El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó este martes una acción de amparo colectivo para que “se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad” del DNU 941/2025 que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades, por ejemplo, para detener a personas sin una orden judicial.

El escrito, que se suma a las presentaciones realizadas el lunes por diputados de la Coalición Cívica y el Socialismo, y este mismo martes, por dirigentes ligados a la UCR, señala tres motivos centrales por los cuales el DNU del presidente Javier Milei es nulo, a la vez que apunta contra dos peligros principales que acarrea su aplicación.

Entre las tres razones para reclamar la nulidad, el CELS destaca primero que “no hay ninguna explicación sobre la urgencia ni los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decidió promover una reforma tan significativa de la Ley de Inteligencia a través de un DNU”. Luego, advierte que el Poder Ejecutivo “tiene prohibido legislar en materia penal y, con este DNU, habilita a agentes de inteligencia a detener personas sin orden ni control judicial posterior”. En tercer lugar, señala que “los contenidos que regula resultan no solo ilegales por los derechos que afecta, sino además arbitrarios y desproporcionados”.

A la hora de marcar los ejes problemáticos del DNU, destaca en primer lugar el “desmantelamiento de las prohibiciones históricas a los agentes de inteligencia”, a través de dos mecanismos. El primero es la “ampliación de las facultades de intervención bajo los paraguas de ‘investigaciones de inteligencia’ o bajo la figura de acciones de contrainteligencia”.

El CELS explica que la ley que modifica el DNU impedía que las agencias de inteligencia influyeran en la situación institucional, política, social y económica del país, en la política exterior, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

“Este DNU −advierte− excluye de esta prohibición histórica a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance ha sido también redefinido y ampliado en forma arbitraria excediendo lo que históricamente se conocía como esta clase de actividades. Así, con esta reforma, cualquier actividad de inteligencia puede ser calificada como contrainteligencia quedando habilitada la SIDE a intervenir e influir en todos los ámbitos sociales, políticos e individuales que hasta ahora no tenía permitido».

El segundo mecanismo cuestionado es el que le da a la SIDE acceso “a toda la información que tiene el Estado sobre las personas, por motivos ajenos a cuestiones de seguridad nacional”. En ese punto, indican que el nuevo artículo 10 quinquies propuesto en el DNU habilita a las agencias de inteligencia a requerir datos personales a cualquier organismo del Estado nacional o de las provincias sin control externo y sin necesidad de demostrar la proporcionalidad y compatibilidad de esa intromisión con una finalidad legítima vinculada a la seguridad nacional.

También apuntan que el artículo 4.5 habilita a la SIDE a divulgar esa información a otras entidades nacionales o extranjeras sin necesidad de una orden judicial previa.

El segundo eje problemático, en el que insistieron todas las presentaciones judiciales y las críticas de constitucionalistas cuando se conoció el DNU 941/2025, tiene que ver con la facultad para detener personas sin orden ni control judicial.

“La autorización de facultades de carácter punitivo o represivo como estas implica una violación a la prohibición que pesa sobre el Poder Ejecutivo para legislar en materia penal (art. 99, inc. 3, C.N.)”, indica la presentación, para enfatizar que el DNU apela a una “definición vaga, amplia e imprecisa”, la de “investigación de inteligencia” y de “actividades de interés”, para facultar esas detenciones.

“Esto hace que se habiliten detenciones sin que exista una hipótesis concreta de delito ni un piso mínimo de sospecha acerca de la participación de la persona a la que los agentes de inteligencia pretenden detener”, advierten.

“En definitiva, todas estas modificaciones no son meros ajustes de estructuras administrativas, sino que implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, decididas por un instrumento de baja calidad democrática”, completa el CELS.

En la presentación, la entidad pide habilitar la feria judicial y solicita como medida cautelar urgente que se suspenda la aplicación de los artículos 4, 17, 18 y 19 por su afectación directa a derechos constitucionales y humanos.

