop y reggaetón. En lo personal, mantuvo una relación con la actriz y cantante Oriana Sabatini entre 2013 y 2017. En los últimos años elevó su perfil político en redes, mostrándose cercano a las ideas libertarias.
Libra, Julián Serrano, criptomonedas
POLITICA
El titular de la IGJ rechazó la movida de Kicillof que busca proteger a Chiqui Tapia y crece la tensión con la AFA
La Inspección General de Justicia (IGJ) desestimó el intento de la Provincia de Buenos Aires de inscribir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su jurisdicción y ratificó que la entidad “sigue inscripta en la Capital Federal”.
Así lo afirmó el titular del organismo, Daniel Vítolo, quien además confirmó que elevarán al Ministerio de Justicia el pedido formal para designar veedores en la casa madre del fútbol argentino.
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“La AFA sigue inscripta en la Capital Federal, los registros están vigentes, no hay cancelación de la inscripción, seguimos con el poder de policía, porque el hecho de que la directora de Personas Jurídicas de Provincia de Buenos Aires diga ‘yo ahora los recibo’, si la ley no se lo permite, eso no tiene validez”, sostuvo Vítolo en declaraciones a radio Rivadavia.
De ese modo, rechazó la movida que impulsó el gobierno de Axel Kicillof y que fue interpretada por la IGJ como un intento de cambiar de jurisdicción en medio de la polémica por la fiscalización.
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El conflicto se da en el marco del reclamo de la IGJ para auditar los estados contables de 2025, luego de que la AFA no presentara el balance correspondiente a ese período. Según fuentes oficiales, el organismo otorgó los plazos legales para regularizar la situación, pero la documentación fue entregada de manera parcial y no incluyó el último ejercicio.
Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, señalaron que la AFA se negó a presentar “la documentación requerida” pese a las intimaciones. Y anticiparon que los veedores que se designen “obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”. Uno de ellos será contador.
Vítolo confirmó que “hoy o mañana vamos a estar elevando al Ministerio de Justicia la propuesta para la designación de veedores, y si lo convalida, irán a la AFA a hacer su labor”. Aclaró, además, que la medida no implica una intervención ni afectará el funcionamiento cotidiano de la institución: “Solamente es el cumplimiento de un deber de fiscalización que la ley nos impone como autoridad de control, queremos ir, ver, analizar y efectuar un informe. Y conocer para ver qué resoluciones debemos tomar. No hay persecución alguna y tampoco es un tema político”.
La IGJ pretende revisar no sólo los balances generales sino también el detalle de ingresos y egresos. En particular, buscará auditar los números de la denominada Universidad de la AFA —sobre la que, según el Ministerio, no se brindó información ni consta su registración— y los movimientos vinculados a la firma TourProdEnter. También pondrá la lupa sobre los gastos en selecciones nacionales: el último balance presentado, correspondiente a 2024, consignó 39 mil millones de pesos sin desagregar el destino de esos fondos.
En paralelo, la IGJ cuestionó la supuesta mudanza de la sede social a un predio en la Provincia de Buenos Aires. Según el organismo, se comprobó que en el domicilio declarado no existen instalaciones ni funciona la administración, que continúa operando en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.
“AFA dice que se ha mudado de sede en 2024, estamos en 2026 y siguen los pastos en ese lugar. Sigue funcionando, sus servidores, sus libros de comercio están en la calle Viamonte”, afirmó Vítolo. Y agregó con ironía: “Si va al pastizal posiblemente vuelva con una yarará y no con una acreditación”.
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El funcionario sostuvo que no existen antecedentes de que una jurisdicción reciba a una asociación civil sin que antes se cancele la inscripción original. Consideró que sostener un domicilio donde no hay actividad real es “muy grave” y planteó interrogantes sobre las razones detrás de esa decisión.
Además, mencionó que en una denuncia presentada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se consignó ese mismo domicilio como lugar de residencia, algo que —según dijo— no se corresponde con la realidad. También cuestionó a la funcionaria provincial que avaló la inscripción y a un magistrado que entendió en la causa por competencia territorial.
Por último, Vítolo insistió en que la IGJ no es querellante en ninguna causa penal vinculada a la conducción de la AFA y que su actuación se limita al control administrativo. “No hemos denunciado a Tapia y a (Pablo, el tesorero de AFA) Toviggino ante nadie, no somos querellantes en ninguna causa, estamos preguntando y fiscalizando, estamos cumpliendo con la ley que también debe cumplir la AFA”, concluyó.
AFA, IGJ
La media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil es un avance. Este proyecto busca saldar una deuda de nuestra democracia con las víctimas de delitos cometidos por menores de 16 años, y con la sociedad que reclama respuestas eficaces. Argentina hoy se rige por un régimen de 1980 —el Decreto-Ley 22.278—, una norma concebida durante la dictadura en un contexto histórico y social completamente distinto al actual.
