Un conglomerado de senadores del kirchnerismo, la UCR y el Pro impusieron su mayoría y le dieron dictamen favorable a los proyectos de ley de financiamiento universitario y de emergencia sanitaria pediátrica, que obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar insumos, servicios y aumentos al personal del Hospital Garrahan.

Las iniciativas fueron aprobadas en sendos plenarios de las comisiones de Salud, de Población y Desarrollo y de Presupuesto y Hacienda y de Educación y de Presupuesto y Hacienda. Quedaron, así, en condiciones de ser discutidas la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

Sin embargo, no se descarta que su debate se pueda acelerar para este jueves. Es lo que pretende el kirchnerismo, aunque la posibilidad comenzaba a perder peso con el paso de las horas, ya que muchos legisladores de la oposición dialoguista no están de acuerdo en sumarse a la estrategia de Unión por la Patria.

“Hagamos las cosas bien. No podemos usar la autoconvocatoria a sesión como un método”, afirmó a este diario un legislador de la UCR que comparte el apoyo al Garrahan y a las universidades, pero pretende mantener la institucionalidad y respetar el Reglamento.

A eso se suma el hecho de que, resignado a que no tiene forma de parar la sanción de las leyes, desde el oficialismo estarían dispuestos a convocar a una sesión el miércoles de la semana próxima.

Tras la firma del dictamen, se espera que corra la misma suerte el proyecto de ley de financiamiento universitario, que será discutido en otro plenario, en este caso de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. Al igual que en el caso del Garrahan, el texto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y si recibe el visto bueno del Senado se convertirá en ley. En previsión a este escenario, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará ambas normas.

“No estamos hablando de un hospital cualquiera, con más de 580 camas, más de 20 unidades de cuidados intensivos, es el hospital más federal”, afirmó la presidenta de la Comisión de Salud, la kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), al fundamentar la necesidad de apurar la firma de los dictámenes.

En ese sentido, la legisladora aseguró que no puede dilatarse el tratamiento del proyecto porque “efectivamente estamos ante una emergencia” y “queremos que el hospital siga funcionando”.

“Los trabajadores del Garrahan no sólo han sido sometidos a un recorte que afectó sus bolsillos sino que también fueron sometidos al maltrato de ser calificados de vagos, que quieren sacar beneficios”, remató Corpacci.

Salvo del oficialismo, no se escucharon voces contrarias al la iniciativa, pero sí hubo planteos para introducirle cambios a la versión aprobada por la Cámara de Diputados, y para analizar con mayor detenimiento algunas de las disposiciones del proyecto.

La propuesta de cambios fue formulada por la radical del bloque Las Provincias Unidas Edith Terenzi (Chubut), quien pidió eliminar la exención de Ganancias para los empleados de la salud, entre otras modificaciones, como forma de evitar “el muro del veto del Poder Ejecutivo. “Cuando vamos por todo, perdemos todos”, argumentó la senadora patagónica.

La propuesta fue descartada desde el kirchnerismo y otros sectores por considerarla una maniobra dilatoria, ya que obligaría al proyecto a volver en segunda revisión de Diputados.

“El proyecto declara la emergencia, es decir, ya, ahora. Nuestro bloque quiere tratarla ya en el recinto. Este aporte (por el de Terenzi) lo que hace es modificar por completo la media sanción, y entonces tiene que volver a Diputados”, le salió al cruce José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista.

Se sumó el porteño Martín Lousteau (UCR), quien advirtió que “no hay ninguna garantía de que el Ejecutivo, aún con los cambios, no la vaya a vetar”. En la misma línea se expresó Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quien aseguró que “estamos ante un Gobierno que considera que es más urgente facilitar la compra y venta de autos que atender la emergencia en la asistencia pediátrica en la Argentina”.

La única voz que se alzó en contra de la iniciativa fue la de la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), quien rechazó la afirmación del kirchnerismo que responsabiliza al gobierno de Milei por la crisis en el área de salud. “La crisis de la salud no es nueva, tampoco la crisis médica y pediátrica. Por supuesto es que es una bola de nieve, cada vez es peor”, afirmó la legisladora alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y sumó una frase polémica: “Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”.

El debate subió en temperatura durante el plenario en el que se discutió el financiamiento a las universidades, cuando el jefe del bloque oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), salió al cruce de Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria-Mendoza), que había elogiado la política universitaria de las administraciones kirchneristas.

“Cuando llegó este Gobierno llevaban 14 meses sin actualizar el presupuesto universitario. Con un índice de inflación de 240 puntos, estaban calladitos porque era su gobierno, ahora están acá gritando”, afirmó Atauche.

El jefe de la bancada libertaria defendió la política de ajuste fiscal del Gobierno y la contrapuso con los indicadores que dejó la gestión de Alberto Fernández. “Sacamos 10 millones de personas que ustedes llevaron a la pobreza, entonces no nos vengan a ensañar como gobernar”, afirmó Atauche en dirección a los senadores kirchneristas. “Quieren volver al pasado, solamente ese logro muestra que estamos por el camino correcto”, remató el legislador oficialista.

Antes, el peronista pampeano Daniel Bensusán había acusado al Gobierno de desfinanciar a las casas de altos estudios como parte de un plan, negando que su rechazo a inyectarles fondos obedezca a la necesidad de la Casa Rosada de sostener el superávit. “Lo de las universidades es una decisión política de Milei, no es una decisión fiscal”.

La senadora Carmen Álvarez Rivero recibió duras críticas luego de afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”. Los dichos de la legisladora cordobesa ocurrieron en el marco de una reunión conjunta de comisiones en la que se discutió -entre otras cosas- el proyecto de emergencia sanitaria pediátrica, que busca destinar más fondos a hospitales de alta complejidad infantil.

En su intervención desde el Salón Illia del Senado, Álvarez Rivero subrayó que la atención de salud corresponde a las provincias y cuestionó la centralidad del Garrahan. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, expresó. Y agregó: “Por eso la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

La senadora también advirtió sobre el impacto económico que, según ella, recae sobre Córdoba al recibir pacientes de otras jurisdicciones: “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”. Y tras ello sostuvo: “Hay que discutir el sistema de salud en su conjunto. Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derechos a venir a Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

Las palabras de la integrante del Pro sobre el Garrahan marcaron el punto más álgido de la discusión. La catamarqueña Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) replicó de inmediato tras escucharla: “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”.

En la misma línea, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) sostuvo: “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado . También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional. Una de las cosas que plantea es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud de los niños, niñas y adolescentes de cada uno de los países”.

El último en opinar sobre los dichos de Álvarez Rivero fue Martín Lousteau (UCR): “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar en que uno nace. Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso. Me parece de un nivel de violencia inusitado”.

Lousteau también remarcó que la organización de la salud debe ser nacional y coordinada: “No tiene sentido que cada provincia tenga un hospital de alta complejidad especializado en algo. Para hacer un buen uso de los recursos, hay que tener una organización del sistema sanitario. Es exactamente al revés. Sino sería más deficitario, tendríamos menos capacidad de cubrir, gastos que no rinden lo que deberían rendir”.

Frente al repudio que despertaron sus dichos, la senadora cordobesa intentó luego dar una explicación. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró. Y completó: “Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”.

Más allá de la controversia, la reunión terminó con la firma de los dictámenes favorables para la emergencia pediátrica y también para el proyecto de financiamiento universitario. Ambos textos ya tenían media sanción en Diputados y quedaron en condiciones de ser discutidos en el Senado en los próximos días.