Ricardo Lagos, el expresidente socialista de Chile, dijo hace varios años una frase premonitoria: “Si América Latina no quiere que Estados Unidos intervenga en Venezuela, ¿qué está haciendo ella para restablecer la democracia y los derechos humanos en ese país?”. La ausencia de los países latinoamericanos (y las contradicciones dentro de sus propios gobiernos) explica en gran medida la incursión norteamericana en territorio venezolano para apresar al exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, una figura extremadamente influyente en el régimen chavista. Basta el ejemplo de la Argentina para conocer con exactitud la dimensión de las incoherencias en la conducción de un mismo país. El largo kirchnerismo fue amigo y cómplice del chavismo durante los 16 años que gobernó en las últimas décadas. Negocios y amistades caracoleaban entre líderes chavistas y kirchneristas. Luego, la administración de Mauricio Macri adoptó una posición absolutamente distinta cuando le tocó gobernar durante cuatro años: denunció al chavismo como una dictadura que torturaba y secuestraba a sus adversarios y, encima, no respetaba los resultados electorales. Es la misma posición que con igual vehemencia asumió luego el gobierno de Javier Milei.

La ingenuidad no cabe para analizar la complacencia del kirchnerismo ni la decisión implacable de Donald Trump a favor o en contra del chavismo. Ya en el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, un hombre valiente que murió prematuramente, diplomático de carrera que había sido nombrado en ese cargo por Eduardo Duhalde, denunció una “embajada paralela” en manos del kirchnerista Claudio Uberti y un “sistema de sobornos” en Venezuela que controlaba el exministro Julio De Vido.

Mucho después, Uberti fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el intento de contrabando de 800.000 dólares en un vuelo privado que partió de Caracas y que arribó al aeroparque de la Capital; llevaba también, entre otros, al venezolano Guido Antonini Wilson, quien le confesó al FBI norteamericano que ese dinero de Chávez era para financiar la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner. Uberti es actualmente un arrepentido en el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas; confesó ante el tribunal a quiénes le reclamaba sobornos, en nombre de quién y de qué cantidad se trataba.

No son pocos los empresarios, por lo general medianos y pequeños, que aceptaron las condiciones que imponían los Kirchner, juntos con Chávez y Maduro, para hacer negocios en Venezuela. Al revés, el gobierno de los Kirchner no se manifestó ofendido cuando Chávez confiscó una empresa del grupo Techint valuada en 4000 millones de dólares. Empeoró las cosas y les pidió a directivos de Techint una comisión (soborno) para gestionar ante el gobierno de Chávez la repatriación de los empleados argentinos de esa empresa expropiada. Después de Cristina Kirchner, en 2015, Macri se negó a nombrar un embajador en Caracas; la embajada quedó en manos de un encargado de negocios. Hace poco más de un año, Milei cerró la embajada argentina en Venezuela luego de que Maduro ordenara la expulsión de los diplomáticos argentinos. El zigzag argentino para tratar a la dictadura bolivariana es inexplicable.

Como pronosticó Lagos, alguien, algún día, haría algo en Venezuela. La situación de los venezolanos era ya insoportable desde muchos antes. La mejor descripción, aunque no completa, de la crisis humanitaria del país latinoamericano la hizo hace seis años Michelle Bachelet, la expresidenta chilena que era en ese momento la alta comisionada de es Unidas para los Derechos Humanos. En un durísimo informe sobre la realidad que había impuesto el chavismo en Venezuela escribió, por ejemplo, que era urgente “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” en ese país. También denunció el “éxodo sin precedentes” de venezolanos y la “hegemonía comunicacional” de los gobiernos de Chávez y Maduro que significó el cierre de decenas de medios periodísticos independientes y el exilio de muchos periodistas.

Finalmente, fue Trump quien decidió actuar en Venezuela. Desde la madrugada del sábado último, cuando un grupo de élite de militares norteamericanos apresaron en una operación relámpago al matrimonio Maduro en su fortaleza caraqueña, se habla de dos principios jurídicos, aparentemente contradictorios, para rechazar o para defender la decisión del jefe de la Casa Blanca. El rechazo se respalda en el artículo 2, inciso 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que “los miembros (de ese organismo) se abstendrán de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Sin embargo, los que defienden la decisión de Trump señalan, no sin razón, que hasta el principio de no incursión en los asuntos internos de otros países cesa automáticamente cuando se violan los derechos humanos o un país es gobernado por un narcoestado o promueve el terrorismo. La Venezuela de Maduro cumplía acabadamente con las dos primeras condiciones (violación de derechos humanos y promoción del tráfico de drogas) como para que aquel artículo de la Carta de la ONU se convirtiera en obsoleto.

Sucede, al mismo tiempo, que Trump, que siempre está lejos de la elegancia verbal, no habla de restablecer la democracia en Venezuela, sino de los negocios que empresarios norteamericanos podrían hacer con las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Es cierto que la infraestructura petrolera venezolana requiere de voluminosas inversiones después de la destrucción y el abandono chavista; ese dinero no está en Venezuela. Pero Trump podría decirlo de otra manera. Del mismo modo, el mandatario norteamericano podría haber sido más diplomático para referirse a la más importante dirigente opositora al régimen de Chávez y Maduro, María Corina Machado. El coraje de Machado le valió hace poco el premio Nobel de la Paz.