Sostener ese régimen legal sin modificaciones significa persistir en una política criminal que no protege a las víctimas y ha demostrado ser incapaz de ofrecer respuestas eficaces frente a los delitos graves cometidos por adolescentes. Pero, además, implica mantener un paradigma tutelar que diluye la noción misma de responsabilidad, desplazándola hacia esquemas asistenciales que no reconocen el daño causado a la víctima ni a la sociedad.
Una democracia necesita un sistema de justicia que funcione para todos. La clave del proyecto no es meramente simbólica: radica en adecuar la edad de imputabilidad, introducir una respuesta temprana eficaz y establecer sanciones proporcionadas a la gravedad del hecho.
El eje conceptual del cambio es claro: pasar de un sistema que presume incapacidad y sustituye responsabilidad, a un modelo que responsabiliza al joven por el delito cometido, por el daño concreto causado a la víctima y por la afectación al orden social. Responsabilizar no es estigmatizar. Es reconocer al adolescente como sujeto de derecho —tal como exige el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño— pero también como persona responsable de sus actos cuando infringe la ley penal.
La baja de la edad a 14 años: un estándar razonable
El primer pilar de esta reforma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Esta modificación respeta los estándares admitidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño no fija una edad determinada, pero exige que los Estados establezcan un umbral razonable. La fijación en 14 años se alinea con los márgenes etarios fijados en nuestra región y no contradice las recomendaciones internacionales.
No se trata de “mano dura”. Se trata de adecuar la ley a la realidad social y a principios que permitan dar respuestas jurídicas eficaces sin perder de vista la condición especial de los adolescentes que cometen delitos.
Respuesta temprana: eficacia y medidas socioeducativas
El segundo pilar es la introducción de una respuesta temprana basada en medidas socioeducativas. Un sistema moderno debe contar con una evaluación interdisciplinaria, programas educativos y seguimiento sostenido. Pero esa intervención temprana debe inscribirse dentro de un marco de responsabilidad jurídica clara. No se trata de sustituir el proceso penal por asistencia social, sino de articular responsabilidad con herramientas socioeducativas eficaces.
La media sanción aprobada se inscribe en esa línea al establecer que la finalidad del sistema es fomentar la responsabilidad del adolescente, y que las penas deberán orientarse a su educación y resocialización.
A tal fin, se dota a los jueces de un amplio abanico de medidas complementarias que deben acompañar a la sanción. Estas van desde el asesoramiento, orientación y supervisión de un equipo interdisciplinario hasta la finalización de estudios obligatorios, tratamientos médicos o psicológicos y programas deportivos.
Sanción proporcionada para hechos gravísimos
El tercer pilar es la sanción de privación de libertad para casos de delitos gravísimos, como homicidios y otros hechos de extrema violencia, bajo parámetros que respeten el debido proceso, la defensa en juicio, el principio de proporcionalidad y la condición especial del adolescente.
Un sistema que no puede responder con claridad ante hechos de esta naturaleza carece de legitimidad ante la sociedad. Esto implica una respuesta ajustada a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor. Cuando un adolescente comete un delito gravísimo, el Estado debe responder con proceso, garantías y una sanción específica en un instituto especializado.
El principio de especialidad como condición
Asimismo, en materia de responsabilidad penal juvenil debe regir de manera estricta el principio de especialidad. No se trata de aplicar el derecho penal de adultos con leves atenuaciones, sino de estructurar un subsistema autónomo, con justicia especializada, operadores capacitados, sanciones específicas y establecimientos diferenciados del sistema penitenciario común.
Las Reglas de Beijing y el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño exigen autoridades y procedimientos especializados. Esto no es una opción política, sino una obligación jurídica internacional asumida por el Estado argentino.
La media sanción incorpora procedimiento especializado, defensa técnica obligatoria y reconocimiento de derechos de las víctimas. Un sistema penal democrático debe integrar ambas dimensiones: garantías para el imputado, más participación y reconocimiento del daño sufrido por la víctima.
Asimismo, el proyecto prevé la reparación integral del daño ocasionado y la responsabilidad civil de los padres por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos.
Los que se oponen: una llamada a la responsabilidad institucional
En este contexto, quienes se oponen a cambiar el sistema actual, deben reflexionar sobre la responsabilidad que están asumiendo. No se trata de una elección menor entre alternativas filosóficas, sino de decidir si continuamos sosteniendo un régimen obsoleto que no da respuesta efectiva a la sociedad ni a las víctimas, o si avanzamos hacia un sistema de responsabilidad penal juvenil que combine garantías procesales, eficacia y una visión moderna de política criminal.
Bloquear esta reforma implica mantener un régimen de la dictadura, una norma que no ha demostrado eficacia para responder a las necesidades de seguridad, justicia y protección de la sociedad.
Responsabilidad, especialidad y Estado de Derecho
Para concluir, es preciso recordar que responsabilidad penal juvenil no es ‘mano dura’. Es Estado de Derecho. Es asumir que el adolescente es sujeto de derechos, pero también una persona responsable. Es proteger a la víctima y la sociedad sin abandonar al joven que cometió un delito.
La legislación vigente es ineficaz, no brinda respuestas adecuadas y termina generando espacios de impunidad.
La sanción de la ley es sólo el comienzo. Es adecuar el marco normativo hacia un paradigma de responsabilidad penal juvenil. Es por ello que la verdadera discusión es si queremos un sistema que funcione o seguir mirando para otro lado. En términos institucionales, avanzar no es una opción: es una obligación democrática.
*El autor fue Subsecretario de Política Criminal de la Nación, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. Hoy es Secretario General del CPACF.
Martín Casares,Conforme a
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Tras el anuncio de obras en el Hospital Garrahan, Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud
Luego de un año marcado por los conflictos en el sector de la salud y especialmente con los trabajadores del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones, para llevar a cabo un análisis de su gestión y repasar las obras que se anunciaron para el hospital pediátrico.
La agenda del encuentro reflejó el peso institucional que ha cobrado el Garrahan en la discusión pública, tras meses en los que la atención estuvo puesta en los reclamos gremiales y la situación presupuestaria de uno de los centros de referencia en atención infantil de la región.
La cita celebrada en la sede del Ministerio de Salud congregó tanto a los equipos técnicos de la cartera como a representantes de los organismos que dependen de ella. El foco estuvo en revisar los avances de gestión y los pasos previstos para los próximos años, en un contexto en el que la administración busca consolidar un modelo de trabajo orientado a la sostenibilidad financiera y a la mejora de las prestaciones.
Durante el encuentro, se presentó un informe detallado sobre el estado actual de la gestión, el proceso de ordenamiento implementado y las metas planteadas para 2026, según se informó oficialmente. Entre los puntos destacados, se hizo hincapié en las acciones destinadas al fortalecimiento del Hospital Garrahan, que atraviesa una etapa de equilibrio financiero y avanza en la ejecución de un plan de obras de infraestructura y equipamiento.
El anuncio más relevante fue la llegada de las primeras 42 camas de un total de 310 que se incorporarán progresivamente para renovar el equipamiento, parte del cual tiene una antigüedad de treinta y ocho años. Esta actualización es considerada clave para mejorar la capacidad de respuesta del hospital y optimizar las condiciones de internación en diferentes áreas. Además, se informó sobre la reciente incorporación de un Acelerador Lineal Pediátrico, equipo que ya se encuentra operativo desde diciembre y que amplía las opciones terapéuticas para los pacientes oncológicos pediátricos.
El proceso de modernización contempla también la realización de reformas en sectores críticos del hospital, con el objetivo de garantizar estándares de calidad acordes a las exigencias actuales. Según fuentes de la cartera sanitaria, la inversión permitirá no solo renovar el parque de camas, sino también avanzar en la refacción de áreas clave, adaptando la infraestructura a las necesidades de atención compleja que demanda la población pediátrica.
Al referirse al contexto y el alcance de las reformas, el director médico ejecutivo del hospital Garrahan, doctor Mariano Pirozzo, explicó a Infobae: “Arranqué en julio con un mandato conciso y claro: garantizar la asistencia de los chicos en medio de un conflicto grave. Ahora estamos en un proceso de cambio estructural, un giro de 180 grados”.
El directivo recordó la importancia que tuvo el Garrahan durante su inauguración en 1987, cuando representó “algo disruptivo para la medicina” en la Argentina. Según Pirozzo, “había que cambiar las camas compradas el día de la inauguración, que nunca habían sido renovadas, y los quirófanos nunca habían sido modernizados”.
Sobre la magnitud del proceso vigente, el director médico insistió: “Estamos en el plan de obras más importante de la historia del hospital”.
Además, precisó que el procedimiento de reforma comenzó con un análisis de las posibilidades financieras entre julio y octubre: “Desde octubre en adelante hicimos todas las licitaciones de desarrollo, infraestructura y compra de equipos. La mayoría de las obras ya están iniciando y están casi todas cerradas”.
En el marco del encuentro, Manuel Adorni compartió en sus redes sociales un mensaje en el que calificó la reunión como “gran”. A través de su cuenta oficial, indicó: “Gran reunión con el ministro de salud Mario Lugones y su gabinete donde repasamos todos los temas de gestión”.
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