En rigor, la decisión del gobierno de Washington de prescindir por ahora de ella tiene su explicación: es inviable un gobierno de Machado o de Edmundo González Urrutia, el verdadero ganador de las últimas elecciones presidenciales venezolanas, con la burocracia militar y gubernamental en poder del chavismo. La jerarquía militar se benefició del tráfico de drogas, según la información con la que cuentan varios países en el mundo, y el Poder Judicial es una construcción total y absoluta del chavismo. Si eso hicieron con la nomenklatura militar y con los jueces, es fácil imaginar lo que sucede con los empleados del Poder Ejecutivo venezolano: todos son fanáticos militantes del chavismo. La información que circula entre las principales naciones es que Trump resolvió dejar a los chavistas asustados, con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, en primer lugar, la tarea de limpiar de chavistas al Estado de Venezuela. Por eso, Trump la amenaza a Delcy Rodríguez con mandarla al peor de los mundos, pero le permite seguir el mando del gobierno de Caracas. De todos modos, la continuidad del chavismo sin Maduro provocó una gran decepción entre los venezolanos que se fueron de su país y también entre los que residen en Venezuela.

Los que critican a Trump, incluidos algunos países europeos, no han hecho hasta ahora una autocrítica de su propia condescendía con la brutal tiranía del chavismo. Si la izquierda o el progresismo internacional se hubieran cohesionado en una misma actitud de presión a Maduro para que democratice su país y abandone la persecución y la tortura de sus opositores, seguramente la incursión de Trump no habría sido necesaria. O, al menos, hubiera sido más difícil de explicar. Ninguno de esos países debió olvidar “las ejecuciones extrajudiciales de miles de opositores” que denunció Bachelet en su célebre informe sobre la Venezuela de Maduro. Traducido al lenguaje común, la expresidenta chilena reveló hace más de un lustro el asesinato de miles de opositores al régimen. Nadie hizo nada con la fuerza necesaria como para detener esa ordalía de sangre.

La norma de que la no incursión en los asuntos internos de otros países pierde vigencia cuando se violan los derechos humanos la aplicó en la Argentina hace más de 40 años el entonces presidente demócrata norteamericano Jimmy Carter. Carter le encomendó a su influyente subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, que enfrentara a la dictadura argentina y la obligara a cesar con los secuestros y desapariciones de personas. Derian cumplió acabadamente su cometido. Los militares argentinos fueron más selectivos, por lo menos, después de la clara irrupción de Carter.

Mucho más tarde, en 1989, Bush padre ordenó la invasión de Panamá y la detención de su dictador, Manuel Noriega, acusado de traficar drogas a los Estados Unidos. Las voces de condena fueron escasas porque se supo entonces que Noriega había sido un informante de la CIA durante muchos años. Más de 20 años después, en 2011, un presidente demócrata, Barack Obama, autorizó la captura y muerte del más importante líder terrorista del momento, Osama bin Laden. El operativo obligó a las fuerzas de élite norteamericanas a incursionar en territorio soberano de Pakistán sin conocimiento ni autorización de las autoridades de este país. Nadie criticó a un presidente norteamericano que castigó el más grande acto terrorista que sucedió hasta ahora, como lo es la destrucción absoluta de las torres gemelas de Nueva York, ordenado por Bin Laden.

La primera acusación del gobierno norteamericano actual contra Maduro y su esposa consistió en que se proponían “inundar” de cocaína a Estados Unidos, pero luego señaló que usaban el dinero de la droga para perpetuar la tiranía. Habrá que esperar el informe completo del fiscal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, para saber cuál es el tamaño exacto de la acusación contra Maduro y su esposa; por ahora, Clayton los acusó de promover el narcotráfico.

América Latina no aprendió nada: sigue dividida según las ideas de sus gobiernos para pronunciarse sobre la captura de Maduro. Los amigos del dictador venezolano solo hacen mención a la violación de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro país, pero no dicen nada sobre las tropelías que cometía el autócrata depuesto. Entre estos, están los gobiernos de tres países muy importantes: Brasil, México y Colombia. La violación flagrante de los derechos humanos sigue siendo un delito incalificable según la ideología de los que la perpetran.